La fiscalía pidió este jueves entre cuatro y 12 años de prisión para la mayoría de los integrantes del equipo médico que asistió al astro del fútbol Diego Maradona en una internación domiciliaria previa a su muerte en 2020 en Argentina.

El fiscal Patricio Ferrari solicitó penas de 12 años de prisión para el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque; 10 para la coordinadora de la empresa de medicina privada, Nancy Forlini; y ocho para su psiquiatra, Agustina Cosachov. Además, pidió 10 años de inhabilitación profesional para ellos.

Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían llevar a la muerte del futbolista.

“Habiendo previsto el riesgo y aceptándolo, con indiferencia produjeron el resultado”, dijo Ferrari, al comenzar este jueves la etapa de alegatos en el juicio que se ha prolongado por siete meses en la ciudad de San Isidro, al norte de Buenos Aires.

Otros tres integrantes del equipo médico -un psicólogo, un enfermero y su coordinador- fueron acusados de homicidio culposo (no intencional). El fiscal pidió penas de cinco años de prisión para el psicólogo y de cuatro años para los otros dos acusados.

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El fiscal señaló que, en su caso, el juicio no probó indiferencia pero sí un “cúmulo de acciones negligentes e imprudentes”. Ferrari se abstuvo de pedir la detención inmediata de los acusados en caso de ser hallados culpables, pero solicitó que no se les permita salir del país.

La fiscalía decidió no presentar cargos contra un séptimo imputado, el médico clínico Pedro Di Spagna. “No lo puedo creer, todavía no caigo”, exclamó Di Spagna a periodistas tras escuchar el pedido de absolución por parte de la fiscalía.

Los fiscales exhibieron una vez más las fotos de Maradona fallecido. Sus hijas Dalma, Gianinna y Jana, presentes en la sala, rompieron en llanto. “La muerte era evitable y la atención médica fue inadecuada”, dijo el otro fiscal de la causa, Cosme Iribarren.

Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio durante una internación domiciliaria en Tigre, cerca de Buenos Aires.

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El astro se recuperaba allí de una cirugía exitosa por un hematoma subdural en la cabeza a la que fue sometido el 3 de noviembre de ese año.

Según Ferrari, los integrantes del equipo médico “infringieron los deberes a su cargo, ejecutaron acciones contrarias al arte de curar, omitieron todos los actos que debían ejecutar y colocaron a Maradona en una situación de desamparo, librándolo a su suerte”.

“Existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que trataban a un paciente vulnerable y complejo”, dijo Ferrari.

Fernando Burlando, abogado de dos de las hijas de Maradona, dijo a periodistas en la puerta del tribunal que los alegatos de los fiscales habían sido “brillantes”.

Los acusados claman inocencia. Tras los alegatos, el abogado de la psiquiatra Cosachov consideró que “no está probado el dolo eventual” en su caso. “Es un punto flojo del alegato de la fiscalía”, dijo a la AFP el defensor Vadim Mischanchuk.

Tras casi 45 audiencias y más de 100 declaraciones entre testigos e imputados, “el núcleo histórico de la imputación ha permanecido intacto”, según el fiscal.

El juicio entró este jueves en su recta final, con el inicio de los alegatos de la fiscalía y de las querellas, que se prevé que duren dos semanas.

• Fuente: AFP

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Fiscales arrestados, dinero escondido en una ambulancia y acusaciones de narcotráfico y corrupción desde Estados Unidos: una tormenta sacude a la justicia de Bolivia tras la detención del fiscal general Roger Mariaca. En prisión preventiva por seis meses en una cárcel de Potosí, en el sur del país, el exfuncionario de 38 años es investigado por la justicia boliviana por lavado de activos, tráfico de drogas y criminalidad organizada.

Fue capturado por la policía la semana pasada en Santa Cruz (este) en un operativo en el que resultaron detenidas otras 13 personas, incluidos tres fiscales. Días antes, Estados Unidos había cancelado la visa de Mariaca y de otros altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes acusa de corrupción o vínculos con el narco. A continuación, cuatro puntos clave para entender qué se juega en Bolivia.

