Durante el fuerte temporal una camioneta cayó en un bache que luego se agrandó y finalmente quedó incrustada de forma vertical en una enorme zanja en zona de obras de la avenida Avelino Martínez. La conductora indicó que medio carril estaba habilitado para circular y que incluso había más rodados transitando.

Resultó afectada una camioneta de la marca Citroën C4 Cactus, cuya conductora estaba circulando sobre media calzada de Avelino Martínez en su intersección con la calle Leopardi, en el barrio Barcequillo de la ciudad de San Lorenzo. Afortunadamente la conductora resultó ilesa en el percance.

“La calle estaba habilitada para circular, no había señalización. Al momento de cruzar había dos personas guiando y me dijeron que se podía pasar, pero me quedé trancada en el bache antes de que llueva. Muchas personas se acercaron para ayudarme a intentar sacar el vehículo del bache”, expresó Tatiana Cubilla, en entrevista con canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.

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Indicó que una vez que empezó a llover el bache se desmoronó y fue cuando el rodado cayó de punta, quedando en forma vertical. “Este era un carril cerrado, era media calzada habilitada. Empezó a llover al momento en que la lluvia no paró esto se desmoronó, se abrió y ahí fue cuando cayó el vehículo”, puntualizó.

Afirmó que en la zona no había señalización de no pasar y que había varios vehículos circulando en ese momento. “Tengo seguro y llegó gente de la construcción, que se puso a disposición. Actualmente estamos en tratativa con ellos para llegar a un acuerdo, porque esta es una avenida que se usa todos los días, pese a las obras”, detalló.

Agregó que se encuentra bien físicamente y que solo fueron daños materiales. “Es una avenida sumamente utilizada y que no se deja de usar. Gracias a Dios estoy bien, lo material es recuperable y la vida de uno es más importante en estos casos. El rescate del vehículo será recién mañana me confirmaron”, remarcó.

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El exministro de la Corte Suprema de Justicia y exintegrante de la sala penal de la máxima instancia judicial, Sindulfo Blanco, falleció en la tarde de este viernes en un accidente de tránsito ocurrido en el tramo que une Nueva Italia con la ciudad de Carapeguá. De acuerdo con los primeros datos, el exalto magistrado se dirigía a la ciudad de Misiones.

Según los informes preliminares, uno de los vehículos involucrados terminó volcado al costado del camino. El rodado en el que viajaba el exalto magistrado era una camioneta Toyota, modelo Fortuner, color blanco, con chapa N.° HFF893, que estaba al mando de Rebeca Mariana Soto Insaurralde, de 32 años, quien resultó con lesiones. Asimismo, iban en la camioneta accidentada María Auxiliadora Insaurralde y Ámbar Guadalupe Blanco Insaurralde. Las mismas sufrieron heridas y fueron derivadas al Hospital de Carapeguá.

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El otro rodado involucrado en el accidente es una motocicleta de la marca Leopard, modelo KH 150, con chapa N.° 532 ABUL, color negro, la cual se encontraba estacionada al costado de la ruta, afectando parte del asfalto, y era conducida por Reinaldo Delvalle, quien no sufrió lesiones.

De acuerdo con el reporte policial, la camioneta circulaba por la Ruta Paraguay 18 Tte. Ramón Trigo de norte a sur y, en un momento dado, chocó contra la motocicleta mencionada anteriormente. Esta se encontraba estacionada al costado de la ruta a cargo de Reinaldo Delvalle, quien en ese instante se había bajado para realizar sus necesidades fisiológicas. A raíz del impacto, se produjo el vuelco de la camioneta, percance en el cual perdió la vida el exministro Sindulfo Blanco, mientras que los demás ocupantes sufrieron lesiones y fueron trasladados al Hospital de Carapeguá.

El exministro de la Corte, Sindulfo Blanco, ocupó el cargo en la máxima instancia judicial por varios años, hasta que en el 2018 fue removido de su cargo vía juicio político. Por su parte, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción expresó su profundo dolor por el fallecimiento del doctor Blanco y declaró duelo institucional por dos días.

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La jueza Norma Salomón Marín, del Juzgado Penal de Control y Garantías No. 1 de Capiatá, dispuso ayer la prisión preventiva de Jorge Nahuel Ortiz Riquelme (22), imputado por homicidio culposo tras protagonizar un accidente de tránsito estando ebrio, donde falleció un guardia de seguridad mientras esperaba en una parada de buses camino a su trabajo.

El joven guardará reclusión en la Comisaría 8va Central de Capiatá por el plazo de diez días. Posteriormente, será remitido al Centro Nacional de Prevenidos (ex Tacumbú), según señala la resolución judicial.

“Pedimos su prisión preventiva porque el muchacho estaba libre. La Fiscalía le dejó en libertad desde un principio, pero el Juzgado decretó ayer su prisión preventiva”, explicó este viernes la abogada de la familia, Hilse Villalba Barriocanal, en diálogo con LN.

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La víctima, Arsenio Vera Zárate (63), falleció el pasado 20 de septiembre luego de ocho días de agonía a raíz de las graves lesiones que sufrió. El jueves 1 de octubre se realizó la audiencia de imposición de medidas en el Juzgado en coincidencia con el cumpleaños del trabajador, quien debía cumplir 64 años.

Además, la defensa solicita el cambio de la carátula de homicidio culposo a homicidio doloso, atendiendo que el conductor manejaba estando alcoholizado a sabiendas de que podía ocasionar un accidente.

“En este caso, el accidente produjo el desenlace fatal del señor Arsenio Vera. Entonces, para nosotros configura una actitud dolosa. Queremos que se cambie la carátula a homicidio doloso con el grado de dolo eventual”, precisó Villalba.

Asimismo, cuestionó la posición de la fiscala Carolina Martínez, que señala que el imputado estaba en “aparente” estado etílico, cuando la prueba de alcotest dio positivo, arrojando 0.670 mg/l de resultado.

“La Fiscalía dice que él estaba en aparente estado de ebriedad. No es aparente estado de ebriedad. Estaba borracho y además había botellitas de cerveza en su auto. También la velocidad con la que iba era terrible, era como para matar a alguien”, expresó la abogada.

En ese sentido, recordó que el domingo 13 de setiembre, a tempranas horas de la mañana, el muchacho perdió el control debido a la alta velocidad sumada al estado etílico y chocó primeramente contra el vehículo de una de las sobrinas del fallecido y posteriormente, arrolló a don Arsenio.

Familiares y amigos se manifestaron frente al Juzgado pidiendo justicia. “Un joven irresponsable truncó la vida de un hombre de familia, sano, trabajador, que estaba a un año de jubilarse. Por lo tanto, esperamos que la justicia obre en consecuencia y se haga justicia”, concluyó.

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Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto. “Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado. El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.

Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.

Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.

El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, asumió su cargo a finales de 2024 tras ser nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. Mariaca aseguró en una declaración a la prensa el lunes que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones. “No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, dijo.

También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.

El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.

Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas” advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red X. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.

Fuente: AFP.