Se entregó a las autoridades Hugo Derlis Baptista Báez, exdirector general de Operaciones de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

El exjefe antidrogas se presentó esta mañana, acompañado de su abogado, ante e la Oficina del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional tras la orden de detención que pesaba en su contra.

El mismo está imputado por la Fiscalía por supuesta asociación criminal, tráfico de influencias y revelación de secretos de servicio, en el marco del esquema investigado tras la muerte del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Baptista, primo hermano del parlamentario fallecido, era el último de los procesados en esta causa que aún no se había presentado ante las autoridades. La investigación está relacionada con una presunta estructura vinculada al fallecido diputado Eulalio Gomes.

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La Fiscalía atribuye a Baptista haber omitido investigar fugas y haber ofrecido de forma ilegal un fusil de guerra. En ese contexto, fue imputado por presuntamente haber participado para facilitar la fuga de Ronaldo Méndes Nunes durante el operativo Sanctus.

Asimismo, por haber omitido adoptar las medidas correspondientes para promover o disponer la realización de diligencias dirigidas para esclarecer las circunstancias en que se produjo la fuga y a la investigación de la vinculación de Gomes con Ronaldo Méndes Nunes.

Documentos incorporados a la imputación del Ministerio Público revelan que Hugo Derlis Baptista Báez habría ofrecido al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes un arma de alto poder de fuego, describiendo sus capacidades de penetración.

El propio funcionario de la Senad habría señalado que el arma podía “perforar blindado tranquilamente”. El ahora detenido quedará a disposición de las autoridades judiciales para la continuidad del proceso y las diligencias correspondientes.

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“Hay un flagelo que estamos viendo en Paraguay que debe ser eliminado, no podemos nosotros aceptar su mínima incursión”, sostuvo el contralor general de la República, Camilo Benítez, quien abogó por la urgencia de introducir cambios a la Ley de Financiamiento Político promulgada en el 2020 y que tiene como fin el combate al crimen organizado y lavado de dinero.

“El flagelo tiene que ver con el ingreso del crimen organizado, del narcotráfico en las instituciones del Estado, en la política nacional, en los organismos de control”, manifestó durante la presentación oficial del plan estratégico para la implementación del Régimen Nacional de Integridad, Transparencia y Prevención de la Corrupción.

Las afirmaciones del contralor surgen en medio del escándalo generado por los chats filtrados pertenecientes al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes Batista, quien mediante una charla mantenida con el extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar “Beto” Melgarejo, admitió haber aportado USD 1 millón para la campaña del abdismo, expresando su preocupación por las repercusiones que esta donación podría tener si saliera a la luz.

“Eliminarlo jamás lo logramos si no hay una decisión política de todos los sectores. Decíamos con el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, que debemos trabajar sobre una actualización de la Ley de Financiamiento Político, que podamos nosotros como Contraloría con el Ministerio Público controlar las candidaturas para tratar de evitar que esto ocurra”, dijo el titular del órgano extrapoder.

El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, también había expresado su interés de impulsar modificaciones a la citada normativa. A pesar de las dudas sobre el origen del dinero otorgado por el dirigente norteño a Fuerza Republicana, liderado por el exmandatario Mario Abdo Benítez, y la posibilidad de que este movimiento haya violado la Ley de Financiamiento Político, la Fiscalía aún no tomó la iniciativa de impulsar una investigación de oficio.

No obstante, el caso ya se encuentra en la mira de la Comisión Antilvado del Congreso Nacional, que al retomar sus funciones en el transcurso de la próxima semana analizará convocar como primera medida al abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia Gomes, y a las autoridades del Ministerio Público.

Varios informes de Inteligencia advertían sobre la vinculación de Lalo Gomes con el narco Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. Pese a estos reportes, nada se hizo en su momento y el ganadero terminó siendo uno de los financistas de la campaña abdista y acabó como diputado electo.

