• México. AFP.

El gobierno de México interpuso una demanda contra la productora del youtuber Mr. Beast, a la que acusa de usar la imagen de sitios arqueológicos del país para publicitar una marca de chocolates, anunció ayer jueves una entidad oficial. James Donaldson, nombre real de Mr. Beast y quien tiene 394 millones de suscriptores en la plataforma YouTube, grabó un video en vestigios mayas que acumula poco más de 56 millones de visitas desde el 10 de mayo pasado.

En el material titulado “Exploré templos de 2.000 años de antigüedad”, el influencer visita las ciudades históricas mayas de Calakmul, Chichen Itzá y Balamcanché, en el sureste de México. Al ingresar en el interior de una pirámide, dice: “No puedo creer que el gobierno nos permita hacer esto”, lo que generó críticas de varios usuarios, quienes señalaron que Mr. Beast tuvo acceso a zonas restringidas incluso para los mexicanos.

La polémica motivó a que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidiera el miércoles aclarar bajo qué condiciones se le dio acceso al youtuber a esas zonas turísticas, algunas de cuyas áreas tienen acceso restringido. En el video, Mr. Beast también hace publicidad de una marca de chocolates y otra de carne seca, lo que generó el reclamo de las autoridades mexicanas a través del Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH).

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“El permiso emitido a la empresa Full Circle Media, representante de Mr. Beast, no autorizó (...) la utilización de la imagen de los sitios arqueológicos para la publicidad de marcas comerciales con fines de lucro privado”, dijo la dependencia en la red social X.

Por ello, el INAH interpuso un “demanda administrativa” contra la productora, “exigiéndole el resarcimiento de daños y la retractación pública, ante el incumplimiento de los términos” del permiso otorgado. En Mérida, capital del estado de Yucatán, donde se ubica también la ciudadela de Chichen Itzá, varios pobladores expresaron su desacuerdo con la visita del youtuber a zonas restringidas.

“Las restricciones y las regulaciones deben ser para todos, turismo nacional, visitantes extranjeros, así como también para nosotros los locales”, declaró a la AFP José Elías Aguayo, guía turístico de 53 años. Frida Rea, estudiante de 18 años, se dijo a su vez frustrada por el incidente. “Que las autoridades dejen que externos de alguna manera accedan a estos lugares por cualquier medio, ya sea porque pagaron o por vistas (en redes sociales), sí es una frustración”, declaró.

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El Tribunal de Cuentas, primera sala de la Capital, integrado por los camaritas Gonzalo Sosa Nicoli, Edward Vittone, y Stella Mary Zárate, rechazó la demanda que presentó la firma Imedic S.A (Insumos Médicos) contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que rescindió el contrato con la mencionada empresa por no cumplir con el contrato de proveer insumos durante la pandemia del Covid-19.

Con el rechazo de la demanda administrativa, el Estado Paraguayo se salva de pagar la multimillonaria suma de G.47.000 millones, monto que reclamaba la empresa cuyo presidente es Justo Ferreira condenado a 3 años de prisión luego de ser encontrado culpable por el delito de contrabando debido al ingreso irregular de 50 camas hospitalarias en pandemia del covid-19.

Los camaristas mencionaron en su resolución que las normas aplicables y las argumentaciones vertidas en los actos administrativos llevados a cabo por el Ministerio de Salud constatan que se ha obrado correctamente y no se constata ninguna vulneración de derecho alguno, indica el fallo judicial administrativo.

El abogado Omar Gustavo Valdez Alcaraz, en representación del Ministerio de Salud, contestó la demanda presentada por la firma Imedic S.A y pidió que la acción administrativa sea rechazada.

De acuerdo al escrito de contestación de la demanda refiere que el procedimiento de rescisión de contrato N° 197/2020 se inició mediante resolución N° 317/2020 a raíz del incumplimiento contractual constatado y comunicado por Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.

Igualmente refiere que, mediante actas de verificación se detectaron incongruencias entre los bienes ofertados y adjudicados, y los efectivamente entregados por la empresa, situación reconocida en presencia de la autoridad de la empresa Imedic.

Señala también que la empresa no acreditó válidamente el supuesto caso de fuerza mayor que le ha imposibilitado cumplir con el contrato ya que la situación de la pandemia era plenamente conocida al momento de ofertar los insumos por lo que no es valida la argumentación de la firma Imedic S.A.

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En la ciudad de San Juan del Paraná, departamento de Itapúa se encuentra una de las granjas avícolas más grandes de la zona, con más de 50 mil gallinas. Es una de las pocas que queda luego del cierre de casi 15 granjas de pequeños productores post pandemia.

Según explicó a GEN/Nación Media, Pedro Lisnichuk, dueño del lugar, cuando se reabrió el paso fronterizo con Argentina en plena pandemia, se dio un ingreso masivo de huevo en forma ilegal (contrabando). Esto perjudicó al rubro y muchas granjas cerraron por ese motivo.

Actualmente esta granja es la que más abastece al departamento, pero por la poca producción a raíz del calor, están intentando llegar a cubrir pedidos. Sumado a esto enfrentan altos costos de producción y precios no competitivos con los que simplemente “logran empatar”.

