Una diputada regional consideró el martes el gobierno del estado de Sinaloa en México para completar el mandato del gobernador caído en desgracia por sus intentos de retomar el poder en medio de una investigación por narcotráfico.

El Congreso de este estado designó como gobernadora a Graciela Domínguez.

Sustituye a Rubén Rocha, cuya captura y extradición pide Estados Unidos por supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa, que encabezó a Joaquín “El Chapo” Guzmán. La fiscalía mexicana abrió una investigación propia.

Rocha -que niega la acusación- pidió primero licencia de su cargo el 1 de mayo e intentó retomarlo sorpresivamente el 21 de agosto.

La presidenta Claudia Sheinbaum y su partido le dieron la espalda y lo forzaron a pedir esta nueva licencia indefinida, en principio, hasta el fin del mandato en 2027.

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Domínguez fue secretaria de Educación estatal de Rocha.

“Sinaloa necesita certeza e instituciones fuertes, un gobierno presente y una sociedad que pueda recuperar la tranquilidad (...) Nuestra prioridad será la paz”, declaró Domínguez al tomar juramento.

Sheinbaum dijo en su conferencia diaria que la nueva gobernadora era una “mujer honesta” y se comprometió a trabajar coordinadamente en temas como la seguridad.

El gobierno informó el mismo martes que envió 300 militares más a Sinaloa, que se unen a los 18,000 ya desplegados.

Sinaloa ahora es el centro de una guerra entre dos facciones del cartel, que ha dejado millas de muertos.

• Fuente: AFP

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La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) fue galardonada con el Premio RICG a la Innovación en las Compras Públicas, edición 2026, en el marco de la XX Conferencia Anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), que se realizó en la ciudad de Monterrey (México), del 12 al 14 de agosto.

El reconocimiento a la institución paraguaya se dio por el sistema utilizado, Registro de Compradores Públicos, que actualmente cuenta con 2.377 compradores públicos registrados, pertenecientes a 678 unidades de contratación de todo el país.

Este concurso, es organizado de manera conjunta entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el cual se premia experiencias innovadoras que generan un impacto positivo en la contratación pública de la región.

El sistema de Registro de Compradores Públicos es una herramienta que “contribuye a la modernización de las compras públicas en Paraguay y fortalece la transparencia, la eficiencia y la innovación a nivel institucional”, de acuerdo al informe de la DNCP.

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Este registro fue implementado por la institución a partir de este año con el objetivo de “brindar acceso público a información relevante sobre los funcionarios de las entidades públicas que participan en las diferentes etapas de los procedimientos de contratación del Estado”. Así también, se encuentran los datos de “la identidad del comprador, la institución donde presta servicios, la información de contacto, las competencias y acreditaciones, la formación académica, la experiencia en compras públicas y la trayectoria profesional en el sector público”.

“En el ámbito de la profesionalización, esta iniciativa ha impactado significativamente en la gestión de la DNCP al proveer una base de datos centralizada y actualizada, insumo clave para identificar necesidades de capacitación, monitorear competencias e implementar programas de formación”, resalta el informe de la dirección de contrataciones.

Asimismo, destaca que el reconocimiento sobre esta herramienta “contribuye a optimizar la transparencia y la trazabilidad dentro del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, la obtención del Premio RICG a la Innovación en las Compras Públicas refleja los avances conseguidos por la DNCP en estas materias y abre la posibilidad de impulsar más proyectos escalables y replicables en otros países de la región”.

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Un gobernador mexicano del oficialismo en Sinaloa, acusado de nexos con el narcotráfico por Estados Unidos, informó el sábado que se separa nuevamente del cargo luego de que su regreso a funciones el viernes fue criticado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La justicia estadounidense pidió en abril pasado la captura con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y otros nueve oficialistas. Es la primera vez que políticos mexicanos en funciones son acusados por la justicia estadounidense de nexos con carteles de la droga.

Rocha Moya pidió el 1 de mayo una licencia y se apartó del cargo. La mañana del viernes anunció su sorpresivo regreso en la red social X, pero la tarde del sábado reculó y comunicó al congreso estatal su retiro. “Me presento ante ese Honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido” al cargo de gobernador, señala el documento compartido por Rocha Moya.

El legislativo local convocó a sesión el domingo para debatir este caso y elegir a un gobernante interino. El viernes, tras conocerse su fugaz regreso, el gobierno de Sheinbaum dijo que se trató de una “determinación de carácter personal” y la misma presidenta comentó el sábado a periodistas que se enteró cuando lo anunció en redes sociales.

