Juicio oral contra exjueza civil Tania Irún se iniciará el 22 de julio
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Los días 22, 24 y 31 de julio se desarrollará el juicio oral y público para la exjueza civil y comercial Tania Irún, acusada por el delito de prevaricato tras, presuntamente, violar la seguridad fronteriza nacional al firmar un fallo judicial que otorgó de forma irregular 310.000 hectáreas de tierras protegidas a empresas de maletín en el departamento de Alto Paraguay.
Luego de conformarse el tribunal de sentencia, cuyos integrantes son los jueces Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz, se fijó la fecha para el desarrollo de la audiencia oral. El presente caso se realizará tras confirmarse en la Cámara de Apelación la resolución judicial que elevó este proceso penal a un juicio oral y público.
En su momento, la fiscal adjunta Soledad Machuca acusó y solicitó el juicio oral y público para la procesada. Machuca fue contundente al señalar que la entonces magistrada obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial —e intimó a la parte demandada— a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en Alto Paraguay.
La acusación del Ministerio Público refiere textualmente: “Como bien podrá advertirse, la entonces magistrada Irún, al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley Especial N° 2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan solo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras, afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes; sin embargo, en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”.
Tribunal halló culpable a Vivian Genes por quema de Colorado Róga y dio por cumplida la pena
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El Tribunal de Sentencia dictó la sentencia de 5 años y 2 meses de prisión para Vivian Genes en el marco de la causa por perturbación de la paz pública y producción de riesgos comunes, vinculada con la quema de Colorado Róga, la sede institucional de la Asociación Nacional Republicana (ANR), que ocurrió el 17 de marzo del 2021.
Sin embargo, el Tribunal presidido por la jueza Lourdes Garcete determinó que la pena ya fue compurgada teniendo en cuenta el tiempo que Genes pasó bajo prisión preventiva y arresto domiciliario durante el proceso, y fue puesta en libertad. Así también, la joven fue absuelta por los cargos de daño a costas de interés común y daño a obras construidas o medios de trabajo.
La joven aparecía en materiales audiovisuales donde se la puede ver encendiendo y llevando un cartel en llamas hacia el acceso del local; que fue utilizado en el proceso de juzgamiento, como así testimonios de otras personas que se encontraban en el sitio. Igualmente, el tribunal realizó un peritaje de la vestimenta de la acusada, que fue comparada con las imágenes tanto del material audiovisual como fotos de las redes sociales.
Con estas imágenes se pudieron confirmar los hechos que son atribuidos a la joven, lo que demuestra que la misma es una de las personas que incendiaron la sede partidaria, como así también se demuestra la intención dolosa de sus acciones, de acuerdo al tribunal. La jueza Garcete subrayó que la indignación ante la corrupción estatal no constituye una causal de legítima defensa ni un estado de necesidad que justifique el ataque a una propiedad privada.
Un tribunal de sentencia condenó a 7 años y 3 meses de cárcel a la exfiscala Ana Girala luego de ser encontrada culpable por prevaricato, cohecho pasivo y otros. Foto: Archivo
Condenan a 7 años y 3 meses de cárcel a exfiscala por prevaricato, cohecho pasivo y otros
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El tribunal de sentencia, integrado por las magistradas Yolanda Morel, Ana Rodríguez y Karina Cáceres, condenó a la exfiscala Ana Girala a 7 años y 3 meses de pena privativa de libertad luego de ser encontrada culpable por un esquema de extorsión y pedidos de coima en su unidad fiscal de San Lorenzo.
Asimismo, el colegiado condenó a la exsecretaria fiscal Griselda Acha a la pena privativa de 6 años y 6 meses, a la exasistente fiscal Christi Magalí Ortega a la pena privativa de libertad de 4 años. Mientras que al abogado Marco Velazco, a la pena de 2 años y 6 meses; y la abogada Liz Martínez a 3 años y 6 meses. Igualmente se mantiene las medidas cautelares impuestas a los sentenciados.
