• Por Víctor Pavón

Cuando todo parecía encauzarse para bien en relación a las exportaciones de nuestros productos como la soja, la carne, el cuero y la madera, para el comercio con la Unión Europea (UE) y por el cual el Ejecutivo nacional tenía una posición correcta de no ceder ante exigencias de otros países, días atrás sin embargo el Gobierno emite el Decreto 1541 que muestra otra tendencia.

El presidente Santiago Peña dijo el año pasado en las Naciones Unidas: “Los países en vías de desarrollo no podemos postergar nuestro desarrollo por exigencias unilaterales que rayan la arbitrariedad”, afirmación certera sobre lo que había que hacer en relación a exigencias que podrían perjudicar al país.

Con referencia concreta al Reg. 1115 de la UE dijo: “Paraguay hará valer su soberanía”.

Del mismo modo, la Cancillería junto como el Ministerio de Agricultura y Ganadería afirmaban que las exigencias de la UE son de cumplimiento imposible para Paraguay, más tomando en cuenta que nuestra producción se hace de modo sostenible protegiendo el medioambiente.

Luego el Gobierno se presenta ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en la que junto con 60 países sostienen acerca de la necesidad imperiosa de reducir las “distorsiones al comercio agrícola” así como medidas exigidas de “modo unilateral”.

Al respecto, alguien que sabe y mucho sobre todo esto, el Ing. Santiago Bertoni, exministro de Agricultura y Ganadería, afirmó que “la norma n.° 1115 de la UE se trata de una barrera comercial a los productos agrícolas, con condiciones exageradas sobre el sector privado”.

De igual modo los verdaderos protagonistas, los que saben lo que pasa en el campo, se hacían escuchar. Los sectores gremiales mediante sus representantes refieren que el Reglamento 1115 no puede ser una imposición ni menos aún convertirse en una normativa internalizada en nuestro territorio perjudicando al campo y que forme parte de nuestro ordenamiento jurídico.

Mientras tanto, la UE venía diciendo que el Reglamento 1115 se aplicaría con o sin acuerdo del Mercosur. Matteo Sartori, quien estuvo por nuestro país, dispuso en carácter de donación de euros 10 millones para el Gobierno, como una forma de ayuda para ir cumpliendo los requisitos ambientales del Reglamento 1115.

Y ¿ahora? El Decreto presidencial 1541 del 16 de abril pasado, viene a cambiar la tendencia correcta del Gobierno con relación al Reglamento 1115. Dice que se deben iniciar las tareas para implementar sistemas de trazabilildad socioambiental para la competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales.

En el Considerando del Decreto se lee: “...las recientes normativas de trazabilidad socioambiental adoptadas por mercados extranjeros...” “...que el Estado debe adoptar”... para contar con “una plataforma de trazabilidad ambiental”.

Esta decisión del Gobierno es estatista, contraria a los intereses del sector privado rural que serán convidados de piedra de aprobarse la “nueva trazabilidad”, documento de cumplimiento obligatorio hecho por burócratas que, sentados en cómodos sillones, se dedican a estorbar a los emprendedores.

Es de esperarse que el Ejecutivo tome en cuenta que el comercio y la producción son tareas del sector privado y que el Estado debe garantizar la propiedad y la seguridad para que la gente coopere para intercambiar más y mejores bienes y servicios, tanto dentro como fuera del país. Y esta es la mejor forma de defender la soberanía y la producción del Paraguay.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.

A fin de mejorar la calidad de vida de los miembros de los pueblos originarios, la comunidad jasuka venda, del pueblo pai tavyterã, en el distrito de Capitán Bado, Amambay, en ocasión del Día del Aborigen Ameri­cano, recibió importantes obras.

Se inauguraron diversos trabajos que fueron encara­dos en la mencionada comu­nidad, tales como: viviendas habitacionales del Ministe­rio de Urbanismo Vivienda y Hábitat para beneficio de 73 familias, un sistema de agua potable instalado por Itaipú Binacional y 4.000 metros de extensión de energía eléc­trica, a cargo de la Adminis­tración Nacional de Electri­cidad (Ande).

La entrega de estas obras no solo reafirma el compromiso del Gobierno con las comu­nidades indígenas, sino que también simboliza un paso adelante en la lucha por los derechos y el progreso de estas colectividades.

