El submarino argentino que implosionó en 2017 con 44 tripulantes estaba en condiciones de navegar, declaró ante el tribunal uno de los exoficiales acusados en el juicio que intenta esclarecer por qué sucedió la mayor tragedia de la Armada, sin certezas de hallar respuesta. El submarino perdió contacto luego de reportar un desperfecto eléctrico y un principio de incendio cuando navegaba de regreso a su base en Mar del Plata, al sur de Buenos Aires, desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina.

Los restos de la nave fueron hallados un año después a 900 metros de profundidad y 500 kilómetros de la costa luego de una búsqueda internacional que mantuvo en vilo al país. “El submarino cumplió las normas y los requisitos establecidos. Es falso que no estaba en condiciones de navegar”, afirmó ayer miércoles Claudio Villamide, excomandante de la fuerza de submarinos a cargo del “ARA San Juan”, al declarar ante un tribunal en Río Gallegos, 2.500 km al sur de Buenos Aires.

Villamide es uno de los cuatro exoficiales juzgados en el proceso que comenzó el martes sin la presencia de ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer. Al igual que los otros acusados, afronta cargos por incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo, con penas de entre 1 a 5 años de prisión.

En la audiencia respondió preguntas del tribunal y de la querella. El jueves el juicio proseguirá con la indagatoria al resto de los acusados. Luego comenzarán a declarar los más de 90 testigos, en un proceso que se estima se extenderá hasta mediados de año.

En la apertura del proceso, la fiscalía expuso que el hundimiento “no se debió a un hecho fortuito, sino que fue un desenlace previsible por el estado de la unidad, que hizo posible el naufragio”. Villamide rechaza esta teoría. “El buque estaba en condiciones de navegar en seguridad, contaba con sus cajas de herramientas y manuales necesarios, elementos de seguridad y de escape”, insistió el exoficial destituido por un tribunal de guerra en 2021 debido al caso.

En una extensa exposición técnica, el exoficial admitió que el submarino presentaba una treintena de desperfectos reportados por escrito a lo largo de la cadena de mando, pero que ninguno de ellos le impedía navegar con seguridad.

“Hay cuestiones de las que no habló y son los puntos débiles: cuando hizo el detalle de cómo fueron los llamados de aquella madrugada, no dijo que en dos oportunidades el capitán (del submarino) le preguntó dónde está la flota de superficie. Esa pregunta es importante porque lo que querían saber es cuánto tardaban en llegar”, dijo a la AFP la abogada querellante Valeria Carreras.

La hipótesis de la fiscalía es que el fallo de una válvula de la tubería de refrigeración permitió el ingreso de agua al compartimento de baterías, lo que provocó un incendio y luego la implosión del aparato.

El “ARA San Juan” tenía una restricción de inmersión a 100 metros por tener pruebas pendientes luego de cumplir reparaciones.

Villamide declaró que “está comprobado que la implosión se produjo a los 550 metros de profundidad. Es una prueba de que el buque no se había inundado y el casco y las válvulas estaban en buen estado”, concluyó.

“Las familias de los tripulantes continúan atravesando este proceso con enorme entereza, pero también enfrentando lo que perciben como intentos de minimizar responsabilidades”, expresaron mediante un comunicado.

El abogado defensor del exoficial, Juan Pablo Vigliero, expresó a la AFP que confía “absolutamente en una absolución” de su defendido, al destacar que el juicio carece de pruebas “esenciales” para llegar a una condena.

“Acá murieron 44 personas, se hundió una nave militar del Estado argentino y no hay pericia mecánica, es insólito. El problema es que ahora no se puede hacer porque el submarino quedó a 900 metros de profundidad, sería tan grave como querer reflotar el Titanic”, afirmó.

El defensor señaló que esa circunstancia favorece su estrategia de defensa, y por extensión la de los demás acusados.

“La realidad con toda justicia es que al día de hoy no se sabe qué pasó, por qué se hundió y se fue a pique más allá de una situación de colapso”, dijo.

Las dudas razonables pueden dejar a los familiares con las manos vacías de justicia y respuestas.

El juicio tendrá audiencias cuatro días consecutivos cada dos semanas. Río Gallegos, una de las capitales provinciales menos pobladas de Argentina, alberga el proceso con relativa indiferencia. A las puertas del juzgado una pequeña bandera con los rostros de los 44 tripulantes fallecidos en la tragedia es la única referencia al caso.

Fuente: AFP.

Las exportaciones paraguayas bajo Certificado de Origen alcanzaron en febrero un valor total de USD 442,1 millones, con un volumen embarcado de 421.606 toneladas. La mayor parte de estos envíos se dirigió al continente americano, que concentró más de la mitad del valor exportado, seguido por Asia como segundo destino en importancia.

A nivel de mercados individuales, Taiwán lideró el ranking, seguido por Brasil y Argentina, lo que refleja una combinación entre mercados tradicionales de la región y destinos asiáticos estratégicos.

