La Región Sanitaria de San Pedro informó este martes que se confirmaron 16 casos de sarampión y que actualmente se tienen 50 casos sospechosos en estudio. En el departamento continúan con la campaña de inmunización y recordaron que la vacuna es fundamental para evitar contagios.

La II Región Sanitaria del país indicó que hasta la fecha se tienen contabilizados 16 casos de sarampión y que estos fueron detectados en los distritos de: Santa Rosa del Aguaray, Nueva Germania y Tacuatí.

“Estamos sumando más casos positivos, estamos trabajando para dar respuesta rápida en los puntos donde se están haciendo la búsqueda activa de casos para poder identificar el foco y poder aislar a los posibles portadores”, dijo el doctor Darío Soria, director de la región sanitaria, en canal Trece.

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Explicó que se tiene 50 notificaciones en estudios y cuyos resultados estarían en los próximos días. Además, se detectó un caso en una adolescente de 16 años y otro en un adulto de 54 años. “Esta gente está en seguimiento, no están internados y están en contacto con profesionales”, refirió.

El directivo médico instó a las personas a aplicarse las vacunas contra la enfermedad y el aislamiento de los que presentan síntomas. “Desde el 4 de agosto hasta la fecha estamos con más de 2.200 vacunas aplicadas en el distrito de Santa Rosa y 800 son menores de cinco años”, afirmó el médico.

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La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) informó que entre agosto de 2023 y agosto de 2025 evitó el pago de G. 192.623.278.803 (USD 26.386.750) a través de gestiones jurídicas en juicios laborales, demandas civiles y acuerdos alcanzados.

El asesor jurídico de la institución, Eduardo González, presentó el informe de gestión en un acto que contó con la presencia del director ejecutivo paraguayo, Luis Benítez; el ministro asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno; el consejero Michel Flores, jefes de áreas y funcionarios de la binacional.

De acuerdo con los datos, entre agosto de 2024 y agosto de 2025 la contingencia económica evitada fue de G. 84.581.044.774 (USD 11.586.444), mientras que entre agosto de 2023 y agosto de 2024 fue de G. 108.042.239.029 (USD 14.285.052).

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González señaló que la instrucción del presidente de la República, Santiago Peña, es defender los intereses de la institución y, en consecuencia, del país. Detalló que en el ámbito laboral se registró un ahorro de G. 38.448.737.601 mediante acuerdos conciliatorios, sentencias favorables y levantamiento de embargos.

En el ámbito judicial, indicó que el ahorro alcanzó G. 46.132.308.173 como resultado de sentencias favorables en ocho demandas.

Finalmente, informó que la Asesoría Jurídica analizó y emitió opinión sobre el acuerdo operativo y de comercialización de la energía de Yacyretá, firmado el 19 de mayo de este año entre la Administración Nacional de Electricidad (Ande), la EBY y la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía de la República Argentina.

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Entre la masacre en el festival Nova, en el desierto del Négev y el asedio a un kibutz próximo a la Franja de Gaza, dos sobrevivientes cuentan cómo el miedo y la pérdida siguen marcando sus días casi dos años después.

Poco menos de dos años después del 7 de octubre de 2023, las voces de quienes sobrevivieron a la masacre aún tiemblan al recordar. No es solo el sonido de las sirenas lo que quedó grabado, sino el silencio que siguió, el vacío que dejó la muerte y la certeza de que reconstruir la vida–física y emocionalmente– es un proceso sin fecha de caducidad.

La joven periodista dominicana Vera Pappaterra, conoció los horrores del 7 de octubre a través del relato de sobrevivientes, durante su viaje a Israel a comienzos de agosto, invitada por la agencia de noticias especializada en el Medio Oriente para el mundo hispano hablante, Fuente Latina.

La madrugada de ese sábado (7 de octubre de 2023), Alejandra López, una joven colombiana radicada en Israel, llegó al festival Nova con amigos.

Era un evento que llevaba meses esperando. “A las cinco de la mañana estaba bailando, cuando vi algo raro en el cielo”, recuerda López. Pensó que era parte del espectáculo, hasta que, a las 6:30 de la mañana, la música se detuvo. Tras una espera de tan solo unos 30 minutos, relata López, comenzaron los ataques.

A solo 40 kilómetros de López, en un kibutz cercano a la frontera con la Franja de Gaza, Tzvi Alon comenzaba el día con su familia. “Escuchamos la alarma, pero estábamos acostumbrados”, narra.

Él y cinco familiares se refugiaron en la habitación blindada de su casa, diseñada para resistir bombardeos, pero no para detener a hombres armados.

Afuera, los gritos en árabe se mezclaban con disparos. “Estuvimos 30 horas encerrados, con calor, sin ventilación, con niños que preguntaban cuándo llegaría el ejército,” dijo.

De vuelta en el festival, López aún pensaba que todo terminaría pronto. Recolectaba sus cosas cuando un amigo le advirtió que estaban matando a todos. Las palabras ya no eran necesarias en este punto; el estado físico del muchacho lo decía todo: “estaba en la mitad de la carretera, completamente bañado en sangre en la cara, en las manos, en todo el cuerpo”, explica López.

Comenzó entonces una huida caótica entre cientos de personas. Corrieron por tierra seca, atravesaron matorrales y se escondieron en huecos. Escuchaban explosiones y el paso pesado de los terroristas. “Sacaban a las niñas de los escondites, las torturaban, las violaban. Era como un juego para ellos”, relata López con voz quebrada. Entre las víctimas estaban dos de sus mejores amigas.

