Ciudad del Este. Agencia Regional

La Unidad de Salud Familiar San Agustín logra una comunicación inclusiva con pacientes con discapacidad mediante el uso del lenguaje de señas. La responsable de la empatía con los pacientes es la agente comunitaria Adriana Bogarín, quien tiene formación en señas comunicacionales y con ello marca la diferencia en la asistencia.

Durante una visita domiciliaria, el equipo conformado por la doctora Ingrid Recalde, la técnica en enfermería, Mariza Espínola, y la agente Adriana Bogarín, realizó asistencia y vacunación a integrantes de una familia en cuya vivienda reside una paciente de 101 años, su hija de 74 años y la nieta de 54 años, quien es sordomuda.

Adriana Bogarín recurrió a su formación en el lenguaje de señas para comunicarse con la nieta de la mujer, quien estaba preocupada por el estado de salud de la abuelita y debía conocer sobre las indicaciones para ayudar en su atención.

El personal de salud acudió al domicilio para realizar consulta médica, entregar medicamentos y aplicar la vacuna contra la influenza a los miembros de la familia.

En ese contexto, Adriana se comunicó mediante señas con la nieta de la paciente, explicándole el estado de salud de su abuela, el tratamiento indicado y brindándole orientación emocional y práctica para su cuidado. La conexión lograda mediante esa comunicación inclusiva marcó un mejor resultado en la asistencia, según reportó la región sanitaria.

“Esta comunicación no solo facilita la comprensión de diagnósticos y procedimientos, sino que construye puentes de confianza entre el personal de salud y la comunidad”, señaló la doctora Ingrid Recalde. En el territorio de la USF San Agustín son siete personas con dificultades de habla y audición, que son acompañadas por el equipo de salud.

Puede interesarle: Asumió la doctora Andrea Giménez como nueva directora del Hospital Distrital de Pdte. Franco

Adriana Bogarín contó a La Nación/Nación Media que es química farmacéutica y que se formó en lenguaje de señas en el Instituto Antonio Próvolo, de Ciudad del Este, donde cursó del séptimo al noveno grado de la Educación Escolar Básica. En dicha institución se capacitó en el lenguaje de señas, siendo un colegio especializado en atención a personas discapacitadas.

Desde hace cinco años forma parte del equipo de la USF San Agustín, donde, además de sus funciones habituales, hace de intérprete para personas con dificultades auditivas o del habla. Durante la pandemia, en los sitios donde le correspondía realizar vacunaciones a las USF, fue de gran ayuda en la comunicación con las personas que requerían del lenguaje de señas.

Con la voz quebrada, Adriana contó que la reacción de las personas cuando logran comunicarse, le genera una emoción indescriptible. “Duele cuando te cuentan que varias veces no acudieron a un lugar porque no se les entiende o no se les tiene paciencia, pero ahora llegan a la USF o nos reciben contentos en sus casas, es algo que incentiva”, refiere la profesional.

Mencionó que nos hace falta más empatía con la gente y “no cuesta nada ponernos en el lugar de los demás”, además de contar que cuando asistía al Instituto Antonio Próvolo, en la elección de materias optativas, ella se decidió por la formación en el lenguaje de señas, porque siempre le interesó ayudar.

Puede interesarle: Conductor embestido por un colectivo falleció y su familia exige justicia

Este lunes, la Policía Nacional desarrolló un allanamiento en la ciudad de Areguá en donde lograron detener a tres personas en el marco del “Operativo Morfeo”. De esta forma desbarataron una red de estafa que ofrecía la construcción de viviendas a precio más accesible, pero nunca terminaban la obra y en algunos caso ni iniciaban. Se tienen denuncias de más de 30 víctimas en diferentes puntos del país.

Según el comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía Nacional, se trató de una exhaustiva investigación por varias denuncias de estafas y otros hechos punibles. En una de las unidades fiscales se tienen 12 denuncias contra esta constructora, pero se tienen contabilizadas un total de 30 en distintos puntos del país. Durante el procedimiento detuvieron a tres personas y se recogieron varias evidencias.

“Ofrecían la construcción de la vivienda propia, especialmente para aquellos que tienen terrenos. La oferta es la más accesible dentro del mercado y ese sería el gancho principal, además, daban un contrato correspondiente, pero nunca terminaban la obra o ni siquiera iniciaban”, manifestó el jefe policial en entrevista con el programa “Tardes de Perros”, de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

Podes leer: Operación CUT logra pérdidas de USD 3,8 millones a estructuras del narcotráfico

Aclaró que dentro de la investigación ya fueron individualizadas cuatro personas, de las cuales tres fueron detenidas. “Una de las personas sigue prófuga, pero habrían más personas que colaboran con este grupo. Las investigaciones del caso siguen y se espera que haya más detenidos”, apuntó.

