El cantante y compositor Ed Sheeran está atravesando un momento bastante complejo. Fue acusado de plagiar una canción del ícono estadounidense del soul Marvin Gaye y recientemente hizo una declaración que preocupa a sus fans.
Los herederos de Ed Townsend, coautor de “Let’s Get It On” de Marvin Gaye, acusaron al artista británico de supuesto plagio por la canción “Thinking Out Loud” alegando que la “similitud es sorprendente”. El juicio está en pleno proceso y, según los informes, se reveló que el cantante inglés puede componer entre siete y nueve canciones en cuatro horas, detalla Infobae. Ante toda esta situación, Sheeran no se contuvo en declarar y dijo que si llega a perder el juicio, se retira de la música.
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“Si eso sucede, he terminado, me detendré”, expresó el artista con mucha frustración después de negar rotundamente las acusaciones en su contra, según confirma Dailymail. “Me parece realmente insultante dedicar toda mi vida a ser intérprete y compositor, y que alguien lo disminuya”, agregó.
Por otro lado, los abogados de los herederos presentaron como prueba un video de un concierto en vivo de Sheeran. En el clip se pudo ver al artista haciendo una transición entre su canción “Thinking out loud” y “Let’s get it on”, que para ellos fue como “una confesión del cantante” de que sí había copiado el tema.
Sheeran se defendió y dijo: “Si hubiera hecho lo que me acusan de hacer, sería un idiota para estar en el escenario frente a 20 mil personas. Creo que la mayoría de las canciones pop se construyen sobre bloques de construcción que han estado disponibles gratuitamente durante cientos de años”.
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Marcus Vinicius confirma llamada de Giuzzio para utilizar un vehículo en Brasil
En el marco del juicio por cohecho pasivo agravado, que enfrenta el exministro abdista de la Senad (Secretaría Nacional Antidrogas) y del Interior, Arnaldo Giuzzio, fue convocado a declarar el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua. El proceso judicial que se lleva adelante es precisamente por haber recibido favores de una persona ligada al narcotráfico, en este caso, Marcus Vinicius, quien ahora se convierte en una pieza clave contra Giuzzio.
Marcus Vinicius declaró por más de dos horas ante el Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, en carácter de testigo del caso. La parte acusadora, el Ministerio Público, se encargó de realizar todas las preguntas que involucran y tienen que ver con la relación que mantuvieron el testigo y el acusado, desde cómo se inició el contacto entre ambos, hasta el punto en cuestión, el uso de un vehículo en Brasil.
Marcus Vinicius, en su carácter de testigo, confirmó que recibió la llamada del propio Arnaldo Giuzzio cuando se encontraba de vacaciones con su familia en Brasil, esto entre diciembre del 2021 a enero del 2022. En esa llamada, Giuzzio le comentó a Marcus Vinicius que se encontraba en territorio brasileño y el vehículo en el cual se movilizaba sufrió un desperfecto mecánico.
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“Recibí una llamada del ministro que se está dislocando con la familia por el lado brasileño, cuando se percató de una falla mecánica y me solicitó si tenía un vehículo disponible para su locación. Cuando tengo contacto con el señor Roberto Enciso es para averiguar qué vehículo teníamos disponible en el momento. El señor Roberto Enciso también estaba de viaje, pero estaba en los alrededores y me informó de que en ese momento no teníamos ningún vehículo disponible, que estaban todos arrendados”, relató Espíndola.
Prosiguió detallando que: “Esa llamada fue hecha por altavoz, en ese momento Jussara Cabral (su pareja en ese momento) ofreció su vehículo de uso personal que hacía parte de la empresa (Ombu S. A.), ella ofreció que podía prestar su vehículo, que el vehículo estaba disponible. Ese vehículo no era de locación (alquiler), era el vehículo de uso particular de ella”.
Este vehículo de uso particular, que pertenecía a la empresa Ombu S. A., fue registrado como un vehículo alquilado, pero sin percibir por ello, para que Giuzzio y su familia puedan movilizarse en territorio brasileño. “Ese vehículo específico, por ser un vehículo de uso particular, fue en carácter de préstamo, no quisimos recibir nada, mi señora no quiso recibir (pago) por el alquiler de ese vehículo, pero por ser un vehículo brasileño, necesitaba de un informe de dónde se alquiló, necesitaba de una nota de alquiler, (una nota de comprobante)”, confirmó.
