La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) manifestó su preocupación por la situación sanitaria en las cárceles bolivianas, donde el hacinamiento y la precaria asistencia médica ponen en riesgo la vida de los detenidos ante la expansión del coronavirus.
"La OMCT urge a las autoridades a modificar el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto para asegurar que un número más elevado de presos pueda beneficiarse de medidas alternativas a la pena privativa de libertad, y a tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de los detenidos", dice la ONG en un comunicado.
Señala que a la fecha se contabilizan al menos 159 presos infectados y 40 fallecidos en las cárceles bolivianas por COVID-19.
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El caso más preocupante, señala, es el de la cárcel de San Pedro, en La Paz, donde fallecieron 23 personas, varias de ellas sin haber recibido tratamiento médico adecuado. La precaria situación sanitaria está incrementando la violencia y los motines al interior de los penales, dice la ONG.
El hacinamiento en las cárceles no permite cumplir con el aislamiento y el distanciamiento físico recomendados para prevenir los contagios del nuevo coronavirus.
Según el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), los centros penitenciarios bolivianos presentan una sobrepoblación del 269%, entre las más altas de la región.
La OMCT asevera que el Decreto de Amnistía e Indulto aprobado en mayo pasado para descongestionar las cárceles con medidas de detención domiciliaria no ha sido eficaz, pues benefició solo a un reducido número de presos.
Se estima que en el país hay cerca de 19.000 presos, de los cuales el 66% carece de sentencia. Bolivia registra a la fecha más de 68.000 infectados con COVID-19 y supera los 2.500 muertos.
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Al menos 80 presos políticos excarcelados en Venezuela, dice oenegé
Al menos 80 presos políticos fueron excarcelados el domingo en Venezuela, donde un proceso de liberación de detenidos avanza a cuentagotas bajo la presión de Washington tras la caída de Nicolás Maduro, informó la oenegé Foro Penal.
El gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero, prometió un “número importante” de liberaciones.
La oposición y oenegés defensoras de derechos humanos denuncian, no obstante, lentitud en el proceso. Familiares aguardan a las afueras de los penales y pasan la noche a la intemperie con la esperanza de ver a sus seres queridos salir de los calabozos.
“Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones”, escribió el director de Foro Penal, Alfredo Romero, en la red social X.
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El abogado Gonzalo Himiob, también de Foro Penal, precisó que las excarcelaciones se produjeron durante la madrugada. “Este número aún no es definitivo y puede aumentar a medida que hagamos más verificaciones”, agregó en X.
El gobierno venezolano contabiliza 626 excarcelaciones desde diciembre, cifra que pedirá verificar al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, dijo Rodríguez el viernes.
El total oficial contrasta con reportes de oenegés. Foro Penal contabiliza cerca de la mitad desde en el mismo periodo. Rodríguez, quien gobierna de forma temporal, dio un giro en la maltrecha relación entre Caracas y Washington.
El sábado, la mandataria interina llamó a “alcanzar acuerdos” con la oposición para lograr la “paz” en el país, que Estados Unidos dice controlar tras la incursión militar que depuso a Maduro.
Maduro y su esposa Cilia Flores se enfrentan a un juicio en Nueva York por narcotráfico. Venezuela ha vivido años de un férreo control estatal.
Las protestas espontáneas contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024 terminaron en represión y el arresto de más de 2.000 personas en 48 horas. Además, rige un estado de conmoción que castiga con prisión a quien apoye el ataque estadounidense.
- Fuente: AFP
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Preocupa a autoridades sanitarias ola de robos de fármacos para bajar de peso
La alta demanda de medicamentos adelgazantes y la ola de robos en farmacias preocupa a autoridades sanitarias. Se trata de medicamentos producidos para combatir la diabetes tipo 2 y la obesidad. Sin embargo, son usados para bajar de peso sin supervisión médica.
