El afamado productor argentino, Bizarrap, se suma al pedido de justicia por el caso de Fernando Báez. Este miércoles pasado finalizó la octava jornada de la audiencia sobre el asesinato del joven por parte de rugbistas en el año 2020. En consecuencia, BZRP en medio de la promoción de su nueva music sessions con Shakira aprovechó la atención de su público para levantar la voz por Baéz.
Este miércoles último, el productor argentino estrenó su sessions número 53 en colaboración con la cantante colombiana Shakira, por lo mismo las redes del artista de 24 años se encontraban colmadas de la promoción a la canción que aparentemente es una “tiradera” para Gerard Piqué, la expareja de la colombiana.
Por lo que los fanáticos de BZRP no esperaban una publicación diferente, como la que brindó al caso de Fernando Báez este jueves en horas de la mañana. El productor compartió por una historia de un relato en primera persona de cómo murió Báez, esta publicación lo acompañó el hashtag Justicia por Fernando.
De esta manera el artista del vecino país da visibilidad al caso que sigue en juicio y se suma a los otros famosos argentinos que han empleado sus redes para pedir justicia para Báez.
El crimen ocurrió hace 3 años en Villa Gesell y son ocho los imputados del caso. Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Luciano Pertossi. Más de 500 mil firmas se juntaron pidiendo a la justicia argentina cadena perpetua para los responsables.
Fernando Báez fue hijo de padres paraguayos, murió a los 18 años, a causa de múltiples golpes luego de ir a una discoteca. Los responsables incluso grabaron el hecho y al finalizar su ataque contra el joven, se retiraron a comer hamburguesas en la madrugada del 18 de enero del 2020.
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Crimen de Pecci: Fiscalía no tiene hechos para investigar a Cartes, afirma Rolón
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández afirmó que el Ministerio Público no tiene hechos o evidencias para investigar al expresidente de la República, Horacio Cartes, en el caso del asesinato del agente fiscal de la Unidad contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, registrado en la isla de Barú (Colombia), el 10 de mayo del 2022.
“El hecho penal actual es de actos, nosotros investigamos hechos, todo lo que surja de los hechos nos interesa, no hacemos una persecución simplemente antojadiza contra A o B persona o porque hay una opinión periodística que lo diga. Necesitamos los hechos”, sostuvo Rolón, este miércoles, en una conferencia de prensa desde el Congreso Nacional, tras su comparecencia en una sesión reservada en el Senado.
Rolón fue convocado por la Cámara Alta, principalmente por requerimiento de los parlamentarios de la oposición con la finalidad de brindar detalles sobre el avance de las investigaciones en Paraguay, para capturar al autor o los autores intelectuales del crimen de Pecci.
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Cooperación con Colombia
“Las personas (responsables morales del asesinato) deben surgir con la identidad propia de los hechos, la información que se procesa. No tengo evidencias de que se dirijan a esa persona (Cartes). Estoy investigando evidencias, procesando evidencias con este equipo de trabajo. Hay una recompensa de USD 5 millones de dólares y no conozco a nadie que esté anotado para dar algún dato”, sentenció.
Por otra parte, volvió a argumentar que el cambio reciente de autoridades en el Ministerio Público de Colombia dificulta el proceso de cooperación para el intercambio de información con la fiscalía paraguaya. Recordó que en nuestro país se abrió una carpeta fiscal recién hace 7 meses, y que algún retraso en las pesquisas debe reclamarse a Colombia, donde ocurrió el crimen.
“La cooperación internacional está varada actualmente. Todas las vías vamos a intentar”, manifestó asegurando que continuarán insistiendo ante la Fiscalía colombiana para acceder a datos. Asimismo mencionó que no siente que esté contaminado el proceso abierto en nuestro país y remarcó que su gestión se encuentra marcada por el Estado de Derecho.
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Trump decidió no testificar en su juicio
El expresidente Donald Trump decidió no testificar en su juicio por falsificación de registros contables en Nueva York, que ayer martes concluyó su etapa de testimonios y se aproxima a un veredicto. Después de unas cinco semanas, 19 testimonios, cientos de documentos y hasta declaraciones de contenido sexual explícito, el primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos se acerca a su fin.
“Creo que se ha montado un gran caso... debería ser descartado incluso antes de llegar a un veredicto”, dijo Trump afuera de la corte este martes pasado. “Es muy triste. Pero la buena noticia es que no han probado el caso. No hay delito”, añadió el republicano, quien aspira a volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre.
