El juez penal de garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva para los tres exmiembros del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Ángel Mora.
González y Mora guardarán prisión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional por el término de 15 días; en tanto la exdirectiva Caballero estará por el mismo lapso de tiempo en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional.
Igualmente, el juzgado admitió la imputación por asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña.
La resolución se dio tras la imputación fiscal por presunta lesión de confianza y asociación criminal en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank.
El magistrado Humberto Otazú rechazó los pedidos de medidas alternativas y ordenó la reclusión preventiva de los tres exintegrantes de la cúpula de la banca matriz, quienes comparecieron en audiencia de imposición de medidas durante la tarde y noche de este viernes.
Con esta determinación, los tres exdirectivos se suman a la lista de altos exfuncionarios recluidos en la misma causa, entre los que ya figuran el expresidente de la República, Santiago Peña, imputado por asociación criminal; el expresidente del BCP, Carlos Carvallo; y el exsuperintendente de Bancos, Holger Insfrán.
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Caso Ueno: Capex destaca respuesta institucional y confianza en el sistema financiero
El presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex), Sebastián González Morassi, consideró que las medidas adoptadas tras la crisis de Ueno Bank permitirán preservar la confianza en el sistema financiero y evitar un impacto negativo en la imagen de Paraguay ante los mercados internacionales. Afirmó a La Nación / Nación Media, que, pese a la gravedad del episodio, la respuesta institucional fue oportuna y contribuyó a sostener el funcionamiento de la economía.
“Estoy convencido de que esta situación, así como está transcurriendo, nos va a dejar fortalecidos”, sostuvo. El representante del sector exportador señaló que las decisiones fueron inmediatas y que las demás entidades financieras continúan operando con normalidad, lo que demuestra la capacidad del sistema para sobrellevar una coyuntura compleja.
No obstante, advirtió que el caso tiene varias aristas y cuestionó lo que considera “posibles irregularidades en torno a la entidad bancaria”. Según su interpretación, el episodio también estuvo vinculado a movimientos de capitales y operaciones de especulación financiera que tuvieron consecuencias sobre el comportamiento de la economía.
González Morassi aclaró que, hasta el momento, no recibió reportes de empresas exportadoras que hayan visto afectadas directamente sus operaciones comerciales por trabajar con Ueno Bank.
Recortes en el PGN 2027
Por otra parte, González Morassi se refirió a los ajustes introducidos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 y consideró que la reducción de gastos puede contribuir a mejorar el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, sostuvo que el esfuerzo fiscal debe ir acompañado de mayores controles y una administración más responsable de los fondos estatales.
“Todos los recortes que se puedan hacer van a ser positivos; necesitamos más recortes, más controles y mayor responsabilidad en los gastos que hacemos”, manifestó. En ese sentido, consideró que las modificaciones presupuestarias representan un paso favorable para el país y pueden ayudar a fortalecer la disciplina fiscal.
Finalmente, el titular de Capex remarcó que la estabilidad institucional y el funcionamiento del sistema financiero son elementos fundamentales para sostener la confianza de los mercados y de los compradores internacionales. A su criterio, la forma en que Paraguay está gestionando la crisis puede convertirse en una oportunidad para demostrar la capacidad de respuesta de sus instituciones.
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BCP flexibiliza el encaje legal para dar liquidez al mercado de valores tras pedido de Asoban
El Banco Central del Paraguay (BCP) aprobó la flexibilización temporal del encaje legal solicitada por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), con el objetivo de facilitar que las entidades financieras puedan canalizar recursos de apoyo al mercado de valores.
El encaje legal es el porcentaje de los depósitos que los bancos y entidades financieras deben mantener inmovilizado obligatoriamente en el BCP.
La medida ya entró en vigencia y permitirá a bancos y financieras disponer de una parte de los fondos que mantienen inmovilizados en el organismo regulador.
Desde Asoban explicaron que la iniciativa busca contribuir a atender las necesidades de liquidez de otros participantes del mercado en la coyuntura actual, utilizando a las entidades bancarias como canal de apoyo.
Aclararon que el sistema bancario cuenta con liquidez suficiente, por lo que el mecanismo no responde a una falta de recursos en los bancos, sino a la necesidad de facilitar el acceso a financiamiento de otros actores.
En ese sentido, señalaron que las administradoras de fondos enfrentan mayores limitaciones para acceder a mecanismos de liquidez similares a los disponibles para bancos y financieras. Por ello, la flexibilización permitirá canalizar recursos hacia estos participantes, bajo las condiciones establecidas por el BCP y de acuerdo con los criterios de gestión de riesgos de cada entidad.
La medida apunta a brindar mayor respaldo al funcionamiento del mercado de valores y contribuir a preservar la estabilidad y la confianza en el sistema financiero. Asoban destacó que este mecanismo constituye una herramienta de apoyo en el contexto actual, reafirmando el compromiso del sector bancario con la estabilidad del sistema y el acompañamiento a los distintos participantes del mercado.
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Trabajadores afectados por el caso Ueno piden a Alliana el pago urgente de salarios y liquidaciones
Los trabajadores afectados por la crisis del Grupo Vázquez dirigieron una carta abierta al presidente de la República, Pedro Alliana, para solicitar medidas urgentes que garanticen el cobro de salarios y liquidaciones pendientes, además de la continuidad de la cobertura médica y asistencia a los empleados que quedaron en una situación de vulnerabilidad tras el caso Ueno Bank.
