Fue una avalancha de revelaciones sin precedentes. La publicación en detalle de los preparativos para un supuesto intento de golpe de Estado por parte de Jair Bolsonaro y sus más estrechos aliados dejó al expresidente brasileño más expuesto que nunca.

El líder ultraderechista, que se dice víctima de una “persecución”, fue impedido el jueves de salir de Brasil en el marco de la operación “Tempus veritatis”, la hora de la verdad, en latín. Otros de sus colaboradores fueron objeto de registros o detenidos.

Pero sobre todo son las 135 páginas de la decisión judicial que autorizó la operación lo que tuvo el efecto de una bomba en Brasil: se trata de un supuesto plan premeditado para garantizar que Bolsonaro siguiera en el poder.

Según los investigadores, la supuesta trama golpista empezó a urdirse mucho antes de los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas disconformes con la derrota electoral de su líder frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva invadieron las sedes de poder en Brasilia.

Apoyado por ministros, consejeros y altos mandos militares, Bolsonaro habría empezado a preparar un plan B a las urnas meses antes de las elecciones de octubre de 2022. “No se trata de los delirios aislados de un colaborador, sino de una acción coordinada en presencia de varios ministros y del presidente de la República. Es extremadamente grave”, destaca Geraldo Monteiro, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro.

Uno de los personajes centrales de la trama es Mauro Cid, un estrecho colaborador de Bolsonaro, que firmó un acuerdo de colaboración con la justicia tras haber sido detenido y encarcelado durante cuatro meses. Las autoridades empezaron a tirar del hilo gracias en parte a la información de Cid.

La primera fase del plan consistía según la policía en desacreditar el sistema de votación electrónico en Brasil para alimentar “sospechas de fraude” electoral y “legitimar una intervención militar”.

Durante una reunión el 5 de julio de 2022, cuya grabación fue publicada el viernes, Bolsonaro exhorta a “todos los ministros” a lanzarse en esta campaña contra las urnas electrónicas. “Si reaccionamos después de las elecciones, será el caos en Brasil, una gran guerrilla”, dijo el ultraderechista.

El general Augusto Heleno, ministro del gabinete de Seguridad Institucional, añadió: “Si hay que dar un golpe sobre la mesa para revertir la situación, hay que hacerlo antes de los comicios”.

Los investigadores apuntan a preparativos de un “golpe de Estado militar para impedir que el presidente electo de forma legítima accediera al poder”.

Según la policía, Bolsonaro recibió y modificó un decreto de golpe de Estado en el que preveía detener al presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, y convocar nuevas elecciones.

El texto fue presentado a militares de alto rango durante una reunión el 7 de diciembre, tres semanas antes de la investidura de Lula, pero el decreto nunca se aplicó. ¿Por qué? La pregunta sigue en el aire.

La investigación expone también “las presiones” ejercidas sobre “militares indecisos” para que se adhirieran al plan de golpe de Estado.

Bolsonaro niega las acusaciones: “Nunca existió un intento de golpe en Brasil durante mi gobierno”, dijo en una entrevista al canal Record News difundida la noche del viernes.

Según Monteiro, se trata “del golpe más duro hasta ahora” para el expresidente. “Más duro” que cuando fue inhabilitado políticamente hasta 2030 por desinformación, “puesto que ahora entramos en el ámbito criminal”. “Bolsonaro será seguramente detenido debido a su implicación directa en los preparativos de golpe de Estado”, prevé.

Podría ser inculpado formalmente una vez que concluya la investigación, cosa que puede suceder pronto, según la prensa brasileña. La policía baraja los delitos de “golpe de Estado” y de “abolición del Estado de derecho democrático”.

Hasta ahora, los condenados por estas acusaciones en el marco de los actos golpistas del 8 de enero de 2023 se llevaron penas de hasta 17 años de prisión.

Desde que dejó el poder hace 13 meses, Bolsonaro ha sido blanco de numerosas investigaciones, pero el excapitán del ejército ha dado muestras de resistir y se ha mantenido a la cabeza de la oposición.

Monteiro estima que este nuevo escándalo “no afectará el núcleo duro de sus partidarios”, pero cree que el electorado bolsonarista puede reducirse de forma significativa.

Datos del instituto Quaest muestran que 58 % de los mensajes en las redes sobre la operación policial del jueves fueron críticos con Bolsonaro, una rara derrota para quien sigue siendo el líder de la arena política digital en Brasil.

La investigación, entre tanto, reconforta a Lula, que no ha dejado de criticar a su predecesor “golpista”.

Fuente: AFP

Se cumplen 35 años de democracia desde la noche del jueves 2 de febrero y el amanecer del viernes 3 de febrero de 1989, en que una gesta heroica logró poner fin al gobierno dictador del general Alfredo Stroessner, quien durante 35 años gobernó el país, en un oscuro periodo marcado por torturas, desapariciones y muerte, al igual que en otros países de la región.

Un grupo de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Andrés Rodríguez (yerno de Stroessner), se sublevó en la “Noche de la Candelaria”, logrando un amanecer distinto el 3 de febrero, con el pueblo paraguayo volcándose frente al Panteón de los Héroes y las calles asuncenas a celebrar la nueva era política.