Afirmó que las propuestas son lanzadas en redes sociales y que hay todo un esquema detrás, una personas que se encarga de publicar las propuestas con fotos y planos. Otro recibe las llamadas y luego está el que se reúne con las personas en la escribanía para firmar el contrato. “Hay una empresa constituida legalmente, pero son de maletín. Estos solicitaban una entrega para iniciar la obra”, puntualizó.

Te puede interesar: Buscan dar salida a debate sobre cambio de horario

Designar a la Contraloría órgano rector es un movimiento estratégico del Estado paraguayo para consolidar la lucha contra la deshonestidad estatal, una decisión que otorga independencia a la Contraloría.

• Por Lourdes Torres Periodista
• lourdes.torres@nacionmedia.com

El contralor general de la República, Camilo Benítez, presentó al presidente de la República, San­tiago Peña, un listado de accio­nes enmarcadas en la Estrate­gia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC), que sur­gió durante la cumbre de pode­res del 20 de agosto de 2023.

Para saber en qué consisten, La Nación/Nación Media con­versó con el contralor Camilo Benítez, quien explicó que la ENCC busca reducir la corrup­ción abordando integralmente: aumentando la transparencia, disminuyendo la discreciona­lidad y promoviendo la inte­gridad, en línea con estándares internacionales. La Contraloría General de la República se cons­tituyó en el órgano rector de la prevención de la corrupción.

-La cumbre de poderes, impul­sada por el presidente San­tiago Peña, marca un hito en la lucha de nuestro país contra la corrupción sistémica. Reu­nió a las máximas autorida­des del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos extrapoder como la Contraloría General de la República (CGR) y el Minis­terio Público.

Este “ecosistema de control”, denominado así en otros paí­ses, busca alinear criterios para resultados eficaces, respetando la independencia constitucio­nal. La Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción (ENCC) surgió en la primera reunión para establecer una hoja de ruta contra este pro­blema endémico.

-La ENCC se articula en cuatro ejes: transparencia, rendición de cuentas, control de recauda­ciones y seguridad ciudadana, abarcando 16 subtemas y 44 iniciativas.

Incluye digitalización, inte­ligencia artificial, reformas educativas y participación ciudadana. Una iniciativa clave fue el impulso de la Ley n.º 7389/24, que estableció el Régimen Nacional de Integri­dad y asignó a la Contraloría el rol de órgano de prevención de la corrupción. La ENCC busca reducir la corrupción abor­dando integralmente: aumen­tando la transparencia, dismi­nuyendo la discrecionalidad y promoviendo la integridad, en línea con estándares interna­cionales.

-Otorgarle ese rol a la CGR representa un movimiento estratégico del Estado para­guayo para consolidar la lucha contra este flagelo; esta decisión incluyó la independencia de la Contraloría. El mecanismo de designación del contralor gene­ral por el Congreso Nacional, sumado a la exigencia de un jui­cio político para su remoción, le confieren distanciamiento del poder administrador, cuyos integrantes son los principa­les sujetos de control. Este ele­mento permite garantizar la objetividad e imparcialidad en las labores.

También la autonomía funcio­nal y administrativa; su compe­tencia a nivel nacional y, final­mente, la sólida experiencia de la CGR en el control de recursos públicos.

En contraste, la dependencia jerárquica de la Senac al Poder Ejecutivo limitaba su compe­tencia, pero aún más delicado es que generaba interrogantes sobre su capacidad para detec­tar hechos de corrupción de manera imparcial. En otros paí­ses e incluso en el nuestro, se ha sostenido que este tipo de orga­nismos, al no contar con la inde­pendencia necesaria, pueden ser instrumentos de persecu­ción política, desviando su pro­pósito original y erosionando la confianza pública.

-La aprobación de la ENCC, la Ley n.º 7389/24 y la designa­ción de la CGR han generado interés internacional por su alineación con compromisos anticorrupción, posicionando a Paraguay como líder regio­nal. Estos avances despertaron el interés de países y organis­mos especializados y propició propuestas de proyectos de cooperación.

