El juez de Garantías, Francisco Acevedo, libró un oficio judicial a la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC), a efectos de realizar un estudio de factibilidad para la aplicación de una tobillera electrónica a Dalia López.

La procesada permaneció prófuga, burlándose de la Justicia durante seis años, tras ser imputada por facilitar cédulas de identidad y pasaportes falsos al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y a su hermano.

La medida fue solicitada por la defensa de López, quien busca allanar el camino para obtener el beneficio del arresto domiciliario. Con esta estrategia, se pretende dilatar el proceso penal y asegurar que una eventual condena de cárcel se cumpla en su residencia. Según la determinación judicial —una situación poco habitual—, el personal de la dependencia de monitoreo deberá trasladarse hasta el domicilio propuesto para la reclusión.

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De otorgarse la libertad a López para que abandone el penal de mujeres de Emboscada, se sentaría un precedente negativo, considerando su largo historial de evasión judicial. Días atrás, el propio juez Acevedo había ratificado la prisión preventiva de López en Emboscada. Sin embargo, la procesada insiste en abandonar su lugar de reclusión.

Fuentes judiciales mencionan que, presuntamente, políticos e integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) estarían operando para favorecer a la mujer.

Recientemente se descubrió que Dalia López estaba montando una “celda VIP” en el Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, hecho que generó un fuerte repudio en la ciudadanía y puso bajo la lupa los privilegios a los que intenta acceder.

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El padre de Tobías, el niño arrastrado por el raudal en San Lorenzo, se encadenó este martes exigiendo avances en la investigación de la muerte de su hijo. Pidió la celeridad en las pericias pendientes a tres meses de la tragedia.

“El raudal le tragó a mi hijo y aún no tenemos respuestas. Ya no sé quién me miente”, dijo en el programa Dos en la Ciudad de canal GEN y Radio Universo 970AM. La familia no está encontrando respuestas en la justicia, por lo que Reinaldo Suárez llegó hasta la sede del Laboratorio Forense del Ministerio Público, donde se encadenó.

“Esto es algo irregular, es criminal, que no nos merecemos ningún ciudadano paraguayo. Sigo esperando la pericia forense. Hace tres meses que el agua le tragó a mi hijo y todavía no tengo ninguna respuesta de las autoridades”, manifestó.

En ese sentido, lamentó la lentitud en el proceso judicial. “Pidieron un mes de plazo y se les concedió, pero si era el hijo de un diputado, de un senador, de alguien con dinero, esto enseguida se remitiría”, cuestionó.

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El hombre fue recibido tras su medida de fuerza, pero le dijeron que necesitaban más tiempo. “Me recibió la jefa de Laboratorio y me dijo que hace poquito recibieron los papeles para que ellos puedan analizar y remitir de vuelta a la sede fiscal”, refirió el denunciante.

Anunció que seguirá encadenado de manera indefinida hasta obtener respuestas. “A partir de hoy empieza mi vigilia y voy a seguir hasta que las autoridades se pongan las pilas y hagan su trabajo”, expresó.

Su pedido especial es que se haga justicia y que los responsables paguen por lo sucedido. “Lo que pido es justicia, nada más, para que el alma de mi hijo pueda descansar, porque quiero que los criminales que dejaron una ‘garganta del diablo’ se enfrenten a la justicia”, indicó.

Mencionó, además, que nadie del consorcio encargado de las obras se acercó a su familia para hacerse responsable de los hechos. “A partir del 13 de febrero mi vida cambió totalmente, y solo pido justicia, justicia por Tobías”, subrayó. Por otro lado, pidió oraciones a la ciudadanía, de manera a sobrellevar el difícil momento que atraviesan.

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Se encuentra en marcha la campaña de recolección de abrigos para personas privadas de libertad emprendida por el Ministerio de Justicia de cara a la temporada de frío. Para el fin de semana se pronostica una mínima de 8 °C.

Bajo el lema “Hacé que tu abrigo siga cumpliendo su misión”, la iniciativa solidaria, coordinada por la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, se extenderá hasta el 15 de junio.