El sábado temprano, la presidenta escribió en X que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo” y de México. “El poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites, abuso”, añadió sin citar nombres. Rocha Moya acompañó el documento al congreso con un comentario en alusión a las palabras de la mandataria: “Sinaloa, la nación y el movimiento de transformación están por encima de todo”.

Este veterano político de 77 años es cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, antecesor de Sheinbaum y fundador del movimiento de izquierda en el poder. Rocha dejó el gobierno de Sinaloa en mayo pasado para que la fiscalía general iniciara una investigación contra él y otros nueve funcionarios oficialistas señalados de nexos con el cartel que encabezaba Joaquín “el Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

El gobierno, líderes parlamentarios oficialistas y el partido Morena, al que pertenecen Sheinbaum y Rocha, se deslindaron en bloque de su regreso del viernes. Ricardo Monreal, líder oficialista de los diputados, pidió expresamente el viernes a Rocha Moya “reconsiderar su decisión” y que dejara nuevamente el cargo a fin de que la fiscalía general continúe su investigación.

Se conocen pocos avances de este caso y la presidenta Sheinbaum ha reclamado a Estados Unidos que presente pruebas contra los oficialistas acusados. Previo a que dejara nuevamente el cargo de gobernador, analistas y medios mexicanos subrayaron este inusual distanciamiento y evocaron posibles fricciones internas por la cercanía de Rocha Moya con López Obrador.

Para el politólogo José Antonio Crespo, Rocha Moya debió contar con el respaldo de AMLO, lo que pondría a Sheinbaum entre “presiones” de su antecesor y los reclamos del presidente estadounidense Donald Trump. El mensaje de que Rocha Moya actuó solo también es para Washington, añadió el analista. “La presidenta no quiere cargar con la responsabilidad ante Estados Unidos, pero no creo que Trump le crea”, dijo Crespo a la AFP.

En su columna política, el diario El Universal apuntó a un “enojo” de AMLO con Trump luego de que Washington canceló la visa de su hijo. López Obrador “¿decidió ir a la guerra aún en contra de la presidenta a la que tanto prometió defender?”, se preguntó. Trump acusa continuamente que en México hay gobernantes ligados al narcotráfico y ha insistido con apoyo militar, pero Sheinbaum rechaza toda intervención.

Fuente: AFP.

La ministra de la Corte Suprema de Justicia, integrante de la Sala Penal María Carolina Llanes, participó en la segunda jornada denominada “Nuevos desafíos del sistema penitenciario”. La actividad se realizó en un hotel céntrico de Asunción, en el marco del proyecto “Acceso a la Justicia y derechos humanos de las personas privadas de libertad”.

Durante la jornada, la ministra desarrolló el tema “Construyendo una política judicial para el uso racional de la prisión preventiva”, como integrante del primer panel, “Hacia una nueva agenda del litigio cautelar: la prisión preventiva como desafío para la Justicia Penal”. Compartió este espacio con Alberto Binder (Argentina), doctor en Derecho y especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. La moderadora fue María Victoria Rivas, directora ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales (CEJ).

En ese contexto, presentó las acciones, experiencias, políticas y estrategias impulsadas desde la Corte Suprema de Justicia para hacer frente a la prisión preventiva, así como los desafíos que persisten en esta materia.

Señaló que, tras casi 30 años de reformas, se sigue enfrentando esta situación y sostuvo que es necesario adaptar las políticas a la realidad actual, garantizando derechos sin ignorar el crimen organizado que opera desde las cárceles.

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“Hoy, el gran desafío, entre otros, es el cumplimiento del sistema normativo vigente. La Constitución es clara, la cárcel tiene finalidades concretas cuando se trata de pena para proteger a la sociedad y a los efectos de la posterior reinserción social”, añadió.

Asimismo, recalcó la necesidad de diseñar una política criminal estatal e integral, sostenida más allá de los gobiernos, que permita reducir la prisión preventiva y aplicar efectivamente su carácter excepcional y las medidas alternativas, conforme al marco constitucional. Para ello, consideró fundamental la coordinación entre las instituciones y la capacidad de resistir la presión social sobre las decisiones judiciales.

El espacio tuvo como propósito generar diálogo y reflexión sobre los principales desafíos del sistema penitenciario nacional, promoviendo un debate informado, plural y orientado a la construcción de propuestas para fortalecer las políticas públicas.

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