Miles de trabajadores marcharon este miércoles en el centro de la capital política de Bolivia para exigir la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz, que evalúa decretar un estado de excepción para contener las protestas que empezaron hace cinco semanas.

“¿Qué queremos? ¡Renuncia!”, gritaban los campesinos, obreros, mineros, maestros y transportistas que avanzaron por las calles de La Paz, sede del gobierno, entre el ruido de petardos.

Los manifestantes rechazan las propuestas de reformas de Paz, quien puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), y la falta de resultados para salir de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

“Algunos quieren vender, destrozar al país. Y como bolivianos verdaderos no los vamos a dejar”, dijo a la AFP Omar Hancco, minero de 44 años de Oruro (sur), que viajó más de 380 kilómetros para protestar.

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Vestidos con ponchos, algunos usando cascos, los huelguistas intentaron llegar a la plaza de armas, donde se encuentra el Palacio de Gobierno, pero fueron fácilmente dispersados por policías antimotines con gases lacrimógenos.

Paz, con siete meses en el poder, denunció el lunes que las protestas que piden su dimisión son impulsadas por “narcoterroristas” y promulgó una ley que le permite ahora declarar un estado de excepción.

Con esa medida se restringirían las libertades de reunión y movimiento, claves para protestar, y las fuerzas armadas podrían apoyar a los policías en la desactivación de decenas de bloqueos de carreteras que asfixian a las principales ciudades del país.

En La Paz y la vecina El Alto se agudiza la escasez de alimentos, combustibles y medicinas. Los precios de carnes y vegetales se duplicaron en los mercados y algunos conductores duermen en sus vehículos en las filas de las gasolineras.

Según el gobierno, el daño económico causado por los bloqueos es de más de 1.200 millones de dólares. Los principales sindicatos en protesta han rechazado los llamados al diálogo del gobierno.

• Fuente: AFP

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Este martes, un grupo de camioneros paraguayos que se encuentran varados hace más de 30 días en la frontera entre Bolivia y Perú pidieron ayuda a las autoridades para poder subsitir en tanto duren las manifestaciones. Estos se encuentran a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar, enfrentando difíciles condiciones climáticas y logísticas.

Según Braulio Valdez, camionero afectado, necesitan una intervención urgente de las autoridades de Perú para destrabar la situación y poder continuar su recorrido. Además, de ayuda monetaria para mantenerse en la zona ya que no pueden movilizar sus camiones.

“Nosotros hace 35 días que estamos parados en desaguadero lado peruano y hasta el momento recibimos asistencia de la Embajada Paraguaya, pero es muy poca. Nos enviaron 270 soles y hace una semana nos enviaron 170 soles”, detalló Valdez, en entrevista con “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Afirmó que además del dinero, también necesitan alimentos para sobrevivir, porque en la zona todo es más costosos y los comerciantes se están aprovechando. Saben que necesitan o que muchos camioneros de otros países reciben importantes sumas de dinero como ayuda.

“La plata que nos enviaron solo era para dos días y no nos alcanza eso, nos estamos solventado por nuestro propio medio. El problema es Bolivia, tenemos todo en condiciones para pasar, pero ellos tienen un conflicto político en este momento y cierran toda la ruta con máquinas para que ningún vehículo pase”, afirmó.

Agregó que ellos son trabajadores independientes por lo que necesitan ayuda del Gobierno paraguayo. “Nosotros agarramos la carga independientemente y la llevamos a Paraguay. Yo llevo tela, mi compañero plástico y otro aceite, la empresa nos presta su permiso internacional para circular”, puntualizó.

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Un equipo de médicos, obstetras y enfermeras realizó una jornada de atención exclusivas para mujeres de una comunidad indígena de departamento de Boquerón, donde atendieron a un total de 158 mujeres. Accedieron a servicios médicos y preventivos, incluyendo consultas prenatales, controles ginecológicos y realización de ecografías.

El encuentro fue desarrollado por un equipo de la Unidad de Salud Familiar (USF) de la comunidad indígena Uj’e Lhavos y contó con apoyo de la XVI Región Sanitaria de Boquerón. La jornada estuvo dirigida exclusivamente para embarazadas y mujeres en edad fértil de la citada comunidad.

