A casi diez años de haber sido denunciado por violencia de género, Ricardo Daniel Carías más conocido como La Tota Santillán fue condenado a cinco años y seis meses de prisión, tras la denuncia que había sido presentada por su expareja y madre de sus dos hijas, Sol Fiasche.
De acuerdo a la publicaciones de medios periodísticos, el presentador y productor musical argentino no solo golpeó a la mujer, sino también amenazó al padre de esta y a una antigua empleada doméstica, hechos que habían ocurrido en el 2013.
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Respecto al caso La Tota se había declarado inocente, así como también había manifestado en su defensa ante los medios: “Quiero muchísimo a la mamá de las nenas. Extraño mucho a mis hijas. No las veo desde el 2019, solo las veo por Zoom. Ya sé lo que le voy a decir al juez”, según el portal TN.
Por su parte, el representante de Sol Fiasche solicitó a la justicia 18 años de prisión; en tanto que el abogado de Carías, Juan Pablo Merlo pidió que su cliente sea absuelto del caso, debido a que los acontecimiento ocurrieron ya hace una década.
En representante legal de La Tota había mencionado también, entre otras declaraciones, que durante estos años Santillán nunca dejó de pasar la pensión alimentaria, y reveló que su cliente lo perdió todo. “Son cosas que pasan, porque cuando se separa, le tuvo que dejar la propiedad a la expareja”, dijo.
Al mismo tiempo, de puntualizar que la gente lo quiere mucho a tal punto que le detienen en la calle para sacarse fotos con él. Este no es el único caso de La Tota con la justicia argentina, considerando que en 2017 había sido detenido por robar mercadería en un local comercial.
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Erico Galeano ya se encuentra recluido en el Centro Nacional de Prevenidos
El exsenador Erico Galeano fue trasladado este miércoles hasta el Centro Nacional de Prevenidos (expenintenciaría de Tacumbú), donde guardará reclusión mientras continué el proceso judicial al que se encuentra sometido por asociación criminal y lavado de activos, en el marco de la causa judicial A Ultranza Py.
Galeano, sentenciado a 13 años de prisión, ingresó a la excárcel de Tacumbú cerca de las 11:30 tras haber permanecido bajo custodia en la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional. En el recinto, que ya no alberga a personas privadas de libertad que estén condenadas, el exparlamentario será sometido a una evaluación de su estado general de salud por disposición del Ministerio de Justicia.
Galeano ya fue condenado tanto en primera y segunda instancia, pero la condena aún no se encuentra ejecutada en su totalidad. Recientemente su defensa legal, que está a cargo de Ricardo Estigarribia y Luis Almada, recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) planteando un recurso extraordinario de casación y una acción de inconstitucionalidad con la finalidad de anular las sentencias previas.
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El exparlamentario refiere que en el marco del proceso quedó vulnerada la presunción de inocencia, el principio de legalidad penal, el principio de culpabilidad, la garantía de la defensa en juicio, el doble conforme y la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones judiciales.
Antecedentes
La ratificación unánime de la sentencia por parte del tribunal de apelaciones, se concretó el lunes 4 de mayo. Durante el proceso judicial, la Fiscalía sostuvo que una aeronave de la marca Beech, propiedad del exlegislador, fue utilizada como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, entre ellos, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González.
También indicó que, a cambio de la aeronave, Galeano habría recibido dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, que insertó dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien a través de compra de bienes.
El Ministerio Público también señaló que Galeano recibió aproximadamente USD 1.000.000 para la compra de un inmueble, por lo que se sospecha que el dinero utilizado para la operación provendría del crimen organizado.
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Marset podría declararse culpable para evitar una condena de 20 años de cárcel
El capo narco uruguayo Sebastián Marset podría declararse culpable con la finalidad de evitar una condena de hasta 20 años de cárcel en el proceso judicial que enfrenta en los Estados Unidos por lavado de activos derivados de ganancias del narcotráfico internacional.
