Ciudad del Este. Agencia Regional.

Hace seis meses fue denunciado el abuso sexual de tres niños, cometidos supuestamente por el tío de las víctimas, en el distrito de Presidente Franco. El jueves, el fiscal Alberto Torres acusó y pidió juicio oral de un hombre de 50 años por los hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y violación.

Los actos violentos se habrían desarrollado de forma sistemática desde principios del año 2025 hasta diciembre de ese mismo año, en un inmueble ubicado en la Colonia San Isidro de Domingo Martínez de Irala. De acuerdo al escrito fiscal, el hoy acusado comenzó a perseguir y manosear las partes íntimas de su sobrina, quien en ese momento tenía 13 años de edad.

En fecha 13 de mayo de 2025, el acusado fue a la casa de la menor, la persiguió, la acosó sexualmente y a la fuerza le tocó sus partes íntimas, para luego someterla sexualmente. Posteriormente, la amenazó diciéndole que si contaba a alguien lo sucedido, iba a acabar con la vida de sus hermanitos y de su madre.

Las agresiones siguieron y el tío tomaba fotografías de las partes íntimas de la víctima, la amenazaba con publicarlas en las redes sociales y le entregó como regalo un aparato celular.

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Posteriormente, el 23 de noviembre del año 2025, el sospechoso atacó a una segunda sobrina, de apenas 11 años de edad, hermana de la primera víctima, quien trabajaba como ayudante de limpieza en la vivienda del acusado.

Cuando la empezó a tocar a la fuerza a la niña, ella reaccionó forcejeando y logró zafarse, pero su tío la amenazó con asesinar a sus hermanos y a su madre si contaba lo ocurrido, hechos que se repitieron en varias oportunidades.

El acusado llegó a violentar a un tercer sobrino, un niño de 8 años de edad, a quien le prometió comprar una bicicleta si no contaba a nadie lo sucedido. Sin embargo, finalmente, las víctimas confesaron las agresiones y la familia formalizó la denuncia.

Como elementos probatorios, la Fiscalía presentó las testimoniales, la entrevista en la cámara Gesell como anticipo jurisdiccional de pruebas, informes de contención psicológica practicada a las víctimas, así como los dictámenes médicos y la evaluación socioambiental.

Asimismo, se incorporó el informe de extracción de datos del aparato celular obsequiado y un CD con registros fotográficos y notas de audio del procesado con una de las víctimas. En estos elementos están sustentados la acusación y el pedido de juicio.

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Un tribunal español ordenó que la esposa del jefe del gobierno, Pedro Sánchez, sea juzgada por corrupción y le prohibió salir del país, según un auto judicial publicado este sábado. La decisión ahonda en el abanico de escándalos judiciales en la familia y el entorno del mandatario de izquierdas, que amenazan la supervivencia de su precario gobierno en minoría. En el último mes se sumó la investigación por presunto tráfico de influencias de su antecesor socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, una figura emblemática de la izquierda española y muy afín a Sánchez.

El caso de su esposa, Begoña Gómez, gira en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que codirigió ella y sobre el supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para promover intereses privados. El juez encargado del caso, Juan Carlos Peinado, ordenó a Gómez que entregue su pasaporte y se presente ante las autoridades dos veces al mes hasta que se dicte veredicto en el caso, según la resolución divulgada este sábado.

El tribunal señala que se informará “a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares” para evitar que Gómez incumpla con esa resolución.

El auto judicial no fija una fecha para la celebración del juicio.

En abril, el juez había acusado formalmente a la esposa de Sánchez por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos.

“La cátedra sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la persona investigada”, escribió el juez en esa resolución.

La investigación comenzó en abril de 2024 a raíz de una denuncia de un grupo anticorrupción con vínculos con la extrema derecha.

“Hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia”, reaccionó en la red social X el ministro de Justicia, Félix Bolaños. “Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo”, agregó.

Para justificar su decisión de prohibir a Gómez salir del país, Peinado rechaza el argumento de que los agentes de policía que habitualmente brindan protección a Gómez impedirían que huyera.

