La Fiscalía pidió este lunes la inclusión de la declaración del titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la apertura del juicio al exintendente esteño Miguel Prieto, en el marco de la causa Tía Chela, y que fue rechazada por la defensa de los once acusados en el caso que juzga un presunto desvío de G. 2.130 millones en compra de kits durante la pandemia. Además del eventual testimonio de Agustín Encina, de DNCP, el Ministerio Público solicitó que se introduzca en la carpeta el pedido que se había realizado en la etapa de incidentes, que es el cambio de marcas de los productos y mercaderías licitadas.

El fiscal Silvio Corbeta presentó informes obtenidos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) sobre la adquisición de productos del kit de alimentos, pero los abogados defensores, tanto de Prieto como de los demás acusados, se opusieron a la inclusión probatoria.

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“Consideramos importante introducir este testimonio, así como los pedidos de informe, debido a que no existe ninguna constancia en la carpeta fiscal de que esta nota haya sido tenida en cuenta por parte de la Dnit, de la Contraloría General de la República y de la DNCP en la conclusión de sus respectivos informes para, para la determinación de uno de los elementos de tipo de lesión de confianza que es el perjuicio patrimonial”, argumentó el fiscal Corbeta.

Mientras tanto, la defensa argumentó que el incidente presentado por el Ministerio Público no hace parte de una prueba nueva y que la nota referida al cambio de marcas de productos ya se encuentran en la carpeta de investigación. Afirmaron que no se oponen a la inclusión de nuevos elementos probatorios y los pedidos de informes, pero sí a la testifical del director de la DNCP.

Por otra parte, la defensa también solicitó la inclusión de más de 120 testigos, como también la autorización de la transmisión en vivo de la audiencia a través de las redes sociales que responde a Miguel Prieto, bajo el argumento que se trata de una figura política y aspirante a la presidencia de la República.

La audiencia fue a un cuarto intermedio y se retoma a las 13:00 de esta jornada, informaron.

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Ecuador declaró el sábado la alerta roja en todo su territorio ante la presencia del fenómeno de El Niño, que podría ser el más intenso jamás registrado, informó la secretaría (ministerio) de Gestión de Riesgos. El actual evento de El Niño, que superaría a otros como los de 2015, 1997 y 1982, alcanzaría su máximo hacia finales de año y provocaría un calor global récord en 2027, según estimaciones científicas.

Sus consecuencias ya se sienten desde Centroamérica, azotada por la sequía, hasta Indonesia, donde alimenta intensos incendios forestales. La cartera indicó en un comunicado que “declaró Alerta Roja en todo el territorio nacional ante el evento (de) El Niño. La medida se adopta considerando la evolución de las condiciones océano-atmosféricas”.

Mediante una resolución, dispuso la activación de los Comités de Operaciones de Emergencia para coordinar acciones como evacuaciones preventivas y protección de la población en sectores con potencial afectación. El Niño aumenta las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, lo que desencadena cambios globales en los patrones de vientos, presión y precipitaciones.

El incremento de la temperatura del océano ha impactado en la pesca y el avistamiento de aves. El país prevé que también haya sequías en la Amazonía e incendios forestales. El evento más fuerte desde 1950 en Ecuador fue el de 1997-1998, que dejó casi 300 fallecidos, pérdidas por unos 3.000 millones de dólares y unos 20.000 damnificados, según cifras oficiales.

Fuente: AFP.

Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.

Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.

La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.

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El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.

En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.

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Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.

Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.

En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

La justicia de Ecuador condenó el viernes a cinco años de prisión al expresidente Lenín Moreno en un caso de corrupción en torno a la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, a cargo de la china Sinohydro, informó la Fiscalía. La Corte Nacional de Justicia “declara culpable del delito de cohecho al exvicepresidente de la República, Lenín M.” y le impuso la condena de cinco años de cárcel junto a otras cuatro personas, incluido un exembajador chino, informó la entidad acusadora por la red X.

El exgobernante de 73 años ya anticipó que apelaría el fallo de primera instancia, en el que también fueron condenados su esposa y otros familiares a dos años y seis meses de prisión por complicidad. De confirmarse la condena, la justicia deberá resolver si Moreno cumple la pena en su casa, considerando su avanzada edad y que se mueve en silla de ruedas.

La Fiscalía había pedido seis años y seis meses de cárcel para el exmandatario (2017-2021) y también exvicepresidente. La esposa Rocío González, una hija, dos hermanos y una cuñada del exgobernante fueron declarados cómplices dentro de una trama de corrupción en la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que empezó a operar en 2016.

Mientras era vicepresidente del exmandatario socialista Rafael Correa, entre 2007 y 2013, la familia de Moreno captó alrededor de un millón de dólares de los sobornos de Sinohydro para favorecer la obra, según la Fiscalía.

“No he recibido un solo centavo por parte de Sinohydro”, dijo tras ser declarado culpable Moreno, quien acudió a la audiencia de juzgamiento en Quito junto a su esposa.

De acuerdo con la Fiscalía, la empresa china habría pagado coimas por 76 millones de dólares (un 4 % del costo de la obra).

En el caso están involucradas una veintena de personas, entre ellos varios ciudadanos chinos como un exembajador en Quito.

Dos ecuatorianos, exgerentes de la hidroeléctrica, también fueron declarados autores directos de cohecho, pero el tribunal les impuso una pena menor de tres años de prisión.

Moreno desempeñó los cargos de enviado especial para temas de discapacidad de las Naciones Unidas en Ginebra y de representante de la OEA para las personas con discapacidades en Asunción.

Correa gobernó Ecuador durante una década hasta 2017 e impulsó la elección de Moreno como presidente.

Pero Moreno se distanció al dar un giro hacia la derecha y acercarse a Estados Unidos.

Correa vive en Bélgica desde que dejó el poder y fue condenado en ausencia en 2020 a ocho años de cárcel, por otro hecho de corrupción que involucró a empresas como la constructora brasileña Odebrecht.

Fuente: AFP.