El Ministerio de Justicia, en conjunto con la Gobernación de Alto Paraná, realizó el lanzamiento del programa “Servicio que Reconstruye”, mediante el cual personas privadas de libertad (PPL) realizarán trabajos comunitarios como parte de su proceso de reinserción social.

A través de esta iniciativa, las PPL llevarán a cabo labores voluntarias de reparación social, aportando de manera positiva a la comunidad. Específicamente en Alto Paraná, los internos realizarán tareas de limpieza y acondicionamiento en unas 35 escuelas públicas, bajo la supervisión de agentes penitenciarios.

“El proyecto que hoy estamos lanzando busca justamente potenciar la reinserción; que las personas privadas de libertad puedan trabajar, sentirse útiles, devolverle algo a la sociedad y presentar esos resultados ante los Juzgados de Ejecución Penal”, indicó el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.

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El titular de la cartera manifestó que, además de ser una oportunidad para los internos, el programa es un mensaje para que la ciudadanía apoye la rehabilitación social. “Como sociedad debemos comprender que todos podemos cometer errores, pero existe el derecho a las segundas oportunidades. Todos tenemos derecho a volver a empezar y, bajo ese paradigma, avanzamos en este gran proyecto”, señaló.

El programa está dirigido a personas condenadas en periodo de prueba. Asimismo, el ministro recordó que la legislación actual contempla beneficios para quienes decidan formarse: por cada año de estudio, se reducen tres meses de condena. Para acceder a esto, los internos deben mantener buena conducta y cumplir con los perfiles de quienes realmente buscan reincorporarse a la sociedad.

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La Organización de Estados Americanos se declaró ayer miércoles “alarmada” ante la situación política y social en Nicaragua y exhortó al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a respetar los derechos humanos. El Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo del bloque regional, aprobó por unanimidad una resolución que urge al país centroamericano a “poner fin a las violaciones a los derechos humanos, incluida la liberación incondicional de todas las personas detenidas injustamente, y de aquellas injustamente sujetas a arresto domiciliario”.

El último informe del grupo especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua describe "acciones de hostigamiento, persecución y atentados contra la vida que se extienden más allá de las fronteras terrestres" del país, recuerda la resolución. El texto señala que esto ocurre “incluso a través de la instrumentalización de los mecanismos internacionales de cooperación, como el uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol”.

Nicaragua, cuya presidencia es compartida desde noviembre de 2024 por Ortega y su esposa Murillo, abandonó la OEA hace poco más de un año. El Consejo Permanente invitó al país “retornar” a la organización, en cumplimiento con los principios de la Carta Democrática Interamericana. Al mismo tiempo, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mantenga su monitoreo sobre la situación de los derechos fundamentales en el país, a pesar de que el gobierno de Ortega y Murillo rechaza sus visitas.

La oenegé Human Rights Watch (HRW) denunció el miércoles “la ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos” en el Caribe por ataques de Estados Unidos, y dijo que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca animó a varios gobiernos de América Latina para cometer abusos. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, advirtió que a las “graves violaciones a derechos humanos” identificadas “por décadas” en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, se suman ahora los abusos cometidos por Washington en la región, además de la retención de extranjeros deportados por Estados Unidos en El Salvador, Panamá y Costa Rica.

“La ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos en aguas del Caribe y el Pacífico” durante ataques estadounidenses contra embarcaciones supuestamente utilizadas para el trasiego de drogas es una de las acciones del gobierno de Trump que han agravado la situación de los derechos humanos en la región, citó Goebertus en una rueda de prensa.

Estas muertes se dieron en el contexto del despliegue naval que mantiene Washington en el Caribe, donde ha atacado botes presuntamente del narcotráfico, y que condujo al poderoso operativo militar para capturar al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

En su informe anual, presentado en Ciudad de México, HRW menciona también que El Salvador recluyó a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). En esa megacárcel inaugurada en 2023 por el presidente Nayib Bukele, HRW pudo “documentar que (los deportados) sufrieron torturas sistemáticas”, añadió Goebertus en entrevista telefónica con AFP. La abogada lamentó que países “que históricamente han sido muy comprometidos con la defensa de derechos humanos, como Panamá y Costa Rica” hayan retenido a extranjeros deportados por Estados Unidos “sin ninguna justificación”.

“El gobierno de Estados Unidos ha tenido una influencia indudablemente negativa” en la región, cuyo balance frente a las políticas migratorias del republicano “es muy desafortunado”, afirmó. El recorte de Trump a la ayuda internacional de Washington, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tuvo un impacto “supremamente grave” en América Latina y el Caribe, denunció Goebertus.

Los ecos de esta política también llegan hasta países como Ecuador y Perú, que al igual que El Salvador, lanzaron leyes “para el cierre arbitrario de organizaciones” de derechos humanos, aprovechando el “debilitamiento” de las oenegés. HRW destaca que, con resultados disímiles, gobiernos latinoamericanos que aplicaron políticas de mano dura contra la delincuencia registran un incremento en las violaciones a los derechos humanos. El informe sostiene que la administración de Bukele cometió “detenciones arbitrarias y masivas”, “tortura” y “desaparición forzada” para conseguir una importante disminución de la violencia ligada a las pandillas.

