La actriz y presentadora de radio y TV utilizó sus redes sociales para manifestarse en contra del burocrático sistema de Instituto de Previsión Social (IPS) y el Banco Nacional de Fomento (BNF) a la hora de cobrar el reposo de maternidad.
Con relación a los trámites y el protocolo que una mujer debe realizar para el cobro, Quattrocchi reaccionó y se mostró un poco molesta, ya que ella también se encuentra en ese grupo de mujeres. La comunicadora expresó: “¿Cómo pio una mujer con un bebé recién nacido tiene que ir sí o sí en persona para cobrar su permiso de maternidad? ¡Qué despropósito! Parecemos todos (payasos)”, y agregó al final emojis de payasos.
Se solidarizó con las mujeres que tienen que ir en bus con un bebé recién nacido lactante a cuestas y las que necesitan de su sueldo para comprar pañal tengan que ir sí o sí a hacer ese trámite.
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Una solución
“Perdón, es la primera vez que tengo un hijo y me entero lo que tienen que pasar las madres asalariadas, me parece una reverenda estupidez”, remató. Unas horas después Andrea volvió a Twitter comentando a las mamis que desde IPS le informaron que la Previsional cuenta con nuevas formas de pagos de reposos y compartió el instructivo. “
Atención mamis: @cecirodl de IPS me informó de lo siguiente”, anunció y agregó: “Desde ahora IPS pagará a través de Bancard por medio de depósito bancario o billetera Zimple el permiso de maternidad. No hay que gestionar nada. Aquí el instructivo”.
Pero aclaró que el BNF no está informado porque es una modalidad nueva impulsada por IPS. “Aplaudo esta gestión que es un pasito más para mejorar este sistema, ¡corran la voz!”, escribió Quattrocchi. Recordemos que el pasado 2 de noviembre, la conductora y actriz dio a luz a su primer hijo, llamado Bruno, por lo que se encuentra de licencia por maternidad.
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Contraloría apunta a Vicente Bataglia por pagos a jubilados fallecidos en IPS
El contralor general de la República, Camilo Benítez, sostuvo que encontró irregularidades administrativas en el Instituto de Previsión Social (IPS), apuntando directamente contra administraciones anteriores, especialmente al expresidente Vicente Bataglia. Durante la presentación del Informe Financiero del Poder Ejecutivo 2025, realizada este lunes en el Congreso, el titular de la Contraloría General expuso algunos de los principales hallazgos en el marco de la auditoría a la previsional.
Benítez confirmó que se detectaron diversas anomalías administrativas y financieras en la institución, situación que salpica directamente a las gestiones de los últimos años. Entre los hallazgos citó el pago de jubilaciones a personas fallecidas; se calcula que el IPS habría desembolsado más de G. 50.000 millones en concepto de haberes a más de 11.000 difuntos.
Asimismo, se detectaron inconsistencias en el stock de medicamentos luego de solicitar una actualización del sistema. El lote de fármacos registró una baja del 45 %, por un valor superior a los G. 600.000 millones. “Eso significa que se registró mal o que desaparecieron; no podemos afirmar nada ni tampoco descartarlo”, indicó el contralor.
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Por otra parte, para garantizar la provisión de medicamentos cuyos contratos ya habían vencido, el IPS recurrió a la firma de nuevos acuerdos que luego fueron homologados judicialmente, evadiendo el procedimiento habitual de la ley de contrataciones. Esto representó un gasto de USD 25 millones.
“Ahora entiendo por qué en años anteriores se resistían tanto los extitulares de la previsional, como por ejemplo Vicente Bataglia. Inclusive, tuvimos que recurrir a acciones judiciales y órdenes de allanamiento para acceder a esta información”, añadió Benítez.
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Buscan acelerar incentivos para médicos subespecialistas del sector público
El diputado colorado Arturo Urbieta destacó la importancia del proyecto de ley “Que crea el Programa Nacional de Incentivos para Profesionales Médicos con Subespecialidad en el Sistema de Salud Pública”, en un contexto de reclamos planteados por médicos del sistema público.
La iniciativa adquiere especial relevancia tras la huelga nacional de médicos y la presentación de renuncias de profesionales de distintas especialidades. Los reclamos del sector incluyen mejores condiciones laborales, reajustes salariales, desprecarización y nombramientos.
En este escenario, el diputado Urbieta manifestó su preocupación por la situación y urgió el tratamiento del proyecto en las distintas comisiones asesoras de la Cámara Baja, con miras a la emisión de los respectivos dictámenes y su posterior consideración en sesión plenaria.
La iniciativa impulsada por el legislador Urbieta se halla en etapa de análisis en las comisiones Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Justicia, Trabajo y Previsión Social; Derechos Humanos; Salud Pública; Presupuesto; Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria; Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer; y Reestructuración y Modernización del Estado. Una vez dictaminado será puesto a consideración del plenario de la Cámara de Diputados.
Programa de incentivos
La propuesta tiene por objeto establecer un régimen laboral y financiero especial mediante la creación del “Programa de Incentivos para Profesionales Médicos con Subespecialidad”. La finalidad es atraer y retener a estos profesionales, promover su formación continua y garantizar su permanencia en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud.
Según la exposición de motivos, la formación de un médico subespecialista puede demandar entre 12 y 15 años, considerando la carrera de Medicina, una especialidad básica y la posterior capacitación en áreas de alta complejidad.
El documento señala que, al incorporarse al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social o al Instituto de Previsión Social, estos profesionales encuentran las mismas condiciones laborales y salariales que un médico general o un especialista de primer nivel.
Las disposiciones alcanzarían a médicos con subespecialidad debidamente acreditada que presten servicios en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el Instituto de Previsión Social, el Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción y la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales.
