La sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación presentada por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza en el caso conocido como Tajy y destrabó el proceso penal del exjefe comunal acusado por supuestas irregularidades en la compra de alimentos durante la pandemia.
La máxima instancia judicial concluyó que no existen motivos válidos para separar a los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, quienes integran el Tribunal de Apelación que entiende en el proceso. Con esta resolución judicial, los camaristas deberán resolver los recursos pendientes que actualmente impiden la realización de la audiencia preliminar, etapa en la que se definirá si el caso es elevado o no a juicio oral y público.
Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez acusaron al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La investigación del caso Tajy sostiene que habría existido un esquema para desviar recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este mediante licitaciones presuntamente direccionadas a empresas vinculadas al exintendente.
La acusación, el perjuicio patrimonial ocasionado al municipio asciende a G. 306.188.500, correspondientes a pagos realizados por mercaderías inexistentes.
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Corte suspende a juez de Capitán Bado, imputado por caso vinculado a “Cabeza Branca”
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió suspender preventivamente en el ejercicio de sus funciones, y sin goce de sueldo, al juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Capitán Bado (Circunscripción Judicial de Amambay), Cristian Ariel Sánchez Zaracho, imputado por el supuesto hecho de lavado de activos en la modalidad de frustración de comiso. Asimismo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) inició un proceso de enjuiciamiento en su contra.
De acuerdo con el acta de imputación, el magistrado habría ordenado la subasta pública de dos inmuebles que contaban con medidas cautelares vigentes y expectativa de comiso, en el marco de una causa vinculada al narcotraficante brasileño Luiz Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”.
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Según el escrito fiscal, en agosto de 2023 la Senabico informó al juez que los inmuebles poseían medidas cautelares vigentes dictadas en dicha causa. Pese a ello, el magistrado dispuso la subasta de ambas propiedades. Posteriormente, informes de la Dirección General de los Registros Públicos emitidos en octubre y noviembre de 2023 —a pedido del propio juez— confirmaron la vigencia de una prohibición de innovar dictada por la jueza Penal de Garantías, Lici Sánchez.
A pesar de estos informes, la subasta se realizó el 8 de noviembre de 2023 y los inmuebles fueron adjudicados a la firma Grupo Paraná S.A. El 28 de noviembre, el juez aprobó el remate y ordenó la inscripción preventiva de los bienes a favor de la empresa adjudicada. Finalmente, la Dirección General de los Registros Públicos emitió una nota negativa y rechazó la inscripción debido a la vigencia de las medidas cautelares dictadas en el proceso penal relacionado con el caso “Cabeza Branca”.
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Ministro César Diesel disertará sobre litigancia climática y derechos humanos en el Vaticano
El ministro César Diesel disertará en representación de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay y de la Sala Constitucional en el encuentro internacional “Jueces, Litigancia Climática y Derechos Humanos”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC), con el patrocinio de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.
La actividad se desarrolla este martes 6 y miércoles 7 de octubre de 2026 en la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, Ciudad del Vaticano, y reúne a magistradas y magistrados de los más altos tribunales de América Latina y el Caribe, junto con representantes de cortes constitucionales, supremas e internacionales.
El encuentro, concebido como un diálogo entre jueces latinoamericanos y caribeños y representantes de las principales cortes constitucionales, supremas e internacionales, tendrá como eje la construcción de criterios judiciales frente a la emergencia climática y su impacto en los derechos humanos. Para ello, se analizarán los estándares establecidos en la Opinión Consultiva OC-32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de los cuales se debatirá un Documento de Estándares y Lineamientos para el Litigio Climático, orientado a favorecer su aplicación práctica y contribuir al desarrollo de una agenda judicial regional e internacional en materia ambiental y climática.
En su carácter de miembro de la Sala Constitucional y ministro enlace de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel representará a Paraguay como expositor y tendrá a su cargo una ponencia durante la jornada del miércoles 7 de octubre. Su intervención contribuirá al intercambio de experiencias y criterios judiciales sobre los desafíos que plantea la litigancia climática y su relación con la protección de los derechos humanos y ambientales, aportando la perspectiva del sistema judicial paraguayo a este espacio de diálogo internacional.
El ministro César Diesel estará acompañado por el doctor Delio Vera Navarro, presidente del Colegio de Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia de Iberoamérica (COPAJU PY), organización de la que el ministro es asociado honorario, distinción conferida en reconocimiento a su activa cooperación, apoyo y acompañamiento a sus actividades institucionales y académicas.
La actividad es organizada por el IFBC bajo la coordinación científica del doctor Antonio Herman Benjamin, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Brasil, y reunirá a 60 participantes provenientes de distintos ámbitos de la judicatura y del derecho internacional.
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Caso Tía Chela: Corbeta cuestiona compras de CDE y habla de una “licitación fraguada”
El agente fiscal Silvio Corbeta explicó los principales elementos con que cuenta el Ministerio Público para sustentar la acusación contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, que están presentando durante el juicio oral que se desarrolla en la etapa de producción documental. Sostuvo que la comuna esteña no adquirió la totalidad de las mercaderías que figuran en los documentos, por lo que califica como “una licitación fraguada”.
