La Unión Industrial Paraguaya (UIP) manifestó su preocupación por los efectos económicos de la resolución 12.299/2025 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que introduce cambios en el esquema de matriculación de motocicletas y establece nuevas condiciones de pago al momento de la entrega de los vehículos.

A través de un comunicado, el gremio advirtió que la medida podría tener un impacto más amplio que el estrictamente administrativo, al afectar tanto a los usuarios como a la industria vinculada al sector automotor.

Recuerdan que en Paraguay, la motocicleta es uno de los principales medios de transporte, especialmente para trabajadores y pequeños emprendedores, por lo que cualquier incremento en los costos de acceso repercute directamente en la economía de los hogares.

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En ese sentido, la UIP señaló que el encarecimiento o las nuevas exigencias para la matriculación podrían limitar el acceso a estos vehículos, reduciendo la capacidad de muchas personas de trasladarse y generar ingresos. Esto, a su vez, tendría efectos sobre la actividad económica y el empleo en sectores relacionados con la venta y financiamiento de motocicletas.

El gremio también advirtió que cambios abruptos en las reglas generan incertidumbre en el sector privado. Según indicó, este tipo de medidas afecta la planificación empresarial y debilita el clima de inversión, en un contexto donde Paraguay ha construido su competitividad en base a la estabilidad y previsibilidad de sus políticas.

Asimismo, la UIP remarcó la necesidad de que las decisiones que impactan en la economía sean discutidas en espacios de diálogo amplio, de modo a alinear las regulaciones con los objetivos de desarrollo, inclusión y generación de empleo.

En ese marco, planteó la importancia de avanzar en instancias de trabajo conjunto entre el sector público y privado para evaluar alternativas y encontrar soluciones equilibradas.

El comunicado se da en un momento en que distintos sectores productivos vienen insistiendo en la necesidad de preservar condiciones estables para sostener la inversión y el crecimiento.

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El pleno de la Corte Suprema de Justicia eligió este jueves al ministro Alberto Martínez Simón como nuevo presidente del Poder Judicial. En tanto, el ministro Luis María Benítez Riera fue electo como vicepresidente primero y el ministro Gustavo Santander como vicepresidente segundo.

Por otra parte, el ministro Benítez Riera también fue designado como representante de la Corte ante el Consejo de la Magistratura, reemplazando a Eugenio Jiménez. A su vez, el ministro Manuel Ramírez Candia fue confirmado como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

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Durante su intervención en la sesión plenaria ordinaria de la Corte, Martínez Simón expresó que “en este ejercicio democrático que marca nuestra carta orgánica —creo que ello hace bien a la institucionalidad de la Corte— establecer que tengamos procesos naturales marcados por la norma, con discusión previa, diálogo, propuestas y el afianzamiento de una o más candidaturas hace el buen manejo de la Corte”.

En otro momento, sostuvo que los integrantes del máximo tribunal realizaron un buen trabajo en este último periodo, trabajo que seguirá bajo su presidencia, principalmente de manera colectiva.

“Todos apuntamos hacia el mismo lugar: queremos la mejor conducción de la justicia en nuestro país. Me consta personalmente, en las distintas presidencias en las que trabajé, como vicepresidente también, que todos ponemos el mejor esfuerzo. Se da por descontado que, así como el año anterior se realizó un gran trabajo colectivo entre todos, este año será igual”, apuntó.

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Ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunieron con la Comisión Permanente del Congreso, presidida por el senador Colym Soroka, para abordar sobre la problemática conocida como “Mafia de los Pagarés”. El senador Soroka resaltó que este esquema afecta principalmente a personas y familias más vulnerables por lo que pidió a la justicia ser implacables con los responsables.

“Le pedimos que sean implacables con las personas involucradas en la mafia de los pagarés porque han tocado a familias demasiado vulnerables, hablaba yo de un solo caso, una persona que tiene un salario de 1.600.000 o 1.700.000 y no lo cobra hace 16 años por retirar dos licuadoras de una casa comercial”, expresó en conferencia de prensa tras esta reunión.

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Pidió además que la justicia no ceda ante los poderes económicos. “Pedimos una justicia libre, independiente y justa para la gente más vulnerable y no rentada a los poderes económicos de algunas personas. (…) No podemos permitir que se construya riqueza a base del llanto de familias humildes”, sentenció.

De esta reunión participaron los ministros César Diesel, Carolina Llanes, Alberto Martínez Simón, Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez.

En el encuentro con el presidente de la Permanente, Colym Soroka y otros legisladores, el ministro Alberto Martínez Simón, presentó un informe sobre un informe de la Corte y los avances en el caso por parte del Poder Judicial desde diciembre de 2024.

Entre los principales resultados citados por el ministro se encuentra “la intervención de 35.608 expedientes, lo que permitió la nulidad, caducidad o levantamiento de embargos en juicios ejecutivos irregulares”. Igualmente, se informó que “se iniciaron 195 sumarios administrativos, que involucran a magistrados, oficiales de justicia, actuarios y abogados, varios de ellos ya suspendidos o que presentaron renuncia”.

En lo que respecta a la modernización, el ministro Martínez destacó que “el 42 % de los juzgados de paz ya cuentan con expedientes electrónicos", lo que garantiza la trazabilidad de los procesos y evita la existencia de “expedientes fantasma”.

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El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, refutó las críticas de legisladores de la oposición y constitucionalistas aliados que califican como un atropello a la Constitución Nacional al proyecto de ley que pretende impulsar la reglamentación del artículo 189, referente a la senaduría vitalicia.

“Yo les sugiero que lean la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que es la que interpreta y custodia la Constitución Nacional. En su fallo habla bien claro que los senadores vitalicios no tienen impedimentos para ser senadores activos. Si la máxima instancia judicial en dos oportunidades ya se pronunció, quiénes somos nosotros para opinar lo contrario”, dijo el titular legislativo, este miércoles, a través de una conferencia de prensa.

Núñez sostiene que ningún expresidente de la República está inhabilitado para ejercer un cargo público o electoral, y lo que se busca es reglamentar para que los mismos tengan una participación activa en la política.

“Este proyecto de reglamentación habilitará a todos los expresidentes de la República. No podemos nosotros a exmandatarios, que son senadores vitalicios, que es un cargo honorifico, una distinción sacarle la posibilidad de seguir sirviendo al país", refirió.

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El parlamentario también rechazó la tesis de que una eventual ley no tendría efecto retroactivo. “Se nota un desconocimiento, sugiero leer a otros constitucionales y constituyentes de nuestro país y de otros como la Argentina para que tener mayor luz. A la vez, que se lea la sentencia de la Corte”, sentenció.

El proyecto de ley fue presentado por Núñez el pasado lunes, a días del receso parlamentario, que iniciará el 21 de diciembre y se extenderá hasta el próximo 1 de marzo. La iniciativa deberá ser girada a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara de Senadores para sus dictámenes correspondientes y posterior tratamiento en plenaria.

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