La Cámara de Apelación de Crimen Organizado ratificó la condena de 21 años de cárcel y 9 años de medidas de seguridad, totalizando así 30 años de pena para Armando Javier Rotela, líder del clan Rotela. Asimismo, se confirmaron las sentencias condenatorias para varios procesados por el tráfico de drogas y armas desde el penal de Tacumbú. La resolución lleva la firma de los camaristas Mario Camilo Torres, Arnulfo Arias y Paublino Escobar.

Además de Rotela, también se confirmaron las penas de Juan Javier Rodas Román (19 años más 4 de medidas de seguridad); Vicente Ignacio Chase Lauseker (18 años más 4 de medidas de seguridad); y Carlos Damián Fernández González, con una pena privativa de libertad de 14 años.

Del mismo modo, se confirmó la condena de 10 años de cárcel para Carmen Carolina Ortiz Figueredo; 12 años de encierro para Fredy Magdaleno Pérez Montiel y Ronald Herminio Cantero Ibáñez; y 13 años para Christian Mario Martínez Medina. Todos ellos fueron procesados por narcotráfico y violación de la Ley de Armas.

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El camarista Camilo Torres, quien fue preopinante, estudió uno por uno los recursos y consideró que corresponde la confirmación de la determinación adoptada en primera instancia.

La investigación del caso se inició en el 2021, durante la pandemia, cuando se logró interceptar llamadas telefónicas mediante autorización judicial. Según la Fiscalía, Armando Javier Rotela seguía operando desde Tacumbú a través de los mismos guardiacárceles, quienes facilitaban la entrega de sustancias y la introducción de armas de fuego bajo sus órdenes.

En el caso de Armando Rotela, en abril de 2024, una jueza unificó dos sentencias en su contra y determinó una pena total de 23 años de cárcel y 8 años de medidas de seguridad. Se trataba de una sentencia previa de 19 años de cárcel y 8 años de medidas de seguridad, sumada a otra pena de 8 años de prisión. Con esa decisión, deberá permanecer en prisión hasta el año 2046.

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Durante los allanamientos simultáneos llevados a cabo en la mañana de este jueves hallaron importantes evidencias sobre la investigación de una supuesta filtración de datos desde la Unidad de Lucha Contra el Narcotráfico.

“Fueron incautados elementos electrónicos, documentos varios que van a ser analizados”, precisó el comisario Luis López, jefe del departamento Contra el Crimen, en declaraciones a la 1020.

Confirmó que fueron allanadas una sede fiscal, tres viviendas particulares y la municipalidad de Mayor Martínez, donde fueron incautados elementos de relevancia para la investigación.

“Hay una denuncia del Ministerio Público sobre la participación en filtraciones de algunos funcionarios de las unidades especializadas. Lo que se quiso corroborar con estas intervenciones es si realmente fueron así. Se encontraron elementos muy importantes que pueden concretar que la filtración se ha realizado”, precisó el jefe policial.

La sede fiscal allanada pertenece a las Unidades Penales Ordinarias Sector 1 de Asunción del Ministerio Público, ubicada sobre Félix Bogado. La intervención se llevó a cabo en el despacho de una asistente fiscal, identificada como Alba Cristina Duarte, quien hace 15 días fue trasladada a esta unidad penal; anteriormente cumplía funciones en la Unidad Contra el Narcotráfico.

Según las presunciones, esta mujer habría estado filtrando información sensible a través de su pareja, Damián Cardozo, precandidato a concejal de Villa Elisa. Sus domicilios fueron allanados. Se presume que la mujer habría recibido un monto importante para dar información sobre una investigación que se llevaba a cabo en la Unidad Contra el Narcotráfico.

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El comisario López explicó que la investigación surge de una filtración de una investigación relacionada con tráfico internacional. “Y hoy procedimos a hacer los allanamientos simultáneos en simultáneo para levantamiento de evidencias que nos permitan desarrollar y ahondar en la segunda parte y la prosecución de la primera”, indicó.

Fueron verificadas tres personas, y allanados lugares en particular. “Se levantaron elementos, evidencias relacionadas con la investigación, que van a ser analizados por el cuerpo técnico del Ministerio Público y van a tomar las decisiones correspondientes a posterior”, detalló.

Sin embargo, no hay personas detenidas. “Se estuvo conversando con cada una de las personas, pero ninguna fue detenida, ni la asistente fiscal ni el candidato a la concejalía de Villa Elisa ni el intendente de Mayor Martínez”, puntualizó.