El proyecto define como médico con subespecialidad al profesional que cuente con el título de médico cirujano y una especialidad médica básica, haya completado un programa formal de formación en una subespecialidad, posea la certificación correspondiente del Círculo Paraguayo de Médicos y mantenga actualizado su registro profesional expedido por el Ministerio de Salud Pública.
El programa se sustentaría en un régimen especial de becas y remuneración complementaria. Para ello, plantea la creación del “Fondo de Actualización Científica para Subespecialidades”, que sería administrado por el Ministerio de Salud Pública y permitiría otorgar permisos especiales con goce de sueldo de hasta 30 días anuales para participar en congresos, seminarios, pasantías o rotaciones internacionales relacionadas con la subespecialidad.
El fondo también podría financiar total o parcialmente pasajes y viáticos para la presentación de trabajos científicos en congresos internacionales en representación del Estado, conforme a las condiciones que establezca la reglamentación.
La iniciativa contempla una bonificación permanente por subespecialidad equivalente a un salario mínimo mensual, que sería aplicable a un solo cargo cuando el profesional mantenga más de un vínculo laboral y se percibiría independientemente de otros incentivos otorgados al personal de salud del sector público.
Para acceder, los médicos deberán contar con la certificación o recertificación de su subespecialidad y poseer un registro profesional vigente como subespecialistas, otorgado por el Ministerio de Salud Pública. La cartera sanitaria deberá mantener actualizada la nómina de profesionales que reúnan estas condiciones.
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Peña y el presidente de IPS avanzan en acciones para dar respuestas a los asegurados
El presidente de la República, Santiago Peña, se reunió este lunes con el titular del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes. La mesa de trabajo se desarrolló en Mburuvicha Róga, y el principal punto puesto sobre la mesa es dar respuestas y soluciones a las necesidades de los asegurados. Así informó el mandatario desde sus redes sociales.
“Recibí al doctor Isaías Ricardo Fretes, presidente del Consejo de Administración del IPS, junto a su equipo técnico. Conversamos sobre las últimas medidas adoptadas por la institución y los planes estratégicos para este segundo periodo del año”, indicó Peña a través de sus redes sociales.
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En este sentido, refirió que también analizaron “las acciones para fortalecer la calidad de las prestaciones, con el objetivo de brindar respuestas más eficientes y oportunas a todos los asegurados y sus familias”.
La semana pasada la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de emergencia para la previsional; con los cambios, el documento vuelve a la Cámara de Diputados. Mientras tanto, desde el IPS destacaron que la declaración de emergencia permitirá la contratación de alrededor de 500 médicos y se dará herramientas para mejorar las finanzas de la previsional.
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Contralor califica al IPS como la institución más “desordenada del Estado”
“Debo decir con mucho pesar que el Instituto de Previsión Social es por lejos la institución más desordenada administrativamente del Estado paraguayo”, dijo el Contralor General de la República (CGR), Camilo Benítez, tras presentar este lunes al Congreso Nacional el informe y dictamen sobre las finanzas públicas correspondiente al año 2025.
“Se afectó a la sensibilidad máxima de los ciudadanos paraguayos. Debo decir esto por justicia, quiero hacer un reconocimiento al expresidente del IPS, Jorge Brítez, quien fue él quien solicitó esta auditoría. Ahora entiendo por qué en años anteriores se resistían tanto los extitulares de la previsional, como por ejemplo, Vicente Bataglia, en cuya gestión incluso tuvimos que recurrir a órdenes judiciales y allanamiento para poder acceder a las diversas informaciones”, indicó a los medios de comunicación.
Benítez mencionó que “hicimos varias actividades de control en las distintas dependencias de la institución y este informe es el más emblemático de la historia de la Contraloría, en cuanto al IPS. Abarca el aspecto financiero, ambiental, tecnológico y esto puede servir para que de una vez por todas se tomen verdaderamente las medidas de corrección”.
Detalló que entre los casos detectados por la Contraloría que luego deberán ser remitidos al Ministerio Público, figuran, por ejemplo, presuntas irregularidades por G. 600.000 millones entre medicamentos adquiridos y entregados, pagos por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 jubilados fallecidos, situación que ya fue advertida y la utilización de cuentas judiciales para realizar compras fuera del control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
“Existe una deuda flotante de más de G. 1 billón que se arrastra año a año, es decir cada vez que el IPS se propone comprar insumos o medicamentos no tiene el dinero para pagar. La imagen financiera del IPS ya da pena”, mencionó como otra de las grandes falencias dentro de la institución.
Durante la conferencia de prensa, Benítez puntualizó que se realizaron más de 2.000 actividades de control y más de 40 auditorías financieras, de cumplimiento y de desempeño que evalúan no solamente el aspecto contable o la legalidad del gasto público, sino también el impacto de la política pública.
Agregó que el 40 % de dicho trabajo de auditoría se concentró en la previsional. A la vez comentó que existe un desfasaje entre lo que cobra el IPS en concepto de aporte patronal y lo que se paga a los jubilados.
Con relación al tema refirió que los funcionarios de la previsional no se esforzaron en cobrar estas deudas y muchas de las demandas prescribieron. “Entonces, aquí tenemos un problema de un caos financiero. El Estado paraguayo y las empresas privadas le adeudan más de G. 10.000 billones al IPS y muchas veces vemos que el IPS no hace una gestión eficiente en cuanto al cobro a empresas que le deben al IPS”, dijo.
A todas las irregularidades se suman los gastos por USD 25 millones por “el abuso del sistema de gastos judiciales para pagar acuerdos privados que fueron homologados” y los inmuebles arrendados que no generan ni el 1 % de rentabilidad.