El juez Juan Merchan anunció que a partir de la próxima semana se dará paso a los alegatos finales y comenzará la deliberación de los jurados. “El martes (próximo) escucharán los alegatos” de la defensa y de la fiscalía, “y espero que comiencen a deliberar” al día siguiente, dijo Merchan a los jurados. El jurado debe decidir si Trump es culpable, más allá de toda duda razonable, de 34 falsificaciones contables relacionadas con el pago de 130.000 dólares a la exactriz porno Stormy Daniels, para comprar su silencio y evitar un posible escándalo sexual al final de la campaña presidencial de 2016.
La actriz, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, asegura haber mantenido una relación sexual con Trump en 2006, cuando él ya estaba casado con su actual esposa Melania. Donald Trump lo niega. Antes de que comenzara el juicio, el 15 de abril, Trump, de 77 años, había asegurado que testificaría para “decir la verdad”. Pero finalmente no lo hizo, como predijeron muchos expertos, probablemente para evitar un contrainterrogatorio despiadado de la fiscalía.
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Veredicto por unanimidad
Aunque el juicio no está siendo transmitido en vivo por TV debido a la ley neoyorquina, el inminente veredicto representa un momento delicado para Trump, que enfrentará nuevamente al demócrata Joe Biden en las urnas en menos de seis meses. La decisión del jurado debe ser unánime, tanto para absolverlo como para condenarlo, de lo contrario el juicio es anulado. Si fuera condenado, Trump aún podría postularse a la presidencia.
Los interrogatorios acabaron este martes con el segundo testigo de la defensa, el abogado Robert Costello, un veterano de los tribunales que la víspera cuestionó la versión del principal acusador, el exabogado personal y hombre de confianza de Trump, Michael Cohen. Costello, que había empezado a declarar el lunes, hizo salir de sus casillas al juez Merchan, por lo que fue amonestado y llamado al orden. “Tenemos un juez que es extremamente... digamos complicado, pero también en conflicto”, dijo Trump el martes.
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Contenido sexual explícito
A lo largo del proceso, los abogados de Trump han buscado desacreditar al exabogado Cohen, retratándolo como un exempleado despechado que busca venganza. Cohen incriminó directamente a su antiguo jefe, afirmando que él se hizo cargo del pago a Daniels y Trump aprobó su reembolso. Para la acusación, la cuestión central es que se camufló esa transferencia como “gastos legales” en las cuentas de la Organización Trump.
La defensa del expresidente, por su parte, hizo hincapié en el historial Cohen, quien fue condenado a tres años de cárcel en 2018 por mentir al Congreso y fraude electoral y fiscal por este caso. El juicio intercaló momentos más técnicos y otros más efervescentes, sobre todo con el testimonio de la exactriz porno Daniels, que contó con lujo de detalles el supuesto encuentro sexual con el mandatario, revelando desde la ropa que llevaba, la posición sexual y que no usó preservativo.
Otro testigo cuya versión coincide con la de Cohen fue la de David Pecker, el otrora editor de tabloides que aseguró haber trabajado con Trump y Cohen para suprimir la cobertura negativa del aspirante a la Casa Blanca durante su primera campaña y comprar el silencio de otros denunciantes.
Trump sostiene que el proceso tiene un cariz político y se quejó en varias ocasiones de que la obligación de comparecer a las audiencias en la corte de Nueva York le está impidiendo hacer campaña. No me “permiten hacer nada de política, porque he estado sentado en una sala fría y oscura (del tribunal) las últimas cuatro semanas. Es muy injusto”, afirmó a periodistas el lunes.
Fuente: AFP.
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Assange logra nueva apelación en una saga judicial de 14 años
La justicia británica acordó el lunes pasado a Julian Assange la posibilidad de apelar contra su extradición a Estados Unidos, al que pedía garantías sobre el trato que recibiría el fundador de Wikileaks. El 26 de marzo los jueces británicos pidieron a las autoridades estadounidenses que garantizasen que el australiano, de 52 años, podría acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no sería condenado a la pena de muerte.
Pero las garantías presentadas por Estados Unidos, en el primero de los puntos, no lograron convencer este lunes a los dos magistrados del Tribunal Superior de Londres, después de que la justicia hubiera concedido la extradición a Estados Unidos en junio de 2022. Edward Fitzgerald, abogado defensor, aceptó las garantías del gobierno estadounidense de que Assange no sería condenado a la pena de muerte, pero cuestionó si su cliente podría confiar en la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana, que cubre la libertad de expresión y la libertad de prensa.