Este dato, el gobierno de Mario Abdo Benítez, en especial el entonces ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, decidió ignorarlo para blindar a su principal financista. Gomes además estaba sospechado (e imputado por el Ministerio Público) por tener vínculos con organizaciones criminales de la frontera, en este caso con el poderoso capo narco Jarvis Chimenes Pavão. Esto se desprende del operativo Pavo Real.

De repente, los chats de Lalo dejaron de tener interés. Cuando el intercambio de mensajes electrónicos a través de internet, de acuerdo con la definición de chat de la Real Academia Española, fue entregado en su totalidad a los medios de comunicación a través del abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia del fallecido diputado Eulalio Gomes, las dos cadenas mediáticas –una que tiene como rostro visible al diario Abc Color y la otra a Telefuturo– decidieron que ya no era noticia de primera plana.

Después de dieciséis días bien contados, en que aturdieron todo el espacio televisivo, radial y escrito, casualmente, cuando empezaron a aparecer informaciones que comprometían al gobierno de Mario Abdo Benítez y a varios de su entorno, rápidamente apuntaron hacia otros blancos. Había que distraer la atención para que los datos ocultos –una vez que vean la luz– no comprometan a su antiguo cómplice en el manejo turbio de los recursos del Estado. Cómplices evidentes de los grandes actos de corrupción que hasta hoy no se animan a investigar.

Y conste que algunas de esas denuncias salieron fugazmente en estos medios, tal vez por descuido de los editores o como herramienta de extorsión, para, luego, desaparecer raudamente, sin pena ni gloria, quedando solo como un hecho anecdótico lo que debió merecer una pesquisa tenaz, consecuente y sistemática hasta desentrañar los nudos del latrocinio. Sin embargo, millonarios contratos y dadivosas pautas publicitarias, principalmente de las hidroeléctricas binacionales, pesaron más que la búsqueda de la verdad.

La lucha contra la corrupción de la que tanto alardean debería empezar sacudiendo la alfombra de la propia casa. Es el primer paso para sostener las críticas con autoridad moral. Hasta en los recuadros de humor, expresados en caricaturas, grafican a un investigador que ni con lupa puede encontrar algo en contra de Abdo Benítez, aunque ya “sacrificaron” a una parte de su antiguo equipo, como a la senadora Lilian Samaniego y al exvicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quienes aparecen asediados por los tentáculos de Lalo.

Lo concreto es que los nuevos chats que ahora se difunden demuestran claramente la determinante influencia que Lalo Gomes ejercía sobre el gobierno de Abdo Benítez. Disponía a su antojo de personal de alto rango, especialmente dentro de las fuerzas de seguridad, en el periodo 2018-2023. Algunas respuestas, como las del entonces ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, como: “Dejá a mi cargo” o “claro que sí”, para resolver los reclamos de quien entonces era ya un personaje poderoso en el departamento de Amambay, evidencian, sin disputa posible, que la anterior administración estaba prácticamente sometida a los pedidos de Gomes. Para los compañeros y colegas de los medios aliados al marioabdismo, esas “vyresas” dejaron de tener relevancia y, por lo tanto, el público no tiene derecho a saber para no desviar la mirada de lo “verdaderamente importante”.

Así, parcelada la realidad, la intención es engañar a la ciudadanía, fragmentando convenientemente la información para alcanzar conclusiones deliberadamente amañadas. Con una deshonestidad que raya en su punto más alto, pretenden cancelar al Grupo Nación Media para que, como se dice en la jerga periodística, no se escuche el sonido de la otra campana, con la retorcida ambición de creerse los dueños de la “única verdad”.

Lamentablemente para estos profanadores del lugar santo de nuestra profesión, es falsa la dicotomía entre “tu verdad” y “mi verdad”, porque existe la verdad, una que trasciende y supera nuestras visiones, intereses y deseos personales. En otras palabras, es la recta concordancia del pensamiento con su objeto, en definición de Santo Tomás, entre el entendimiento y la cosa. Todo lo demás es ilusión, fraude, engaño.

