Este miércoles 22 de abril, se cumplirán dos años de la denuncia que realizó la Contraloría Ciudadana contra el exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Desde dicha agrupación señalan que a la fecha todo sigue prácticamente cajoneado en instancias del sistema judicial.

En una entrevista con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970 AM/Nación Media, Víctor Enriquez, asesor jurídico de la Contraloría Ciudadana de CDE, indicó que a pesar de que los propios funcionarios municipales saben que la Contraloría está sobre ellos con “una enorme lupa”, aún así continúan operando con esta empresa de maletín robando al municipio sumas millonarias.

“Mañana completamos dos años de impunidad. Yo soy abogado y vivo exclusivamente de la profesión, si una denuncia se hubiese quedado acá en Ciudad del Este, te aseguro que por lo menos hubiéramos visitado la carpeta fiscal una vez por semana. Somos más abogados trabajando en el equipo, estaríamos insistiendo contra esta impunidad”, explicó.

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Agregó que desde el momento que se llevó a la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía General, “recibió una feroz piedra encima y lo guardan”, acotó. Señaló que hasta ahora no fueron llamados si quiera a declarar en esta causa.

Según señaló, a la fecha existe como un total de 53 denuncias contra Prieto, de las cuales, la mitad las promovieron desde la Contraloría Ciudadana.

Recordó que en su momento, se armó incluso un festejo con torta incluida en el despacho de la intendencia municipal de Miguel Prieto, que fue por la denuncia de “un cuasi prostíbulo que de la noche a la mañana se convirtió en una empresa constructora que ganó varias licitaciones”, precisó.

Al respecto, señaló que de acuerdo a los datos recabados por el organismo ciudadano, hasta el momento sobrepasa los 25.000 millones de guaraníes de adjudicaciones que se hicieron a la firma constructora que en realidad es una empresa de maletín, integrada por los propios funcionarios afines a Miguel Prieto.

Explicó que el Ministerio Público hasta el momento no tomó los recaudos necesarios para impedir que continúe el festín de las adjudicaciones de licitaciones.

“Estos supuestos accionistas deberían estar todos presos. Siendo que varios de los integrantes de esta empresa son funcionarios de la municipalidad. Es decir, la municipalidad contrata a una empresa cuyos accionistas son funcionarios municipales”, explicó.

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El ministro Riera anunció la implementación de cinco medidas de seguridad a fin de evitar más actos violentos en encuentros deportivos.

El presidente de la Aso­ciación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, junto a otros directivos tuvieron ayer una charla con el ministro del Interior, Enrique Riera, quien se encargó después de citar cinco medidas que serán implementadas de manera inmediata tras la suspensión del clásico Olim­pia-Cerro Porteño, debido sucesos violentos. “Son las primeras medidas de efecto inmediato y están respalda­das por la Fiscalía General de la Nación”, avisó el minis­tro.

Según el comisario Ángel Franco, director de Preven­ción y Seguridad, las medi­das deberán cumplirse al pie de la letra para evitar actos violentos dentro de los esta­dios y también reforzará la seguridad en cada encuentro deportivo. Las cinco medi­das fueron desarrolladas por el Ministerio del Inte­rior con la Fiscalía General de Estado.

“Una de las medidas es poseer entradas personales individuales para el ingreso, los cuales serán cruzadas por una base de datos de identificación para corro­borar si pertenece a la per­sona o no”, expresó Franco, en entrevista con el pro­grama Tarde de perros” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

Como segundo punto, el comisario habló sobre la implementación de la tecno­logía para realizar un con­trol biométrico de reconoci­miento facial, para así poder identificar fácilmente a per­sonas que ocasionan inci­dentes y que estas no pue­dan acceder a las canchas. El listado de medidas sigue con una nómina de aquellos hinchas con antecedentes que no tendrá acceso a los encuentros. “Es la lista defi­nitiva de personas con ante­cedentes o tienen pendien­tes con la Justicia y que no podrán ingresar a la can­cha”, refirió.

El cuarto punto es la valida­ción de las cédulas de identi­dad que será realizada por el Departamento de Identifica­ciones. “La implementación de tecnología será muy útil y un elemento probatorio y sostenible para el Ministe­rio Público, pudiendo agili­zar la aplicación de sancio­nes”, aclaró.

Agregó que se realizará un Registro Nacional de Even­tos Deportivos (Renae), que contendrá el regis­tro de todas las personas habilitadas a asistir a los encuentros deportivos. “Por último, el control pre­vio de los buses que trasla­darán a las barras, si está en condiciones y si poseen registros de habilitación”, puntualizó.

“Parece que estamos esperando que sucedan hechos luctuosos”, afirmó el titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, ayer lunes al urgir la aplicación de la normativa 7269 de Pre­vención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte, promulgada por el Ejecutivo en junio de 2024.

“Esta ley que está en vigencia fue muy bien trabajada junto con la Asociación Paraguaya de Fút­bol, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, así como la Secretaría Nacional del Deporte. Es de prevención, si no actuamos y no nos consideramos todos culpables, se tendrán hechos que lamentar. Los dirigentes ya no tienen que dar entradas de favor a hinchadas organizadas violentas, dijo el senador al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media., dijo Núñez.

En reunión ordinaria, la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador Héctor Figueredo, emitió un dictamen favorable para el proyecto de ley “Que aprueba el protocolo de Cooperación y facilitación de inversiones Intra- Mercosur”.

