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Casi 1.000 personas fueron detenidas en los márgenes de las multitudinarias manifestaciones contra el encarecimiento de la vida que recorrieron ayer Francia, indicó el ministro del Interior, Laurent Núñez, que precisó que la cifra podría aumentar.

Nuñez destacó, sin embargo, que las manifestaciones “transcurrieron sin problemas”, aunque las fuerzas de seguridad se enfrentaron en ocasiones a “grupos de riesgo (...) la mayoría vestidos de negro, militantes de la extrema izquierda radical, de la ultraizquierda”.

La segunda gran jornada de movilización en una semana para reclamar medidas que compensen la caída del poder adquisitivo y mejores condiciones para los estudiantes de liceo se convirtió en una protesta contra el centroderechista Macron, que dejará el poder en mayo.

Bajo presión para evitar disturbios y saqueos, como los que conmocionaron al país la semana pasada y dieron la vuelta al mundo, su gobierno prometió que sería “intransigente”, mientras impuso toques de queda nocturnos desde el lunes en algunos barrios, prohibió algunas manifestaciones y movilizó 70.000 agentes.

En otras ciudades como Lyon, Lille y Nantes, los agentes dispararon gases lacrimógenos contra manifestantes por protestar en zonas no autorizadas. En Toulouse, un manifestante de 20 años resultó herido de gravedad en la mano, según las autoridades.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, destacó la importancia de la visita oficial del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, que representa una consolidación de las relaciones entre ambos países, en cooperación, alianzas y coincidencias en la visión de principios.

“Es una visita oficial de la más alta autoridad de la administración del presidente Trump que visita nuestro país en este periodo gubernamental, es la ratificación de una alianza estratégica entre nuestros países en la que contiene una agenda muy importante”, indicó el jefe diplomático al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El canciller citó varios de los puntos abordados con esta visita oficial de un alto funcionario del gobierno estadounidense, tanto en cuestiones de comercio, inversiones, seguridad y tecnologías, como en acuerdos y cooperación.

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“En primer lugar para nuestra seguridad, no solamente desde el punto de vista soberano sino también ciudadano, las cuestiones vinculadas con migraciones, las cuestiones relacionadas con la seguridad del espacio aéreo paraguayo, también en materia de comercio e inversiones. Venimos avanzando en materia de energía, de inteligencia artificial, de centros de datos, así como las oportunidades que Paraguay ofrece para incrementar las condiciones de nuestro comercio”, indicó.

Ramírez Lezcano también se refirió a los principios y valores compartidos: “No tenemos una relación de intercambio de favores o una cuestión comercial de intercambio, lo que tenemos son intereses compartidos, una visión donde nuestros principios y valores como la libertad, la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos, la familia, forman parte de esa visión compartida. En ese contexto, tenemos una serie de acuerdos en una visión compartida hacia la política global”, apuntó.

El ministro también habló de los dos instrumentos bilaterales suscriptos entre ambos países para fortalecer la cooperación en seguridad aérea y fronteriza, así como la lucha contra el crimen organizado transnacional. “El acuerdo que suscribimos ayer nos permite compartir información satelital, hoy ya inmediatamente disponible, de los sistemas de seguridad de los Estados Unidos, principalmente enfocado en nuestras fronteras para protegerlas de mejor manera”, indicó.

Aclaró que “no significa un cambio de legislación, hemos desarrollado un instrumento al haber alineado nuestra legislación a la de los Estados Unidos, y de ninguna manera modifica ningún tipo de régimen legal o regulatorio”. Así también, enfatizó que “no implica un operativo conjunto, sino entrenamientos conjuntos tanto en Paraguay como en los Estados Unidos, en el marco del acuerdo SOFA”.

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Funcionarios de la Ande anuncian movilizaciones para la próxima semana. El 27 y 28 de octubre marcharán desde la sede central hasta el Ministerio de Economía, informaron en conferencia de prensa.

“Vamos a salir en protesta para que se fortalezca la Ande en cuanto a los recursos energéticos. Nosotros estamos interesados en que la tarifa de Itaipú baje al piso”, comentó ante los medios, Adolfo Villalba, representante de la Sitrande.