El fiscal Corbeta mencionó durante una entrevista para el medio digital El Observador, que los informes de la Dirección Nacional de Contrataciones Pública (DNCP) y la Contraloría respaldan los cuestionamientos al procedimiento utilizado. También señaló que la empresa adjudicada “Tía Chela” no contaba con todo el stock declarado al momento de la recepción.
Mencionó además que durante el mismo tiempo, o el mismo periodo de tiempo fueron adjudicadas otras dos empresas más, entre marzo y abril del 2020, a la par que fue adjudicada Tía Chela, donde también se compraron más kit de alimentos.
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“Para nosotros, como Ministerio Público, es una licitación fraguada, o sea una licitación simulada; debido a que no se compró la totalidad de las mercaderías que figuran en las documentaciones de compra por parte de la Municipalidad. Esto no es una cuestión subjetiva mía, ni de ninguno de los colegas que me acompañan”, precisó.
El fiscal remarcó que esta acusación fiscal está sustentada en el informes de la DNIT que hizo una trazabilidad, y se pudo detectar que Tía Chela, no tenía todo el stock de estas mercaderías al momento en que supuestamente se hicieron estas notas de recepción.
Asimismo, mencionó además que la Municipalidad de Ciudad del Este utilizó de manera incorrecta la vía de excepción para las compras investigadas. “Esto tampoco es una cuestión subjetiva del Ministerio Público, ni mía, ni de ninguno de los agentes fiscales; sino que esto está sustentado en dictámenes tanto de la Contraloría como de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”, remarcó.
En ese sentido, explicó que durante la pandemia este mecanismo debía estar vinculado a acciones de prevención y mitigación del coronavirus. Indicó que esas adquisiciones podían realizarse mediante una licitación pública para garantizar mayor transparencia. Señaló que el Ministerio Público sostiene que el procedimiento utilizado no ofreció las condiciones de transparencia requeridas.
Repetido modus operandi
El fiscal Corbeta vinculó el caso de Tía Chela, que fue para compra de kits de alimentos con la causa conocida como “Tajy”. Sostuvo que en ambos procesos se habría recurrido a la vía de excepción y se convocó a empresas vinculadas entre sí.
Explicó que en el caso Tajy también participaron firmas relacionadas con personas cercanas a la empresa adjudicada. El fiscal afirmó que incluso se repitió el uso de facturas de una misma empresa como respaldo de las operaciones.
No obstante, aclaró que el Ministerio Público no sostiene que los kits no hayan sido entregados, sino que cuestiona la vía utilizada para la contratación. Explicó, que la Municipalidad pudo haber recurrido a una licitación pública, con mayor cantidad de oferentes y condiciones para garantizar una mayor transparencia en el proceso.
“Para el Ministerio Público no existió esa transparencia y por eso no solo en este caso, el mismo modus operandi, se siguió en el segundo caso que está llevando a juicio oral el caso Tajy. Se hizo por la vía de la excepción, se convocó a empresas vinculadas a la señora Emili Vanessa Florentín propietaria de Vanemi S.A. Se invitó a a la empresa Tajy que fue la adjudicada, que era el tío de la señora Florentín, se invita a Vanemi y se invita al cuñado de la señora en ese entonces, el cuñado de la señora Florentín, es el señor Ayala que era un DJ”, precisó.
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El presidente de la Corte inauguró diplomado en derecho administrativo
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, participó este lunes de la apertura del “Diplomado en Derecho Administrativo”, que se desarrolló en el Salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de Asunción. La propuesta, impulsada por la máxima instancia judicial a través del Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ) y la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero Contencioso Administrativo, busca fortalecer el conocimiento y el debate entre magistrados, funcionarios, estudiantes y profesionales del área.
Durante su intervención, el ministro Martínez Simón destacó la relevancia del diplomado y valoró la amplia concurrencia, señalando que evidenció el interés generado por la propuesta académica. En ese sentido, resaltó la necesidad de promover espacios de discusión y reflexión sobre esta rama jurídica, considerando sus particularidades y complejidades.
Asimismo, expresó sus deseos de que las próximas jornadas sean provechosas para los participantes y contribuyan al progreso intelectual y a la formación académica de los mismos.
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El titular de la Corte Suprema refirió que el diplomado cuenta con el apoyo de la institución, a través del CIEJ y de la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero Contencioso Administrativo, con el propósito de generar nuevos conocimientos y fomentar el intercambio de ideas en el ámbito administrativo.
Por su parte, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del miembro de la Primera Sala del Tribunal de Cuentas y coordinador del Diplomado en Derecho Administrativo, Gonzalo Sosa Nicoli, quien resaltó que el diplomado constituye la primera actividad formativa desarrollada en el marco del convenio suscrito este lunes entre la Corte Suprema de Justicia y el Centro Iberoamericano de Estudios de Derecho Público. En ese contexto, señaló que representa una oportunidad para el intercambio de conocimientos, experiencias y perspectivas, así como para el abordaje de temas actualizados del área.
La jornada contó con la participación de reconocidos referentes del Derecho Administrativo y del Derecho Público. El diplomado se desarrollará hasta diciembre y está dirigido a magistrados, funcionarios del Poder Judicial y público en general.