James Lewis, que representaba al gobierno de Estados Unidos, dijo que la conducta del australiano “simplemente no estaba protegida” por la Primera Enmienda. Según Lewis, esta Primera Enmienda no se aplica a nadie “en relación con la publicación de información de defensa nacional obtenida ilegalmente, indicando los nombres de fuentes inocentes por su grave e inminente riesgo de daño”.
Assange, que no estuvo presente en la audiencia por su delicado estado de salud, se enfrenta en Estados Unidos a 175 años de prisión por publicar desde 2010 más de 700.000 documentos clasificados sobre actividades militares y diplomáticas estadounidenses, particularmente relacionadas con Irak y Afganistán. Los abogados defensores se abrazaron cuando los jueces anunciaron el fallo.
“Este día marca un punto de inflexión”, afirmó la mujer del australiano, Stella, tras conocer el fallo, añadiendo después que habló con Assange en prisión, quien le trasladó que estaba “aliviado” por el fallo, después de una noche de insomnio. “Hoy es una muy buena señal. Creo que el gobierno estadounidense debería tomar esto como un momento para abandonar el caso y simplemente ponerle fin, para distanciarse de este terrible proceso que esta administración no inició”, añadió Stella Assange.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indicó recientemente que Estados Unidos estaba considerando una solicitud de Australia para retirar los cargos. Amnistía Internacional calificó el fallo como “una rara noticia positiva para Julian Assange y todos los defensores de la libertad de prensa”. El “intento de Estados Unidos de procesar a Assange pone en riesgo la libertad de prensa en todo el mundo. Ridiculiza las obligaciones de Estados Unidos según el derecho internacional y su compromiso declarado con la libertad de expresión”, afirmó Simon Crowther, asesor jurídico de Amnistía.
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Revelaciones y orden de detención
En julio de 2010, la prensa mundial publica 70.000 documentos confidenciales sobre las operaciones de la coalición internacional en Afganistán, difundidos por la página Wikileaks. En octubre se publican 400.000 informes sobre la invasión estadounidense de Irak y, un mes después, el contenido de 250.000 cables diplomáticos estadounidenses.
El 18 de noviembre Suecia lanza una orden de detención europea contra Assange como parte de una investigación por violación y agresión sexual a dos mujeres en agosto de 2010. El australiano asegura que fueron relaciones consentidas. Assange, que estaba en Londres, se entrega a la policía británica el 7 de diciembre. Queda detenido nueve días y luego bajo arresto domiciliario. En febrero de 2011, un tribunal valida la solicitud de extradición a Suecia. El australiano teme ser entregado desde allí a Estados Unidos y enfrentarse a la pena de muerte.
Refugiado en la embajada de Ecuador
El 19 de junio de 2012, Assange se refugia en la embajada ecuatoriana en Londres y solicita asilo político. Ecuador, presidido por Rafael Correa, concede el asilo en agosto y pide a las autoridades británicas, sin éxito, un salvoconducto para que el fundador de Wikileaks pueda viajar a Quito.
Assange se quedará recluido en la embajada durante casi siete años. El 2 de abril de 2019, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno, afirma que Assange violó el acuerdo sobre sus condiciones de asilo y nueve días después el australiano es detenido en la embajada por la policía británica.
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Investigación por violación
Inmediatamente, la abogada de la mujer que acusa a Assange por violación en Suecia anuncia el pedido de reapertura de la investigación, archivada en 2017. Los hechos concernientes a la otra demanda, por agresión sexual, habían prescrito en 2015.
El 23 de mayo de 2019, la justicia estadounidense, que ya lo acusaba de “piratería informática”, lo inculpa por otros 17 cargos en virtud de las leyes antiespionaje. Assange es pasible de 175 años de cárcel. El 21 de octubre, el fundador de Wikileaks aparece en persona por primera vez en el juzgado de Westminster, confuso y balbuceando. El 19 de noviembre de 2019, la fiscalía sueca anuncia el abandono de la investigación por violación, por falta de pruebas.
Vista de extradición
El 24 de febrero de 2020, la justicia británica empieza a examinar la solicitud de extradición estadounidense, postergada a causa de la pandemia. La abogada Stella Morris, pareja de Assange, advierte que en Estados Unidos podría ser “condenado a muerte”.
El 4 de enero de 2021, la jueza Vanessa Baraitser rechaza la solicitud, considerando que las condiciones de encarcelamiento en Estados Unidos podrían entrañar riesgo de suicidio. La justicia británica decide mantenerlo en detención.
