La Dirección Nacional de Migraciones aprobó la Resolución DNM n.° 407/2026, que actualiza los requerimientos para la acreditación de solvencia económica de ciudadanos extranjeros que deseen optar por una radicación definitiva, con el objetivo de unificar con los requisitos exigidos en el Acuerdo de Residencia del Mercosur para las residencias permanentes.

La disposición, que entrará en vigencia para los trámites ingresados a partir del 6 de julio de 2026, establece criterios comunes para ambos regímenes y eliminando diferencias en la documentación requerida para la acreditación de los medios de vida lícitos que permitirán su sustento económico.

Asimismo, la resolución dispone la actualización del Carnet de Admisión, mediante la eliminación del dato de la profesión en formato impreso. Esta información continuará registrada en el sistema informático de la Dirección Nacional de Migraciones, disponible para fines administrativos y de control.

La reglamentación incorpora mecanismos de verificación más precisos para la acreditación de solvencia económica, exigiendo evidencias documentales que permitan comprobar ingresos verificables y el ejercicio efectivo de la actividad profesional, laboral o económica declarada. La información sobre los requisitos y aranceles actualizados de residencia permanente se encuentran en el apartado de Residencias en el portal: www.migraciones.gov.py.

En ese marco, la Resolución DNM n.° 407/2026 establece 12 categorías de acreditación de solvencia económica, que contemplan las distintas situaciones de los extranjeros que residen o buscan residir en el país de forma permanente: profesionales, técnicos, empleados, trabajadores independientes dedicados al comercio o los servicios, trabajadores a distancia o nómadas digitales, propietarios de bienes inmuebles, accionistas o socios, agricultores y ganaderos, religiosos, jubilados o pensionados, dependientes y estudiantes. Cada categoría cuenta con requisitos documentales específicos para la acreditación del sustento económico correspondiente.

La Sección Nacional del Consejo del Mercado Común, encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, se reunió para la organización de la LXVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC), así como la Reunión de Jefes de Estado de los Estados Parte y Estados Asociados del Mercosur, que se desarrollará los días 29 y 30 de junio en la sede de la Conmebol.

“Nos preparamos para recibir a la región. Me reuní con la Sección Nacional del Consejo del Mercado Común, el equipo de instituciones del Gobierno del Paraguay a cargo de organizar la próxima Cumbre del Mercosur del 27 al 30 de junio”, resaltó el presidente a través de su cuenta de redes sociales.

Peña refirió la importancia de este evento que reunirá a dignatarios, de los Estados partes y asociados del bloque regional. “Un evento de esta magnitud exige gran responsabilidad, compromiso y trabajo conjunto. Gracias a esta articulación institucional, estamos listos para demostrar nuestra calidez y recibir a nuestros socios de la mejor manera”, apuntó.

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Con este cumbre en Asunción, Paraguay concluye su periodo en la presidencia protempore (PPT) y entregará la conducción del bloque regional a Uruguay durante esta cumbre. En el marco de la agenda oficial se incluyen como puntos principales los acuerdos comerciales y la agenda comercial del Mercosur.

Dentro de los acuerdos comerciales se pondrá sobre la mesa las negociaciones internacionales, los avances para el acuerdo de comercio entre el Mercosur y Japón, que fue anunciado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, durante la reciente cumbre del G7, en Francia. Así también, se abordarán avances de los tratados comerciales con la Unión Europea, Canadá y Singapur.

Ya en la agenda económica, se prevé analizar el fortalecimiento de la región, principalmente en el sector productivo, la reducción de aranceles automotrices, como así también el impulso a la energía alternativa.

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El presidente centroderechista de Bolivia Rodrigo Paz anunció que recuperará territorios bajo control de organizaciones sociales, como la región del Chapare, bastión político del exmandatario Evo Morales, donde los seguidores del líder izquierdista impiden la ejecución de una orden de captura en su contra. Paz acaba de superar la crisis política más grave de su corta gestión iniciada en noviembre pasado. Durante siete semanas, indígenas, obreros y cocaleros manifestaron y bloquearon carreteras para exigir su renuncia por la crisis económica.

“Vamos a recuperar cada territorio que hoy día no nos pertenece”, declaró ayer miércoles Paz, durante un aniversario de la policía. “Algunos creen que no es territorio boliviano que es territorio de algunas organizaciones”, añadió en referencia a la región cocalera del Chapare, según aclaró posteriormente la Presidencia. Aseguró además que “todo volverá a la patria”. “Aquí no hay dueños, ni de territorios, ni de sectores”, sostuvo.

La autoridad decretó el sábado un estado de excepción que permitió el levantamiento de los bloqueos. Su gobierno ha señalado al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019) de promover las protestas y financiarlas con recursos del narcotráfico, aunque sin dar pruebas. El exjefe de Estado se encuentra en el poblado cocalero de Lauca Eñe, en el centro del país, desde fines de 2024, cuando la justicia emitió una orden de captura en su contra por un caso de trata de menor que él niega.

Evo Morales anticipó el martes, en una entrevista con la AFP, que, si el gobierno intervenía la región, “aquí va a haber problemas, estamos bien organizados”. Aseguró además que sus partidarios “se van a defender”.

El expresidente sostiene que el actual gobierno, “con toda esta política neoliberal y estado colonial, está forzando que haya una guerra civil”. El Ejecutivo no adelantó fecha para una eventual intervención en el Chapare.

