Los mecanismos de control institucional, transparencia y participación ciudadana implementados por el Consejo de la Magistratura permitieron detectar irregularidades e inconsistencias documentales en certificados académicos presentados dentro de procesos de postulación a cargos del sistema de justicia.

La institución informó que las anomalías fueron identificadas mediante el sistema de observaciones públicas y la amplia difusión de los concursos a través de plataformas digitales institucionales, herramientas que posibilitaron la trazabilidad y el acceso ciudadano a la información.

Según el comunicado oficial, también fueron fundamentales los controles realizados por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), además de la investigación interna impulsada por una comisión especial integrada por áreas técnicas y jurídicas del Consejo de la Magistratura.

Una vez corroborados los indicios, el propio Consejo promovió la denuncia ante el Ministerio Público y remitió todos los antecedentes relacionados con el caso, reafirmando su compromiso con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control.

El Ministerio Público, a través de la Unidad Penal N.° 17, formuló imputación en el marco de una causa por presunta producción y uso de documentos no auténticos. La investigación involucra a postulantes y funcionarios presuntamente vinculados con los hechos investigados.

Paralelamente, el Consejo de la Magistratura dispuso medidas administrativas inmediatas, entre ellas sumarios internos, separación preventiva de funcionarios involucrados, auditorías documentales y recomendaciones orientadas al fortalecimiento de los sistemas de seguridad y validación académica.

La institución remarcó que los hechos corresponden a responsabilidades individuales y sostuvo que fue precisamente el funcionamiento de los mecanismos institucionales de control y apertura ciudadana lo que permitió detectar las inconsistencias y activar las acciones legales correspondientes.

Finalmente, el Consejo de la Magistratura ratificó que continuará fortaleciendo sus procesos de modernización, transparencia y control, con el objetivo de garantizar concursos públicos cada vez más seguros, auditables y confiables para toda la ciudadanía.

Bolivia denunció este miércoles que las protestas que exigen la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz buscan la “alteración del orden democrático”, en una intervención del canciller Fernando Aramayo ante el Consejo Permanente de la OEA.

Desde hace tres semanas, campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores presionan a la paz, con apenas seis meses en el poder, con fuertes manifestaciones y bloqueos de carreteras, en momentos en que el país atraviesa su peor crisis económica en cuatro décadas.

“Se han registrado acciones promovidas por grupos organizados que exceden el ejercicio legítimo de la protesta social y política, orientándose a generar condiciones de desestabilización institucional, debilitamiento del gobierno (...) y alteraciones del orden democrático”, dijo Aramayo, al comparar virtualmente ante la OEA desde La Paz.

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El gobierno de Paz asegura que las protestas son orquestadas por el exmandatario socialista Evo Morales, prófugo de la justicia por un caso de presunta trata de una menor.

“Existen preocupantes indicios sobre la articulación de ciertos actores con estructuras que operan al margen de la legalidad y que pretenden instrumentalizar el conflicto social mediante mecanismos de presión incompatibles” con la democracia, agregó Aramayo.

El martes, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, aseguró que Bolivia, nuevo aliado del gobierno del presidente Donald Trump en América Latina, se enfrenta a un “golpe de Estado”.

En la sesión de la OEA, el secretario general, Albert Ramdin, hizo un llamado “a todos los actores para que renuncien a la violencia como herramienta de acción política”.

“El uso de la fuerza ilegítima no puede aceptarse, tolerarse ni justificarse bajo ninguna circunstancia”, subrayó.

• Fuente: AFP

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El senador liberal Dionisio Amarilla manifestó su profunda preocupación ante el peligroso escenario electoral que se está construyendo de cara a las internas partidarias. Indicó que durante los recorridos que está realizando en distritos del interior del país recibe denuncias sobre aquellos lugares donde han logrado candidaturas únicas o de consensos para las elecciones de intendencias municipales, desde el Nuevo Liberalismo estarían instando a la gente a “cargar las urnas”, en las próximas internas partidarias previstas para el 7 de junio.

En ese sentido, la Lista 100 del movimiento Diálogo Azul emitió un comunicado, denunciando esta situación, el cual fue igualmente confirmado por el senador liberal Amarilla en comunicación con La Nación/Nación Media, señalando que bajo el argumento de un supuesto “consenso”, “unidad” y “desmovilización electoral”, se ha impulsado una operación política orientada a desalentar la competencia interna legítima, evitando deliberadamente la confrontación democrática de ideas, proyectos y liderazgos dentro del PLRA.

Al respecto, el legislador calificó de “nefasto futuro”, lo que se vislumbra para las elecciones municipales generales que se llevarán a cabo el 4 de octubre, si se mantiene esta lógica de trabajo. Advirtió que, desde el Nuevo Liberalismo, estarían planteando abiertamente a los dirigentes del interior que podrían caer por ingenuos en delitos electorales.

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“En nuestros recorridos notamos que la Lista 3 del movimiento Nuevo Liberalismo, en varios distritos se aprovechó de la gente, pues hay un solo candidato local (consenso), pero como Hugo Fleitas (presidente del partido) está como jefe de campaña del Nuevo Liberalismo le inscribieron a ese candidato único por la Lista 3. Hasta ahí primer fraude, si era consenso debían ir por la lista 2, pero jamás por la Lista 3”, explicó el legislador.

Asimismo, señaló que estos casos se agravan porque “ni tontos ni perezosos los de la Lista 3” ahora le dicen a esta gente abiertamente, que no hace falta votar, ya que son candidatos de consenso.