Anulación del rechazo a la extradición
El 12 de febrero de 2021, Washington apela la denegación de extradición y al iniciarse la audiencia en octubre, el abogado de Estados Unidos niega que haya riesgo de suicidio y afirma que, de ser extraditado, Assange no sería recluido en la prisión de alta seguridad especial ADX en Florence (Colorado), que recibiría la atención médica y psicológica necesaria y que podría solicitar cumplir su sentencia en Australia.
El 10 de diciembre, el Tribunal Superior de Londres anula el rechazo a la extradición, por considerar que Estados Unidos había brindado garantías sobre el trato que le sería brindado al fundador de WikiLeaks. La defensa de Assange presenta un nuevo recurso.
Recurso contra la extradición
El 14 de marzo de 2022, el Tribunal Superior Británico rechaza ese recurso. El 20 de abril, el tribunal de Westminster Magistrates de Londres emite formalmente una orden de extradición. El 17 de junio, la ministra del Interior británica, Priti Patel, firma el decreto de extradición, que Assange apela.
El 20 y 21 de febrero de 2024 se desarrolla el juicio en Londres para examinar el recurso contra la extradición. El 25 de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Londres anuncia que al día siguiente dirá si acepta el recurso de Assange.
Nuevas garantías
El 26 de marzo, la justicia británica pide a Estados Unidos nuevas garantías sobre el trato que reservaría a Assange si es extraditado. Los magistrados británicos pidieron garantías de que el australiano podría acogerse a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de expresión, y que no sería condenado a muerte. El 20 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Londres, tras examinar las garantías concede a Assange una nueva apelación a su extradición.
Fuente: AFP.
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Chicana impidió juicio oral de Laura Villalba, hermana de integrante del EPP
Se suspendió una vez más el juicio oral y público para Laura Villalba Ayala, hermana de la condenada integrante del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), Carmen Villalba, quien está acusada por terrorismo, asociación terrorista, resistencia y detentación de armas y producción de riesgos comunes.
La defensa de la acusada Villalba recusó al tribunal de sentencia, integrado por María Luz Martínez, Federico Rojas y Dina Marchuk. Ahora, los citados magistrados deberán elevar su informe al tribunal de apelación que deberá decidir si corresponde confirmar a los tres jueces de sentencia para seguir en el presente proceso penal.
Una vez que se destrabe el presente proceso, el tribunal de sentencia tendrá que fijar nuevamente la fecha para el desarrollo de la audiencia oral y pública. Igualmente el Ministerio Público pidió que se aplique sanción a los abogados que presentaron la recusación debido a que es al solo efecto de dilatar el desarrollo del juicio oral.
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Antecedentes
De acuerdo con datos de la investigación, Villalba Ayala ingresó al país procedente de la Argentina el 21 de diciembre del 2019 a fin de integrarse a las filas del grupo criminal que opera en la zona norte del país por pedido de los líderes, quienes desde la clandestinidad, por diversos medios hicieron saber de esto a los familiares radicados en la Argentina.
Del poder de la mujer se incautaron de dinero en efectivo (dólares y guaraníes), documentos de identidad de dos menores de edad, quienes serían hijas gemelas de Carmen Villalba y Alcides Oviedo, también varias tomas fotográficas impresas plastificadas de menores de edad, imágenes satelitales y cartográficas del Cerro Sarambi, Cerro Guazú y Estancia Cagatá, ubicados en la zona limítrofe entre los departamentos Concepción y Amambay, zona de influencia del EPP.
El informe de la Fiscalía indica además que de estas evidencias se pudieron observar montos con relación a pasajes, provistas, así como un listado para ensamblaje de explosivos caseros con los costos respectivos para la compra de insumos. También anotaciones con códigos que podrían guardar relación con posibles lugares con determinadas cantidades de ganado vacuno.
Así también, Villalba Ayala, en el momento de su detención, contaba con un arma de fuego tipo pistola, marca Taurus modelo PT99AFS calibre 9 mm, color plateado, con número de serie TOH 15936 de fabricación brasileña, la cual fue utilizada en dos hechos criminales. El primero, secuestro y homicidio doloso ocurrido el 25 de enero del 2015 en la estancia Santa Lucía del distrito de Yby Yaú, y del cual resultaron víctimas fatales Robert Natto y Erika Reiser de Natto; y en el segundo homicidio doloso y producción de riesgos comunes ocurridos el 27 de agosto del 2016.
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