La información de la sublevación ya era manejada por los altos militares que respondían a Stroessner, quienes tenían previsto que el golpe se desarrollaría recién por la madrugada del 3 de febrero. Sin embargo, la gesta ya se dio horas antes, alrededor de las 21:00 del 2 de febrero.

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Esa noche fueron atacados, entre tanques y balaceras, los tres centros leales de Stroessner en Asunción: el cuartel general de Policía, el Palacio de los López y el Batallón Escolta Presidencial. Fue en este lugar donde se produjo la mayor cantidad de bajas de quienes dieron su vida por la libertad del pueblo paraguayo.

Entonces, Stroessner tenía 76 años y ostentaba el período más largo de alguien en el poder en América del Sur, con 34 años y 172 días, desde el 15 de agosto de 1954. Había sido “reelecto” en febrero de 1988 para cumplir otro mandato hasta 1993, mientras planeaba que su hijo, Gustavo Stroessner, sea el “candidato” a ocupar el sillón presidencial para ese siguiente período.

El 5 de febrero de 1989, en horas de la tarde, Stroessner fue enviado a un exilio dorado, acompañado de unos 30 familiares y asesores. El dictador partió rumbo a Brasil en un vuelo especial de un Boeing 707 de la extinta Líneas Aéreas Paraguayas (LAP) al aeropuerto de Viracopos, en la ciudad de Campinas, a 100 kilómetros al norte de San Pablo.

Con el exilio del general, Paraguay se quedó con la tarea no solo de reordenar el Estado y el Gobierno, sino un pueblo hambriento de libertad y democracia. Tres meses después del golpe se convocaba a elecciones generales pluralistas para el lunes 1 de mayo de 1989 y en junio de 1992 comenzó la Asamblea Nacional Constituyente, que finalmente promulgó una nueva Constitución Nacional, que reemplazaba a la del 1967, diseñada por Stroessner. El dictador falleció el 16 de agosto de 2006 y está sepultado en el cementerio Campamento de la Paz de Brasilia (Brasil).

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Setenta y tres personas murieron por el colapso, el viernes, de una galería de una mina de oro del oeste de Malí, indicaron este miércoles a la AFP un encargado de una empresa minera local y un representante electo del municipio. “Empezó con un ruido. La tierra empezó a temblar. Ahí estábamos más de 200 buscadores de oro. Las labores de búsqueda terminaron, hemos encontrado 73 cuerpos”, declaró a la AFP Oumar Sidibé, uno de los encargados de los buscadores de oro de Kangaba. Un concejal confirmó el balance.

En un comunicado publicado el martes, el Ministerio de Minas informó del deceso de varios buscadores de oro, pero no aportó cifras precisas. El gobierno presentó “sus condolencias más tristes a las desconsoladas familias y al pueblo maliense”. Asimismo, el ministerio invitó “a las comunidades de cerca de los sitios mineros y a los buscadores de oro a respetar escrupulosamente las medidas de seguridad y a trabajar únicamente dentro de los perímetros dedicados a la extracción de oro”.

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Malí, uno de los países más empobrecidos del mundo, es uno de los principales productores de oro de África. Sus minas de oro suelen ser escenario de derrumbes mortales, que empañan una actividad peligrosa, que a menudo se ejerce de forma casera y que está insuficientemente controlada por las autoridades.

Con 72,2 toneladas producidas en 2022 (seis de las cuales, fruto de la extracción artesanal), el oro contribuyó en un 25 % al presupuesto nacional. Además, representó el 75 % de los ingresos derivados de la exportación y el 10 % del Producto Interior Bruto, según indicó en marzo de 2023 Lamine Seydou Traoré, otrora ministro de Minas.

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Fuente: AFP.

La Fiscalía de Perú pidió el viernes 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión por su fallido intento de disolver el Congreso y “perpetrar un golpe de estado” en diciembre de 2022. “Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública”, informó la fiscalía a través de la red social X (antes Twitter).

“El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de estado el pasado 7 de diciembre de 2022″, según el requerimiento presentado a la justicia por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. El documento fue entregado al juez encargado del caso, Juan Carlos Checkley, quien deberá en las próximas semanas revisar los fundamentos de la acusación.

Castillo, un izquierdista de 54 años, cumple prisión preventiva hasta diciembre de 2025 en una cárcel para exmandatarios. El 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó un mensaje al país anunciando la disolución del Congreso y la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Tras su fracasada maniobra contra el Legislativo, Castillo fue destituido y llevado el 7 de diciembre al penal Barbadillo, una minicárcel para presidentes dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.

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Castillo ha defendido su inocencia. “Nunca me levanté en armas”, ha alegado Castillo en audiencias ante magistrados indicando que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque sus órdenes no fueron acatadas por las fuerzas armadas. El expresidente (2021-2022) reiteró su versión de que fue removido del cargo en el marco de una supuesta conspiración política entre el Congreso derechista y la fiscalía, que lo investigaba por presunta corrupción.

El expresidente peruano, quien había sido elegido en 2021 para gobernar hasta 2026, fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigían su renuncia, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones a 2023.

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Fuente: AFP