En horas de la tarde de hoy se dio a conocer una nueva decisión del Tribunal Oral Criminal de Argentina sobre la condena que cumple el exjugador de fútbol Jonathan Fabbro. De los 14 años de prisión, el Tribunal resolvió elevar por 2 años más la pena por abuso sexual contra su ahijada menor de edad. El mismo se encuentra preso desde el 2019 y con la nueva disposición legal, pasará tras las rejas hasta finales del 2033.
A inicios de julio, La Sala III de la Cámara de Casación confirmó la condena impuesta a Fabbro en el 2019, además, fue condenado como violador porque la causa pasó de abuso a gravemente ultrajante, ya que el exfutbolista estaba encargado de cuidar a la menor. Además, se lo condenó por corrupción de menores agravada por la edad (menor de 13 años).
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El abogado defensor Federico Albano trató de invalidar la audiencia de fijación de la pena, así también, según el Clarín, la defensa de Fabbro podrá pedir algún beneficio como salidas transitorias a lo largo de su condena, pero no creen que sean viables por varios motivos.
Uno de ellos sería porque estas concesiones no están expuestas para agresores sexuales, pero hacen más énfasis a la conducta carcelaria de Fabbro: suma 6 sanciones desde que está detenido, y eso resta toda posibilidad de contar con “favores”, ya que el buen comportamiento es primordial para ello.
Cabe recordar que la sentencia realizada en agosto del 2019 fue llevada a cabo con cinco jornadas de juicio a puertas cerradas, para preservar la identidad de la niña y por pedido de Fabbro, que intentó mantenerse “a oscuras” durante todo el proceso.
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Revés judicial para el gobierno de Milei por recortes a fondos para universidades
La Corte Suprema de Argentina dejó firme este jueves una medida preventiva que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir la ley de financiamiento universitario, norma que el presidente había vetado al aducir que iba en contra de su política de austeridad fiscal.
El máximo tribunal rechazó un recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo contra la aplicación de la ley, de acuerdo al documento judicial.
El fallo de la Corte implica la actualización salarial a docentes desde diciembre de 2023 y la recomposición de becas estudiantiles que habían sido discontinuadas.
La ley, aprobada por el Congreso en agosto de 2025, fue vetada por Milei y ratificada después por el Parlamento en octubre del año pasado. Sin embargo, el Poder Ejecutivo nunca la aplicó.
La decisión de la Corte busca zanjar un conflicto que lleva más de dos años entre el gobierno y las universidades públicas, y que dio lugar a masivas manifestaciones en defensa de una mayor financiación para la educación superior.
“Fue un camino largo y difícil”, dijo en X Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), al celebrar que la sociedad “nunca renunció a la defensa de la universidad pública como principal motor de movilidad social”.
El gobierno se mantuvo en silencio. El Poder Ejecutivo había condicionado, por decreto, que el cumplimiento de la ley dependa de que el Congreso garantice cómo financiarla.
Un tribunal mantiene una causa abierta para resolver si ese decreto es constitucional, según un amparo colectivo presentado por las universidades.
El fallo de la Corte Suprema de este jueves obliga al Ejecutivo a cumplir la ley hasta tanto se resuelva esa cuestión de fondo.
A principios de junio la secretaría de Educación había propuesto un aumento salarial del 24,33 % a los docentes y la reposición de algunas partidas para gastos de funcionamiento.
Sindicatos docentes denunciaron que en los últimos dos años los salarios cayeron 40 % y se produjo la renuncia de cientos de profesores.
La última de cuatro marchas federales en defensa de la ley de financiamiento universitario tuvo lugar el 13 de mayo pasado, cuando una multitud se congregó frente a la Casa de Gobierno bajo la consigna “Milei, cumplí la ley”.
- Fuente: AFP
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Felicita Estigarribia: después de dos décadas, avanza el caso que conmocionó al país
La causa por el asesinato de Felicita Estigarribia, uno de los casos más emblemáticos de violencia contra la niñez en Paraguay, llegó finalmente a una instancia decisiva: 22 años después del crimen, el único acusado enfrentará un juicio oral y público por los hechos que estremecieron al país en 2004.
La apertura del juicio fue dispuesta por el juez Hilario Bustos, del Juzgado de Carapeguá, quien resolvió elevar la causa contra Fredy Antonio Florenciano Brítez, procesado por los presuntos hechos punibles de homicidio doloso y coacción sexual. La determinación representa un avance largamente esperado por los familiares de la víctima y por quienes durante años reclamaron justicia en un caso que marcó a toda una generación.
Durante la audiencia preliminar, las fiscalas María Isabel Arnold y Carina Sánchez, de la Unidad contra la Trata y la Explotación Sexual Infantil, ratificaron la acusación presentada por el Ministerio Público. Por su parte, la defensa del acusado se allanó a la acusación y no planteó incidentes, por lo que se dispuso la apertura del juicio oral. Las partes tendrán ahora un plazo de cinco días para comparecer ante el Tribunal de Sentencia que llevará adelante el proceso.
La resolución judicial llega después de más de dos décadas de espera, debido a que el principal sospechoso permaneció prófugo durante 21 años. Su detención, concretada el 9 de julio de 2025, permitió reactivar una investigación que durante mucho tiempo pareció destinada a quedar sin castigo.