“Desde Dinavisa preocupa esta onda delictiva desde el punto de vista de la habilitación o la creación de nuevos puntos de comercialización ilegal porque los productos sustraídos van a parar a un mercado negro”, señaló Óscar Allende, titular de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, en diálogo con el canal GEN y radio Universo 970 AM/Nación Media.
Además, preocupa desde el punto de vista de la salud, debido a que son productos que tienen una restricción bastante estricta. Deben tener un almacenamiento de 2 a 8°. “Al perder esa cadena de custodia también va perdiendo las propiedades e implican un peligro a la salud para el usuario que puede llegar a comprar un producto que perdió al cadena de frío”, advirtió el profesional.
Se refirió, igualmente a la alta demanda pese al elevado precio de los mismos. “Tenemos un producto de alto valor, y el propietario de la farmacia se arriesga a tener por la alta demanda”, aclaró.
Añadió que anteriormente, los medicamentos para patología raras eran absorbidas por el sector público. Sin embargo, hoy día ha cambiado el panorama, se encuentran disponibles en las farmacias, siendo blanco de robos.
“Tenemos un medicamento de alto valor, de alta rotación. Entonces, el propietario de una farmacia se arriesga a tener en alta cantidad. Ahí se crea este nuevo escenario que da pie a una ola delictiva”, explicó.
Por otro lado, mencionó la alta densidad de personas con diabetes y con obesidad en el país. “Entonces, esa población se mezcla con aquel público eventualmente de frontera, o sea, el mercado brasileño, donde productos paraguayos son introducidos ilegalmente”, apuntó.
En ese sentido, Brasilia sacó una alerta. “No de que nuestros productos no sean legales, sino que son introducidos al país de manera ilícita”, precisó.
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A nivel local, comentó que también fueron detectadas varias marcas que no están registradas en Paraguay, ni en ningún país vecino. “Entonces, ya nos llama la atención en el sentido de que se están fabricando de manera ilegítima”, subrayó.
A fin de evitar inconvenientes, recomendó comprar de lugares debidamente habilitados, de farmacias que tienen la cadena de custodia y exigir que sean entregados en condiciones, porque “las reacciones adversas se dan mayoritariamente por causa de la descomposición de medicamentos”, expresó.
Finalmente, aconsejó verificar en el estuche la autorización de DINAVISA, número de registro sanitario y que el proveedor esté inscripto en la caja, y tenga lote y fecha de vencimiento.
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Guatemala decreta estado de sitio tras crimen de ocho policías por pandilleros amotinados
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, decretó ayer domingo el estado de sitio en el país, donde las pandillas en las últimas horas mataron a ocho policías y protagonizaron varios motines en las cárceles con decenas de rehenes. Esta medida permitirá suspender algunas garantías constitucionales para combatir a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), consideradas “terroristas” por Estados Unidos y Guatemala, y acusadas de sicariato, extorsión y tráfico de drogas.
"He decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy" para “garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos”, dijo Arévalo en cadena nacional. La medida, que debe ser ahora ratificada por el Congreso, de mayoría opositora, suspende derechos de reunión y manifestación y permite las detenciones e interrogatorios sin orden judicial.
El mandatario también anunció que la policía tomó el control de tres cárceles donde los pandilleros mantenían retenidos a 46 personas desde el sábado para exigir que los líderes de estos grupos criminales fueran trasladados a penales con menores medidas de seguridad.
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“Se ha logrado restablecer el control total del Estado sobre las tres cárceles donde se habían amotinado los criminales”, que ahora “están de rodillas”, afirmó Arévalo. Las medidas especiales se producen después de que las pandillas asesinaran a ocho policías en varios ataques realizados en la capital guatemalteca y localidades aledañas.
“Han sido atacados cobardemente por estos terroristas”, señaló el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda. Según el funcionario, hay otros 10 policías heridos, un presunto pandillero muerto y más de una decena de detenidos.
El gobierno decretó tres días de luto nacional y el lunes están suspendidas las clases, mientras que la embajada de Estados Unidos pidió a su personal que se “refugie” y evite las “multitudes”. El presidente del Congreso, el opositor Luis Contreras, hizo un llamado a la unidad para enfrentar “uno de los momentos más dolorosos y desafiantes” del país.