La información cobra fuerza teniendo en cuenta que su audiencia preliminar prevista para este miércoles en el estado de Virginia fuera postergada hasta el 1 de julio para permitir negociaciones entre la Fiscalía federal y su defensa sobre un eventual acuerdo de colaboración.
El medio de comunicación “Ámbito” señala que la decisión de postergar la audiencia fue adoptada de común acuerdo entre los fiscales estadounidenses y la defensa legal de Marset, y posteriormente avalada por el juez federal Rossie Alston Jr., quien extendió el plazo para que ambas partes sigan negociando una posible declaración de culpabilidad.
La publicación periodística agrega que el fiscal federal adjunto Anthony Aminoff comunicó que la acusación ya cuenta con 22 gigabytes de pruebas contra Marset, incluyendo comunicaciones interceptadas en distintos idiomas, registros financieros y documentación obtenida mediante acuerdos de cooperación internacional con Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia.
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Entre las evidencias figura el contenido del celular incautado al narcotraficante tras su captura en Bolivia, el pasado 13 de marzo. El aparato, que estaba guardado dentro de una caja fuerte, fue enviado a Estados Unidos para ser sometido a pericias técnicas y podría contener datos clave sobre contactos, movimientos financieros y operaciones de la estructura criminal.
Si Marset acepta el acuerdo de culpabilidad, deberá colaborar con información relevante en torno a las operaciones y vínculos de su organización criminal, a cambio de una eventual reducción significativa de la pena. En cambio, si decide ir a juicio y es condenado, podría enfrentar la pena máxima prevista de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas superiores a los USD 500.000.
Antecedentes
Marset ingresó en el radar de los Estados Unidos mediante la operación de transferencia que realizó uno de sus principales cómplices, desde un banco de Portugal a otro en China. El monto aproximado fue de USD 32 millones.
La operación tuvo como intermediario a una institución financiera de Estados Unidos, que la aprobó mediante un servidor ubicado en Richmond (Virginia). Esta es una transferencia de un monto muy bajo para el mundo del narcotráfico, pero fue clave en la investigación contra Marset.
La citada transferencia fue una de las transacciones utilizadas por el país norteamericano para acusar formalmente a Marset de lavado de activos. Los fiscales de la causa refieren que el uruguayo es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala que distribuyó miles de kilogramos de cocaína desde América del Sur con destino a Europa y que tuvo operaciones en Bolivia, Paraguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos y Portugal.
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Decretan prisión al exsenador Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel
El tribunal de sentencia Especializado en Crimen Organizado, integrado por Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos decretó hoy prisión del exsenador Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal en relación al narcotráfico.
La defensa de Galeano había ofrecido antes de la sentencia 17 mil millones de guaraníes para que se le beneficie con arresto domiciliario con tobilleras electrónicas. También la defensa del exsenador sostuvo que, si se decreta la prisión, como lo es ahora, debería ser en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional o en el penal de Viñas Cue.
La semana pasada, el Ministerio Público había solicitado al Tribunal de Sentencia la aplicación de la medida preventiva de Galeano, luego de que el martes pasado el plenario de la Cámara Alta aceptara su renuncia a su banca como senador de la Nación.
Galeano fue condenado a 13 años de cárcel en el marco de la causa abierta por la comisión de los hechos punibles de lavado de activos y asociación criminal en el caso A Ultranza Py. El Tribunal de Sentencia dispuso que guarde reclusión mientras se tramita la última parte del proceso, descartando de este modo la posibilidad de aplicar arresto domiciliario con tobillera electrónica, tal como había solicitado la defensa, pese a que se ofreció una millonaria fianza real sobre varios inmuebles.
Galeano cumplirá la medida de prisión preventiva mientras se tramita ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación contra su condena, recurso al cual se sumaría una acción de inconstitucionalidad según anunció su defensa.