Según la acusación fiscal, Felicita Estigarribia tenía apenas 11 años cuando fue asesinada el 31 de mayo de 2004. La niña se dedicaba a vender mandarinas en la ciudad de Yaguarón para ayudar a su familia. Aquel día salió de su casa como de costumbre, pero nunca regresó.
El caso generó una profunda conmoción nacional y se convirtió en un símbolo de la lucha contra el abuso y la explotación sexual infantil. En su memoria, cada 31 de mayo se conmemora en Paraguay el Día Nacional de Lucha contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes.
Con la elevación de la causa a juicio oral, la Justicia paraguaya se encamina a resolver uno de los expedientes más sensibles de las últimas décadas, en busca de una respuesta judicial que la familia de Felicita y la sociedad han aguardado durante más de veinte años.
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La economía argentina mantiene ritmo de crecimiento en el primer trimestre
La actividad económica argentina mantuvo su ritmo de crecimiento en el primer trimestre de 2026, con una suba de 2,3 % interanual, impulsado en gran parte por las exportaciones, según datos del instituto oficial de estadísticas.
El producto interno bruto (PIB) creció también en términos desestacionalizados respecto al cuarto trimestre del año anterior (+0,7 %), añadió el organismo.
Sin embargo, la evolución de la actividad económica muestra una fuerte disparidad de sectores.
El agro (+18,1 %), la pesca (+27,5 %), la minería (+12,3 %) y la intermediación financiera (+7,5), son los principales sectores que motorizaron el crecimiento económico de los primeros tres meses del año.
En contraste, los perdedores fueron la industria manufacturera (-1,7 %) y el comercio minorista (-0,3 %) entre otros.
Fuente: AFP
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España: exministro muy próximo a Pedro Sánchez condenado a 24 años de cárcel
El exministro de Transportes español José Luis Ábalos, figura clave en el ascenso Pedro Sánchez, fue condenado ayer lunes a 24 años de cárcel por corrupción, en un fallo que podría debilitar al presidente del Gobierno socialista en el tramo final de la legislatura. El Tribunal Supremo condenó a Ábalos por organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias, en un caso relacionado con la compra de mascarillas durante la pandemia de covid-19, informó el poder judicial en un comunicado.
Su mano derecha en el ministerio, Koldo García, fue condenado a 19 años por los mismos delitos. El tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, que ejercía de enlace entre los políticos y las empresas, fue condenado a 4 años y medio de cárcel, pero no ingresará en prisión por su colaboración con la justicia en este caso.
La sentencia es un revés para Sánchez, que se añade a otros quebraderos de cabeza judiciales, con su hermano recién juzgado por un caso de tráfico de influencias, su esposa Begoña Gómez a un paso de ir a juicio y privada de pasaporte también por tráfico de influencias, y con otro colaborador cercano, Santos Cerdán, también imputado por corrupción.
A ellos se suma la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno socialista muy afín a Sánchez, por haber influido presuntamente en el Ejecutivo a cambio de comisiones ilegales.
El líder de la oposición, el conservador Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular), pidió la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones.
“El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio” y “es indecente que siga un minuto más en la presidencia del Gobierno”, dijo a la prensa Feijóo. “De este colapso solo se sale convocando elecciones generales de forma inmediata”, sentenció el dirigente conservador.
“Organización criminal”
La sentencia del caso Ábalos “concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones que cometió graves delitos de corrupción”, informó el poder judicial en un comunicado.
“Considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama” y otros hechos, como los 10.000 euros mensuales que cobraba Ábalos de la trama o “la contratación de dos conocidas del exministro en empresas públicas”.
El tribunal destaca asimismo “el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción, que socava la arquitectura democrática del Estado”.
El exministro denunció durante el juicio un intento de “politizar” el caso y cargó contra la oposición conservadora, que presentó la denuncia inicial, por hacer un “uso torticero de la justicia”.
También rechazó las acusaciones de Aldama, quien había afirmado que la trama alcanzaba niveles superiores del poder político, mencionando al propio Pedro Sánchez, sin que este haya sido imputado.
La sentencia supone un duro golpe para el PSOE y el gobierno, que han tratado de marcar distancias con quien fue durante años uno de los principales artífices del ascenso de Sánchez al poder.
Desde su puesto como secretario de organización, el exministro fue el encargado de pilotar la moción de censura que en 2018 desalojó del poder al conservador Mariano Rajoy por una condena por corrupción a su partido.
Un momento delicado
El fallo llega en un momento políticamente delicado, con el ejecutivo en minoría parlamentaria, incapaz de aprobar presupuestos, y bajo presión por los diversos frentes judiciales que afectan a su entorno, cuando falta un año para que concluya la legislatura.
Pese a la condena, el horizonte judicial del exministro Ábalos no se cierra con esta sentencia. Otras líneas de investigación derivadas del mismo caso siguen abiertas en la Audiencia Nacional y podrían dar lugar a nuevos procedimientos en el futuro.
Para la oposición, la sentencia confirma la existencia de un entramado de corrupción en el corazón del gobierno socialista, mientras que desde el Ejecutivo se insiste en desvincular estos hechos de la actual dirección política. Con este fallo, la justicia española cierra de momento la primera gran pieza del llamado “caso Koldo”, pero deja abiertas múltiples derivadas que seguirán marcando la agenda política en los próximos meses.
Fuente: AFP.