Cárceles liberadas
Ayer domingo, las autoridades retomaron el control del penal de máxima seguridad de Renovación I, en la localidad de Escuintla, a unos 75 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, y liberar a los nueve custodios que permanecían secuestrados. Los uniformados entraron con tanquetas y lanzaron gases lacrimógenos. Tras quince minutos lograron controlar el penal y sacar a los rehenes.
El ministerio de Gobernación publicó un video en X donde se ve que agentes llevan esposado y con manchas de sangre al presunto líder de la pandilla Barrio-18, y al que las autoridades identifican como Aldo Dupie, alias " El lobo".
La policía también liberó, junto al Ejército, a 28 rehenes en el centro penitenciario Fraijanes II, y otros nueve en Preventivo, al este y en la periferia de la capital guatemalteca, respectivamente. Según Arévalo, no ha habido “una sola baja” durante estos operativos. “Estos grupos, desesperados, quisieron infundir el terror y el caos”, pero “fracasarán” porque “no negociamos con criminales”, agregó.
Militares en las calles
El ministro de Defensa, el general de División Henry Sáenz, aseguró que el ejército “va a seguir en las calles” para seguir “golpeando” las estructuras del crimen organizado. “El Estado va a utilizar toda la fuerza y el monopolio del poder para llevar la tranquilidad que necesita la ciudadanía”, indicó Sáenz.
El director de la Policía, David Custodio, advirtió que los agentes podrán defender “la vida” de los ciudadanos “utilizando su arma de fuego” si fuera necesario. Desde mediados de 2025, los pandilleros han protagonizado diferentes motines, en uno de los cuales un guardia murió por disparos. Además, veinte jefes de Barrio 18 escaparon de una prisión, lo que provocó la remoción de la cúpula de seguridad.
Fuente: AFP.
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Trump ordena la retirada de EE. UU. de 66 organizaciones internacionales
El presidente Donald Trump firmó un decreto el miércoles en el que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que “ya no sirven a los intereses” nacionales, anunció la Casa Blanca. La orden involucra a 31 organizaciones de Naciones Unidas y a 35 entidades no pertenecientes a la ONU, señaló en un comunicado en X, sin nombrarlas.
Trump ya ha sacado a Washington de varias entidades mundiales en su segundo mandato. Como parte de este esfuerzo, la Casa Blanca anunció que Trump retiraría a Estados Unidos de un tratado climático fundamental y del principal organismo de evaluación del calentamiento global, como parte de una amplia salida del sistema de las Naciones Unidas.
Se trata de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el tratado matriz que sustenta todos los principales acuerdos internacionales sobre el clima. Trump, que ha puesto todo el peso de su política interna detrás de los combustibles fósiles, ha despreciado abiertamente el consenso científico de que la actividad humana está calentando el planeta.
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Calificó la ciencia del clima como un “engaño” en la cumbre de alto nivel de la ONU el pasado septiembre. El memorando también ordena que Estados Unidos se retire del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el organismo de la ONU responsable de evaluar la ciencia del clima, junto con otras organizaciones relacionadas con el clima, entre ellas la Agencia Internacional de Energías Renovables, ONU Océanos y ONU Agua.
Tras su retorno a la Casa Blanca hace casi un año, el republicano está implementando su visión de “Estados Unidos primero”. Como en su primer mandato, decidió retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) a la que Washington había vuelto bajo la presidencia de Joe Biden. Además, dio un portazo a la Organización Mundial de la Salud.
La administración Trump también recortó ampliamente la ayuda estadounidense en el extranjero, lo cual golpeó los presupuestos de numerosas organizaciones de la ONU que se vieron obligadas a reducir sus actividades sobre el terreno, como la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) o el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Desde la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, Donald Trump lanzó un ataque frontal contra la ONU, que según él está “muy lejos de alcanzar su potencial”.
Fuente: AFP.
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