Este documento había sido firmado en Buenos Aires, Argentina, en el año 2017.

De acuerdo a la exposición de motivos, este instrumento internacional tiene como objetivo promover la cooperación entre los estados parte del Mercosur, con miras a facilitar inversiones directas que impulsen el desarrollo sustentable de los países miembros del bloque.

Menciona además que dicho protocolo busca reforzar y ampliar las condiciones que favorecen la radicación de inversiones productivas, apuntando a una mayor competitividad y a la formalización progresiva de las economías locales.

Asimismo, explica que el protocolo contempla principios básicos como la no discriminación, a través del Trato Nacional y la Nación Más Favorecida, en la etapa de post-establecimiento.

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Igualmente, incorpora disposiciones sobre expropiación directa, compensación por pérdidas mediante el pago de indemnizaciones, libre transferencia de capitales, así como medidas de transparencia, lucha contra la corrupción y la ilegalidad, protección del medioambiente, asuntos laborales y de salud.

Desde la Comisión asesora recordaron que El Trato de la Nación Más Favorecida (NMF) y el Trato Nacional, son pilares de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para garantizar el comercio no discriminatorio y asegurar igualdad entre socios comerciales extranjeros.

Incluye mecanismos de prevención y de solución de controversias entre los Estados parte, bajo el marco de los procedimientos legales del Mercosur establecidos en el “Protocolo de Olivos para la Solución de Controversias en el Mercosur”, firmado el 18 de febrero de 2002.

No obstante, destacan que el presente protocolo no contempla medidas sustantivas de protección a la inversión, estándares de trato justo y equitativo, ni disposiciones sobre expropiación indirecta o establecimiento de inversiones en la etapa denominada de “pre-establecimiento”. Tampoco abarca inversiones de cartera (portafolio), deuda pública ni acuerdos en materia de doble tributación.

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Un total de 2.402 denuncias relacionadas con los pueblos originarios reportó la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía al presentar un análisis de 2.443 causas ingresadas entre los años 2023, 2024 y 2025, en las que estarían involucradas víctimas indígenas de hechos punibles y, en otras, como presuntos autores. Esto en el marco del Día del Aborigen Americano, que se celebra cada 19 de abril.

El informe señala que el año 2023 cerró con 665 denuncias; en 2024 aumentaron a 767, y en 2025 se registró un incremento considerable, alcanzando 970 denuncias. En cuanto a los días de mayor frecuencia, los sábados, domingos y lunes concentran la mayor cantidad de denuncias, según el análisis del Observatorio del Ministerio Público.

En 1.245 denuncias aparece al menos un presunto autor perteneciente a una comunidad originaria, mientras que en 484 causas figuran dos o más, incluso con la participación de grupos de personas, según datos de la Oficina de Estadísticas de la Fiscalía. Los departamentos con mayor cantidad de denuncias en los últimos tres años son: Canindeyú (593), Caaguazú (410), Amambay (368), Concepción (179), Alto Paraná (135), Boquerón (126) y San Pedro (120).

Los 15 hechos punibles más frecuentes: violencia familiar, lesión, amenaza, homicidio doloso, abuso sexual en niños, lesión grave, hurto agravado, daño, hechos punibles contra la ley N.º 716/96 (delitos contra el medio ambiente), coacción, estupro, hurto, violación del deber de cuidado o educación, violación de domicilio.

El Ministerio Público puntualiza que los casos de abuso sexual en niños, el embarazo precoz en adolescentes, la violencia familiar y la influencia del crimen organizado son algunos de los hechos que más afectan a las comunidades de pueblos originarios. A esta situación se suman las migraciones hacia las ciudades, lo que genera discriminación y exclusión social. Al encontrarse fuera de sus comunidades, sin la guía y contención de sus líderes naturales y de la familia extendida, muchas personas pierden su identidad y autoestima étnica.

Ante hechos considerados de gravedad o faltas leves cometidos por miembros de estas comunidades, sus líderes analizan cada caso y solicitan que las sanciones se apliquen conforme a la legislación nacional o al derecho consuetudinario.

1- Comunicación inmediata: la Oficina de Denuncias Penales debe comunicar de forma inmediata el ingreso de la causa al agente fiscal competente y a la Dirección de Derechos Étnicos.

2- El agente fiscal debe solicitar la intervención de la Dirección de Derechos Étnicos, incluyendo la designación de un consultor técnico, y remitir todos los antecedentes del caso.

3- Un equipo de funcionarios de dicha Dirección debe constituirse en la comunidad para recabar más datos sobre el hecho denunciado. Asimismo, se debe informar al líder comunitario sobre los alcances de la investigación penal en curso, dejando constancia en acta. En la comunidad, el líder recomienda si corresponde aplicar la legislación nacional o el derecho consuetudinario, según cada caso.

Cuando existen víctimas que requieren evaluación, acompaña una profesional psicóloga. En casos de abuso sexual, coacción sexual o violencia familiar, la atención se realiza dentro de la comunidad, considerando que muchas víctimas no cuentan con recursos para trasladarse.

4- Finalizada la intervención, se elabora un dictamen jurídico-antropológico con recomendaciones al agente fiscal sobre el derecho aplicable, diligencias pendientes, medidas de protección indígena y posibles salidas del caso. Este documento incluye también la evaluación de la víctima.