En el kibutz, los mensajes por WhatsApp traían fragmentos de horror: casas incendiadas, vecinos asesinados. Alon recibió la noticia de que su amigo había sido ejecutado y que su esposa había sido brutalmente atacada. Él no podía salir; cada intento era frenado por su hija para evitar que lo mataran. “Era como una ruleta rusa. En una casa entraban, en la otra no”, dice Alon. Afuera, los cuerpos se acumulaban.

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López pasó entre ocho y nueve horas escondida. Su ropa mínima la dejaba expuesta al sol y a la idea persistente de que, si la encontraban, sería violada antes de ser asesinada. Cuando el calor y la desesperación fueron insoportables, se movió con una amiga y encontraron a un joven israelí con agua, batería y conexión a internet. Él logró contactar al padre de su hijo, que se encontraba cerca. El rescate fue un espejismo: mientras intentaban salir, los atacantes comenzaron a incendiar la zona.

En el kibutz, cuando por fin el ejército llegó el domingo al mediodía, los soldados dieron apenas quince minutos para evacuar. Tzvi y su familia fueron llevados a la ciudad de Netivot y, luego, al Mar Muerto. Pasaron casi un año desplazados antes de reasentarse temporalmente en otro kibutz. “Quizás en dos años podremos volver como comunidad, con casas y escuelas. Hasta entonces, vivimos a la espera”.

López, armada con una pistola tomada a un guardia herido, corrió hacia la figura que reconoció como el padre de su hijo, escoltado por militares. En el trayecto vio lo que preferiría olvidar: mujeres empaladas, cuerpos colgados de los árboles banderas de Hamás cubriendo rostros. “Ese día mataron una parte de mí que no voy a recuperar”, dice. “Sobreviví, pero no soy la misma”.

Hoy, ni López ni Alon creen que la vida haya vuelto a la normalidad. La reconstrucción física: casas, calles, campos, avanza con ladrillos y planos; la reconstrucción interna es más incierta. El miedo permanece. “No creo que vivamos en paz. Tal vez uno o dos años y empezará otra vez”, admite Alon. López, por su parte, aún no puede asistir a un evento masivo sin revivir aquel amanecer.

El 7 de octubre dejó cicatrices visibles en los paisajes y heridas invisibles en las personas. A casi dos años, la memoria sigue fresca, y el peso de lo que se perdió sigue marcando cada paso hacia adelante.

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Luego de la decisión de la Cámara de Diputados de destituir del cargo de intendente a Miguel Prieto, el concejal colorado Richard Alfonso señaló que espera que ahora el Ministerio Público haga su trabajo de investigar los supuestos hechos de malversaciones y corrupción que pesan sobre el destituido jefe comunal.

En conversación con La Nación/Nación Media, sostuvo que esta decisión que tomó en la fecha la Cámara de Diputados se veía venir, desde el momento en que la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en el manejo de los recursos del municipio, los cuales fueron corroborados igualmente por el interventor Ramón Ramírez.

“Nosotros esperamos que el Ministerio Público haga su trabajo porque no pueden quedar en la nada estos casos, si es que hay hechos de corrupción, o hechos irregulares de malversación de los recursos del municipio. Automáticamente, la Fiscalía debería actuar ya de oficio”, expresó.

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El concejal Alfonso indicó que el siguiente paso inmediato es aguardar la notificación de la destitución del intendente Prieto a la Junta Municipal, para que la misma convoque a una sesión extraordinaria para la elección del nuevo intendente interino, mientras se lleva a cabo el proceso de elección del nuevo intendente municipal en el plazo de 90 días, para que concluya el mandato vigente.

Señaló además que Miguel Prieto no puede hablar de persecución política, ya que las denuncias en su contra comenzaron incluso mucho antes de que él anunciara su intención de postulación a la Presidencia 2028.

“Caen de maduro todas las tergiversaciones y manipulaciones de Miguel Prieto y su equipo, que trataron de instalar que esto es una persecución política porque él es candidato a la Presidencia 2028. Cuando se hicieron las primeras denuncias, mucho antes de que Prieto diera a conocer sus intenciones, ni los concejales, ni la Contraloría Ciudadana, ni ciudadanos, teníamos la bola de cristal para saber que Prieto lanzaría su candidatura”, comentó.

El concejal Alfonso aclaró que desconoce cuál es la situación de la carpeta fiscal contra Prieto, ya que de las casi 50 denuncias que se habían formulado en su contra, incluso antes del inicio de la intervención, a la fecha solo existen dos imputaciones fiscales contra el exintendente esteño y su equipo político y colaboradores de la municipalidad.

Señaló que esta situación demuestra que existe un serio problema en el Ministerio Público. “Ya sea, porque no se han presentado correctamente las documentaciones, o no actúan como deben de actuar los fiscales, o es que no quieren, o hay algo ahí que no sabemos qué será del por qué no están actuando como tienen que ser”, cuestionó.

Insistió en que solo existen dos imputaciones a la fecha contra Miguel Prieto, y que justamente en estas dos imputaciones Prieto se ha pasado chicaneando y recurriendo a cuanto artilugio y artimañas jurídicas pudiera para entorpecer el proceso investigativo.

Finalmente, el concejal celebró la decisión de la Cámara de Diputados, destacando que está dejando un buen precedente para cualquier otro intendente municipal y para todos los que manejan fondos públicos tienen que hacer bien su trabajo, tienen que administrar bien el dinero público para evitar que ocurra este tipo de situación como la que se dio hoy con la destitución del intendente esteño, Miguel Prieto.

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