Los casos de coronavirus se incrementan en las comunidades indígenas de Charagua Iyambae y Yuqui, en el este y el centro de Bolivia, según sus representantes y autoridades médicas que atienden en esos territorios.
"En el territorio indígena de Charagua Iyambae (Santa Cruz) hay 26 casos confirmados" dijo Ademar Flores, director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).
La información está contenida en la página del Cejis, una Organización No Gubernamental que desarrolla actividades en esas poblaciones indígenas.
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Flores explicó que para el ingreso al territorio autónomo las personas deben presentar su prueba de COVID-19, lo que permitió detectar los casos positivos con la aplicación de pruebas rápidas.
Se espera la confirmación respectiva de las pruebas de laboratorio enviadas a la ciudad de Santa Cruz.
Varios de los infectados pertenecen a las colonias menonitas que se encuentran al interior del territorio indígena.
En el caso del pueblo indígena Yuqui, en Cochabamba, centro del país, el número de contagios subió a 26.
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Algunos de los afectados fueron trasladados a la población de Ivirgarzama (cercana a la zona) y a la ciudad de Cochabamba para una atención de emergencia pues presentaban cuadros de neumonía y problemas renales.
"Mi pueblo necesita alimentación, estamos cuidándonos aquí, en mi comunidad Bia Recuate, comiendo plátano, pescado y yuca, pero no tenemos víveres como para sostenernos más tiempo. Nuestros familiares necesitan apoyo", señaló Carmen Isategua, la cacique mayor del pueblo Yuqui.
Bolivia, con 11 millones de habitantes, registra más de 66.400 infectados con COVID-19 y supera los 2.400 muertos.
Fuente: AFP.
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Paraguay exporta conocimientos y fortalece la vigilancia epidemiológica en la región
Paraguay comienza a proyectar su experiencia en formación epidemiológica más allá de sus fronteras, aportando conocimientos y capacidades para fortalecer los sistemas de vigilancia sanitaria de otros países de la región. En esta ocasión, participa en la implementación piloto del programa Frontline en Bolivia, una iniciativa que busca preparar al personal de salud para detectar, investigar y responder con mayor rapidez ante posibles amenazas para la salud pública.
Desde el Ministerio de Salud Pública indicaron este martes que el aporte paraguayo estuvo representado por la Dra. Rosa Galeano, coordinadora del Programa de Entrenamiento en Epidemiología de Campo de Paraguay (PEEC-PY), quien se desempeñó como instructora y tutora durante el primer taller de capacitación, desarrollado del 26 al 30 de octubre en La Paz.
Importancia
Explicaron que la participación nacional cobra especial relevancia porque permite compartir la experiencia acumulada por Paraguay en la formación de profesionales capaces de actuar directamente ante situaciones epidemiológicas. Se trata de conocimientos que ahora acompañan el proceso de instalación de este modelo de entrenamiento en Bolivia, mediante una metodología que prioriza la práctica y la aplicación de herramientas en escenarios reales.
El programa Frontline apunta a desarrollar habilidades para reconocer tempranamente eventos sanitarios, analizar datos, investigar brotes y organizar respuestas oportunas. Estas capacidades resultan fundamentales para evitar que una amenaza epidemiológica se convierta en una emergencia de mayores dimensiones.
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Protagonistas
La experiencia piloto cuenta con el impulso de las autoridades sanitarias bolivianas y el respaldo técnico de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), en coordinación con la Red de Programas de Epidemiología de Campo de América del Sur (REDSUR).
Más allá de la capacitación, la participación paraguaya representa una oportunidad para demostrar que la experiencia desarrollada en el país también puede convertirse en un recurso para otros sistemas sanitarios. El intercambio permite transferir conocimientos, compartir metodologías y contribuir a que más profesionales de la región estén preparados para enfrentar desafíos epidemiológicos.
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Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.
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Bolivia decreta el estado de emergencia para enfrentar los impactos del “Súper Niño”
El presidente Rodrigo Paz decretó el sábado el estado de emergencia en Bolivia para enfrentar las intensas sequías e inundaciones asociadas al “Súper Niño”, el fenómeno climático que este año está causando estragos en varias partes del planeta.
La medida permitirá desplegar más recursos económicos y unidades de rescate en puntos críticos.
“Hemos hecho un trabajo enorme para preservar el medio ambiente y que el efecto para este año del Súper Niño sea el mínimo posible”, dijo Paz en un mensaje a la nación.
