Condenan a 10 años de cárcel a un hombre encontrado culpable por abuso sexual en niños
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Un tribunal de sentencia condenó a un hombre a 10 años de cárcel luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños. El Ministerio Público estuvo representado por la fiscala Sussy María Riquelme Brizuela, titular de la Unidad Penal n.° 2 de la Fiscalía Barrial N° 5.
La denuncia refiere que los hechos se remontan al 11 de diciembre de 2019, cuando la madre de la víctima presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público. Según el relato, la niña, que en ese entonces tenía cuatro años, manifestó a su madre que su progenitor la había sometido a varios manoseos.
Tras la denuncia inicial, el Ministerio Público activó los protocolos de protección y recolección de pruebas, que incluyeron traslado a la Clínica Forense, realización de la entrevista en sede de la Cámara Gesell, evaluaciones especializadas en el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público. En todas estas instancias, la víctima mantuvo un relato coherente sobre lo sucedido, lo cual fue fundamental para sostener la acusación.
Ya en un primer juicio oral un tribunal de sentencia absolvió de culpa y pena al acusado, pero el tribunal de apelación anuló dicho fallo disponiendo el reenvío del caso para que otro colegiado pueda juzgar el presente caso donde se tuvo una sentencia condenatoria de 10 años de cárcel.
La extitular de Petropar Patricia Samudio, fue derivada a la cárcel de mujeres para cumplir su condenas de 4 años de cárcel por corrupción. Foto: Gentileza
Remiten a la cárcel a extitular de Petropar del gobierno de Abdo para cumplir condena
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La extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez, Delia Patricia Samudio, condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza por el caso de agua tónica, fue enviada a la cárcel de mujeres para cumplir la sentencia condenatoria. Igualmente, su esposo José Costa Perdomo, sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión, fue remitido a la cárcel de Emboscada.
La resolución judicial fue firmada por un tribunal de sentencia a pedido del fiscal Silvio Corbeta. El colegiado rechazó una reposición planteada por la defensa, que pretendía impedir que el expediente fuera remitido al Juzgado de Ejecución para iniciar el cumplimiento de las penas. Los condenados alegaron que aún existen recursos pendientes ante la Corte Suprema, pero el Tribunal concluyó que las condenas ya se encuentran firmes.
Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia del COVID-19 para desviar G. 359.700.000 de Petropar mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos.
Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo, mediante un proceso licitatorio direccionado. Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., que evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
Piden 2 años y 2 meses de cárcel para el exsenador argentino por contrabando
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Durante la exposición de sus alegatos finales, el Ministerio Público solicitó una sentencia condenatoria de 2 años y 2 meses de prisión para el exsenador argentino Edgardo Kueider y a su secretaria Iara Guinsel, por contrabando al quedar probado que cometieron el hecho punible de tentativa de contrabando, al intentar ingresar al país con más de USD 200.000, además de dinero en guaraníes y pesos argentinos, sin declararlo ante la autoridad paraguaya competente.
La representante de Ministerio Público Ysarel Villalba sostuvo que durante el juicio se demostró que ambos extranjeros intentaron introducir al Paraguay dinero en efectivo oculto en un maletín que se encontraba dentro del vehículo en el que viajaban.
La fiscalía explicó que, conforme a las declaraciones de los agentes policiales y funcionarios de la DNIT que participaron del procedimiento, se acreditó que los acusados guardaron silencio cuando fueron consultados sobre si tenían bienes o valores que declarar, omitiendo informar sobre las divisas transportadas.
Asimismo, Villalba hizo referencia al resultado del procedimiento administrativo llevado adelante por la Dirección Nacional de Aduanas, que concluyó que ambos incurrieron en una infracción aduanera de contrabando. En esa causa administrativa se dispuso el comiso del vehículo y de gran parte del dinero incautado.
Por su parte, la defensa de ambos acusados sostiene que no se pudo probar la responsabilidad de los hechos acusados. El juicio seguirá el 13 de julio.
Los jueces de sentencia Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz son los que juzgarán a la exjueza Tania Irún acusada por prevaricato. Foto: Archivo
Exjueza Tania Irún ya tiene tribunal de sentencia que la juzgará por prevaricato
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El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz, tendrá a su cargo juzgar a la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún. La exmagistrada está acusada por el delito de prevaricato tras, presuntamente, violar la seguridad fronteriza nacional al firmar un fallo judicial que otorgó de forma irregular 310.000 hectáreas de tierras protegidas a empresas de maletín en el departamento de Alto Paraguay.
Tras la designación de los magistrados que juzgarán a la criticada exjueza, el tribunal deberá fijar la fecha para el inicio del juicio. Días atrás, la Cámara de Apelaciones confirmó que Irún deberá sentarse en el banquillo de los acusados como cualquier ciudadano común, por lo que solo se aguarda la programación de la audiencia oral.
En su momento, la fiscal adjunta Soledad Machuca acusó y solicitó el juicio oral y público para la procesada. Machuca fue contundente al señalar que la entonces magistrada obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial —e intimó a la parte demandada— a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en Alto Paraguay.
La acusación del Ministerio Público refiere textualmente: “Como bien podrá advertirse, la entonces magistrada Irún, al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley Especial N° 2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan solo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras, afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes; sin embargo, en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”.
Ramón González Daher y su hijo fueron trasladados al penal de Emboscada
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El Ministerio de Justicia informó que, en el marco de las medidas de fortalecimiento de la seguridad y el control del sistema penitenciario, se dispuso el traslado de Ramón Mario González Daher y Fernando Ramón González Karjallo, al Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada. Padre e hijo fueron condenados por usura y lavado de dinero.
El procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y con el acompañamiento de efectivos de la Policía Nacional, desarrollándose sin incidentes durante todo el operativo. El ingreso de ambas personas privadas de libertad al establecimiento penitenciario se registró en cumplimiento de la Resolución N.° 238/DGEP/2026, quedando a disposición del régimen de seguridad y disciplina vigente en el centro penitenciario.
Esta medida es el resultado directo de las tareas de investigación y monitoreo estratégico desplegadas por la Dirección de Inteligencia Penitenciaria, cuyas alertas tempranas permitieron detectar y desactivar a tiempo la existencia de privilegios y el acceso a objetos prohibidos dentro del penal de origen. Con estas acciones preventivas, el Ministerio de Justicia reafirma su política de tolerancia cero ante cualquier intento de quebrantar el orden, garantizando la gobernabilidad de los establecimientos y el estricto cumplimiento del régimen disciplinario interno.
En paralelo, continúan abiertas las investigaciones administrativas para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer la cadena de custodia. De comprobarse cualquier hecho de complicidad, facilitación o negligencia por parte del personal penitenciario, se aplicarán las sanciones disciplinarias y las acciones legales más rigurosas que dicte la ley vigente.