En su auto de 84 páginas, el juez señala que “esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” ser “quienes colaboren en la acción o acciones que se llevan a cabo para facilitar esa fuga”.

Tras conocerse el caso, Sánchez suspendió sus obligaciones públicas durante unos días para reflexionar si se mantenía o no en el cargo.

Tanto él como Gómez, de 55 años, rechazan las acusaciones y niegan cualquier irregularidad.

El jefe del gobierno socialista enmarca el caso en una campaña de la derecha para socavar su gobierno en minoría, que se sustenta en precarios acuerdos en un Parlamento muy fragmentado.

Los partidos de la oposición de derecha han pedido su dimisión y la convocatoria adelantada de elecciones, previstas en principio para el próximo año.

Sánchez, que tituló su biografía como “Manual de resistencia”, descarta dimitir y se muestra convencido de poder agotar su mandato.

Sin embargo, la situación es delicada para el socialista, que alcanzó el poder en 2018 tras una moción de censura presentada contra su predecesor, el conservador Mariano Rajoy, precisamente a raíz de los casos de corrupción en su partido.

La presión aumentó tras el escándalo de Zapatero, jefe del gobierno entre 2004 y 2011, investigado por tráfico de influencias relacionado con el presunto cobro de comisiones por el rescate de la pequeña aerolínea Plus Ultra en 2021.

El exdirigente ha negado también las acusaciones y Sánchez ha reiterado en repetidas ocasiones su “confianza” en la inocencia de su mentor.

Además de su esposa, el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, ha sido juzgado en las últimas semanas por un presunto trato de favor para obtener un cargo público. Y en abril, quien fuera mano derecha de Sánchez y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue juzgado por presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos.

Fuente: AFP.

Un acompañante terapéutico que asistió a Diego Maradona semanas antes de su muerte declaró que el entorno del astro del fútbol ejercía “manipulación” para condicionar con quién hablaba durante su internación domiciliaria, en el juicio que se sigue en Argentina por su muerte en 2020. “Había manipulación, vi manipulación telefónica”, dijo ayer martes Carlos Cottaro, que acompañó a Maradona en parte de la internación domiciliaria que precedió la muerte del ídolo en 2020.

Cottaro señaló que el secretario de Maradona, Maximiliano Pomargo, condicionaba “si las hijas lo podían ver o no”. “Le sonaban los teléfonos a Diego y los agarraban y la comunicación no pasaba”, dijo Cottaro en referencia a Pomargo y sus asistentes. Pomargo no está imputado en el juicio por la muerte del ídolo, que busca responsabilidades en siete profesionales de la salud que atendieron al exfutbolista durante la internación domiciliaria, de la que se cuestiona tanto la pertinencia como las condiciones.

En coincidencia con otros testigos, Cottaro señaló que la casa donde estuvo internado Maradona tras someterse a una neurocirugía estaba sucia y carecía de elementos médicos esenciales. Maradona había sido operado el 3 de noviembre de 2020 por un hematoma subdural. Días después fue trasladado a una casa en Tigre, al norte de Buenos Aires, donde murió el 25 de noviembre a los 60 años por un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio.

En la audiencia del martes, declararon además tres imputados, entre ellos el médico clínico Pedro Di Spagna, que lo hizo por primera vez. Di Spagna, que visitó a Maradona en dos oportunidades en su casa, dijo que fue la representante de la empresa de medicina privada quien le pidió que ya no volviese para el seguimiento del paciente.

Médicos, enfermeros y un psicólogo parte de ese equipo de salud enfrentan una acusación de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía causar la muerte del exfutbolista.

Además del equipo de siete profesionales de la salud, una octava persona, una enfermera, será juzgada aparte. Los implicados enfrentan penas de hasta 25 años de prisión. Todos claman inocencia. El proceso se realiza en dos audiencias semanales y se espera que se extienda al menos hasta julio.

Fuente: AFP.

