El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó la implementación del marco regulatorio para las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) con la emisión de la Resolución N.º 337, que establece los procedimientos, requisitos y plazos que deberán cumplir estas entidades para presentar sus informes de transparencia y rendición de cuentas.

La medida forma parte del proceso de reglamentación de las leyes N.º 6446/2019 y N.º 7363/2024, normas que buscan fortalecer los mecanismos de supervisión, trazabilidad y acceso a la información sobre el funcionamiento de fundaciones, asociaciones y otras organizaciones que operan en el país.

El objetivo principal de esto es contar con información más precisa y estandarizada sobre el origen, destino y utilización de los recursos que administran estas entidades, además de consolidar una base de datos unificada que facilite el control por parte del Estado.

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La resolución dispone que todos los trámites y reportes deberán realizarse exclusivamente a través del Sistema Integrado de Administración de los Registros Administrativos (SIARA), una plataforma digital creada para centralizar la gestión de información y reducir los procesos presenciales.

Para ello, el MEF habilitó formularios específicos dentro del módulo de Transparencia y Rendición de Cuentas del sistema, junto con manuales e instructivos destinados a facilitar la adaptación de las organizaciones al nuevo esquema de presentación electrónica.

La reglamentación también establece criterios uniformes para la remisión de información financiera, balances, actualización de datos institucionales y reportes de actividades. Asimismo, incorpora disposiciones específicas para las organizaciones constituidas en el extranjero que desarrollan actividades en Paraguay.

Uno de los aspectos centrales de la resolución es la definición de un calendario de implementación gradual. La primera rendición obligatoria comprenderá las actividades y recursos administrados entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2026. Las organizaciones tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2027 para presentar la documentación correspondiente, mientras que el primer informe de transparencia deberá publicarse antes del 31 de enero de ese mismo año.

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A través de un comunicado difundido este jueves a la noche, la UIP advierte que “El comercio internacional no puede condicionarse por acciones extorsivas y desinformación”.

Al inicio del documento expresa que “la Unión Industrial Paraguaya rechaza enérgicamente la campaña difamatoria coordinada por las organizaciones no gubernamentales Earthsight, Global Wittness y Survival, todas ellas con sede en Londres, contra la industria paraguaya del cuero, sus empresas, sus trabajadores y sus compradores europeos”.

Asegura que “esta campaña se intensifica deliberadamente en la víspera de la entrada en vigor en forma provisoria, del Acuerdo Mercosur–Unión Europea, prevista para el 1° de mayo de 2026, configurando un ataque comercial encubierto bajo retórica ambiental".

Según explica, las publicaciones desde el año 2018, y las cartas con plazos perentorios remitidas por estas ONG a empresas paraguayas e italianas en febrero, marzo y abril de 2026, los compromisos forzados de no compra a importadores europeos, extraídos bajo presión reputacional, y la deslegitimación sistemática de las certificaciones del Estado paraguayo y de los estándares internacionales (LWG, ICEC) constituyen prácticas extorsivas inaceptables que dañan a miles de familias paraguayas, comprometen el cumplimiento del acuerdo recién firmado y vulneran la soberanía económica del país.

A continuación expresa que el Paraguay produce cuero legal, sostenible y trazable, respaldado por sistemas de control sanitario, de identificación animal y de trazabilidad, los cuales han sostenido y garantizado sus exportaciones en mercados internacionales.

“En este marco, el país dispone de herramientas que permiten acreditar el origen, las condiciones ambientales y cumplimiento social de cada cuero exportado, reforzadas por la incorporación de iniciativas como el RETSA PY (desarrollado con financiamiento del programa AL-INVEST Verde de la propia Unión Europea)”, destaca.

Seguidamente reitera que las acusaciones que ignoran deliberadamente estos hechos, ¡son falsas!!.

Finalmente indica que la UIP, además de reconocer y acompañar el esfuerzo realizado por el Gobierno Nacional mediante una acción sostenida, intensa y coordinada a este respecto, sugiere impulsar:

• Una acción sostenida de nuestra representación diplomática en Londres, ante el Parlamento británico, los medios de comunicación y la opinión pública, denunciando el carácter extorsivo de las prácticas de Earthsight, Global Wittness y Survival.
• La presentación, por la vía que el Gobierno estime conveniente, de una denuncia formal por difamación al Estado paraguayo, ante las instancias internacionales pertinentes.
• Un despliegue comunicacional público-privado, articulado, sostenido, de gran impacto y multilingue, con presencia activa en las instituciones de la Unión Europea, ante la revisión del Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR).
• La actualización permanente del registro de unidades productivas en el RETSA PY, para eliminar cuestionamientos con argumentos inconsistentes.
• La activación de un espacio permanente público privado, de coordinación de acciones con vocería clara y capacidad de respuesta ágil, ante las diferentes situaciones que se presenten.

