Fuertes lluvias e inundaciones en el noroeste de México arrastraron a varios automóviles al mar y forzaron el rescate de al menos 41 personas, informaron el sábado las autoridades. Las precipitaciones son remanentes de la tormenta tropical Vance que se disipó el jueves, pero siguió afectando el clima de la región en la etapa final de la temporada de huracanes, que este año se prevé más intensa por el fenómeno El Niño.

Esta alteración climática eleva la temperatura de la superficie del Pacífico y afecta los patrones de vientos y precipitaciones alrededor del planeta.

Los mayores impactos ocurrieron en la zona de Los Cabos, donde algunos vehículos fueron devorados por el mar mientras otros quedaron varados en la playa, según imágenes divulgadas en redes sociales.

El Gobierno del estado de Baja California Sur confirmó el “intenso flujo de agua proveniente de zonas elevadas” de la ciudad y aclaró que no se han reportado víctimas, sino únicamente “daños materiales”.

“Se realizaron 41 rescates de personas en zonas de riesgo, mientras que 18 vehículos resultaron afectados por las corrientes de agua”, informó por su parte la Coordinación Nacional de Protección Civil en redes sociales. Agregó que 356 personas fueron evacuadas preventivamente a un hospital público de Los Cabos, mientras que otras ocho fueron trasladadas a otro centro de salud de la región.

Fuente: AFP.

• AFP

Una catrina de 11 pisos de alto preside el Día de Muertos en principal plaza de México.

Un esqueleto de más de 30 metros de altura ataviado con un coqueto vestido color rosa mexicano y primorosas flores adornando su cráneo se erigió desde el jueves en la principal plaza de México para celebrar el tradicional Día de Muertos.

Se trata de la catrina, una icónica figura de la cultura mexicana creada originalmente como sátira social, pero que se ha convertido en emblema del espíritu festivo y devoto con que este país festeja y recuerda a sus muertos.

La construcción de la figura, del tamaño de un edificio de 11 pisos, empleó unas 140 personas entre herreros, escultores, pintores, artistas textiles, iluminadores, electricistas y arquitectos, explicó Carlos Báez, director del taller de arte Xibalba, encargado de edificarla.

“Tuvo un nivel de complejidad altísimo. No es que nos pidan catrinas de estas dimensiones a cada rato”, dijo Báez a la AFP desde el Zócalo, plaza mayor de la capital mexicana.

Montarla requirió de grandes grúas, una especie de osamenta metálica y un sistema de andamios, cuya magnitud hacía lucir diminutos a los artistas del taller, que trabajaron con cascos y equipo de seguridad.

“El equipo se siente muy prendido, muy entusiasmado de ver que tuvimos capacidad de desarrollar esta pieza”, agregó Báez.

La catrina gigante es la protagonista de la “Megaofrenda de Día de Muertos” del Zócalo, una recreación de los altares que millones de mexicanos arman en sus casas en estas fechas para honrar a sus seres queridos. Los altares se adornan además con flores de cempasúchil, de característico color naranja; láminas de papel de seda multicolor perforado con dibujos; veladoras, y los alimentos y objetos preferidos de sus fallecidos.

La gigantesca ofrenda refleja la creciente popularidad de esta celebración entre los mexicanos y muchos extranjeros que visitan el país en estas fechas.

“Es impresionante y es imponente, además con la catedral de fondo y con la bandera y las flores, hasta se te pone la piel de gallina”, dijo Ari Piccioni, una turista argentina.

“¡Está increíble! Es así como un hito para los mexicanos y los extranjeros que vienen a ver la ciudad y el país y que se empapen un poco de nuestra cultura”, afirmó el tatuador Pablo Cartagena.

La apertura del mercado mexicano representa una nueva oportunidad para la carne paraguaya, que inicialmente buscará ingresar con cortes delanteros hacia fin de año, aunque las posibilidades comerciales podrían ampliarse conforme avancen las negociaciones con los importadores.