Fuente: AFP.

El Gobierno de Paraguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se une a una iniciativa estadounidense sobre la declaración conjunta de respaldo al Gobierno democrático de Bolivia, difundida el 23 de junio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que está respaldada por un total de 16 países, en que se manifiesta la preocupación por los últimos bloqueos en la nación andina, dentro de un intento de debilitar su democracia.

El texto de la siguiente declaración fue emitido por los Gobiernos de Paraguay, los Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá y Perú.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por los efectos de los bloqueos violentos de carreteras sobre la democracia y el estado de derecho en Bolivia. Los continuos esfuerzos por debilitar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo del presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio”, señala el documento.

Continúa: “Una minoría violenta pretende desconocer la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas hace apenas unos meses, rechaza la disposición del gobierno al diálogo y ha mantenido bloqueos de carreteras durante más de siete semanas, privando al pueblo boliviano de acceso a alimentos, atención médica, combustible y otros artículos de primera necesidad. Estas acciones han afectado gravemente la vida cotidiana de millones de ciudadanos y han puesto en riesgo derechos fundamentales”.

“Asimismo, se han registrado muertes de civiles bolivianos como consecuencia de las restricciones a la libre circulación en las vías, que les han impedido acceder oportunamente a medicamentos, hospitales o centros de salud. Por otra parte, manifestantes han causado lesiones a agentes de policía en el ejercicio de sus funciones. La violencia no puede subvertir el orden constitucional”, agrega.

Puntualiza también el respaldo “al gobierno boliviano constitucionalmente elegido e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional establecido, como herramienta fundamental de la democracia”.

“Defender la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica exige compromiso y cooperación. En este contexto, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando para fortalecer la estabilidad y preservar el orden democrático en nuestra región, y expresamos nuestra solidaridad con el gobierno democrático del presidente Paz y con el pueblo de Bolivia”, concluye.

En una entrevista con la agencia AFP, ayer martes, el expresidente Evo Morales insinuó sobre la posibilidad de “una guerra civil” al acusar al gobierno de Rodrigo paz por su “política neoliberal”, que en noviembre pasado puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda. El exmandatario, en su refugio en la región selvática del Chapare donde permanece fugitivo, ordenó que se levanten los bloqueos tras decretarse el estado de excepción, el sábado pasado, para emplear las fuerzas armadas para despejar los cortes que generaban un desabastecimiento de alimentos y medicinas.

“No me voy a rendir”, dijo Morales, días después de que el gobierno amenazara con intervenir en el Chapare, su bastión político en el departamento de Cochabamba (centro), para capturarlo. “El que negocia su sobrevivencia no es digno”, agregó. La entrevista tuvo lugar en el poblado de Lauca Eñe, tras atravesar varios puestos de control para llegar hasta Morales.

Decenas de seguidores del dirigente cocalero permanecían en los alrededores de su refugio, algunos provistos de armas rústicas. Sobre el exmandatario pesa una orden de captura por un supuesto caso de trata de menor, que él niega y denuncia como “persecución” política.

Pregunta: ¿Cuál es su balance de las últimas semanas de protestas?

Respuesta: Es una sublevación contra el modelo neoliberal y el estado colonial. Y el resultado es un gobierno sin autoridad. Para mí, esto va a continuar. Esta “mentirocracia” causa mucha reacción del pueblo boliviano.

P: ¿El fin de los bloqueos es un triunfo del gobierno?

R: El gobierno se salvó por prebendas (a sectores) que negociaron a puertas cerradas. Solo quedaban bloqueos aquí en el Trópico de Cochabamba, que tiene mucha disciplina. Declaramos un cuarto intermedio (una pausa), pero no negociamos.

P: ¿Cree que el gobierno va a intervenir en el Chapare?

R: No hay motivo para intervenir, no hay bloqueos. Saben que aquí va a haber problemas, estamos bien organizados. Saben que compañeros se van a defender, nos van a defender. Nosotros no queremos que haya muertos, heridos.

P: ¿Qué hará si intenta hacerlo?

R: Con toda esta política neoliberal y estado colonial, están forzando que haya una guerra civil. El que negocia su sobrevivencia no es digno. Yo nunca negocié. Defender la hoja de coca es defender la soberanía, la dignidad del pueblo. La guerra de la coca es mucho más que la guerra por agua o por gas. Cualquier intervención militar, policial, (los campesinos) van a resistir.

P: ¿Qué responde a la acusación de supuesta trata de menor?

R: Proceso inventado. No encuentran nada de narcotráfico, de corrupción. Es un tema totalmente político. Como Evo no es corrupto, ni está ligado al narcotráfico, tratan de usar el tema de ‘pedófilo’. A la gente le causa risa.

P: ¿Qué vislumbra para los próximos meses en Bolivia?

R: Si no se resuelve el tema estructural, que es el tema económico, en cualquier momento cualquier sector se va a movilizar. Si no hay plan de cómo reactivar la economía estatal, entonces seguirá habiendo levantamiento y convulsión.

P: ¿Apoya el pedido de renuncia del presidente Paz?

R: Se ha generalizado ese pedido. Yo dije que tal vez una salida política constitucional sea convocar a elecciones. Pero nunca hemos pedido la renuncia. Aquí es evitar que se privatice la luz, el agua, la telecomunicación, los recursos naturales, la salud, la educación. Ese es el pedido.

Con información de AFP.