Cabe recordar que el Tribunal basó su condena bajo el argumento que Galeano “apoyó operativamente a la organización de carácter transnacional dedicada al tráfico internacional de cargas entre el 2020 y 2021”. La investigación estableció vínculos con el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y con el pastor, Miguel Ángel Insfrán, conocido como “Tío Rico”.
Los jueces también consideraron probado que el legislador recibió dinero proveniente de actividades ilícitas. Parte de ese dinero habría sido declarado posteriormente en su Declaración Jurada de Bienes, luego de una rectificación.
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La condena a Lindomar y los vínculos con el abdismo
- Jorge Torres Romero
La condena al narcotraficante brasileño Lindomar Reyes Furtado no es un hecho aislado. Es una pieza más de un rompecabezas oscuro que desnuda cómo el crimen organizado penetró estructuras sensibles del poder político durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Y también expone, con crudeza, las peligrosas conexiones que existieron entre operadores del narcotráfico y figuras que ocuparon cargos estratégicos en la seguridad nacional.
El caso adquiere una dimensión todavía más grave cuando aparece el nombre de Arnaldo Giuzzio. No se trata solamente de sospechas políticas o de discursos partidarios. Existen elementos concretos que fueron investigados por autoridades brasileñas: el uso de la camioneta de Marcus Vinicius Espíndola Márquez de Padua por parte del exministro para viajar al Brasil, además de intercambios de mensajes corroborados por la Fiscalía brasileña entre Giuzzio y Marcus Vinicius, socio comercial de Lindomar Reyes Furtado.
La pregunta ya no es si hubo cercanía. La pregunta es hasta dónde llegó esa relación y cuánto daño provocó al Paraguay. Durante el gobierno abdista, Paraguay terminó consolidándose como un gigantesco centro logístico del narcotráfico regional. La cocaína ingresaba, se acopiaba y salía rumbo a Europa utilizando puertos nacionales prácticamente liberados.
Mientras el discurso oficial hablaba de combate al crimen organizado, los hechos mostraban otra realidad: toneladas de droga saliendo del país, organizaciones criminales operando con comodidad y estructuras estatales debilitadas o infiltradas.
Por eso resulta imposible no recordar el cinismo político con el que hoy algunos sectores vinculados a Mario Abdo Benítez hablan de volver al poder. Sería una tragedia para el Paraguay. Sería volver a extender la alfombra roja al narcotráfico. Porque el narcotráfico no solamente corrompe instituciones: destruye familias, condena a miles de jóvenes a la adicción y convierte al país en rehén de mafias que luego penetran la política, la justicia y las fuerzas de seguridad.
La condena a Lindomar Reyes Furtado debería tener repercusiones más allá de las fronteras del Brasil. Paraguay no puede seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. La ciudadanía merece saber quiénes protegieron, quiénes facilitaron y quiénes miraron hacia otro lado mientras el crimen organizado se expandía peligrosamente.
Y hay un episodio particularmente escandaloso que todavía deja más dudas que respuestas: la fuga de Lindomar Reyes Furtado del Paraná Country Club. Aquel operativo encabezado por la Secretaría Nacional Antidrogas, entonces conducida por Zully Rolón, terminó convertido en una vergüenza institucional.
¿Fue incompetencia o complicidad? Porque resulta inadmisible que un objetivo de semejante nivel haya logrado escapar en una zona perfectamente controlable, con accesos delimitados y posibilidades tecnológicas suficientes para monitorear hoteles, movimientos y rutas de salida. La fuga no solamente fue un fracaso operativo: pareció una advertencia anticipada.
Y esa sospecha se vuelve todavía más inquietante cuando aparecen los vínculos entre Giuzzio y Marcus Vinícius. La hipótesis de una filtración o alerta previa jamás podrá disiparse mientras no exista una investigación profunda, independiente y transparente.
Paraguay enfrenta una disyuntiva histórica: o limpia sus instituciones o termina definitivamente capturado por el crimen organizado. La condena de Lindomar Reyes Furtado debe ser entendida como una alarma regional y la justicia paraguaya debe castigar a sus cómplices. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.