Mariaca fue nombrado a la cabeza del Ministerio Público en 2024 por el Congreso controlado en ese momento por el oficialista Movimiento al Socialismo que llevó al poder a los izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y el entonces mandatario Luis Arce (2020-2025). Morales es hoy el principal opositor del presidente centroderechista Rodrigo Paz.

Antes, Mariaca era jefe de fiscales en Santa Cruz, el departamento más golpeado por el narcotráfico. “Su figura siempre ha sido controvertida” por “casos polémicos” bajo su supervisión, dice a la AFP la socióloga boliviana Luciana Jáuregui.

Uno de ellos fue la investigación contra el narco uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados del cono sur.

Desde agosto de 2025, como fiscal general, el accionar de Mariaca tomó un “carácter político”, según Jáuregui, que menciona el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente Paz, detenido por intento de feminicidio y presunta corrupción que salpica al gobierno y a la familia presidencial. Mariaca denunció a la prensa que la cancelación de su visa por parte de Estados Unidos fue una “presión” por la investigación contra Cerimedo.

Washington sostiene que como fiscal recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”, acusación que él niega. El gobierno boliviano denuncia que bajo su mandato la Fiscalía se convirtió en una “organización criminal”. En la noche de su detención, una ambulancia fue interceptada cuando salía de su residencia con 300.000 dólares escondidos, según las autoridades.

Cuando llevaba el caso Marset en 2023, el narco uruguayo eludió un megaoperativo para ser capturado. El actual ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció que entonces las autoridades fiscales “lo dejaron salir” y “le devolvieron sus bienes incautados”. Marset fue finalmente capturado en Bolivia en marzo y expulsado a Estados Unidos. Medios locales difundieron un video de su detención, que la AFP no ha podido verificar, en el que supuestamente dice a policías: “Mariaca es mi amigo”.

El gobierno asegura que el operativo contra Mariaca y los otros detenidos fue realizado por la policía boliviana con cooperación de inteligencia de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo que su país “respalda firmemente” a Paz. Lo mismo hicieron los 15 países miembros del Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha contra el crimen transnacional en la región liderada por la administración de Donald Trump. “De alguna forma, la presión externa está siendo un punto” de apoyo para Paz “frente a su debilidad interna”, dice Jáuregui.

El mandatario ganó la elección con una coalición de fuerzas que después se deshizo, mientras que en las calles fuertes protestas han puesto a su gobierno contra las cuerdas. En el poder desde noviembre, Paz padece un “desgaste” debido a sus recientes medidas económicas impopulares, dijo a la AFP la politóloga Adriana Rodríguez.

Después de la captura de Mariaca, la Fiscalía nombró a Luis Montaño como nuevo jefe, pero el gobierno de Paz lo denunció por obstruir el caso y lo desconoció. La madrugada del sábado, tras una larga sesión, el Congreso designó a José Armando Urioste como fiscal general interino, tras aprobar una reforma para destituir a Mariaca y reemplazarlo.

Una senadora de la oposición cuestionó la presencia de funcionarios de las embajadas de Estados Unidos, Argentina y Perú, a los que grabó. Según Adriana Rodríguez, la Fiscalía es escenario de una “pugna de poder político” mientras se elige a su titular definitivo. Para la socióloga Jáuregui, el gobierno de Paz “está buscando (...) construir una nueva legitimidad a partir de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico”.

Fuente: AFP.

El Congreso de Bolivia suspendió al fiscal general, detenido tras ser señalado por Estados Unidos de supuestos vínculos con el narcotráfico, y designó el sábado a un interino tras una prolongada sesión de urgencia. Roger Mariaca, que ejerció la jefatura del Ministerio Público desde 2024 hasta su arresto el miércoles, será reemplazado por José Armando Urioste de forma interina.

Urioste tiene una amplia trayectoria como juez y académico en el departamento del Beni (noreste). “Estamos recibiendo una institución que demuestra, por los acontecimientos de esta semana, que está totalmente empañada por actos de corrupción, manchada por la trayectoria lamentable de los colegas”, dijo Urioste en entrevista al diario El Deber.

