El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, puntualizó que se está honrando un acuerdo internacional firmado con la República de Italia con el inicio de la titulación masiva de la emblemática colonia Andrés Barbero (San Pedro), brindando una solución tras 70 años de espera.

Este lunes, el presidente de la República, Santiago Peña, tiene previsto llevar adelante su jornada de Gobierno en el departamento de San Pedro, específicamente en la colonia “Sucesión” (ex Andrés Barbero) o más conocido como Barbero Cué; donde se hará la primera entrega masiva de títulos de propiedad a campesinos beneficiarios.

En comunicación con La Nación/Nación Media, Ruiz Díaz refirió que son los primeros 66 beneficiarios que recibirán los documentos que los acreditan como propietarios legítimos de sus tierras.

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Comentó que la importancia de esta primera entrega de títulos a los colonos de Andrés Barbero se debe, por un lado, por los antecedentes como asentamiento, que datan de 1951, es decir que llevan 74 años peleando por lograr la titulación de sus inmuebles.

“Estamos hablando de cuatro generaciones, por lo menos, que han pasado por el Gobierno ya 11 presidentes de la República. Es una colonia que se destinó para asentamiento humano en el año 1951. Así lo decidió el científico Andrés Barbero. Desde ese entonces, que se tiene ocupación, pero nunca se había podido entregarle títulos de propiedad a las personas, debido a problemas judiciales”, precisó.

Además, Ruiz Díaz manifestó que con esta entrega se da cumplimiento al tratado internacional entre Paraguay e Italia, que había sido propietaria de estas 17.000 hectáreas y que fueron donadas al Estado paraguayo para la entrega a sus habitantes.

“La colonia Andrés Barbero es un tema internacional. Se trata de la donación del Gobierno de Italia que condicionaba la regularización de la tierra en favor de los ocupantes. Entonces, hoy nosotros, con la titulación, estamos honrando este acuerdo internacional, entregando sus títulos a los ocupantes, una tierra ya regularizada con toda la garantía y la seguridad jurídica que ello implica”, puntualizó.

Como tercer aspecto, indicó que la concreción de todo este trabajo se da gracias un esfuerzo público y privado, entre Indert y la Unión de Gremios de la Producción (UGP), que han trabajado juntos para salvar los problemas que se estuvieron arrastrando por años y llegar a hoy a la entrega de los títulos.

El titular del Indert detalló que esta colonia Andrés Barbero es una comunidad muy grande con cerca de 2.000 beneficiarios, que habitan las 17.000 hectáreas que conforman esta propiedad y durante años ha atravesado muchos problemas. La comunidad instaló la cooperativa “Koga Poty”, que describió como un ensayo experimental muy interesante, apoyado y tutelado por la UGP.

“Son pequeños productores que decidieron unir su esfuerzo, así como unir sus inmuebles para tener escalas con eso, y demostrar que los pequeños productores también pueden ingresar a la agricultura de alta productividad o a la agricultura mecanizada. Y ellos hoy están produciendo productos que son exportados en el ámbito del comercio internacional. Son pequeñas parcelas, y que la clave siempre va a ser la asociatividad o la organización a través de las cooperativas”, dijo el titular del Indert.

“Identificamos esa tranca y, bueno, a partir de ahí trabajamos en eso y logramos destrabar, principalmente con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, la Dirección General de los Registros Públicos y la Dirección de Catastro, logramos destrabar el problema y con eso estamos llegando”, expresó.

Explicó que el principal problema era que ya en el pasado se realizaron tres mensuras, las cuales decía que esta colonia tenía solamente 14.000 hectáreas, y esto no era aceptado por los colonos que exigían 17.000 hectáreas. Finalmente, se llegó a un acuerdo, de avanzar en todos aquellos lotes que no tienen problemas judiciales por superposición de loteamientos, pero respetando la totalidad de las 17.000 hectáreas, esperando que la justicia resuelva finalmente lo que falta.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra sostuvo que la Justicia paraguaya debe actuar, sin pactos ni silencios tras la grave denuncia periodística realizada por un medio argentino, donde se publicó que el expresidente Mario Abdo Benítez tendría dinero escondido en paraísos fiscales.

A su criterio, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público no pueden mirar para otro lado ante las graves denuncias sobre las presuntas cuentas bancarias del exmandatario en el paraíso fiscal de Seychelles (África).

En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que de confirmarse el incremento patrimonial familiar y que gran parte de ese dinero fue durante la pandemia no solo se estaría hablando de corrupción, sino de algo más grave como crimen moral y de lesa humanidad.

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El hecho resultaría sumamente grave, ya que se confirmaría que Abdo Benítez escondió 21 millones de dólares en cuentas offshore mientras era presidente y después de salir, el país se encuentra ante uno de los escándalos más inmorales de toda nuestra historia.

“Si ese dinero está vinculado al saqueo que sufrimos durante la pandemia, cuando la gente moría sin oxígeno, sin camas y sin medicamentos, lo que nos pasamos gritando y denunciando, entonces no hablamos solo de corrupción, hablamos de crimen moral y de lesa humanidad. No tiene perdón de Dios”, sentenció.

Recordó que durante la pandemia el pueblo gritaba que estaba siendo asaltado en plena tragedia nacional; sumado al silencio y complicidad de algunos medios, el expresidente y su entorno habrían estado transfiriendo millones a las Islas Seychelles. “Hoy, esas denuncias ya no son meras sospechas que deben ser investigadas”, señaló.