Ecuador, por otra parte, cerró 2025 con una tasa de homicidios récord de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mientras que sus fuerzas de seguridad incurrieron en “ejecuciones extrajudiciales” y “desapariciones forzadas”, según HRW. En el caso de México, Goebertus llamó a poner “la lupa” en “la erosión del sistema de pesos y contrapesos”, entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, provocada por la reforma constitucional que instauró la elección popular de jueces.

Esta reforma convirtió “a los jueces en actores sujetos a mayorías políticas y presiones electorales”, añadió la politóloga Denise Dresser en la rueda de prensa. Lisa Sánchez, especialista en seguridad y política de drogas señaló que la “militarización” de la seguridad pública no solo incrementa los riesgos de violaciones a las garantías fundamentales, sino que no ha puesto un freno a la corrupción en México.

“Las fuerzas armadas están participando igualmente en esquemas de corrupción”, dijo Sánchez, en alusión a las indagatorias por contrabando de combustible contra elementos de la Secretaría de Marina en 2025. El informe de HRW reconoce la reducción de la pobreza en México, pero “comer mejor no compensa vivir sin justicia”, subrayó Dresser.

Fuente: AFP.

Este viernes, desde la Corte Suprema de Justicia informaron que, en el marco del plan de actos conmemorativos por los 60 años de acompañamiento de Amnistía Internacional al Paraguay, integrantes de la organización visitaron el Museo de la Justicia, Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.

Las autoridades destacaron que la delegación fue recibida por la coordinadora de la dependencia, licenciada Rosa Palau, quien brindó explicaciones sobre las documentaciones resguardadas en el archivo y acompañó el recorrido por las instalaciones del museo.

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En la ocasión también refierieron que desde Amnistía Internacional prevén desarrollar durante el presente año una serie de programas en el marco de la citada conmemoración.

Hugo Valiente, asesor legal de la organización, recordó que la primera misión de AI en territorio paraguayo se realizó en junio de 1966, con el objetivo de recabar información y elaborar una primera lista de presos políticos durante la dictadura.

“Se cumplen 60 años de acompañamiento ininterrumpido de la organización al Paraguay”, señaló y agregó que parte de las actividades previstas buscan rememorar ese proceso y el aporte realizado a la lucha por la libertad en el país.

A continuación, explicó que la visita al museo adquiere especial relevancia ante la proximidad del aniversario de la caída de la dictadura, los días 2 y 3 de febrero, ya que permite ejercer la memoria histórica y acceder a documentos de Amnistía Internacional conservados en el archivo, como cartas enviadas por activistas de distintos países a autoridades del régimen, en reclamo de la liberación de presos políticos.

Finalmente, valoró que una parte significativa de la historia de la organización se encuentre preservada en el archivo del Museo de la Justicia.

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Yeny Villalba, coordinadora de Educación en Derechos Humanos de Amnistía Internacional, resaltó la importancia de preservar y valorar el museo, destacando su relevancia para que las nuevas generaciones conozcan el pasado reciente del país y comprendan los esfuerzos realizados para la conservación de la memoria histórica.

En ese sentido, subrayó la importancia de conocer la documentación, su organización y gestión, como un aporte fundamental para la defensa de los derechos humanos y para evitar la repetición de hechos que marcaron a la sociedad paraguaya.

La justicia de Nicaragua condenó por corrupción al histórico comandante sandinista Bayardo Arce, exasesor económico del presidente Daniel Ortega, y confiscó sus bienes, informó este martes el gobierno nicaragüense, sin precisar la pena.

Arce, de 76 años, fue encarcelado a finales de julio del año pasado tras caer en desgracia por una purga interna en los círculos de poder. Según opositores nicaragüenses exiliados, la depuración es dirigida por la copresidenta Rosario Murillo con el aval de Ortega, su esposo, para garantizar la sucesión.

La Procuraduría General de Justicia señaló en un comunicado que un juzgado de Managua declaró en juicio la “responsabilidad penal” del comandante sandinista por el delito de “lavado de activos en la modalidad de defraudación al Estado”.

Según la acusación, Arce orquestó un “esquema estructurado” para la utilización de “fondos de origen ilícito” por casi 3.000 millones de dólares, relacionado con la evasión de impuestos mediante el uso de sociedades mercantiles y cuentas bancarias.

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Junto a su asistente, Ricardo Bonilla, también condenado, utilizaron “testaferros” y realizaron “préstamos ficticios y transferencia internacionales hacia Panamá y las Islas Vírgenes Británicas”, de acuerdo con la Procuraduría.

Por el caso, el ente judicial ordenó la “cancelación de sociedades” y el “decomiso de bienes” de Arce y Bonilla, sin mencionar si la condena también implica una sentencia de prisión.

Arce es el tercer miembro de la vieja guardia del exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, en el poder) que pierde el favor del gobierno en Nicaragua. Henry Ruiz está en arresto domiciliario desde marzo de 2025 y Humberto Ortega, exjefe del Ejército y hermano del presidente, también lo estaba cuando murió en setiembre de 2024.

Arce y Daniel Ortega fueron compañeros en la lucha armada contra el dictador Anastasio Somoza, derrocado en 1979 con el triunfo de la revolución sandinista.

Ortega, de 80 años, gobernó Nicaragua en los años 1980. Tras varios años en la oposición, se mantiene en el poder desde 2007 luego de elecciones cuestionadas por la comunidad internacional.

En los últimos meses se le ha visto en actos públicos con dificultad para caminar -padece lupus e insuficiencia renal-, por lo que analistas opositores aseguran que Murillo se encamina a sucederlo.

• Fuente: AFP

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