El comunicado termina con “el Paraguay no aceptará que ONGs extranjeras financiadas con recursos públicos de terceros, dicten qué puede, o no producir el país, ni a quién puede o no exportar. Defendemos la industria. Defendemos los empleos. Defendemos la verdad”.

Al menos 80 presos políticos fueron excarcelados el domingo en Venezuela, donde un proceso de liberación de detenidos avanza a cuentagotas bajo la presión de Washington tras la caída de Nicolás Maduro, informó la oenegé Foro Penal.

El gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, prometió un “número importante” de liberaciones.

La oposición y oenegés defensoras de derechos humanos denuncian, no obstante, lentitud en el proceso. Familiares aguardan a las afueras de los penales y pasan la noche a la intemperie con la esperanza de ver a sus seres queridos salir de los calabozos.

“Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones”, escribió el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en la red social X.

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El abogado Gonzalo Himiob, también de Foro Penal, precisó que las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada. “Este número aún no es definitivo y puede aumentar a medida que hagamos más verificaciones”, agregó en X.

El gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, cifra que pedirá verificar al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, dijo Rodríguez el viernes.

El total oficial contrasta con reportes de oenegés. Foro Penal contabiliza cerca de la mitad desde en el mismo periodo. Rodríguez, quien gobierna de forma temporal, dio un giro en la maltrecha relación entre Caracas y Washington.

El sábado, la mandataria interina llamó a “alcanzar acuerdos” con la oposición para lograr la “paz” en el país, que Estados Unidos dice controlar tras la incursión militar que depuso a Maduro.

Maduro y su esposa Cilia Flores se enfrentan a un juicio en Nueva York por narcotráfico. Venezuela ha vivido años de un férreo control estatal.

Las protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaron en represión y el arresto de más de 2.000 personas en 48 horas. Además, rige un estado de conmoción que castiga con prisión a quien apoye el ataque estadounidense.

• Fuente: AFP

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La alta demanda de medicamentos adelgazantes y la ola de robos en farmacias preocupa a autoridades sanitarias. Se trata de medicamentos producidos para combatir la diabetes tipo 2 y la obesidad. Sin embargo, son usados para bajar de peso sin supervisión médica.

“Desde Dinavisa preocupa esta onda delictiva desde el punto de vista de la habilitación o la creación de nuevos puntos de comercialización ilegal porque los productos sustraídos van a parar a un mercado negro”, señaló Óscar Allende, titular de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, en diálogo con el canal GEN y radio Universo 970 AM/Nación Media.

Además, preocupa desde el punto de vista de la salud, debido a que son productos que tienen una restricción bastante estricta. Deben tener un almacenamiento de 2 a 8°. “Al perder esa cadena de custodia también va perdiendo las propiedades e implican un peligro a la salud para el usuario que puede llegar a comprar un producto que perdió al cadena de frío”, advirtió el profesional.

Se refirió, igualmente a la alta demanda pese al elevado precio de los mismos. “Tenemos un producto de alto valor, y el propietario de la farmacia se arriesga a tener por la alta demanda”, aclaró.

Añadió que anteriormente, los medicamentos para patología raras eran absorbidas por el sector público. Sin embargo, hoy día ha cambiado el panorama, se encuentran disponibles en las farmacias, siendo blanco de robos.

“Tenemos un medicamento de alto valor, de alta rotación. Entonces, el propietario de una farmacia se arriesga a tener en alta cantidad. Ahí se crea este nuevo escenario que da pie a una ola delictiva”, explicó.

Por otro lado, mencionó la alta densidad de personas con diabetes y con obesidad en el país. “Entonces, esa población se mezcla con aquel público eventualmente de frontera, o sea, el mercado brasileño, donde productos paraguayos son introducidos ilegalmente”, apuntó.

En ese sentido, Brasilia sacó una alerta. “No de que nuestros productos no sean legales, sino que son introducidos al país de manera ilícita”, precisó.

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A nivel local, comentó que también fueron detectadas varias marcas que no están registradas en Paraguay, ni en ningún país vecino. “Entonces, ya nos llama la atención en el sentido de que se están fabricando de manera ilegítima”, subrayó.

A fin de evitar inconvenientes, recomendó comprar de lugares debidamente habilitados, de farmacias que tienen la cadena de custodia y exigir que sean entregados en condiciones, porque “las reacciones adversas se dan mayoritariamente por causa de la descomposición de medicamentos”, expresó.

Finalmente, aconsejó verificar en el estuche la autorización de DINAVISA, número de registro sanitario y que el proveedor esté inscripto en la caja, y tenga lote y fecha de vencimiento.

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