La sequía afecta a poco más de 78.000 familias de seis de nueve departamentos del país. También ha provocado la pérdida de más de 75.000 cabezas de ganado, según el último informe del Viceministerio de Defensa Civil, publicado esta semana.
“Este será un fenómeno que tendrá golpes muy duros en sequía e inundaciones y necesitamos la cooperación de todas las instituciones”, agregó Paz.
El episodio actual de El Niño “podría alcanzar una intensidad sin precedentes, superando literalmente las escalas de monitoreo” utilizadas “desde hace cuatro décadas”, alertó esta semana Naciones Unidas.
En países vecinos, como Perú, El Niño ha aumentado las temperaturas y favorecido los incendios forestales, que ya se cobraron la vida de al menos 12 personas. También ha propagado el dengue, que dejó otros 81 fallecidos en 2026. En Chile, ha provocado el octubre más lluvioso jamás registrado en Santiago, la capital.
Fuente: AFP.
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Trabajadoras del cuidado presentan propuestas y exigen garantías para sus derechos laborales
Lideresas comunitarias, indígenas y sindicales demandan protección social, condiciones de trabajo dignas, derechos y servicios de cuidado infantil accesibles y de calidad para avanzar hacia políticas públicas que reconozcan el valor de su labor.
Dichas demandas fueron presentadas por trabajadoras del cuidado de la primera infancia y trabajadoras del servicio doméstico ante representantes de instituciones públicas a fin de avanzar en el reconocimiento y garantizar sus derechos en Paraguay.
Indicaron que la iniciativa surge en un contexto marcado por la precariedad laboral que enfrentan.
Las demandas fueron presentadas durante el foro “Más derechos, mejores cuidados. Realidades y desafíos desde las experiencias de mujeres trabajadoras del cuidado de la primera infancia”, realizado en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora cada 29 de octubre.
El encuentro reunió a lideresas comunitarias, indígenas y sindicales, junto con instituciones públicas vinculadas al trabajo, la protección social, la educación, las políticas de cuidado y los derechos de la niñez. Las participantes compartieron experiencias y propuestas construidas colectivamente para impulsar respuestas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y trabajo.
Según resultados de la encuesta exploratoria de 2025, solo una de cada diez percibe el salario mínimo o cuenta con un contrato escrito, mientras que apenas el 10 % tiene cobertura del IPS.
Las jornadas extensas y la falta de descanso también forman parte de esta realidad: cuatro de cada diez encuestadas trabajan más de ocho horas al día y tres de cada diez no cuentan con días de descanso.
A ello se suman situaciones de violencia y acoso laboral, reportadas por el 20 % de las participantes. Sin embargo, solo el 7 % realizó una denuncia, principalmente por temor a perder su empleo.
Durante el encuentro, las organizaciones y lideresas participantes destacaron que garantizar los derechos de las trabajadoras del cuidado requiere políticas públicas que respondan a las distintas realidades de las mujeres, reconozcan el valor económico y social de su trabajo y promuevan una distribución más equitativa de las responsabilidades de cuidado.
Crear y fortalecer espacios
Desde Conamuri, la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas, se destacó la necesidad de crear y fortalecer espacios de cuidado comunitarios e institucionales que respondan a las necesidades reales de las trabajadoras. Asimismo, se planteó la importancia de impulsar oportunidades de formación, certificación de competencias, protección social y mejores condiciones laborales.
Por su parte, las cuidadoras comunitarias de Mil Solidarios, del Bañado Sur de Asunción, exigieron salarios dignos, acceso a la seguridad social y programas gratuitos y permanentes de capacitación. También plantearon la necesidad de fortalecer los servicios de salud, mejorar el acceso al agua potable, el transporte y la infraestructura comunitaria, así como garantizar respuestas oportunas ante inundaciones y situaciones de violencia que afectan a niñas, niños y familias.
En tanto, representantes de cuatro sindicatos de trabajadoras domésticas exigieron el cumplimiento de la Ley de Trabajo Doméstico, que reconoce sus derechos laborales y la igualdad salarial. Entre sus principales demandas destacaron facilitar el acceso al IPS mediante aportes compartidos entre empleadores para quienes trabajan en varias casas, fortalecer los controles para verificar que se respeten sus derechos y promover la certificación de sus competencias laborales. También solicitaron medidas para prevenir la violencia y el acoso en el trabajo.
Como resultado del foro, representantes de las instituciones públicas asumieron el compromiso de tomar en cuenta las demandas presentadas e impulsar acciones concretas que mejoren sus condiciones laborales.
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