“Vamos a investigar. Yo soy enemigo de hacer una cacería de brujas. Yo considero que hay un principio de presunción de inocencia, pero también existe el principio de objetividad”, indicó. La designación se realizó con 113 votos a favor y 11 en contra, tras extensas negociaciones y varias nominaciones sin consenso que se extendieron desde la noche del viernes hasta las 6:30 locales (10:30 GMT).

“Hay más de dos tercios, por lo tanto, ha sido seleccionado el doctor Urioste”, señaló tras la votación a mano alzada el presidente del Senado, Diego Avila. El Congreso tuvo que modificar primero la normativa para permitir la suspensión del fiscal general al existir en su contra una imputación delictiva o prisión preventiva.

La noche del viernes, el presidente centroderechista Rodrigo Paz promulgó la ley y el Congreso retomó la sesión para tramitar el reemplazo. Mariaca es investigado por la justicia boliviana por lavado de activos, tráfico de drogas y organización criminal, cargos que él niega.

Esta semana, Washington le retiró la visa junto a otros altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Su captura dos días después fue “fruto de un esfuerzo de investigación y de trabajo silencioso, minucioso”, dijo el presidente Paz en la sede de gobierno.

Horas después de la detención de Mariaca, la Fiscalía nombró como interino a Luis Montaño, el funcionario más antiguo de la institución, pero el gobierno de Paz desconoció la designación y anunció que sería detenido por usurpar funciones y obstaculizar las pesquisas contra Mariaca.

Según el Ministerio de Gobierno, el exjefe del Ministerio Público habría brindado protección al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado por la policía en marzo de este año con ayuda de la DEA y expulsado a Estados Unidos.

Por este caso también fueron detenidas el miércoles otras 13 personas: tres fiscales, seis funcionarios de la Fiscalía y cuatro individuos que intentaron retirar unos 300.000 dólares del domicilio de Mariaca escondidos en una ambulancia. Paz destacó la participación en estas capturas del Escudo de las Américas, una alianza de gobiernos de derecha impulsada por Washington para combatir el crimen transnacional.

Fuente: AFP.

El gobierno de Bolivia desconoció este jueves al fiscal general interino y anunció que será detenido después de que asumió el Ministerio Público en reemplazo de Roger Mariaca, arrestado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Luis Montaño fue nombrado de forma provisional ante la “ausencia definitiva” de su antecesor, según un comunicado de la Fiscalía General.

El miércoles Mariaca fue arrestado por policías en la ciudad de Santa Cruz (este), dos días después de que Estados Unidos cancelara su visa por supuestos vínculos con organizaciones criminales. El Ministerio de Gobierno lo señala de haber protegido al narco uruguayo Sebastián Marset, capturado y expulsado a Estados Unidos en marzo.

“Quiero denunciar al señor Luis Montaño Morales, que de manera ilegal e ilegítima está haciendo usurpación de funciones, autodeclarándose como fiscal general”, dijo en rueda de prensa José Luis Gálvez, vocero de la presidencia. El gobierno acusó al fiscal interino de tratar de destituir a los responsables de la investigación sobre Mariaca.

“Esta persona (Montaño) está siendo buscada y va a ser detenida”, añadió el portavoz. Ni la justicia ni la policía se han pronunciado sobre el fiscal encargado. El gobierno tampoco precisó si existe una orden de captura vigente en su contra. El miércoles también fueron detenidos otros tres fiscales, seis empleados del Ministerio Público y otras cuatro personas que intentaron retirar decenas de fajos de dinero del domicilio de Mariaca a bordo de una ambulancia.

El fiscal general había sido designado en octubre de 2024 por el Congreso, con votos del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que llevó al poder a los izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). El legislativo tendrá el viernes una sesión de urgencia para analizar el caso de Mariaca y buscará nombrar a un nuevo jefe del Ministerio Público.

Fuente: AFP.