En ese contexto, aseguró que la tarifa intermedia beneficia solo a un sector. “Lo único que hace es que se hagan los gobernadores, pero se empobrece la institución donde nosotros trabajamos”, reclamó.

Asimismo, dijo que esta situación empobrece el servicio a los usuarios, por la falta de recursos, manifestó el sindicalista.

“Si se cumpliera el Tratado de Itaipú, la Ande iba a tener hoy como 400 millones de dólares más, para invertir en líneas de transmisión, en transformadores, en infraestructura, en subestaciones. Entonces, una de las cosas que exigimos es que se baje al piso la tarifa de Itaipú”, aseveró.

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También van a pelear por el recorte que sufrió el ente en su presupuesto para el año que viene, anunció.

La movilización se hará en la explanada de la sede central de la Ande, sobre la calle España de nuestra capital, donde se concentrarán los funcionarios de las distintas oficinas. Luego marcharán hasta el Ministerio de Economía.

Por otro lado, mencionó que tienen un estudio técnico que señala que gran parte del programa Hambre Cero está siendo financiado por los fondos de la Ande. “Nosotros no criticamos que haya alimentación para los niños en las escuelas. Pero se le desvalija a la Ande, se le deja sin fondo, y se está haciendo rico a los gobernadores”, aclaró.

Entonces, saldrán a las calles a protestar para que también se discuta ese punto, “porque no se está hablando de eso”, expresó.

En otro orden, se refirió al operativo verano. “Como todos sabemos, estamos a las puertas del verano y se multiplican los recursos. Si en invierno, tenés una cuadrilla por turno, en el verano necesitás dos o tres cuadrillas por turno”, refirió.

Eso significa herramientas, móviles, funcionarios, “y se nos hace cuesta arriba para conseguir recursos. Tenemos siempre escasez de material. Se prioriza cualquier otra cosa”, apuntó.

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La Fiscalía de Bolivia anunció el lunes el inicio de una nueva investigación contra el expresidente izquierdista Evo Morales por los presuntos delitos de asesinato y tortura relacionados con un operativo policial que dejó tres europeos muertos en 2009.

Hace 17 años, un comando policial intervino un hotel en la ciudad de Santa Cruz (este) y abatió a tiros al boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, al irlandés Michael Dwyer y al húngaro-rumano Arpad Magyarosi.

Salieron con vida Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro), que denunciaron torturas tras ser detenidos.

El gobierno de Morales sostuvo entonces que un grupo liderado por Rózsa Flores buscaba impulsar un movimiento separatista, con el financiamiento de la elite económica de derecha de Santa Cruz.

El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció esta nueva investigación preliminar contra el exgobernante indígena, una semana después de haber sido nombrado por el Congreso tras el arresto de su antecesor, Roger Mariaca, acusado de narcotráfico y lavado de activos.

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En un oficio dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, Urioste notifica “el inicio de la fase de acumulación de antecedentes” contra Morales y su exvicepresidente Alvaro García Linera “por la presunta comisión de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas y privación de libertad”.

La medida responde a una denuncia interpuesta por los congresistas derechistas Tomasa Yarhui y Rodrigo Antonio. El legislador confirmó a la AFP que se trata del caso denominado “Hotel Las Américas”.

Familiares y víctimas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2021 concluyó que el Estado boliviano había cometido violaciones a los derechos humanos y lo remitió a la Corte Interamericana.

El parlamentario Antonio señaló que “no hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden con estas personas”, sino que “fueron ejecutados extrajudicialmente”.

Ese día, durante una visita oficial a Venezuela, Morales dijo a la prensa haber ordenado el operativo para detener a los extranjeros, a quienes acusó de “mercenarios”, una declaración que para Antonio significa que el exmandatario “había dejado instrucciones precisas para que esto sea ejecutado”.

Ni Morales ni su exvicepresidente se han pronunicado de momento.

Refugiado en su feudo cocalero del Chapare (centro), Morales ya tiene dos órdenes de captura activas por investigaciones sobre su rol en las protestas que este año paralizaron al país por 53 días y por una acusación de presunta trata de una menor con la que el expresidente habría tenido una hija. Él niega los cargos.

• Fuente: AFP

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