El gerente de la Cámara Paraguaya de la Carne (CPC), Daniel Burt, destacó a La Nación/Nación Media que se trata de un destino de gran capacidad y con oportunidades aún por explorar para la industria nacional. “Es un mercado inmenso donde Paraguay no tiene una tradición exportadora. Está todo un mundo por descubrir ahí para la carne paraguaya. Así es que realmente muy entusiasmados de poder ir a México y poder empezar a pisar fuerte en este mercado”, afirmó.

En ese sentido, señaló que los primeros envíos se realizarían antes de finalizar este 2026, aunque las cargas llegarían a destino recién el próximo año, debido a los tiempos que requiere el transporte (30 a 45 días). En una primera etapa, se prevé exportar cortes delanteros, aunque la composición de los embarques dependerá de las condiciones comerciales que se lleguen a cerrar.

“No hay una regla general para enviar cortes. En esta primera instancia se van a exportar cortes delanteros, pero todo depende del comercio. Hay que ir corte por corte, temporada por temporada, es un tema muy volátil”, indicó Burt.

Como referencia inicial, el sector espera alcanzar unas 10.000 toneladas de exportación en 2027. Sin embargo, aclaró que la habilitación no necesariamente implicaría un incremento en el volumen total de las ventas, sino que permitirá contar con otro destino para colocar la producción en condiciones comerciales más favorables.

En cuanto a las cuotas disponibles, Paraguay dispone de una plaza compartida de 70.000 toneladas con los países del Mercosur, bajo el mecanismo de primero llegado, primero servido. Una vez completado ese cupo, se aplican aranceles del 20 % para los cortes enfriados y del 25 % para los congelados, condiciones que regirán para los ingresos a partir del próximo año.

Aunque la competencia en el mercado mexicano siempre será con Brasil, Paraguay deberá disputar espacio con los distintos países productores de carne, entre ellos Argentina, Uruguay, Estados Unidos y otras naciones de Centroamérica, dijo.

• Jimmi Peralta
• Fotos: Gentileza

Como otros aspectos de la sociedad que se ubican por tradición en las fronteras del fuero privado y del público, el derecho del niño a tener una familia, como es concebida actualmente la adopción, está minado de silencios, prejuicios, desconocimientos, informalidades y una burocracia que, si bien busca garantizar este derecho, carece muchas veces de los recursos para hacerlo con la diligencia y cuidado necesarios.

La Dra. María Eugenia Giménez de Allen, exmagistrada del fuero de la Niñez y Adolescencia, empieza aclarando que “la adopción no tiene por finalidad proporcionar un hijo a quienes desean ser padres, sino garantizar una familia a un niño que necesita de ella”.

Por ello, es necesario comprender la naturaleza jurídica, social y procedimental de la adopción, además de valorar la coyuntura institucional actual. Según explica la Dra. Andrea Cristina Vera, históricamente la figura jurídica de la adopción nace como una institución al servicio del adoptante, en principio vinculado a sus fines religiosos y económicos. Recién “cuando el niño empieza a ser visto como persona” (sujeto pleno de derechos), esto cambia hasta que actualmente se dice que “se busca una familia para un niño, no un niño para una familia”.

En los últimos años se dieron cambios en el marco normativo, además de modificar a través de leyes las formas y procedimientos. “El cambio normativo no eliminó la mirada adultocéntrica en la práctica. El vínculo afectivo que el niño genera en quienes lo cuidan puede llevar a su apropiación, como si fuera un botín a la hora de aplicar las reglas”, explica Vera.

La adopción se constituye a través de una sentencia judicial en virtud de la cual se establece un vínculo paterno-filial entre el niño, niña o adolescente y sus padres adoptivos, asumiendo los derechos y obligaciones derivados de la relación paterno-filial.

La adopción se rige legalmente por principios rectores como el interés superior del niño, del derecho a vivir y desarrollarse en una familia, de la prioridad de la familia de origen, de la no discriminación por razones económicas, del derecho a la identidad, del derecho del niño a ser escuchado y de otorgar su consentimiento, y del principio de excepcionalidad, subsidiariedad y celeridad.

