El ultraderechista Abelardo de la Espriella dio este jueves un plazo de “un mes” a los grupos ilegales para someterse a la justicia y dijo que no hará “concesiones inaceptables”, tras su confirmación como presidente electo de Colombia.

La seguridad será uno de los principales retos del abogado millonario a partir de su posesión el 7 de agosto, en medio de una ola violenta sin precedentes en la última década.

De la Espriella promete mano de hierro contra los fortalecidos grupos armados y la suspensión de cualquier diálogo en curso con el gobierno saliente de Gustavo Petro, el primer presidente izquierdista en la historia del país.

“A todos los ilegales, disponen de un mes para organizar su sometimiento”, dijo tras recibir la credencial como próximo mandatario de Colombia, al término del escrutinio que confirmó su victoria en el balotaje del domingo.

“En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables”, agregó el abogado de 47 años.

Con un “¡Viva Cristo rey!” y “¡Firme por la Patria!”, De la Espriella inició un discurso en medio de ovaciones.

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De la Espriella, que se hace llamar El Tigre, llegó a la presidencia con fuertes críticas a la izquierda y su política de paz con la que intentó sin éxito negociar el desarme de guerrillas y narcotraficantes.

El ultraderechista sin experiencia política encabezará un país muy dividido tras el mandato de la izquierda, que aún goza de gran respaldo entre las clases bajas.

Dice que el país se regirá por el “imperio de la ley” y tendrá una cooperación sin precedentes con Estados Unidos e Israel, junto a los que planea doblegar al narco.

“Se trata de un triunfo épico porque fue del pueblo en contra de los partidos, en contra de la politiquería y en contra del establecimiento (...) No los defraudaré”, dijo el futuro mandatario, que ganó con una apuesta antisistema aunque apoyado por las fuerzas de derecha tradicionales.

Su gobierno irá hasta el 2030 y, además de la crisis de seguridad, también tendrá que hacer frente a un creciente déficit fiscal y a posibles manifestaciones de la izquierda.

• Fuente: AFP

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En el marco del proceso penal que involucra al exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, este jueves 25 de junio, los jueces que integran el Tribunal de Sentencia, intentarán conectar con sus pares del Brasil para la declaración del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espínola Marqués de Padua, condenado en su país, pero actualmente con salidas transitorias.

El Tribunal de Sentencia está integrado por los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, encargados de juzgar el caso de cohecho pasivo agravado contra Giuzzio, quien está acusado por aceptar beneficios del brasileño en servicios. Precisamente, en este juicio fue convocado Vinicius como testigo.

Según los antecedentes, Vinicius fue condenado en Brasil a 11 años de cárcel por asociación criminal y lavado de dinero proveniente del narcotráfico y actualmente goza de salidas transitorias.

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Recordemos que el pasado 11 de junio ya estaba prevista su declaración ante los jueces paraguayos, pero no fue posible porque la justicia brasileña comunicó que Vinicius estaba gozando de su salida transitoria.

Así también, en sesiones anteriores del juicio a Giuzzio, tanto la Fiscalía como la defensa de Giuzzio continuaron con la presentación de pruebas documentales y resaltaron los hechos que creyeron importantes ante la presencia de los jueces.

Una de las evidencias acreditadas por los investigadores guarda relación con los intercambios de mensajes, fotografías y videos de Giuzzio y Vinicius, relacionados con los servicios de reparación de vehículos blindados para la Policía Nacional.

Se menciona además los encuentros entre Giuzzio y Vinicius y la divulgación de una fotografía al respecto, los cuales habían provocado la destitución del primero de la cartera del Interior durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Sobre el punto, el Ministerio Público sostiene que hubo varios encuentros entre ambos y que Vinicius quería ser proveedor del Estado en servicios de seguridad. Inclusive los investigadores aseguran tener pruebas de algunas conversaciones al respecto.

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La justicia argentina intimó a la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) al cumplirse este miércoles el primero de sus seis años de prisión domiciliaria por corrupción, debido a los actos de apoyo que recibe frente a su casa.

La justicia le recordó que puede revocar el arresto domiciliario si viola condiciones pautadas al “perturbar la tranquilidad del vecindario”, luego de que cientos de personas se reunieran frente a su casa bajo la consigna “Cristina libre” el domingo pasado.

La escena es habitual desde que fue condenada en una sentencia que la ex mandataria atribuye a una “persecución política”.

Para el próximo sábado está convocada una nueva marcha de respaldo a Kirchner, que sigue siendo la principal figura de la oposición al gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei.

“Intímase a Cristina Kirchner para que, en lo sucesivo, se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión que le ha sido impuesta”, reza la resolución del juez Rodrigo Giménez Uriburu.

