Culminó la etapa de producción de pruebas documentales y la declaración de testigos en el juicio oral que enfrenta el exsenador Hernán David Rivas, juzgado por tener título dudoso de abogado. Con la declaración de Éver Ortiz, exalumno de la Universidad Sudamericana, y la producción de los últimos documentos, se dio por terminada dicha fase. El próximo lunes 21 de septiembre se iniciará la etapa de alegatos finales por parte del Ministerio Público.

Durante la última audiencia, Ortiz afirmó haber visto a Rivas durante su etapa de estudiante en la filial de Ciudad del Este. Señaló que logró identificarlo porque, años después de terminar la carrera —entre 2015 y 2020—, coincidió con él en una reunión política donde conversaron y recordaron haber estudiado en la misma institución.

Asimismo, en el juicio se leyó una nota que aclara que la fiscal del caso no recibió amenazas directas del procesado, sino la amenaza provino de una tercera persona que no ha sido identificada. También se hizo constar que Hernán Rivas renunció a su banca en el Senado el 8 de mayo de 2026.

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A lo largo del proceso judicial declararon múltiples testigos, entre ellos funcionarios y exalumnos de la Universidad Sudamericana. En su momento, Aurelio Marecos, excoordinador de la universidad entre 2009 y 2014, manifestó ante el Tribunal de Sentencia que conocía a Rivas de su época universitaria en Ciudad del Este. Marecos relató que viajaba constantemente a dicha filial para tomar exámenes y explicó que pudo identificarlo porque guardaba su número telefónico; detalló que, en 2016, Rivas y otros estudiantes lo llamaron preocupados por el cierre de la facultad.

El testigo recordó además a profesores como Mario Reyes y Mario Antúnez (este último a cargo de materias como Derecho Constitucional, Penal y Procesal Penal), y a compañeros de Rivas como Heber Samaniego, con quien el exlegislador habría rendido exámenes, además de Victorina Elizeche, Luis Gil, el propio Éver Ortiz y una persona de apellido Morínigo.

Finalmente, Marecos ratificó que Rivas estuvo presente en la mayoría de sus evaluaciones escritas y orales en Ciudad del Este, específicamente en las materias de Constitucional, Penal, Tributario y Administrativo.

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El tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos, Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, dio continuidad este lunes al juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El tribunal definió sobre los incidentes planteados tanto por el Ministerio Público, parte acusadora, como de la defensa de Prieto y los demás acusados en el caso conocido como Tía Chela.

La acusación es por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales con la distribución de kits de alimentos en época de la pandemia, por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este, cuando Prieto era intendente.

Uno de los incidentes planteados por la Fiscalía es una nota del 28 de marzo del 2020, que ya se encontraba en la carpeta fiscal, en este caso se presentó el pedido de solicitar informes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit), sobre el cambio de productos incluidos en el kit de alimentos.

“El tribunal, al haber constatado la existencia de la referida nota, que ya obraba en la carpeta fiscal, no se configura en la circunstancia de hecho nuevo invocado por el Ministerio Público como fundamento de su petición. En consecuencia corresponde rechazar la inclusión de los informes solicitados”, fue la respuesta del tribunal.

Agrega que, “no obstante, si en el transcurso del debate el Tribunal considera necesario de contar con algunos de los dichos informes, pueda disponer la solicitud de los mismos conforme a las facultades que le confiere el artículo 394 del Código Procesal Penal, como medida de mejor proveer”.

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El tribunal también se expidió sobre el pedido de incluir la declaración testifical del director de la DNCP, Agustín Encina. “Debe señalarse que la prueba testimonial tiene por objeto incorporar al juicio el conocimiento que una persona posee respecto a hechos o circunstancias que ha percibido y que guarda relación con el objeto del proceso. Este tribunal advierte que el Ministerio Público no señaló concretamente hecho u objeto del presente juicio había conocido el señor Agustín Encina, ni que el mismo haya tenido intervención directa en las circunstancias fácticas contenidas de la acusación”, mencionan.

Mientras tanto, el tribunal señala que “al fundamentar su pedido el Ministerio Público sostuvo que su declaración resulta necesaria por tratarse de un testigo calificado y experto que podría responder consultas sobre la pertinencia de la nota del 28 de marzo del 2020 sobre su regularidad o irregularidad y explicar si resulta factible ese tipo de procedimientos en materia de contrataciones públicas. Se rechaza dicha incidencia”.

Sobre la inclusión probatoria de 28 enlaces o links correspondientes a publicaciones realizadas en redes sociales que habían sido ofrecidas durante la audiencia preliminar y que no habían sido admitidas por el juzgado penal de Garantías, correspondientes a publicaciones y registros audiovisuales vinculados, entre otros aspectos con la adquisición, preparación y entrega de los kits de alimentos y publicaciones de medios periodísticos, el tribunal considera que corresponde diferir sobre su resolución.

