Tras varias chicanas rechazadas en todas las instancias y nuevos intentos de seguir dilatando el inicio del juicio oral y público, este lunes el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, debe responder ante la Justicia por el supuesto mega negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia del covid-19, en el caso conocido como “Tía Chela”. El perjuicio patrimonial sostenido por el Ministerio Público supera la millonaria suma de G. 2.130.036.016. La audiencia oral comenzará a las 08:00.

Además de Prieto —quien cuenta con otras dos acusaciones por negociados y centenares de denuncias en trámite—, deberán estar sentados en el banquillo de los acusados: Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario.

La lista de acusados sigue con: Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de Órdenes de Pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL; y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.

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El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a Prieto y a los demás procesados está conformado por los jueces Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel. Por su parte, el fiscal del caso es Silvio Corbeta, quien tendrá que sostener la acusación. El representante del Ministerio Público cuenta con sobrados elementos probatorios para demostrar la gravísima responsabilidad de Prieto y de cada uno de los procesados en el presente caso.

En el juicio, la Fiscalía sostendrá la acusación en la cual se menciona que Prieto causó un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016. Para el Ministerio Público, el exintendente encabezó un esquema de corrupción que se instaló en el municipio y estuvo conformado por funcionarios a su cargo, quienes habrían operado para el desvío de recursos municipales.

El 25 de marzo del año 2020, en plena pandemia, el intendente opositor Miguel Prieto anunciaba con bombos y platillos en sus redes sociales que estaba distribuyendo víveres a las comunidades carenciadas. Según explicó a la Contraloría General de la República, estos víveres los adquirió a través de una contratación de urgencia a la firma Tía Chela SRL. El inconveniente es que, según los papeles, este contrato con la empresa de víveres se concretó recién el 27 de marzo del 2020, pero Miguel Prieto ya estaba publicando los videos jactándose de la entrega el 25 de marzo; es decir, dos días antes.

Curiosamente, el 27 de marzo de 2020, el mismo día que la municipalidad firmaba el contrato con Tía Chela SRL, se producía la primera entrega de 15.000 kits de los 25.000 que debían proveerse, y se elaboraba la factura de crédito. Es decir, la licitación se encontraba apenas en proceso, pero dos días antes, Miguel Prieto ya estaba haciendo pública la entrega de alimentos, exhibiendo incluso canastas en sus videos.

El Ministerio Público llegó a la conclusión de que Miguel Prieto se aprovechó de su cargo de ordenador de gastos para hacer uso y abuso de los recursos, comprando kits de alimentos que, en realidad, no fueron proveídos por Tía Chela SRL.

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Prieto deberá enfrentar otro juicio oral por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimonial estimado en más de 300 millones de guaraníes. Así lo resolvió en su momento el juez Penal de Garantías, Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el “Caso Tajy”.

Igualmente, el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales destinados a obras en el Hospital Regional de la capital de Alto Paraná.

En el presente proceso penal, siete de los once imputados ya admitieron los hechos de corrupción cometidos por Prieto y otros, lo que robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este. El perjuicio patrimonial en este tercer proceso sería de G. 757 millones, en el marco de trabajos que no se realizaron correctamente en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

El exintendente del Este Miguel Prieto y sus coacusados se sentarán en el banquillo este lunes 31 de agosto a las 8:00, cuando arranque el juicio oral por el presunto negociado en la compra de víveres durante la pandemia del covid-19.

La fecha quedó firme después de que el Tribunal de Apelación de Delitos Económicos rechazara el recurso presentado por la coacusada Emili Vanessa Florentín Páez, quien buscaba revertir la decisión del Tribunal de Sentencia de recalendarizar y adelantar el inicio del juzgamiento para este primer día hábil de la semana.

Así, quedó despejado cualquier obstáculo para que Prieto y el resto de los procesados afronten el juicio en la causa conocida como Tía Chela, que investiga presuntas irregularidades y hechos de corrupción en la compra de kits de alimentos durante la emergencia sanitaria.

Dichas compras, gestionadas durante la administración de Prieto, estaban destinadas a asistir a familias en situación de vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia.

En su fallo, la instancia de apelación argumentó que la resolución del Tribunal de primera instancia fue dictada en el estricto y legítimo uso de las facultades ordenatorias que poseen los jueces para organizar sus audiencias.

De esta manera, el colegiado desestimó las quejas de la defensa por el cambio de fecha.

Para fundamentar su postura, el documento de la resolución judicial expresa textualmente: “Al rechazar la reposición, el Colegiado, luego de analizar la pretensión de la defensa técnica, ha decidido sustentando suficientemente su decisión en la ley y conforme a su disponibilidad. En estas condiciones, corresponde confirmar el auto apelado en subsidio”.

La admisión de los hechos por parte de siete de los once imputados robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto señaló el fiscal Silvio Corbeta, quien investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de la comuna esteña, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones, en el marco de trabajos en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

“Para nosotros, lógicamente todas estas circunstancias que están aconteciendo con la admisión voluntaria de estas personas, de los procesados de los hechos, para nosotros robustece nuestra teoría del caso que nosotros presentamos como hipótesis y que posteriormente vamos con el dictamen final”, manifestó el representante de la Fiscalía, ayer viernes, al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La séptima procesada, de once procesados en esta causa, admitió los hechos y posteriormente solicita una suspensión condicional del procedimiento. Se trata de Cinthia Noelia Alen Guerrero, representante legal de la empresa M&M Construcciones, quien no contaba con la calidad de ordenadora de gastos u obligación legal directa de proteger el patrimonio municipal en la misma medida que el autor principal, de acuerdo a la Fiscalía.