-Para que las medidas anti­corrupción se apliquen, en la Contraloría vamos a seguir emitiendo las pautas de cómo deben ser implementadas. No estamos solos, la ley nos habilita a contar con aliados en cada ente público, que son las Unidades de Trans­parencia y Anticorrup­ción (UTA), brazos ejecu­tores en cada institución y cuyo trabajo será objeto de supervisión. Además, la nueva ley creó el Con­sejo Nacional Anticorrup­ción, el CNA, un espacio de coordinación interinstitu­cional para el diálogo y coo­peración en la lucha contra la corrupción.

-Está conformado por el presi­dente de la República, el presi­dente de la Corte Suprema de Justicia, los presidentes de las cámaras del Congreso Nacio­nal, el fiscal general del Estado y el contralor general de la Repú­blica.

La elaboración, aprobación, implementación y seguimiento de una nueva Estrategia Nacio­nal Anticorrupción es una de sus funciones. Me reuní con el presidente Santiago Peña para pre­sentarle un listado de medidas o acciones a fin de iniciar el diálogo para su aplicación.

Por ejemplo, la necesidad de actualizar las nor­mas de financiamiento político. Este proceso debería ser liderado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, promoviendo la par­ticipación de todos los intere­sados, para asegurar un debate amplio y enriquecedor que for­talezca el proceso electoral del país.

Otras acciones como el fortale­cimiento de las sanciones admi­nistrativas ante el incumpli­miento de reglamentos internos y normas éticas. La prohibición de actividades político-partida­rias en instituciones públicas y en horario laboral. La transpa­rencia de las agendas de altas autoridades, la protección inte­gral de denunciantes para pre­venir represalias.

-Pocos días después de la pro­mulgación de la ley, la CGR emi­tió una resolución que reestruc­turó su organización y, en el mismo mes, se expidió la regla­mentación de la ley.

Se presentó en el mes de febrero un Plan Estratégico para la Implementación del nuevo régimen. En la misma oportunidad, se puso en línea el nuevo Portal Nacional de Denuncias Ciudadanas; plata­forma que garantiza la protec­ción de datos del denunciante como mecanismo de salva­guarda contra represalias.

-Trabajamos en varias cosas: el desarrollo de plataformas digi­tales para que la gente pueda ver cómo vamos con cada medida; la puesta en marcha de un Centro de Participación Ciudadana con herramientas que permitirán informar avances y resulta­dos. Y, desde el CNA, esta­mos trabajando en actua­lizar los reportes sobre la ENCC para que todos puedan ver el progreso. Esta tarea de luchar contra la corrupción es de todos, por lo que reconocemos la importancia del involucramiento de la ciudadanía.

El senador Dionisio Amarilla, quien preside la comisión de Cuentas y Control de la Cámara Alta, confirmó que a partir del próximo martes comenzarán a evaluar el informe de la Contraloría General de la República respecto a la ejecución del Programa Hambre Cero.

El parlamentario brindó detalles de lo conversado en la mesa asesora, e indicó que los miembros de la mesa de trabajo decidieron convocar al contralor Camilo Benítez en la próxima reunión del martes 29 de abril a las 7:30. Esto para que brinde su versión sobre los primeros informes de evaluación que llevaron adelante sobre el plan de alimentación escolar.

Le puede interesar: Referentes de Honor Colorado rechazan pedido de juicio a Rolón, pero lo debatirán en bancada

Mencionó que a partir de esa presentación del informe de evaluación se irán convocando a los diferentes gobernadores, así como al ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas.

No se descarta sobrepasar el umbral y convocar a los proveedores, a las distintas empresas que han suscrito contratos, tanto con las gobernaciones, como con el ministerio de Desarrollo Social.

“Queremos escuchar la versión de cada uno de ellos, porque es un programa que nos interesa a todos. Estamos hablando de una suma varias veces millonaria que invierte el Estado paraguayo y eso debe garantizar la provisión en tiempo, en forma, en cantidad y en calidad de esos alimentos para los alumnos en todas las escuelas del país”, expresó.

Al respecto, explicó que existen varias denuncias periodísticas sobre casos puntuales; que igualmente son contemplados en el informe final de la Contraloría General de la República. “Sobre esta base es obligación de la Comisión de Cuentas y Control entender en este asunto e interiorizarse sobre cada caso.

Días atrás, la Contraloría General entregó el informe al Congreso Nacional sobre varias irregularidades detectadas en el programa Hambre Cero, implementado por el Gobierno de Santiago Peña. No obstante, han constatado igualmente que todos los alumnos matriculados y cuyos padres han dado el consentimiento están recibiendo el alimento diario.

Siga informado con: Un minuto de silencio en la Cámara de Diputados en memoria del papa Francisco