“De acuerdo a las denuncias que estamos recibiendo, la gente del Nuevo Liberalismo le está diciendo ahora a la gente que es mejor que ahorren la plata, carguen nomás las urnas con votos por ese candidato único. Esto es delito electoral seco y directo y a las pruebas nos remitimos en varios lugares del país”, acotó.

Por tanto, desde el movimiento Diálogo Azul, Lista 100 que lidera el senador Amarilla, denuncian que se ha pretendido instalar la narrativa de que evitando las internas servirá para impedir rencillas, ahorrar recursos económicos y preservar fuerzas para las elecciones generales de octubre.

Sin embargo, señalan que detrás de ese discurso aparentemente conciliador, se esconde una peligrosa maniobra destinada a construir una falsa legitimidad de origen y manipular la voluntad soberana de los afiliados liberales.

Este sector político realiza esta contundente denuncia de que lo que se presenta como “armonía electoral” no es otra cosa que una gigantesca farsa política que podría derivar en uno de los fraudes internos más graves de los últimos tiempos dentro del liberalismo paraguayo.

“La ausencia de competencia real, sumada al uso indiscriminado del denominado voto asistido, crea las condiciones ideales para la manipulación de máquinas electorales, la alteración de resultados y la fabricación artificial de participaciones ficticias”, afirman desde este sector.

Por tanto, desde el movimiento “Diálogo Azul – Lista 100”, ratificaron que no serán cómplices del silencio, ni de la simulación. “Exigimos garantías electorales reales, transparencia absoluta en el proceso interno, control efectivo sobre las máquinas de votación y respeto irrestricto a la voluntad de los afiliados liberales”, expresó parte del comunicado.

Finalmente remarcaron que la democracia partidaria no puede convertirse en una puesta en escena diseñada para legitimar acuerdos previamente definidos. “El PLRA necesita recuperar la discusión política, el respeto a las bases y la confianza de la ciudadanía. De lo contrario, el deterioro institucional será irreversible”, concluyeron.

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La estrella colombiana Shakira, que en el pasado se enfrentó con Hacienda en España, obtuvo un triunfo luego de que la Justicia española anulara una sanción fiscal y ordenara que se le devuelvan más de 64 millones de dólares.

La Audiencia Nacional, una jurisdicción en Madrid especializada en asuntos financieros complejos, dispuso a mediados de abril “la anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas (...) más los intereses legales” del ejercicio fiscal de 2011, según un documento al que tuvo acceso la AFP este lunes.

La suma total que habrá que reembolsar a la estrella mundial superará los 55 millones de euros (más de 64 millones de dólares), según el documento.

Shakira, que llegó a comparar a la Agencia Tributaria española con la Inquisición, celebró la decisión, que a su juicio “ha puesto las cosas en su sitio”.

“Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, escribió en un comunicado la artista de 49 años.

“Se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”, señaló la cantante.

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Shakira dijo esperar que el fallo cree “precedente” para “miles de ciudadanos anónimos” que son “aplastados por un sistema que presume su culpabilidad”.

El núcleo de los conflictos de Shakira con Hacienda en España tuvieron que ver principalmente con la residencia fiscal de la artista, que en 2011 inició una relación con el entonces jugador del FC Barcelona Gerard Piqué.

Pero en aquella época, la intérprete de éxitos mundiales como “Hips dont’ lie”, “Waka, Waka” y “Dai Dai”, esta última la canción oficial del Mundial de Norteamérica 2026, no dejaba de desplazarse por todo el mundo debido a su carrera.

Shakira siempre ha afirmado que se estableció de manera permanente en Barcelona a finales de 2014, antes de trasladar en 2015 su residencia fiscal de Bahamas a España, justo antes del nacimiento de su segundo hijo.

Pero el fisco español no lo veía de la misma manera y la acusaba de no haber pagado sus impuestos en España en 2012, 2013 y 2014, pese a haber residido esos años más de 183 días al año en el país, umbral a partir del cual una persona es considerada residente fiscal.

La cantante llegó en 2023 a un acuerdo de última hora con la fiscalía, y evitó así un juicio por los presuntos delitos fiscales en esos años que prometía exponer su vida privada.

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Según el fallo conocido este lunes, “la Administración no ha demostrado que la demandante hubiera permanecido en España” en 2011 “más de 183 días”.

“Da igual que Bahamas fuera o no un paraíso fiscal en 2011”, agrega.

La cantidad que se le debe reintegrar engloba el impuesto sobre la renta (que suma más de 24 millones de euros), la multa impuesta en su momento por infracción “muy grave” (casi 25 millones de euros), el impuesto sobre el patrimonio de 2011 (2,6 millones) y la multa correspondiente a este último (2,7 millones). A esta suma deberán añadirse los intereses.

Hacienda también había iniciado un procedimiento por el año 2018, y la artista tuvo que abonar 6,6 millones de euros de regularización por “irregularidades” en su declaración de la renta de 2018.

Este caso, lleno de giros, inspiró una serie titulada “Celeste”, protagonizada por una inspectora de Hacienda española que investiga la posible evasión fiscal de una estrella internacional de la música latina.

Shakira actuará en concierto en España por primera vez desde 2018, con doce fechas previstas en Madrid, entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.

Además de Shakira, varias personalidades han tenido problemas con la Hacienda española, como los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, también condenados a multas de varios millones de euros.

• Fuente: AFP

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