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“Esta es una época en la que empieza a subir la demanda de huevos, y se sabe que este producto no aumenta en cantidad (producción) de un día para el otro. Depende del clima, de la época, lleva un proceso”, explicó Pedro Lisnichuk a GEN.

Mencionó que una polla crecimiento tarda mínimamente 18 semanas para empezar a producir huevos, además de que la pollita tiene un precio alto al igual que los insumos. Por eso, afirmó que para ellos es difícil sacar ventaja en el rubro hoy y que el margen de ganancias cada vez es menor.

“No es tanto como se dice que los productores ganamos G. 40.000 por plancha. Tal vez los huevos extra grandes tienen ese precio. Estamos tratando de llevar un precio parejo uno con otro, y cada comerciante es libre porque no existe regulación. Entonces algunos si pueden vender mejor, lo hacen; todos queremos ganar, todos trabajan para ganar, nadie quiere perder. Pero el más perjudicado siempre es el productor”, manifestó.

Dependiendo del tamaño de la proteína avícola, la comercialización en mercados y supermercados se encuentra entre G. 32.000 y G. 45.000. Las altas temperaturas, sequía e ingreso de huevos por contrabando, son algunas de las causas del precio actual.

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• por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

“Es nuestra obligación resguardar y recuperar el dinero público. Existe una firme indicación del Gobierno para combatir la corrupción y la impunidad”, dijo el procurador general de la República, Marco Aurelio González, tras detallar que bajo la administración presidencial de Santiago Peña, su institución impulsó por primera vez cuatro demandas de reparación del daño por hechos punibles cometidos contra el patrimonio del Estado.

A través de una entrevista con el diario La Nación/Nación Media, González detalló que el mecanismo permite una recuperación más expedita de los fondos públicos malversados, en comparación con un juicio civil ordinario de indemnización.

“Es la primera vez e iniciativa nuestra. La vía penal es más rápida y más segura. Si planteáramos en el fuero civil, se podría plantear que primero debe terminar el proceso penal. Y si se planteara en lo civil después de quedar firme el proceso penal, hay tesis que sostienen que ya operó la prescripción (2 años a contar desde el ilícito y un proceso penal suele durar mucho más). Entonces, para no correr ese riesgo”, manifestó.

El funcionario de Estado detalló que entre las demandas de reparación del daño se encuentra la impulsada contra el exministro de la Niñez y Adolescencia, José Orué Rolandi, quien fue hallado culpable por el delito de lesión de confianza junto con Carlos Centurión, Laura Gamarra, Gloria Arroyo y Araceli Cotillo, en la causa por el desvío de dinero perteneciente al programa de vaso de leche.

Otra de las demandas guarda relación con el exministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Enzo Cardozo, y la exdirectora administrativa de la cartera estatal, Maristela Azuaga, quienes fueron condenados por lesión de confianza en el desvío de fondos públicos mediante proyectos ficticios y documentos falsos en connivencia con directivos de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay.

En la nómina se encuentra la demanda promovida contra el exrector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) Froilán Peralta y su exdirectora de Recursos Humanos María del Carmen Martínez, conocida como “La comepapeles”, quienes fueron condenados por lesión de confianza y estafa tras la designación irregular de personal y malversación de fondos universitarios.

Igualmente figura la demanda contra la exministra de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Gladys Cardozo y su exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) Aníbal Benítez, quienes fueron condenados por lesión de confianza por el millonario desvío en la adquisición de víveres para enviar a tres departamentos del Chaco, entre los meses de marzo y abril del 2012.

La Ley n.º 6837/2021, en su artículo 23, proporciona a la Procuraduría la facultad de intervenir en calidad de víctima en los procesos penales por delitos contra el patrimonio estatal.

Asimismo, le confiere la atribución de ejercer la acción civil para la reparación de los daños causados, permitiéndole representar a organismos y entidades públicas sin personería jurídica y asistir, a solicitud, a aquellas con autonomía legal.

Desde la institución indicaron que tras sus últimas intervenciones en los procesos penales en calidad de víctima, ha aumentado la cantidad de notificaciones de oficio de los juzgados para intervenir en salidas alternativas que incluyan reparación del daño, en audiencias preliminares y juicios orales.

Señalaron también que los jueces de garantías solicitan la postura de la Procuraduría General de la República en estos procesos para asegurar que la posición del Estado sea considerada al evaluar acuerdos de reparación y decisiones sobre hechos punibles que afectan el patrimonio público.

Detallaron, además, que se ha identificado que, en muchos casos, al momento de ejercer la acción de reparación del daño, los condenados por corrupción ya no poseen bienes registrables a su nombre; con el objetivo de mitigar este problema, la institución se encuentra trabajando en conjunto con el Poder Judicial y la Fiscalía en la implementación de medidas cautelares preventivas, como la prohibición de innovar sobre bienes al dictarse sentencias condenatorias. Este enfoque apunta a garantizar la efectividad de las sentencias de reparación del daño.