Un tribunal de Oslo condenó este lunes a cuatro años de prisión a Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera de Noruega, tras declararlo culpable de dos violaciones y absolverlo de otras dos, en un caso que ha vapuleado a la monarquía del país nórdico. Además de las dos violaciones —una de ellas cometida en 2018 en la residencia oficial de su madre y del príncipe heredero—, la condena incluye maltrato repetido contra una expareja, amenazas e infracciones de tráfico.

Hoiby, de 29 años, hijo de una relación anterior de Mette-Marit antes de casarse con el príncipe Haakon, se enfrentaba a 40 cargos y a una pena máxima de 16 años de prisión. Sin cargo oficial ni profesión fija, siempre negó las acusaciones más graves, las violaciones a cuatro mujeres que no podían resistirse, así como el maltrato repetido a una expareja.

Por motivos de salud no especificados, Hoiby, en prisión preventiva desde febrero, no estuvo presente durante la lectura del veredicto, que siguió por videoconferencia desde la cárcel. La fiscalía había solicitado siete años y siete meses de prisión, mientras que la defensa pedía su absolución en los cargos de violación y una pena de año y medio por otros delitos.

Hoiby había reconocido algunos cargos, como el transporte de 3,5 kg de marihuana, lesiones físicas y amenazas.

El juicio, celebrado entre el 3 de febrero y el 19 de marzo, expuso a la luz pública la vida de excesos del joven, que saltó a la esfera pública con solo tres años debido al romance entre Mette-Marit y Haakon.

“Soy conocido sobre todo como el hijo de mi madre, no por otra cosa. Por eso he tenido una necesidad extrema de reconocimiento toda mi vida”, declaró el segundo día del juicio. “Y eso se ha traducido en mucho sexo, muchas drogas y mucho alcohol”, añadió.

Según la acusación, las violaciones se cometieron entre 2018 y 2024 tras fiestas en las que Hoiby había consumido alcohol y estupefacientes.

En cada caso, tras las relaciones sexuales consentidas, se habrían producido otros actos ilegales cuando las jóvenes parecían estar dormidas.

El debate judicial se centró en el estado de conciencia de las presuntas víctimas y en lo que Hoiby podía percibir en el momento de los hechos. En su alegato, el fiscal Sturla Henriksbo describió a un acusado “que se cree que todo le está permitido”.

A pesar de sus explicaciones confusas y sus lagunas de memoria, Hoiby insistió en que no tenía “por costumbre mantener relaciones sexuales con mujeres que duermen”.

También denunció la presión mediática, que, según él, lo había convertido en “un monstruo”, “objeto del odio de toda Noruega”.

El caso salió a la luz el 4 de agosto de 2024, cuando Hoiby fue detenido por supuestamente haber agredido a su pareja la noche anterior en un barrio rico de Oslo. La prensa publicó entonces una foto de un cuchillo clavado en una pared y una lámpara rota en el suelo. Otra mujer, la influencer Nora Haukland, afirmó más tarde haber sufrido también violencia física y psicológica, un “régimen de terror”, según la acusación.

Durante el juicio, Hoiby reconoció que los celos podían hacerle perder el control. Fue al analizar sus teléfonos y ordenadores cuando los investigadores encontraron vídeos que, según ellos, documentaban las violaciones.

Aunque Hoiby no forma parte oficialmente de la familia real, este caso ha contribuido a debilitar el apoyo de la opinión pública a la monarquía noruega, que, no obstante, sigue siendo relativamente alto.

Este caso se suma a otros escándalos, como las recientes revelaciones sobre la correspondencia mantenida entre Mette-Marit y el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014, cuando el financiero estadounidense ya había sido condenado por solicitar servicios de prostitución a una menor.

La princesa, de 52 años y afectada por una enfermedad pulmonar incurable, ha visto cómo su estado de salud se deterioraba notablemente en los últimos meses, hasta el punto de que los médicos la han incluido en una lista de espera para un trasplante.

Fuente: AFP.