El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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Desde el Ministerio de Salud confirmaron que en la última semana se reportó un aumento sostenido del 46 % de casos de covid-19, que se verificaron en 14 regiones del territorio nacional. La mayor cantidad se reportan en Asunción y departamento Central. También se registraron 26 pacientes hospitalizados, uno de ellos ingresó a la terapia intensiva, así como una persona fallecida.

En la última semana, la cartera sanitaria procesó 1.041 muestras para detección de SARS-COV2, de los cuales el 13,5 % dieron un resultado positivo, equivalente a 206 casos de la enfermedad a nivel país. “Evidenciando un aumento del 46 % con respecto a la semana anterior”, resaltaron en el informe.

Los casos identificados se dieron en 14 regiones, sin embargo, el 65 % se reportaron en el área metropolitana; el 33 %en el departamento de Central y, en la ciudad de Asunción, el 32 %. Para evitar contagios es importante el uso de tapabocas en hospitales y el lavado de manos constante.

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De los casos positivos se hospitalizaron 26 pacientes y uno de ellos fue ingresado a cuidados intensivos. Sin embargo, son los pacientes pediátricos los que más requirieron internación, el grupo etario afectado son menores de 5 años equivalente al 23 % y en adultos mayores de 60 años son el 31 %.

Lamentablemente, se confirmó un fallecido, se trata de una persona de la tercera edad que no estaba protegida con la vacunación. “Se confirmó un fallecido por la enfermedad al cierre de la semana (SE) 09, una persona adulta mayor sin registro de vacunación”, puntualizaron. Recordaron que están disponibles las dosis de las vacunas contra el covid para evitar complicaciones.

Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios como tos, dolor de garganta u otros, la cartera sanitaria insta a usar mascarilla en sitios cerrados con aglomeración de personas, acudir a la consulta médica oportuna para recibir un tratamiento. Afirmaron que es muy importante cumplir con el reposo para impedir la propagación del virus y la recuperación total de la enfermedad.

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• Dubái, Emiratos Árabes Unidos. AFP.

El avión que trasladó al detenido expresidente filipino Rodrigo Duterte a Dubái, en su ruta a Países Bajos, despegó el miércoles después de una escala de varias horas, según una página web de monitoreo de vuelos. No fue posible confirmar si Duterte iba a bordo del avión privado. El exgobernante deberá comparecer en La Haya tras su detención por una orden de la Corte Penal Internacional ligada a su mortal guerra contra las drogas.

Abogados del expresidente de 79 años presentaron una petición para exigir que Duterte sea enviado de vuelta a Manila, donde fue detenido el martes. El avión Gulfstream G550 despegó del Aeropuerto Internacional Al Maktoum de Dubái poco antes de mediodía (8:00 GMT), unas ocho horas después de aterrizar, según el sitio flightradar24.com.

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El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, partió ayer martes en avión hacia La Haya después de haber sido detenido en el aeropuerto de Manila por una orden de la Corte Penal Internacional (CPI), que le acusa de crímenes contra la humanidad por su mortífera guerra contra el narcotráfico.

Las organizaciones de derechos humanos estiman que esa campaña durante su mandato (2016-2022) se cobró la vida de decenas de miles de personas, en su mayoría hombres pobres, a menudo sin pruebas de su vínculo con el narcotráfico. Una vez que llegue a La Haya, Duterte, de 79 años, tiene que ser transferido a la sede de la CPI, que abrió una investigación sobre esta campaña que inició en 2016.

Los abogados del expresidente presentaron el miércoles una petición en nombre de su hija menor, Verónica, ante la Corte Suprema de Filipinas acusando al gobierno de “secuestro” y exigiendo que lleven “de vuelta” a Duterte.

En una rueda de prensa, el sucesor de Duterte, Ferdinand Marcos, había confirmado el despegue del avión en la noche del martes en dirección a La Haya “para que el expresidente responda a las acusaciones de crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas”.

Corresponsales de la AFP vieron la aeronave hacer escala en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Tras el despegue del avión en Manila, la CPI confirmó haber emitido una orden de arresto. “Una vez que el sospechoso está bajo custodia de la CPI, se programa una audiencia de comparecencia inicial”, declaró su portavoz Fadi Abdullah.

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Duterte exigió conocer el fundamento de su arresto, en un video publicado en la cuenta de Instagram de su hija Verónica. “¿Cuál es la ley y cuál el crimen que cometí? Muéstrenme el fundamento legal por el cual estoy aquí”, declaró en el video. “Me trajeron aquí no por mi voluntad, sino por la de otro (...) Tienen que responder por la privación de libertad”, agregó.

Por su parte la vicepresidenta filipina e hija del expresidente, Sara Duterte, denunció en un comunicado que se habían llevado a su padre “a la fuerza”. “Esto no es justicia, esto es opresión y persecución”, dijo la dirigente, que el miércoles por la mañana tomó un avión en dirección a Ámsterdam.

Duterte fue detenido en el aeropuerto de la capital tras un breve viaje a Hong Kong.

Hablando el domingo a miles de trabajadores filipinos en Hong Kong, el expresidente condenó el proceso en su contra y calificó a los investigadores de la CPI como “hijos de puta”, aunque dijo que “aceptaría” la detención.

Filipinas abandonó la CPI en 2019 por orden de Duterte, pero el tribunal mantuvo la jurisdicción sobre el caso de las matanzas, así como otro caso de asesinatos en la ciudad de Davao cuando Duterte era el alcalde, tres años antes de ser presidente.

Duterte recibió un velado apoyo de China, que, a través de un portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, exhortó a la CPI a “ejercer su poder con prudencia en conformidad la ley y a evitar la politización y el doble rasero”.

La CPI inició una investigación formal en septiembre de 2021 pero la suspendió dos meses después, cuando el gobierno filipino afirmó que estaba estudiando cientos de casos de operativos antidrogas que resultaron en muertes a manos de policías, vigilantes y sicarios.

El caso se reanudó en julio de 2023 después de que un panel de cinco jueces rechazara la objeción del gobierno de que la CPI tenía jurisdicción.

Desde entonces, el gobierno del presidente Ferdinand Marcos dijo que no cooperará con la investigación.

Duterte tiene gran popularidad entre muchos filipinos que apoyaron su forma drástica de combatir el crimen, y sigue teniendo influencia política.

Actualmente aspiraba a volver a ser alcalde de Davao, su bastión electoral, en los comicios de mayo.

Durante su gobierno, Duterte instruyó a los policías disparar a matar a los sospechosos de narcotráfico si sus vidas corrían riesgo, e insistió en que la política de mano dura salvaba a las familias e impedía que Filipinas se convirtiera en un “narcoestado”.

En octubre, durante una investigación del Senado sobre la guerra contra las drogas, Duterte dijo que no daría “disculpas o pretextos” por sus acciones.