En el documento, los trabajadores señalaron que la crisis impacta directamente en unas 6.000 personas y alcanza aproximadamente a 40.000 afectados de manera directa e indirecta. Advirtieron que miles de familias atraviesan un escenario de incertidumbre económica, sin saber cómo afrontar sus compromisos financieros y necesidades básicas, especialmente ante la proximidad de las fiestas de fin de año.
Entre los casos más sensibles mencionaron a mujeres embarazadas, pacientes que se encuentran en pleno tratamiento médico, personas con discapacidad y trabajadores extranjeros que quedaron varados o alejados de sus familias. Si bien valoraron las medidas adoptadas para facilitar la búsqueda de nuevos empleos sin perder sus derechos laborales, remarcaron que los tiempos administrativos no responden a la urgencia de los hogares afectados.
Ante esta situación, solicitaron al Gobierno que articule un mecanismo para acelerar el pago de haberes y liquidaciones, garantice la atención médica de los trabajadores y sus familias, y establezca canales de asistencia para los sectores más vulnerables. También pidieron que las mesas de trabajo con sus representantes permitan obtener información transparente, plazos definidos y responsables concretos para cada compromiso.
“No pedimos favores ni privilegios; exigimos justicia y el respeto sagrado al fruto de nuestro trabajo”, expresaron en la carta, en la que instaron al mandatario a evitar que las consecuencias de una crisis empresarial recaigan sobre miles de trabajadores. Asimismo, apelaron a una respuesta política rápida que permita devolver la tranquilidad y la seguridad económica a las familias afectadas.
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Ueno Bank concentró más de USD 884 millones de fondos públicos y previsionales
El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el 2 de noviembre de 2026 el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50 % del mínimo requerido.
En ese momento, la entidad bancaria representaba alrededor del 9 % del sistema financiero, con cerca de tres millones de clientes.
Era considerada una entidad sistémica, por la cantidad de personas con las que tenía un vínculo. En su corta existencia, logró concentrar más de USD 884 millones.
Ueno, a secas, comenzó a despuntar luego de la adquisición de Financiera El Comercio, por parte del Grupo Vázquez, conglomerado que desde ese momento mostró gran agresividad en el mercado local.
Posteriormente, el portafolio se fue ampliando y llegó Itti, compañía de servicios tecnológicos que con base en absorciones se hizo de una cartera importante de productos y, sobre todo, usuarios de sus servicios.
Con la asunción de Santiago Peña y el paso de su por entonces presidente, Carlos Carvallo, a la presidencia del Banco Central del Paraguay (BCP), fue ganando fuerza hasta que llegó a absorber uno de los bancos más conocidos y tradicionales del sistema, Visión Banco.
Esto le dio mayor fortaleza para comenzar a captar dinero de instituciones públicas y previsionales a mansalva, hasta convertirse en un nuevo jugador de importancia, a fuerza de depósitos con plata pública o de trabajadores aportantes.
Evidentemente, ese flujo de capitales a la vez le otorgó el caudal necesario para calzar sus famosos reintegros, mediante los cuales expandió fuertemente la captación de clientes, los que paralelamente fueron nutriendo de depósitos, aunque en menor medida, a lo que en ese momento era un prometedor modelo de negocios.
Cifras
Ueno Bank no perdonó ni pelo ni marca, se hizo con todo el dinero que pudo, comenzando con el gigante IPS, del cual extrajo alrededor de USD 515 millones, unos USD 358 millones del Fondo de Jubilación y alrededor de USD 157 de programas institucionales, entre ellos administrativos, de salud y jubilaciones.
Otra de las entidades que manejan grandes volúmenes de capitales es Itaipú, entidad binacional que dejó en manos del fallido banco alrededor de USD 181 millones. Petropar, por su parte, tiene estancados USD 46 millones, aproximadamente, y una denuncia penal en marcha. La petrolera estatal tenía una relación comercial con la extinta entidad, a través de los beneficios vía tarjetas de crédito.
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) también se vio perjudicada, con unos USD 21 millones retenidos en el fallido ente.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (Cajubi) acusó un impacto de G. 100.691 millones, lo que representan unos USD 16,3 millones.
Por su parte, la golpeada Caja Fiscal se encuentra complicada con unos G. 250.000 millones, es decir unos USD 40,6 millones.
En este sentido, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, había manifestado en conferencia de prensa que esta coyuntura no afecta al funcionamiento de la Caja, al menos de manera inmediata.
La Caja Bancaria, denuncia penal mediante, busca recuperar la suma de G. 186.250 millones, lo que significan USD 30,2 millones, aproximadamente. Por su parte, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CJPPA) tenía depositados G. 43.092 millones, unos USD 7 millones. Otro ente previsional, la Caja de Jubilaciones de la Entidad Binacional Yacyretá, se encuentra a la expectativa, considerando el monto ingresado de USD 10 millones.
El Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) se vio afectado en G. 40.000 millones, unos USD 6,5 millones y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en G. 70.000 millones, es decir USD 11,3 millones.
Las cifras mencionadas totalizan USD 884,9 millones, de fuente pública y cajas previsionales, dinero se que verá si se recupera en el proceso de resolución que lleva adelante el Banco Central del Paraguay (BCP).