Lindomar Reges Furtado, presunto narcotraficante que habría estado vinculado en nuestro país con el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, fue condenado a 37 años de cárcel por liderar una red internacional de tráfico de cocaína. La decisión judicial fue dictada por un Tribunal Federal de Río de Janeiro en el marco de la Operación Turf, ejecutada por la Policía Federal del Brasil.
Según el fallo del Tribunal Federal, Reges Furtado encabezaba una estructura criminal dedicada al envío de cocaína hacia Europa y África, utilizando una compleja red logística que involucraba a varios países de Sudamérica.
Las investigaciones señalan que la organización habría movilizado más de 6,6 toneladas de droga entre diciembre de 2020 y febrero de 2022, en al menos 14 envíos distintos. El esquema consistía en la sustracción de contenedores con mercaderías legales en puertos brasileños, que luego eran trasladados a depósitos clandestinos —en muchos casos ubicados en favelas—, donde se reemplazaba parte de la carga por cocaína.
Posteriormente, los contenedores eran devueltos a las terminales portuarias para su envío hacia destinos en Europa y África. La justicia de Brasil sostuvo que Lindomar Reges no solo participaba en la logística del esquema, sino que tenía un rol de liderazgo junto a otro integrante de la organización, con capacidad de negociar tanto con proveedores en Sudamérica como con compradores en el exterior, principalmente radicados en Dubái.
La droga, según la investigación, era adquirida en Bolivia y Colombia, con un paso estratégico por Paraguay dentro de la red de distribución regional. En Paraguay, Reges Furtado residió durante varios años y llegó a utilizar una identidad legal, además de vivir en el Paraná Country Club de Hernandarias, departamento de Alto Paraná. En 2022, logró escapar minutos antes de un operativo conjunto entre la Policía Federal de Brasil y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), hecho que generó gran repercusión en la región por la posible filtración del procedimiento.
Esto ocurrió durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, cuyo ministro designado primero para la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y luego para el Ministerio del Interior, está siendo juzgado por recibir favores de otro supuesto narco, Marcus Vinicius Espíndola Marques.
El caso volvió a tomar relevancia en el ámbito judicial paraguayo debido a que, en el marco del juicio oral contra Giuzzio por presuntos vínculos con el narcotráfico, la Fiscalía solicitó incorporar como prueba la información extraída de los teléfonos incautados al narcotraficante brasileño. El objetivo es detectar eventuales contactos o vínculos que puedan ser valorados en el proceso por presunto cohecho pasivo agravado.
Giuzzio habría recibido beneficios del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Márquez de Padua, actualmente detenido en Brasil, quien a su vez mantenía un vínculo con el hoy condenado a 37 años de prisión. En ese contexto, la Fiscalía sostiene que Lindomar Reges Furtado también podría haber tenido algún tipo de contacto o conexión con el exministro, lo cual pretenden comprobar a través de los mensajes extraídos del celular del sentenciado.
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