Lo que se va a establecer es el grado de participación de los mismos. “Son objeto de incautaciones de elementos relacionados con la investigación, que nos permitirán desarrollar una mirada más exhaustiva a esta investigación muy incipiente aún y todo lo incautado va a ser analizado”, indicó López.

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López fue capturada el Jueves Santo, luego de seis años de permanecer prófuga.

El juez penal de Garan­tías Francisco Acevedo deberá resolver en las próximas horas si Dalia López Troche, actualmente recluida en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacio­nal, será trasladada al Com­plejo de Mujeres Privadas de Libertad (Comple), ubicado en Emboscada.

Esta decisión surge debido a que, en su momento, el juez de turno había decretado su pri­sión preventiva por un plazo de 10 días en la citada sede policial.

Ayer domingo, López cumplió dicho periodo de reclusión en el Departamento Judicial Femenino, de donde reciente­mente fue destituida la respon­sable del sitio tras detectarse que la procesada comenzó a equipar su celda para conver­tirla en una celda vip. Ahora, el juez Acevedo debe decidir si la mujer –que fue una de las más buscadas del país– será enviada a la cárcel de Emboscada como cualquier interna común o si continuará bajo un régimen de privilegios en la sede policial.

Días atrás, López fue sometida a varios exámenes clínicos en el Hospital Rigoberto Caba­llero de la Policía Nacional. Su defensa solicitó el traslado a un sanatorio privado, pero el pedido fue rechazado.

Dalia López fue detenida el pasado Jueves Santo durante un allanamiento en un exclu­sivo barrio de Asunción. Estuvo prófuga desde el año 2020, tras ser imputada por proveer pasaportes y cédulas falsas al astro del fútbol Ronal­dinho y a su hermano.

“Vimos que fue una deci­sión unilateral de la enton­ces jefa del Departamento Judicial Femenino”, explicó el viceministro de Seguridad Interna, Carlos Benítez, al hablar de las comodidades al espacio de reclusión de la empresaria Dalia López. Aseguró que es responsabili­dad personal y unilateral de la exjefa del Departamento Judicial Femenino Nidia Martínez.

Benítez comentó que ni bien tomó conocimiento del hecho, se puso en contacto con el comandante de la Poli­cía Nacional, César Silguero Lobos, y con otras autoridades.

“Vimos que fue una decisión unilateral de la entonces jefa del Departamento Judicial Femenino”, explicó el viceministro de Seguridad Interna.

El viceministro de Seguridad Interna, Carlos Benítez, indicó que la decisión de dotar de comodidades al espacio de reclusión de la empresaria Dalia López, que pasó a con­siderarse como una “celda vip”, es responsabilidad per­sonal y unilateral de la exjefa del Departamento Judicial Femenino, Nidia Martínez, quien ya fue apartada del cargo y sometida a sumario de Asuntos Internos.

Benítez comentó que ni bien tomó conocimiento del hecho, se puso en contacto con el comandante de la Poli­cía Nacional, César Silguero Lobos; con el director gene­ral de Investigación Crimi­nal, Marcelino Espinoza, así como con el director de Asun­tos Internos, para evaluar la situación, comentó durante una entrevista en la radio 730 AM.

“Lo que primariamente hemos visto que fue una deci­sión unilateral, de la entonces jefa de este Departamento Judicial Femenino. Por eso, esta acción, y lo puedo decir con certeza, no responde a lo que es la responsabilidad del comando institucional. Es una responsabilidad per­sonal y unilateral de esta jefa que ha tomado esa decisión de facilitar digamos ciertos ele­mentos a la señora que está privada de libertad”, men­cionó.

Dijo además que estas fue­ron las primeras impresio­nes que sacaron de la reunión que mantuvo con el coman­dante Silguero y el direc­tor general de Investigación Criminal. Por tanto, señaló que la exjefa de este Depar­tamento Judicial Femenino fue apartada del cargo y ya se encuentra a cargo de Asun­tos Internos para la investi­gación. “Tendrá que respon­der por su actuar de manera unilateral y personal. Rei­tero, amén de que se pueda hablar o sospechar de algún tipo de corrupción o de haber recibido dinero a cambio de este favor. Amén de esto, es una responsabilidad total­mente personal y en absoluto no representa una decisión institucional. Está claro que esto conlleva un sumario y la posible sanción dependiendo el nivel de hecho que se lle­gue a comprobar durante la investigación”, enfatizó.