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El continente americano se posiciona claramente como el principal socio comercial en este segmento, con USD 259,6 millones exportados y 340.565 toneladas, cifras que evidencian su peso tanto en valor como en volumen.

Esto significa que casi ocho de cada diez toneladas exportadas tuvieron como destino países de América. En contraste, Asia aparece como el segundo mercado con USD 144,5 millones, aunque con un volumen considerablemente menor, lo que sugiere una canasta exportadora de mayor valor por tonelada hacia ese continente.

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La justicia argentina abre este martes un juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan que implosionó sumergido con sus 44 tripulantes en 2017 sin que se haya logrado dilucidar cómo ocurrió esa tragedia, la mayor de la Armada en tiempos de paz. Los restos deformados del submarino fueron localizados un año después. Todavía permanecen a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de Santa Cruz, en cuya capital Río Gallegos comienza el primer juicio.

El submarino había zarpado en patrullaje siete días antes de su desaparición desde el austral puerto de Ushuaia y regresaba a la base en Mar del Plata (sur de Buenos Aires). El 15 de noviembre de 2017 reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio. Fue su último mensaje. Su búsqueda aunó esfuerzos de decenas de países y mantuvo en vilo a la sociedad y al gobierno del expresidente de derecha Mauricio Macri (2015-2019).

No se espera la presencia en el juicio de ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer. “No pueden ni pagar las fotocopias, menos un avión y hospedaje. Lo más importante es haber llegado a juicio”, explicó a la AFP la abogada Valeria Carreras que representa a 34 familias de víctimas.

“Son personas sin poder, dinero ni apellido, se han sentido los nadies en estos ocho años, por eso hay mucha expectativa. Es importante la visibilidad para que el olvido y el tiempo no sean cómplices de la impunidad”, agregó. Las penas posibles -de uno a 5 años de prisión- contrastan con la dimensión de los hechos. Se sospecha faltas administrativas, de mantenimiento y seguridad.

“Fue una tragedia evitable, pero está mal visto en la Armada decir tengo miedo, existen riesgos, hay una cultura de silencio”, dijo Carreras al recordar que la Marina “fue la fuerza de mayor hermetismo durante la dictadura” (1976-1983). Los cargos son incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo agravado.

Los acusados, que llegan a juicio en libertad, son el extitular del Comando de Adiestramiento Luis López Mazzeo, el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, el exjefe del Estado Mayor del Comando Submarinos Héctor Alonso y el exjefe de Operaciones Hugo Correa. En 2021 un Consejo de Guerra destituyó a Villamide por negligencia y castigó con arresto de hasta 45 días a otros oficiales por ocultar información.

La justicia desoyó un pedido del abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro -muerto en el ARA a los 27 años-, para que el juicio se realice en Mar del Plata, a 400 km de la capital argentina, donde residían los tripulantes. Allí los familiares realizaron protestas frente a los edificios de la Armada en el tiempo que duró la búsqueda y también luego del hallazgo, una exposición que incomodó a la fuerza.

Los familiares denunciaron que fueron víctimas de espionaje, una causa en la que Macri fue procesado y que la Corte Suprema cerró en 2025. “Llevando el debate a Río Gallegos, a tanta distancia de Buenos Aires, buscan invisibilizar la tragedia”, dijo a la AFP el abogado que representa a una veintena de familiares.

El juicio se fijó allí por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. “Este es el primer proceso, todavía no se terminó la investigación respecto a los demás responsables de la línea de mando que llega hasta Macri”, agregó el abogado al recordar que restan analizar “67.000 fotografías y horas de video”. De su lado Carreras confió en que durante este juicio los más de 90 testigos aporten pruebas. En la instrucción “a muchos les falló la memoria, ahora eso puede cambiar”, opinó.

Las audiencias se desarrollarán durante cuatro días consecutivos, con pausas de una semana antes de la siguiente tanda. La hipótesis es que el submarino tuvo un fallo de válvula que permitió el ingreso de agua al compartimiento de baterías, desató un incendio y luego una explosión. Pero para corroborarla deberían reflotarse los restos, un operativo millonario, dicen querellantes.

“Es muy difícil condenar a alguien por un delito cuando no se sabe realmente lo que ocurrió. El juicio puede terminar en absolución”, dijo Tagliapietra. “Hubo muchas falencias previo al hundimiento, los mandos en tierra no tomaron decisiones adecuadas, pero todavía no sabemos por qué se hundió”, dijo Tagliapietra. “Hay resignación de familiares. Yo sigo luchando, es la promesa que le hice a mi hijo”.

Fuente: AFP.

• Por Antonella Mateu

Con una deuda externa que aún representa el 85 % del total y una interna que ya escala al 15 %, Paraguay sostiene una estrategia financiera en un contexto de grado de inversión y crecimiento sostenido. Tres referentes económicos analizaron el escenario en conversación con La Nación/Nación Media.

