El Ministerio Público informó sobre un procedimiento realizado en el marco de una investigación por presuntos hechos de extorsión y cohecho pasivo agravado. El operativo derivó en la detención de una mujer, tras una entrega vigilada de dinero en el estacionamiento de un conocido shopping en la ciudad de San Lorenzo, seguido de un allanamiento en el juzgado penal de Garantías de dicha ciudad.

La intervención estuvo a cargo de la agente fiscal Yeimi Adle, de la Unidad Especializada Anticorrupción, con el acompañamiento de personal de la Policía Nacional. La causa se originó a partir de una denuncia que señalaba la supuesta solicitud de dinero por parte de una funcionaria judicial, quien habría ofrecido intermediar para la obtención de medidas sustitutivas a la prisión a favor de una persona procesada en una causa penal.

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De acuerdo con los antecedentes, el procedimiento incluyó la coordinación de una entrega vigilada de dinero, diligencia que permitió la detención de la sospechosa. En prosecución de las averiguaciones, se llevó a cabo un allanamiento en las oficinas de la sección Estadística y de la secretaría del juzgado penal de Garantías n.º 1 de la jurisdicción de San Lorenzo, en cumplimiento de una orden emitida por el juzgado penal de Garantías especializado en delitos económicos del primer turno.

Durante el operativo se incautaron documentos originales, copias certificadas y dispositivos de almacenamiento con información relevante para el esclarecimiento del hecho. Asimismo, se autorizó la extracción de datos de equipos informáticos para profundizar el análisis de los elementos colectados. El Ministerio Público prosigue con las diligencias para determinar la participación de otras personas y esclarecer plenamente las circunstancias del caso.

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El Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Juan Vicente Fretes, ratificó la prisión preventiva de Cynthia Burgos, expareja de Gregorio “Papo” Morales, quien fue condenada a 12 años de cárcel por el homicidio del joven Robert Fabián Marín. La defensa de la condenada pretendía que la Justicia revocara la prisión y ordenara el arresto domiciliario, sin embargo, dicha solicitud fue rechazada y se confirmó su permanencia en prisión.

Asimismo, días atrás, la Cámara de Apelación —integrada por los jueces Arnulfo Arias, Jesús Riera y Digno Fleitas— confirmó la condena de 27 años de cárcel, más 5 años como medida de seguridad (totalizando 32 años), para Gregorio “Papo” Morales, responsable del homicidio ocurrido en noviembre de 2020.

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Los camaristas coincidieron con la conclusión de los jueces de sentencia tras la reconstrucción de los hechos y el análisis de las pruebas producidas en el juicio. Según el fallo, los elementos probatorios brindaron la convicción suficiente para confirmar la participación del acusado como autor del crimen.

En diciembre de 2023, el tribunal integrado por Federico Rojas, Fabián Escobar y Juan Pablo Mendoza condenó a Morales a la pena máxima mencionada. De acuerdo con la investigación fiscal, el crimen quedó registrado en cámaras de circuito cerrado de la zona. En las grabaciones se observa cómo un hombre bajó de una camioneta blanca, abrió la puerta de un automóvil negro y efectuó varios disparos antes de huir junto a una mujer. Los involucrados fueron identificados como Gregorio “Papo” Morales y su pareja, Cynthia Burgos.

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El ministro Jalil Rachid considera que “no fue una coincidencia” que el crecimiento del narcotráfico en Paraguay durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023) se haya dado a la par que el debilitamiento institucional de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), bajo la gestión de Arnaldo Giuzzio, actualmente acusado por presuntos vínculos con el capo brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, “hermano” de Sebastián Marset, capturado en Bolivia y hoy procesado en Estados Unidos. En el periodo 2019-2021, el uruguayo consolidó su estructura criminal en el país.

“Coincidencia no es, en lo absoluto, es un insulto, es una ofensa querer intentar siquiera instalar, porque no se instala, que eso ocurrió por arte de magia. En el 2021 se fueron 32.000 kilos de cocaína de los puertos de Paraguay a Europa, no siendo un país productor de clorhidrato de cocaína, representábamos en aquel entonces el 10 % de los envíos de cocaína a Europa, una vergüenza absoluta”, apuntó Rachid.