Marcus Vinicius confirmó las características del vehículo, que se manejaba desde un principio. “Era un vehículo Kia Carnival, no recuerdo la chapa y el año de ese vehículo, pero creo que era del año 2019 o 2020 (modelo 2018 chapa WCGC 805). Con ese vehículo se hizo una nota de alquiler, porque ese vehículo para circular en territorio nacional (Brasil) necesita de una autorización por escribanía o una nota de alquiler”, explicó el testigo.
El detalle más importante de esta causa es que Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua era sindicado por la ministra de la Senad, de ese entonces, Zully Rolón, como un presunto narcotraficante detenido en Brasil y quien habría sido el principal objetivo del Operativo Turf, realizado en febrero del 2022 en el Paraná Country Club de Hernandarias. Giuzzio fue ministro de la Senad y en ese entonces ministro del Interior, cuando se realizó este operativo.
Marqués de Padua también aparece en varias fotografías con Giuzzio, ya que el mismo pretendía convertirse en proveedor de equipos de blindajes y chalecos antibalas para el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. El vínculo entre Giuzzio y el presunto narco es el punto principal por el cual se lleva adelante este juicio.
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Fiscalía pide juicio para un hombre por abuso sexual de tres sobrinos menores de edad
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Hace seis meses fue denunciado el abuso sexual de tres niños, cometidos supuestamente por el tío de las víctimas, en el distrito de Presidente Franco. El jueves, el fiscal Alberto Torres acusó y pidió juicio oral de un hombre de 50 años por los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación.
Los actos violentos se habrían desarrollado de forma sistemática desde principios del año 2025 hasta diciembre de ese mismo año, en un inmueble ubicado en la Colonia San Isidro de Domingo Martínez de Irala. De acuerdo al escrito fiscal, el hoy acusado comenzó a perseguir y manosear las partes íntimas de su sobrina, quien en ese momento tenía 13 años de edad.
En fecha 13 de mayo de 2025, el acusado fue a la casa de la menor, la persiguió, la acosó sexualmente y a la fuerza le tocó sus partes íntimas, para luego someterla sexualmente. Posteriormente, la amenazó diciéndole que si contaba a alguien lo sucedido, iba a acabar con la vida de sus hermanitos y de su madre.
Las agresiones siguieron y el tío tomaba fotografías de las partes íntimas de la víctima, la amenazaba con publicarlas en las redes sociales y le entregó como regalo un aparato celular.
Posteriormente, el 23 de noviembre del año 2025, el sospechoso atacó a una segunda sobrina, de apenas 11 años de edad, hermana de la primera víctima, quien trabajaba como ayudante de limpieza en la vivienda del acusado.
Cuando la empezó a tocar a la fuerza a la niña, ella reaccionó forcejeando y logró zafarse, pero su tío la amenazó con asesinar a sus hermanos y a su madre si contaba lo ocurrido, hechos que se repitieron en varias oportunidades.
El acusado llegó a violentar a un tercer sobrino, un niño de 8 años de edad, a quien le prometió comprar una bicicleta si no contaba a nadie lo sucedido. Sin embargo, finalmente, las víctimas confesaron las agresiones y la familia formalizó la denuncia.
Como elementos probatorios, la Fiscalía presentó las testimoniales, la entrevista en la cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de pruebas, informes de contención psicológica practicada a las víctimas, así como los dictámenes médicos y la evaluación socioambiental.
Asimismo, se incorporó el informe de extracción de datos del aparato celular obsequiado y un CD con registros fotográficos y notas de audio del procesado con una de las víctimas. En estos elementos están sustentados la acusación y el pedido de juicio.
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España: la esposa de Pedro Sánchez irá a juicio por presunta corrupción
Un tribunal español ordenó que la esposa del jefe del gobierno, Pedro Sánchez, sea juzgada por corrupción y le prohibió salir del país, según un auto judicial publicado este sábado. La decisión ahonda en el abanico de escándalos judiciales en la familia y el entorno del mandatario de izquierdas, que amenazan la supervivencia de su precario gobierno en minoría. En el último mes se sumó la investigación por presunto tráfico de influencias de su antecesor socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, una figura emblemática de la izquierda española y muy afín a Sánchez.
El caso de su esposa, Begoña Gómez, gira en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que codirigió ella y sobre el supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para promover intereses privados. El juez encargado del caso, Juan Carlos Peinado, ordenó a Gómez que entregue su pasaporte y se presente ante las autoridades dos veces al mes hasta que se dicte veredicto en el caso, según la resolución divulgada este sábado.
El tribunal señala que se informará “a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares” para evitar que Gómez incumpla con esa resolución.
El auto judicial no fija una fecha para la celebración del juicio.
En abril, el juez había acusado formalmente a la esposa de Sánchez por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos.