Finalmente, se derrumbó por su propia inercia lo que algunos colectivos periodísticos calificaron como “peligroso trabajo de investigación” y “valientes investigadores” refiriéndose a las manipuladas filtraciones, pues, ahora que los datos están a disposición de cualquier medio, bajaron el entusiasmo y la euforia de poner en cartelera a los involucrados en los chats de Lalo Gomes.

Especialmente cuando asoman los nombres de aquellos que denodadamente trataron de esconder del juicio público. Cada uno tiene la libertad de manejar la información según su propio criterio, aunque sea éticamente condenable, pero no nos vengan a querer convencer de que son la reencarnación de santos inmaculados y vírgenes vestales. Ni por aproximación.

Santiago Alfredo Benítez, quien juró en setiembre pasado como reemplazante del falle­cido diputado abdista Eulalio “Lalo” Gomes en la Cámara Baja, no debería haber ocu­pado el escaño debido a que se encuentra inhabilitado al ser propietario de dos radios en Pedro Juan Caballero. Oriundo de Misiones, se con­virtió en un exitoso empresa­rio de fronteriza.

Aunque intentó negarlo para ocupar su escaño, el abdista Santiago Alfredo Benítez aparece como propietario de dos radios en Pedro Juan Caballero, por lo que no debía haber jurado como diputado en setiembre pasado, cuando pasó a ocupar el lugar del fallecido exlegislador Eula­lio “Lalo” Gomes.

Benítez es oriundo de Misio­nes, de acuerdo con lo que relataron fuentes a Nación Media. Sin embargo, este hombre que originalmente trabajaba como chipero con­siguió un llamativo bienes­tar económico desde que se asentó en Pedro Juan Caba­llero, donde se convirtió en locutor y propietario de dos medios de comunicación.

El abogado es director pro­pietario de Radio Imperio de Pedro Juan Caballero. Esto según las propias publica­ciones del medio radial de la capital del departamento de Amambay.

El artículo 197 de la Consti­tución Nacional establece las inhabilidades para ser candi­datos a diputado o senador. En el inciso 9 del mismo se esta­blece claramente que no pue­den ser candidatos “los pro­pietarios o copropietarios de los medios de comunicación”.

Como ya señalamos más arriba, la propia Radio Impe­rio publicó en reiteradas opor­tunidades que Benítez es su director propietario. Por ejemplo, en junio de 2024 –tres meses antes de jurar– el medio realizó una denuncia por supuesto pago de coima a un periodista de otra radio de Pedro Juan Caballero.

“El doctor René Rolón, profe­sional médico, se puso en con­tacto con el abogado Santiago Benítez, director propietario de Imperio FM, para comu­nicar que pagó la suma de G. 5 millones al comunicador Andy Benítez, de Radio Oasis FM, con el fin de ocultar informa­ción (sic)”, publicó el medio.

De hecho, en la propia página de Radio Imperio sigue figu­rando que Benítez es el direc­tor propietario. Hay incluso hasta felicitaciones por su cumpleaños en los que le otor­gan el mismo título.

Además, en su inscripción en el Registro Único del Con­tribuyente (RUC), Benítez declaró actividades publici­tarias como su principal rubro económico.

Esto motivó a que Luis Alberto Guillén Zárate, suplente 2 de Amambay, promoviera una acción de inhabilidad contra el juramento de Benítez ante el Tribunal Superior de Justi­cia Electoral.

Como intento de desmarcarse de la inhabilidad, Benítez ase­guró que él no es el dueño de los medios de comunicación, sino que los mismos son pro­piedad de su suegro. Algo que los medios aliados del abdismo repitieron sin poner en duda alguna o hacer siquiera una revisión de los datos que se encuentran haciendo una bús­queda rápida en Google. Con ese escueto argumento, des­baratado por una de sus pro­pias radios, Benítez consiguió ocupar un escaño violando abiertamente el artículo 197 de la Constitución Nacional.