Gamarra destacó que también se evidencia que Abdo Benítez usó el poder para perseguir a sus adversarios. Entonces, ahora debe explicar cómo multiplicó aparentemente su patrimonio en paraísos fiscales. “La Justicia debe actuar, sin pactos ni silencios y la Contraloría y el Ministerio Público no pueden mirar para otro lado”, precisó.

Agregó que si este caso no es investigado y la ciudadanía lo deja pasar “estamos diciendo que robarle al pueblo en su momento más doloroso se puede ignorar y salir impune. La Fiscalía debe actuar de oficio y esclarecer lo antes posible este escándalo nacional y mundial”, concluyó.

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El gobierno del presidente Donald Trump informó este viernes que Estados Unidos rechaza los cambios acordados en 2024 por los países de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en las medidas para combatir las pandemias por considerar que violan su soberanía.

En cuanto regresó al poder el pasado 20 de enero, Trump decidió retirar a Estados Unidos de este organismo de la ONU, pero el Departamento de Estado precisó que las enmiendas a los reglamentos del año pasado todavía eran vinculantes para el país.

El jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el secretario de Salud, Robert F. Kennedy, muy crítico con las vacunas, arremetieron en un comunicado contra los cambios. “Corren el riesgo de una interferencia injustificada” en el “derecho soberano nacional a elaborar nuestra política sanitaria”, dicen.

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“Anteponemos a los estadounidenses en todas nuestras acciones y no toleraremos políticas internacionales que infrinjan la libertad de expresión, la privacidad o las libertades personales de los estadounidenses”, añaden.

Rubio y Kennedy desvincularon a Estados Unidos de una serie de enmiendas a los reglamentos sanitarios internacionales que proporcionan un marco legal para combatir enfermedades, acordadas el año pasado en la Asamblea mundial de la salud en Ginebra.

Las enmiendas introducen la noción de “urgencia pandémica” y más “solidaridad y equidad”, según la OMS.

En su oposición a las enmiendas, Rubio y Kennedy también estiman que los cambios “no abordan adecuadamente la susceptibilidad de la OMS a la influencia política y la censura, especialmente de China, durante los brotes”.

• Fuente: AFP

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La intervención en proceso en la Municipalidad de Ciudad del Este, está revelando cada vez con más claridad cómo funcionaba el esquema que organizó el intendente Miguel Prieto para concretar su maquiavélica gran estafa, con el objetivo de embolsillarse millonarias sumas pertenecientes a las arcas públicas. Le contamos cómo era el proceso para la tragada sistemática de dinero de los contribuyentes.

Mientras continúa la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del economista Ramón Ramírez, va saltando al tapete cada vez con más claridad cómo operaba Miguel Prieto para llevar a cabo la maquiavélica estafa, que prácticamente vació las arcas de la municipalidad esteña.

Prieto y sus cómplices creían tener el esquema muy bien planeado, pero se les escaparon algunos detalles importantes que finalmente sirvieron a la Fiscalía de Delitos Económicos como elementos para señalarlos por las figuras penales de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente “opositor”, Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación “de urgencia” a la firma Tía Chela S.R.L. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo, y Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo, es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, mismo día que la Municipalidad firmaba contrato con Tía Chela S.R.L, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que en realidad no fueron proveídos por Tía Chela S.R.L.

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A la “escenografía”, que montó Prieto se suma otro hecho curioso. En el anverso del cheque que cobró el propietario de Tía Chela, Fermín Ávalos, estaba escrita a mano la frase “para comisión de Francisco Arrúa”. Arrúa es nada menos que el director administrativo de la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, antes de concretarse la entrega de los víveres, ya estaba planificada la repartija de tajadas a los involucrados en la licitación que favoreció a Tía Chela.

Un dato no menor es que, al momento de convocar a los oferentes, se invitó a Tía Chela S.R.L de Fermín Ávalos, a Danielito S.R.L de Felipe Ávalos (padre de Fermín) y a Yrupē, de Sady Lorena Martínez, quien ya contaba con millonario contrato de alimentos.

Esta convocatoria a miembros de una familia y cercanos, hace sospechar a la Fiscalía de que el proceso de licitación fue solamente un maquillaje para direccionar la adjudicación hacia Tía Chela S.R.L.

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El departamento de Crimen Organizado realizó verificaciones aleatorias de datos de los supuestos beneficiarios de los kits de alimentos que figuran en las planillas, y resultó que varios de ellos residen o en el extranjero, o en otros departamentos del país alejados de Ciudad del Este.

Por si fuera poco, en las planillas datos que debieron ser consignadas por los beneficiarios, se observa claramente que la caligrafía pertenece a una misma persona, que llenó todo el documento para simular la entrega de los kits.

Un nuevo hilo del ovillo fue publicado este martes en el diario La Nación. Este nos lleva a la detección de un esquema dedicado a desviar fondos utilizando como pantalla el consumo de combustible para la municipalidad.

En el “teatro” que armaron, no tuvieron en cuenta que es físicamente imposible que en un solo día un automóvil utilice casi 100 litros de combustible. Según el documento que presentaron, un solo vehículo cargó G. 800.000 de carburante en un día,

Todos los datos detectados fortalecen cada vez más la sospecha de que en la administración municipal esteña instauró un esquema corrupto que aprovechaba su posición de privilegio para sustraer sistemáticamente dinero público.

No se descarta que en el transcurso de los días salgan a luz nuevas denuncias relacionadas a acciones irregulares bajo el consentimiento cómplice del intendente Miguel Prieto.