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la deuda pública total alcanzó los USD 20.409 millones a diciembre de 2025, equivalente al 41,2 % del Producto Interno Bruto (PIB). La mayor parte de la deuda pública corresponde a la Administración Central, con USD 17.931 millones (87,9 % del total). Por otro lado, la deuda de las entidades descentralizadas con garantía soberana alcanza USD 2.477 millones, equivalente al 12,1 % de la deuda total y al 5 % del PIB.

El viceministro de Economía y Planificación del MEF, Felipe González Soley, confirmó que el aumento de la deuda en moneda nacional responde a una estrategia deliberada de desdolarización.

Según explicó, el objetivo es reducir la exposición al riesgo cambiario, fortalecer el mercado financiero doméstico y avanzar hacia una estructura más resiliente. “La participación de la deuda en moneda local dentro de la Administración Central pasó de 8,3 % en agosto de 2023 a 17,8 % al cierre de 2025”, detalló.

Para ello, el Gobierno priorizó emisiones en guaraníes, avanzó en la desdolarización de préstamos existentes y concretó colocaciones internacionales en guaraníes, ampliando la base de inversionistas.

Además, subrayó que este proceso es valorado positivamente por las calificadoras de riesgo, ya que mejora el perfil soberano y consolida referencias de tasas en guaraníes que pueden beneficiar también al sector privado.

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González Soley sostuvo que Paraguay aún tiene espacio para profundizar la estrategia sin encarecer costos, siempre que se mantengan fundamentos macroeconómicos sólidos.

Indicó que la estabilidad inflacionaria, la credibilidad de la política económica y el creciente interés internacional por instrumentos en guaraníes permiten sostener condiciones competitivas de financiamiento. “En la medida en que se consolide una curva de rendimientos en moneda nacional, es posible incluso reducir costos en nuevas emisiones”, afirmó.

Respecto al aumento de la deuda con garantía soberana, que alcanzó el 12,1 % del total, explicó que obedece principalmente a desembolsos vinculados a inversiones de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y a emisiones de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para fortalecer el crédito de desarrollo. No obstante, aclaró que se trata de pasivos contingentes y que el MEF monitorea estos riesgos dentro del análisis ampliado de sostenibilidad fiscal.

Consultado sobre la prioridad en un contexto de crecimiento económico, el viceministro de Economía sostuvo que el país puede compatibilizar inversión y consolidación fiscal. La meta es mantener el déficit dentro del 1,5 % del Producto Interno Bruto (PIB), permitiendo estabilizar gradualmente la deuda sobre el producto.

Recalcó que el endeudamiento actual se destina principalmente a inversión pública y no a gasto corriente estructural. “La deuda es una herramienta de apalancamiento del crecimiento real, siempre que se preserve la disciplina fiscal y la calidad del gasto”, enfatizó.

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El economista y exministro de Hacienda, Manuel Ferreira, consideró que el ritmo de endeudamiento es alto para Paraguay. A su criterio, el país debe acelerar el uso de esquemas de participación público-privada para atraer capital privado a obras de infraestructura. “La necesidad de inversión es mayor que la capacidad que tenemos de endeudarnos”, advirtió.

Ferreira alertó además sobre el peso creciente del pago de intereses, al que calificó como gasto rígido. También señaló vulnerabilidades como el tipo de cambio, las tasas internacionales y la disminución de ingresos en dólares, lo que puede generar descalces de moneda.

“El desafío es no tener que sacrificar inversión para cuidar la situación fiscal. Lo ideal es generar condiciones para atraer más capital privado”, remarcó.

Por su parte, el analista financiero Stan Canova sostuvo que no existe una correlación directa entre el nivel de deuda pública y el volumen de inversión privada.

Explicó que el endeudamiento soberano opera en mercados y volúmenes distintos a los del sector empresarial, por lo que no compite directamente por financiamiento. Además, destacó que el grado de inversión consolida al país como buen pagador y reduce el costo de fondeo para el sistema financiero.

“Cuando los bancos acceden a mejores tasas y plazos gracias al grado de inversión, pueden trasladar esas condiciones al crédito empresarial”, explicó.

No obstante, Canova subrayó que el reconocimiento aplica a la deuda soberana, no automáticamente a las empresas locales, aunque algunas ya han logrado calificaciones internacionales propias.

Canova sostuvo que el costo financiero del país es actualmente manejable y la deuda pública es “honrable sin sobresaltos”. Sin embargo, advirtió que el verdadero impacto en el desarrollo dependerá de la eficiencia en el uso de los recursos.

“Se debe maximizar su uso, controlar precios en licitaciones, aplicar sanciones severas a incumplimientos y dar mayor equidad a las pymes en las contrataciones”, puntualizó.

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