La defensa dividió la solicitud en dos grupos, el primer grupo cuatro personas, “se sustentó en hechos nuevos señalando que dichas personas fueron localizadas pocos días antes del inicio del juicio, las mismas se encuentran individualizadas entre las 25 personas mencionadas en el informe y sus declaraciones permitirían establecer si se recibieron los kits de alimentos, si las firmas obrantes en las planillas les pertenece, y dónde residía al momento de los hechos, así como confrontar tales circunstancias con el contenido del informe”.

Por lo que el tribunal definió que “sus testimonios pueden resultar útiles para el esclarecimiento de los hechos y para la elaboración del elemento probatorio, razón por la cual corresponde admitirlos”. De igual manera admitió los 56 testigos, ofrecidos por la defensa en un segundo grupo, que no fueron admitidos por el juzgado penal de Garantías, fueron seleccionados de una nómina de 126 personas, afectadas a la preparación y distribución y entrega de los kits de alimentos en distintos.

“Será durante el debate del juicio cuando podrá determinarse si resulta necesaria la declaración de los testigos admitidos, pudiendo prescindirse de aquellos cuyos testimonios resulten repetitivos o sobreabundante”, definió el tribunal.

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Por otra parte, el tribunal resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa, de utilizar las redes sociales del exintendente para la transmisión del juicio, argumentando que los canales institucionales de la Corte y los diferentes medios de comunicación ya están transmitiendo cumpliendo el principio de publicidad.

Este lunes prosiguió el juicio oral y público contra Arnaldo Giuzzio con una sesión corta en que se alistaron pruebas documentales y concluyó, a los diez minutos, debido a una indisposición de salud de la abogada Gilvi Quiñonez, representante legal del exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). El proceso continuará el próximo lunes 14 de setiembre.

Giuzzio está acusado por cohecho pasivo agravado, por haber recibido presuntamente favores del empresario brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marquéz de Padua, detenido en Brasil por narcotráfico; mientras ocupaba el cargo de ministro del Interior durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, hasta su destitución en febrero de 2022, a causa del escándalo vinculado por dicho relacionamiento.

El proceso judicial en contra del exministro se encuentra en su etapa final, de acuerdo a la presentación de la acusación por parte de la fiscalía, Giuzzio tuvo pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideró hasta febrero del 2022.

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En el marco del juicio oral, la fiscalía expuso la hipótesis que trabajaron en el caso conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius.

Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta particular del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022. La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, integrada por los fiscales Diego Arzamendia y Jorge Arce, realizó la acusación por cohecho pasivo agravado el 16 de agosto del 2023.

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En un procedimiento del denominado operativo Nexus 2, realizado ayer en Itacurubí de la Cordillera, fue capturado Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, presunto exsecretario del narco uruguayo Sebastián Marset (hoy detenido en Estados Unidos); y está imputado por tráfico de drogas y asociación criminal dentro del esquema “A Ultranza Py”. Se encontraba prófugo desde febrero y afronta una pena de hasta 30 años.

La investigación, que empleó técnicas especiales como la interceptación de llamadas telefónicas, reveló que la red delictiva operaba de manera coordinada tanto desde el interior de establecimientos penitenciarios como desde el exterior. El sospechoso capturado cumplía el rol de brazo ejecutor fuera de los reclusorios.

“Y dentro de lo que es la investigación del caso señalaba una estructura que operaba incluso desde establecimientos penitenciarios, personas que ya estaban privadas de libertad en el marco de la causa A Ultranza Py. Y en ese sentido se han identificado personas que también estaban operando para esta estructura desde fuera de esos establecimientos penitenciarios. Una de esas personas es el procesado que fue capturado ayer”, explicó este lunes la fiscal Ingrid Cubilla en comunicación con “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La agente del Ministerio Público agregó: “De hecho, el mismo ya estaba identificado, se había formulado imputación ya en febrero de este año y como consecuencia de la detención que no fue posible efectivizar y que él no fue localizado en el domicilio, en su momento se solicitó una declaración de rebeldía que fue acogida favorablemente por el juzgado y ya con información de que el mismo nuevamente había retornado al domicilio, que estaba identificado en nuestro caso, es que se procedió a una solicitud de allanamiento judicial para la detención, así como también incautación de evidencias que pudiera tener en su poder al tiempo de esa detención”.

“Nosotros ya el día de ayer le convocamos a sede fiscal, le informamos los hechos que se le atribuyen, él estuvo en presencia de su abogado de confianza y los hechos punibles concretamente son los dispuestos en los artículos 21, 44 y 42 de la Ley de drogas. Todos relacionados al tráfico dentro de lo que sería el ingreso ilícito de sustancias prohibidas al territorio nacional, la comercialización, así como la asociación para acometer ilícitos establecidos en la ley de drogas”, detalló la fiscal Cubilla.

Durante las indagaciones también se confirmó el nexo del procesado con el ámbito deportivo. Si bien al momento de su captura no ejercía funciones activas, anteriormente estuvo vinculado al Club Deportivo Capiatá y a un club local de la zona de Itacurubí de la Cordillera.