“La cátedra sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la persona investigada”, escribió el juez en esa resolución.
“Día nefasto”
La investigación comenzó en abril de 2024 a raíz de una denuncia de un grupo anticorrupción con vínculos con la extrema derecha.
“Hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia”, reaccionó en la red social X el ministro de Justicia, Félix Bolaños. “Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo”, agregó.
Para justificar su decisión de prohibir a Gómez salir del país, Peinado rechaza el argumento de que los agentes de policía que habitualmente brindan protección a Gómez impedirían que huyera.
En su auto de 84 páginas, el juez señala que “esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” ser “quienes colaboren en la acción o acciones que se llevan a cabo para facilitar esa fuga”.
Tras conocerse el caso, Sánchez suspendió sus obligaciones públicas durante unos días para reflexionar si se mantenía o no en el cargo.
Tanto él como Gómez, de 55 años, rechazan las acusaciones y niegan cualquier irregularidad.
El jefe del gobierno socialista enmarca el caso en una campaña de la derecha para socavar su gobierno en minoría, que se sustenta en precarios acuerdos en un Parlamento muy fragmentado.
Los partidos de la oposición de derecha han pedido su dimisión y la convocatoria adelantada de elecciones, previstas en principio para el próximo año.
Sánchez, que tituló su biografía como “Manual de resistencia”, descarta dimitir y se muestra convencido de poder agotar su mandato.
Retahíla de escándalos
Sin embargo, la situación es delicada para el socialista, que alcanzó el poder en 2018 tras una moción de censura presentada contra su predecesor, el conservador Mariano Rajoy, precisamente a raíz de los casos de corrupción en su partido.
La presión aumentó tras el escándalo de Zapatero, jefe del gobierno entre 2004 y 2011, investigado por tráfico de influencias relacionado con el presunto cobro de comisiones por el rescate de la pequeña aerolínea Plus Ultra en 2021.
El exdirigente ha negado también las acusaciones y Sánchez ha reiterado en repetidas ocasiones su “confianza” en la inocencia de su mentor.
Además de su esposa, el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, ha sido juzgado en las últimas semanas por un presunto trato de favor para obtener un cargo público. Y en abril, quien fuera mano derecha de Sánchez y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue juzgado por presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos.
Fuente: AFP.
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Maradona fue manipulado durante su internación domiciliaria, dice su exterapeuta
Un acompañante terapéutico que asistió a Diego Maradona semanas antes de su muerte declaró que el entorno del astro del fútbol ejercía “manipulación” para condicionar con quién hablaba durante su internación domiciliaria, en el juicio que se sigue en Argentina por su muerte en 2020. “Había manipulación, vi manipulación telefónica”, dijo ayer martes Carlos Cottaro, que acompañó a Maradona en parte de la internación domiciliaria que precedió la muerte del ídolo en 2020.
Cottaro señaló que el secretario de Maradona, Maximiliano Pomargo, condicionaba “si las hijas lo podían ver o no”. “Le sonaban los teléfonos a Diego y los agarraban y la comunicación no pasaba”, dijo Cottaro en referencia a Pomargo y sus asistentes. Pomargo no está imputado en el juicio por la muerte del ídolo, que busca responsabilidades en siete profesionales de la salud que atendieron al exfutbolista durante la internación domiciliaria, de la que se cuestiona tanto la pertinencia como las condiciones.
En coincidencia con otros testigos, Cottaro señaló que la casa donde estuvo internado Maradona tras someterse a una neurocirugía estaba sucia y carecía de elementos médicos esenciales. Maradona había sido operado el 3 de noviembre de 2020 por un hematoma subdural. Días después fue trasladado a una casa en Tigre, al norte de Buenos Aires, donde murió el 25 de noviembre a los 60 años por un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio.
En la audiencia del martes, declararon además tres imputados, entre ellos el médico clínico Pedro Di Spagna, que lo hizo por primera vez. Di Spagna, que visitó a Maradona en dos oportunidades en su casa, dijo que fue la representante de la empresa de medicina privada quien le pidió que ya no volviese para el seguimiento del paciente.
Médicos, enfermeros y un psicólogo parte de ese equipo de salud enfrentan una acusación de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía causar la muerte del exfutbolista.
Además del equipo de siete profesionales de la salud, una octava persona, una enfermera, será juzgada aparte. Los implicados enfrentan penas de hasta 25 años de prisión. Todos claman inocencia. El proceso se realiza en dos audiencias semanales y se espera que se extienda al menos hasta julio.
Fuente: AFP.