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La justicia la reprendió por su supuesta participación en el despliegue de una enorme bandera que unió su balcón, en un segundo piso de la calle San José de la capital argentina, con un edificio vecino con la leyenda “De San José a La Rosada”, en alusión a la sede gubernamental.

Según detalles del escrito que cita la prensa local, se le atribuye haber colaborado en la sujeción de la bandera al balcón desde donde suele saludar a sus seguidores.

Kirchner, de 73 años, fue condenada el 17 de junio de 2025 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación en la contratación de obras públicas durante su mandato. Su inhabilitación para cargos públicos ha abierto un debate al interior del peronismo.

Su liderazgo “ya había sido desafiado por varios gobernadores” antes de su condena, dijo a la AFP el analista político Andrés Malamud. “Su prisión aceleró no la sucesión, sino la fragmentación del peronismo”, añadió.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, es la figura que emerge como posible nuevo líder del espacio.

Recientemente la cámara de apelaciones rechazó un pedido de la defensa de la exmandataria para evitar un decomiso millonario de sus bienes.

• Fuente: AFP

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Es inadmisible y un desprecio a la vida que, a 14 meses del derrumbe de un edificio en Encarnación, se siga dila­tando trámites clave para que el peso de la ley caiga sobre los responsables de la desidia y la corrupción que oca­sionaron el luctuoso suceso en el que perdieron la vida una joven de 15 años y su abuela.

La Justicia no debe seguir aplazando sus veredictos. Hay dos víctimas fata­les y familiares mutilados que claman por una investigación más eficiente para que la sentencia de los tribuna­les llegue a todos los involucrados en la fallida obra. La excesiva demora en la Justicia levanta todo tipo de sospe­chas, más aún cuando el caso implica a la máxima autoridad municipal y un diputado nacional cuya empresa par­ticipó de la construcción.

La primera imputación fiscal reveló que los controles en el proceso cons­tructivo fueron totalmente omitidos, esta desidia permitió que los dueños del edificio elevaran más pisos sobre una estructura que no iba a soportar más metros en altura y la obra se vino abajo el 2 de abril de 2025. El inten­dente de Encarnación, Luis Yd, su director de obras René Miglio y otros subordinados implicados fueron imputados por la fallida construcción.

Yd y sus funcionarios no solo se des­entendieron de los controles que son de su responsabilidad, sino blan­quearon de manera alevosa con una irrisoria multa el mal procedimiento de más pisos de una estructura que no aguantaba, principal causa del desmoronamiento del edificio. Sin embargo, este avance de la investi­gación fiscal todavía no es suficiente, puesto que existen otros involucrados que a más de un año del derrumbe, siguen al margen de un proceso judi­cial que aclare sobre sus roles en el caso.

El fallido proyecto tiene detrás vin­culaciones políticas con exitosos negocios que fueron facilitados por la suspicaz negligencia municipal. Lla­mativamente, la responsabilidad en el siniestro de empresas de estos pode­rosos, como el caso de la concretera del diputado liberal Carlos Pereira Rieve, sigue siendo un misterio, pre­cisamente porque el estudio peri­cial, trámite clave de la investigación, tiene un retraso de 6 meses.

No olvidemos que la empresa del diputado liberal fue la responsable de cargar el hormigón en zapatas, losas, vigas, etc., de la estructura caída. No es menos relevante que Pereira Rieve sea aliado de Yd y aspire al cargo de intendente de Encarnación, lo que podría blindar muchos datos sobre el edificio derrumbado.

La pericia es fundamental para iden­tificar las fallas y los responsables, pero todavía sigue en espera por razo­nes desconocidas. La Fiscalía había dado un plazo de 90 días para la con­clusión del informe pericial, debía entregarse a fines de 2025, pero hasta este momento no se sabe cuándo habrá un dictamen. Lamentable­mente, nadie brinda explicaciones al respecto.

El análisis pericial incluye determi­nar la calidad del hormigón, la resis­tencia del mismo y de la estructura que debía soportar el concreto. Tam­bién el relevamiento pormenorizado de las secciones estructurales, los planos de las mismas, etc. Viendo la información que puede recabar anali­zar el informe pericial es inconcebible que no se dé la prioridad que requiere y se siga postergando las conclusiones.

¿A quién se protege en este caso? ¿Quiénes se benefician con el no esclarecimiento del siniestro? Obvia­mente familiares víctimas no, por el contrario, siguen siendo relegados en su búsqueda de justicia para sus seres queridos muertos. La Justicia tiene que aplicar firmeza y exigir el dicta­men de los datos estudiados. No se puede seguir especulando sobre un hecho tan sensible en el que se debe dilucidar los pormenores de las cau­sas del fatal suceso.

Si el objetivo es llegar a la verdad y responder al clamor de justicia de los familiares de las víctimas del edifi­cio colapsado en Encarnación, no se puede seguir dilatando los trámites clave de la investigación.