La exrepresentante fiscal fue encontrada culpable por los hechos punibles de prevaricato, extorsión en calidad de coautora, tentativa de extorsión en calidad de coautora, cohecho pasivo agravado.
El colegiado sostuvo que Girala utilizó su investidura para obtener beneficios económicos, dirigió operativamente a sus funcionarias, direccionó causas hacia abogados de confianza y afectó gravemente la confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público y en el sistema de justicia.
Por otra parte, la acusada Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín fue absuelta de reproche y pena al no probarse su participación en los hechos acusados por el Ministerio Público.
Por su parte, la jueza Yolanda Morel, ratificó la existencia de una organización criminal que operaba dentro de la sede del Ministerio Público en San Lorenzo para obtener réditos económicos ilícitos.
El Ministerio del Trabajo inició la fiscalización en la zona donde se registro la explosión en una barcaza que dejó cinco trabajadores fallecidos. Foto: Gentileza
Ministerio del Trabajo inició fiscalización tras explosión en barcaza que dejó cinco muertos
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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) decidió iniciar una fiscalización tras el accidente laboral ocurrido el sábado en una barcaza, donde una explosión produjo el fallecimiento de cinco trabajadores. Según los datos recabados, los funcionarios realizaban tareas de limpieza en la embarcación cuando se produjo la explosión, cuyas causas aún son investigadas.
Los técnicos del ministerio del Trabajo comenzaron las diligencias para constatar las condiciones en que se desarrollaban las labores, la situación laboral de las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la empresa responsable.
La institución fiscalizadora señaló que la intervención forma parte de sus atribuciones en materia de fiscalización laboral y busca esclarecer las condiciones en que ocurrió el accidente, además de determinar, dentro de su ámbito de competencia, si existieron incumplimientos de la legislación laboral y de las normas de seguridad y salud en el trabajo.
Finalmente, el Ministerio de Trabajo expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que acompañará el desarrollo de las investigaciones en coordinación con las demás instituciones intervinientes.
Pruebas documentales no vinculan a Boidanich en ningún hecho irregular, dice defensa
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Prosiguió el juicio oral y público para el extitular de la Seprelad, Óscar Boidanich, juzgado por supuesta frustración de la ejecución y persecución penal, al presuntamente no alertar sobre las operaciones del empresario Darío Messer. En la audiencia oral desarrollada este martes en el Palacio de Justicia, se produjeron varias pruebas documentales del Ministerio Público que no tienen ninguna relación con el extitular de la Seprelad, lo que afianza la tesis de la defensa sobre la inexistencia del hecho punible acusado.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera, defensor de Boidanich, señaló: “Ningún elemento producido en el juicio oral hasta el momento vincula a mi representado con algún manejo irregular en el presente caso”. La audiencia oral proseguirá el 9 de julio a las 11:00 con la última parte de la exhibición de las pruebas documentales. Luego se ingresará a la etapa de alegatos finales, tanto del Ministerio Público como de la defensa. El Tribunal de Sentencia que juzga el caso está integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos.
Semanas atrás, altos funcionarios de la Seprelad declararon y deslindaron toda responsabilidad de Boidanich en las supuestas demoras del trámite del informe de inteligencia sobre Messer. Los testimonios evidenciaron que el proceso continuó su curso bajo la gestión de otras autoridades mientras Boidanich se encontraba fuera de sus funciones por cuestiones de salud.
Crismilda Espinoza, una de las testigos principales, admitió ante el Tribunal que Boidanich no le dio instrucción alguna sobre el caso. Asimismo, reconoció que, al menos desde marzo del 2018, tenía pleno conocimiento de la existencia de un dictamen jurídico sobre el borrador del informe de inteligencia y que, durante su interinazgo como titular de la Seprelad, siguió el trámite de dicho documento. Espinoza confirmó que ejerció la titularidad de la institución entre los meses de enero y febrero de 2018, y luego desde principios de marzo hasta el 15 de abril del mismo año.
La defensa técnica enfatizó que no se le puede reclamar ninguna responsabilidad a Boidanich por los hechos ocurridos en esos lapsos, dado que no se encontraba ejerciendo el cargo.