Corbeta señaló que esta admisión de los hechos fortalece la investigación “porque de alguna forma están brindando información que es importante para las diferentes aristas de la investigación porque si bien, la línea central se centra en un perjuicio patrimonial, hay diversas situaciones que acontecen en este periodo previo y durante también en el periodo que se dieron la construcciones y refacciones del hospital que se van confirmando con la admisión de los hechos”.

El fiscal explicó que la fecha tope para la presentación de requerimiento conclusivo es el próximo 9 de setiembre, establecido por el juzgado especializado en Delitos Económicos. “En el requerimiento conclusivo vamos a expedirnos si tiene la certeza suficiente para someter a un juicio oral y público, o solicitar la correspondiente elevación de la causa al juicio”, refirió el fiscal Corbeta.

En el marco de la presentación de requerimiento, la Fiscalía se expedirá referente a la situación procesal de tres personas que quedan, que son Miguel Prieto, Valeria Romero y Sebastián Martínez. También está imputado en esta causa, pero no está procesado, el diputado Walter García, que hasta la fecha no fue desaforado, aclaró el agente fiscal.

“Él (diputado) hasta la fecha no fue desaforado, con relación a él no podemos emitir ninguna conclusión. Son once imputados, de los cuales uno tenemos un obstáculo que es los fueros que posee el diputado, de los cuales siete personas ya admitieron los hechos y se solicitó una suspensión condicional a favor de los mismos”, apuntó.

La admisión de los hechos por parte de siete de los once imputados robustece la teoría del Ministerio Público en la causa contra el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, señaló el fiscal Silvio Corbeta, quien investiga el presunto desvío de fondos públicos a través del Consejo Local de Salud de la comuna esteña, que habría ocasionado un perjuicio patrimonial superior a G. 757 millones, en el marco de trabajos en el Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.

“Para nosotros, lógicamente todas estas circunstancias que están aconteciendo con la admisión voluntaria de estas personas, de los procesados de los hechos, para nosotros robustece nuestra teoría del caso que nosotros presentamos como hipótesis y que posteriormente vamos con el dictamen final”, manifestó el representante de la Fiscalía.

En el sexto día del juicio reservado que se desarrolla contra el principal sospechoso del crimen de María Fernanda en Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, el médico forense, Pablo Lemir, confirmó que la joven sufrió un muerte violenta y que existió evidencia de un intento de aborto vía vaginal. El perfil psicológico del acusado también indica que fue víctima de violencia familiar.

Ante el Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, Lemir declaró que María Fernanda Benítez estaba embarazada de 14 a 16 semanas, además, que durante la autopsia se pudo constatar que había marcas de pinzas ginecológicas y que ante su edad gestacional evidencia que pudo haber un intento de aborto.

Afirmó que la joven tuvo una muerte violenta provocada por un traumatismo de cráneo que fue causado por un objeto contuso romo que le provocó una hemorragia cerebral, pero como el cuerpo fue quemado no se pudo determinar si falleció inmediatamente o por ese golpe. “De lo que sí tenemos evidenciada es del traumatismo craneoencefálico y fue la herida principal constatada”, aseguró.

Así también, resaltó que el desprendimiento de las extremidades se registró por calcinamiento y que no fue provocado por otro objeto previo a que se le prendiera fuego como se pensaba antes de realizar la autopsia. El informe de Lemir aclara que el fallecimiento de la joven se registró tres a cinco días antes del hallazgo del cuerpo.

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El principal sospecho del crimen de María Fernanda fue entrevistado por psicólogos para lograr determinar un perfil, los resultados revelan que presenta rasgos de egocentrismo y baja empatía hacia los otras personas.

“Dios perdona y sé que en un futuro puedo ser una mejor persona”, fue lo que expresó el joven, al momento de ser entrevistado por los profesionales en el proceso de investigación que se realizó tras ser acusado como el principal sospechoso del feminicidio de Mafe.

Unicanal accedió a la conclusión del Test Apercepción Temático (TAT) aplicado al imputado que detalla que se trata de una persona con buena estabilidad emocional e introspección, pero revela rasgos de egocentrismo agudo, muy baja empatía, conductas rudas o defensivas y una historia personal adversa que influye en sus trastornos de conducta.

Además, detectaron antecedentes de traumas severos y que el joven habría indicado que fue sometido a violencia física durante su infancia y llegó a intervenir físicamente para intentar detener las agresiones que supuestamente su papá tenía contra su madre, ciclo habría moldeado la conducta criminal.

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El feminicidio de María Fernanda Benítez Martínez, de 17 años, se reportó el 27 de mayo del 2025 en la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, pero el hallazgo del cuerpo de la joven se reportó recién el 31 de mayo de ese mismo año, este estaba enterrado y totalmente calcinado en un patio baldío del barrio Villa del Maestro.

El presunto autor material del crimen al ser menor de edad al momento del hecho se enfrenta a un juicio en paralelo bajo el régimen penal adolescente con un pedido de pena máxima de 8 años.

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