En el estadio preventivo, “el Estado debe diseñar políticas públicas que permitan que el niño permanezca en su familia y eliminar las causas que vulneran sus derechos antes de que deba ser separado”, explica Vera, citando también acciones que deberían estar cronológicamente antes del surgimiento de esta realidad, como políticas de fortalecimiento familiar, mantenimiento de vínculo obligatorio, protocolo para madres que piensan en entregar a su hijo, asistencia económica, entre otros.

La aprobación de Ley 6486/2020 significó una actualización del marco nacional y fijó cuestiones como guarda preadoptiva solo dentro del juicio, programa de acogimiento familiar (asistencia económica, revisión judicial, prioridad), plazos máximos para cada proceso, edad de consentimiento para propia adopción (8 años), orden de prelación para las familias, entre otros.

“La nueva legislación no se limita a regular el juicio de adopción. Establece un sistema más amplio de protección del derecho a vivir en familia, que comprende la prevención de la separación familiar, las medidas de cuidados alternativos, la búsqueda y localización de familiares, el mantenimiento de vínculos y, cuando corresponda, la declaración judicial de adoptabilidad”, señala Giménez de Allen.

Esta nueva normativa ha creado la Dirección General de Cuidados Alternativos (DICUIDA), cuya función mas importante es la de tener a cargo el periodo de mantenimiento de vínculo, función que anteriormente correspondía al Centro de Adopciones en la anterior legislación.

El Centro de Adopciones continúa existiendo, y tiene a su cargo la evaluación y acreditación de postulantes, la administración del registro correspondiente y la selección y propuesta de personas idóneas para adoptar.

“El problema central siempre fue el tiempo de espera del niño. Con la Ley 1136/97 se debía a un procedimiento sin plazos; con la Ley 6486 se debe a que no hay recursos para cumplir los plazos que ahora existen”, explica la exmagistrada.

“La espera daña al niño. La búsqueda de la familia de origen es un derecho del niño, pero su lentitud, por falta de personal y de tiempo, lo deja en abrigo o en una familia acogedora por períodos prolongados. Eso produce los efectos de la institucionalización o crea vínculos afectivos que después afectan al niño y a las familias. La solución es hacer eficiente la búsqueda, nunca recortar el derecho”, agrega.

La nueva legislación establece plazos para cada etapa del procedimiento, lo que oscilaría como tiempo máximo entre 8 a 11 meses en los papeles, pero la práctica se aleja de lo establecido en los papeles.

“Una legislación que establece plazos breves no garantiza por sí sola la celeridad. Es necesario que las instituciones cuenten con recursos humanos, equipos interdisciplinarios y mecanismos efectivos de coordinación. No basta con legislar, debemos dotar presupuestariamente a los órganos involucrados para poder cumplir las funciones que les son asignadas en tiempo y forma”, sentencia Giménez de Allen.

Por su parte, la Dra. Vera agrega que no hay estadísticas públicas sobre la duración promedio de los procesos. El sistema informático previsto en el Art. 101 de la ley, que debía publicar el cumplimiento de plazos cada trimestre, no ofrece esos reportes. El anecdotario más extremo de casos muestra ejemplos donde los plazos superaron los 10 años.

El cumplimiento general de los procedimientos legales necesarios para el respeto del derecho del niño a una familia blindaría de cuestiones como las adopciones informales, el tráfico de niños, la separación por pobreza, entre otros.

“En 2023 había unos 850 niños en abrigo y apenas 70 familias acogedoras; el MINNA informó en octubre de 2026 que ya son más de 1.000. El problema no es la cantidad de niños adoptables, sino la falta de familias para niños grandes o con necesidades especiales”, refiere Vera.

Los actores que forman parte del proceso de adopción no están ajenos a concepciones cargadas de prejuicios y eso se expone no solo en los adoptantes que prefieren bebés o ven a la familia de origen como amenaza, sino también en los funcionarios y en la sociedad. Muchas veces se confunde pobreza con negligencia de la familia o se ve a la adopción como una beneficencia a la que se debe rendir pleitesía.