Estas personas accedieron a servicios médicos y preventivos como:

• consultas prenatales
• controles ginecológicos
• realización de ecografías
• atenciones odontológicas
• charlas educativas sobre autocuidado, nutrición y prevención de enfermedades.

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También llevaron a cabo testeos rápidos para la detección de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH, para lograr la identificación temprana y el seguimiento oportuno de los casos. Se hizo entrega de leche fortificada a través del Programa de Alimentación y Nutrición Infantil (Pani), para el bienestar de las madres y sus hijos.

Del encuentro participaron los líderes comunitarios y promotores de salud, quienes ayudaron con la convocatoria y el acompañamiento de las beneficiarias. De esta forma buscan reducir las brechas de acceso a la salud, priorizando la asistencia en las comunidades indígenas del Chaco.

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El presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, recibió este domingo luz verde del Congreso para utilizar al Ejército en el desbloqueo de carreteras controladas desde hace cinco semanas por manifestantes que exigen su renuncia.

Campesinos, mineros, transportistas y otros trabajadores mantienen protestas con bloqueo de rutas en todo el país ante el malestar por la peor crisis económica que sufre Bolivia en cuatro décadas.

Tras una sesión ininterrumpida de 15 horas que acabó en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la ley, ya antes avalada por el Senado, y la envió al presidente para su promulgación, explicó el jefe legislativo Roberto Castro.

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Paz, en el poder desde hace seis meses, considera declarar el estado de excepción que le permitirá el uso extendido de la fuerza militar y restringir libertades de reunión y movilización, esenciales para las manifestaciones. Hasta ahora la participación de los militares ha sido muy limitada en uso de efectivos y desplazamiento de pertrechos, con la policía antimotines en primera línea en los operativos para despejar algunas vías.

Los bloqueos han provocado una grave escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz, sede de gobierno, y su vecina El Alto, y también afectan, aunque en menor medida, a Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste), entre otras regiones.

El sábado, policías antimotines lanzaron gases lacrimógenos contra campesinos que bloquean una estratégica ruta en el poblado de San Julián, en la próspera región de Santa Cruz (este), con saldo de seis policías y 14 civiles heridos. Los manifestantes bloquean rutas en al menos unos 80 puntos del país, con escombros, troncos y piedras, y se turnan en grupos para mantenerse apostados en el lugar.

Uno de los artículos de la ley aprobada señala que los uniformados, durante el estado de excepción, “gozarán de presunción de legalidad” y que el gobierno deberá asumir su defensa legal. Ese tema fue uno de los más debatidos.

“Este artículo no solamente que es necesario, sino es útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos (...), estén dispuestos a protegernos”, dijo el diputado oficialista Carlos Alarcón.

Ese artículo permitirá despejar el temor de los militares a ser sometidos a juicios penales por el uso de la fuerza en situaciones de conflicto. Un último antecedente es el caso de varios jefes castrenses de la expresidenta de derecha Jeanine Añez (2019-2020) que fueron enjuiciados y encarcelados por enfrentamientos con civiles tras la salida del poder del izquierdista Evo Morales, que dejaron más de 30 muertos.

Paz, de 58 años, ha reiterado llamados al diálogo, sin que hasta ahora haya sido acogido por las principales organizaciones que encabezan las protestas y que inicialmente pedían alza salarial y otras demandas sociales, y ahora su dimisión.

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En su cuenta en la red social X, Paz aseguró en la madrugada del domingo que La Paz y El Alto enfrentan “todavía momentos difíciles, pero también empiezan a registrarse avances concretos”, como la lenta distribución de carburantes. Las filas en las estaciones de servicio son enormes y conductores esperan desde la anterior semana comprar gasolina y diésel. Muchos duermen al interior de sus automotores.

El gobierno boliviano, que ha recibido el apoyo contundente de Estados Unidos y mandatarios  conservadores de la región, ha culpado de las protestas a Morales, quien gobernó de 2006 a 2019. El líder indígena ha negado las acusaciones y se mantiene aislado en su feudo cocalero del Chapare, centro del país, de una orden de captura por un caso de trata de menor que él niega.

Fuente: AFP