Durante el acto de inaugu­ración se destacó el trabajo interinstitucional, que hoy posibilita a las familias de esta comunidad un mejor vivir. Estuvieron autorida­des locales, departamenta­les y de distintos entes, entre ellas, la presidenta del Indi, Marlene Ocampos.

En el local de la munici­palidad, Ocampos man­tuvo una serie de audien­cias con líderes indígenas de más de 15 comunidades del distrito. Cada uno de los representantes indígenas pudo poner sobre la mesa sus preocupaciones y las necesidades de sus respec­tivas comunidades.

Desde el Indi, reiteraron su misión de seguir trabajando por la justicia, el respeto y la inclusión de los pueblos indí­genas en todas las esferas de la vida nacional, según infor­maron desde la institución.

El juez Mirko Valinotti dispuso reiterar la orden de captura internacional con fines de extradición de Rodrigo Granda, considerado como el canciller del grupo guerrillero FARC y quien brindó apoyo a integrantes del Partido Patria Libre para el plagio y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas hecho ocurrido en el 2004-2005.

El oficio a la Comandancia de la Policía Nacional, como también a la OCN (Oficinas Centrales Nacionales) Interpol Asunción, con el correspondiente código rojo. Con la remisión del oficio a la dependencia policial se da retorno a lo planteado por los abogados querellantes Andrés Casati y Gessy Ruiz Díaz.

Granda, quien maneja varios alias a fin de eludir a los investigadores, soporta proceso en nuestro país por secuestro, homicidio doloso y asociación criminal. En caso de ser detenido en otro país que no sea Colombia, el excanciller de las FARC tendrá que ser extraditado a nuestro país para enfrentar los delitos que el Ministerio Público imputó en su momento.

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La orden de captura internacional con fines de extradición se firmó el 27 de marzo del 2008 y desde aquel entonces se viene reiterando en numerosas oportunidades pero hasta la fecha no se ha podido ejecutar dicha orden judicial de nuestro país.

De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, Osmar Martínez, uno de los fundadores del Partido Patria Libre, con Juan Arrom y Anuncio Martí realizaron una visita a Venezuela donde se reunieron con Granda y otros miembros de las FARC, lugar desde donde se inició a la estrategia para secuestrar y asesinar a Cecilia Cubas.

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La titular del Ministe­rio de Salud Pública, María Teresa Barán, se refirió ayer sábado al pro­ceso de optimización que ha desarrollado la cartera sani­taria en los últimos 8 meses, así como los principales desa­fíos, siendo el acceso univer­sal a los servicios y medica­mentos para la ciudadanía en el territorio nacional como el mayor objetivo.

Entrevistada por la vocera del Gobierno, Paula Carro, la ministra explicó que la implementación de los con­sultorios nocturnos con­tribuyó a descomprimir los servicios de urgencias y atender a más personas en el horario extendido, que se tradujo en más 162.000 consultas desde que inició esta gestión. En ese marco, también posibilitó la apli­cación de 3.000 dosis de vacunas contra covid e influenza.

“Todo el tiempo estamos trabajando y diseñando qué más podemos hacer para disminuir las brechas y poder tener ese soñado acceso universal a los ser­vicios de salud y que la gente pueda acceder a esos servi­cios más cerca de su casa. Uno de los desafíos más importantes es que en cada unidad de salud familiar podamos contar con los medicamentos esenciales, para que la gente acceda a los medicamentos en su comunidad”, explicó.

Por eso remarcó la rele­vancia del acceso a la salud primaria que efectúan las unidades de salud familiar (USF), que actualmente existen casi 900, siendo necesarias 1.750 para alcan­zar una cobertura del 100 %. En otro momento, destacó las maratones quirúrgicas en los hospitales regionales gracias al trabajo en equipo con varias instituciones, llevando cirugías en algu­nos lugares donde nunca se hicieron, y que totalizan más de 3.000 cirugías pro­gramadas.

En relación a enfermedades crónicas no transmisibles, Barán señaló que otra polí­tica de gobierno del presi­dente Santiago Peña es que los pacientes diabéticos e hipertensos puedan hacer consultas cada tres meses y retirar medicamentos men­sualmente.

En cuanto a la salud men­tal, la ministra recordó el respaldo de la nueva ley de salud mental, luego que la pandemia del covid demos­trara la urgencia de cuidar este aspecto. Mencionó, pri­meramente, que en el hospi­tal psiquiátrico encontraron 131 pacientes abandona­dos, algunos que llevaban viviendo más de 15 años en el sitio, sin identidad.