Invitan a la ciudadanía en general a sumarse con donaciones de camperas, tricotas, pantalones, medias, gorras, bufandas, frazadas y mantas. De manera a asistir a los reclusos ante las bajas temperaturas. En ese sentido, las prendas serán destinadas a fortalecer la atención integral de los internos en los diversos centros penitenciarios del país.

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La recepción de las donaciones está centralizada en la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, ubicada en la sede del Ministerio de Justicia (Estados Unidos esquina República de Colombia, Bloque B, 3er piso). El horario habilitado para la entrega es de 7:00 a 15:00.

Para coordinar la entrega de donaciones de gran volumen o realizar consultas adicionales, la organización ha dispuesto los siguientes canales de contacto: Guillermo Vely: 0981 314 886, Melissa Vera: 0984 891 637, Marycarmen Martens: 0981 263 294, Nilson Pavón: 0982 439 204.

Con esta colecta, se busca mitigar el impacto del clima invernal y fomentar la solidaridad ciudadana hacia los sectores más vulnerables de la población penitenciaria. Para finales de esta semana se esperan precipitaciones que traerán consigo un descenso de la temperatura y una mínima de 8 °C para el domingo, según estimaciones de la Dirección de Meteorología.

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La Justicia argentina rechazó una serie de recursos de queja presentados por las defensas de siete de los jóvenes condenados por el homicidio del joven paraguayo Fernando Báez Sosa, el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Según fuentes del periódico argentino La Nación, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz desestimaron la presentación hecha por el abogado Hugo Tomei en representación de Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Luciano Ciro y Lucas Pertosi.

“El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable”, argumentaron los jueces de la Corte Suprema en su fallo, al que tuvo acceso La Nación.

“La decisión no calma el dolor, pero alivia. Es ni más ni menos lo que merecía Fernando, que la Justicia le responda como respondió en todas las etapas”, sostuvo a La Nación, tras conocer el fallo, el abogado Fernando Burlando, quien representa a Silvino Báez y Graciela Sosa, padres de la víctima.

El máximo tribunal también rechazó un planteo presentado por el abogado Francisco Oneto, que representa a Máximo Thomsem porque el “recurrente” no cumplió con una serie de requisitos formales relativos al procedimiento.

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Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi recibieron una pena de 15 años de cárcel. Para los jueces fueron “partícipes secundarios” de “homicidio doblemente agravado”.

Las condenas no están firmes. La Suprema Corte de Justicia bonaerense tiene que resolver los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal, los padres de la víctima −Silvino Báez y Graciela Sosa, representados por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola, Facundo Améndola y Germán Facio− y las defensas de los ocho condenados.

El Ministerio Público Fiscal y los abogados que representan a los padres de Báez Sosa recurrieron la condena impuesta a Viollaz, Cinalli y Lucas Pertossi. Para ellos, todos tuvieron la misma participación que los jóvenes condenados a la pena de prisión perpetua.

Tomei, quien durante gran parte del proceso defendió a los ocho acusados y ahora continúa representando a Viollaz, Cinalli, Ciro y Luciano Pertossi y Comelli, insistió ante el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires con que el caso se debe enmarcar como un “homicidio en riña o agresión”, para el que se prevé una pena de entre dos y seis años de cárcel, como lo sostuvo en su alegato del juicio.

Lucas Pertossi ahora es defendido por Ignacio Nolfi, defensor de Casación que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y pidió la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio.

La fundamentación de la presentación ante el máximo tribunal se basó en “la vulneración estructural del derecho de defensa en juicio, derivada de la existencia de intereses contrapuestos entre los imputados y la persistencia de una defensa técnica común e indiferenciada durante todas las etapas del proceso”, según informó, en su momento, la Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires.

Desde diciembre pasado, Lucas Pertossi es representado por Ignacio Nolfi, defensor de Casación bonaerense. Desde pocas horas después de su detención y tras ser indagado, el 18 de enero de 2020, había sido defendido por el abogado Hugo Tomei, al igual que los otros siete condenados.

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