Indicó que, durante el gobierno anterior, no solo se consolidó Marset, sino también otras estructuras criminales en el país. “Eso no fue una coincidencia, eso ocurrió porque la ruta del narcotráfico, en aquel entonces era esa. La estructura de Sebastián Marset y todos los que estamos hablando, Tío Rico, o quién sea, los que intervinieron y hoy están procesados, se hicieron ricos de esa forma porque estaba todo habilitado”, cuestionó.

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Por otra parte, Rachid detalló que al asumir la Senad, en agosto de 2023, se realizó una auditoría externa de la institución y una reorganización, cambiando todo el esquema de trabajo de control que dejó la administración anterior, lo que hasta ahora está dando grandes resultados.

El ministro explicó que encontró una Senad sin un organigrama claro ni reglas definidas, lo que permitía decisiones discrecionales y generaba un “camino” para filtraciones de información sensible. Vinculó directamente esas falencias con el aprovechamiento por parte de organizaciones dedicadas al narcotráfico, que utilizaban principalmente puertos privados para el envío de cocaína, lo que se asocia a la resolución firmada por Giuzzio en 2020 que desmanteló la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre (DIAFT).

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“Cómo se entiende y se explica que al dar un golpe de timón muy fuerte como el que dimos, de esos 32.000 (kilos de cocaína) hayamos pasado a cero, es porque justamente esa ruta del narcotráfico se cortó, por ese canal, por esa vía, porque nosotros ejercemos un control más coercitivo y tenemos mucha más presencia ante ese tipo de situaciones que heredamos”, explicó.

Finalmente, destacó el nuevo sistema con presencia real y efectiva en el combate del crimen organizado y en narcotráfico en el país. “No digo que no pueda ocurrir, el secreto está en que tenemos que estar alertas, tenemos que hacer nuestro perfilamiento, tenemos que hacer nuestro trabajo de inteligencia y, hasta ahora, eso nos está funcionando. Nosotros tenemos una presencia real y efectiva, de ahí que esa ruta del narcotráfico, que rea lo normal anteriormente se cortó”, sentenció.

En el marco del juicio civil caratulado “Ypyta S.A. Industrial, Ganadera y Comercial s/ Convocatoria de Acreedores”, la abogada Analía Patricia Rebollo Noguera, representante legal de la citada empresa, presentó un urgimiento al cuestionado juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia. El magistrado, de llamativa demora, aún no ha firmado los oficios correspondientes para comisionar al Juzgado de Paz de Pedro Juan Caballero, a efectos de realizar la constitución en varias propiedades ubicadas en el departamento de Amambay.

El pedido de celeridad obedece a que desde el pasado 19 de febrero se ordenó dicha diligencia, sin embargo, hasta la fecha el juez Rivas —cuya actuación en el caso ha sido calificada de dudosa— no ha suscrito los documentos pertinentes para ejecutar la inspección en las tierras en litigio. La diligencia judicial se debe realizar en la propiedad donde actualmente funciona la Universidad San Sebastián.

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Asimismo, la representante de Ypyta solicitó la participación del agente síndico interviniente, Julio Agüero, para que se constituya en los bienes raíces mencionados junto con el juez de Paz de Pedro Juan Caballero. Este último quedaría facultado para realizar registros mediante anotaciones, fotografías, croquis y otros medios documentales que describan el estado de los bienes y de las personas halladas en el lugar, labrando un acta detallada para informar al juzgado.

El escrito subraya que la intervención del síndico es fundamental, considerando que la situación de los inmuebles se originó en el marco de la liquidación, hecho anterior a la declaración de rehabilitación. El objetivo final es ilustrar debidamente al juzgado sobre la situación fáctica y posesoria de las tierras, permitiendo así que la representación impulse las acciones correspondientes en salvaguarda de los intereses de la deudora.

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