El Instituto de Previsión Social (IPS) puso en marcha una revisión integral de los contratos de arrendamiento de su patrimonio inmobiliario, luego de que auditorías internas revelaran cánones irrisorios en terrenos del Chaco. Los hallazgos muestran alquileres de apenas G. 627 y G. 675 por hectárea al mes, lo que representa una rentabilidad promedio cercana al 1 % anual, un rendimiento sumamente distante de las cifras de mercado.

El presidente de la previsional, Dr. Derlis León, señaló que el proceso abarcará la verificación de la vigencia de los acuerdos, el sustento jurídico y las tasaciones originales, considerando que varios de estos compromisos fueron firmados hace más de 20 o 30 años. “Lo primero que tenemos que observar en este caso es si son contratos vigentes”, afirmó la autoridad, al confirmar que los antecedentes ya fueron elevados a la Dirección Jurídica para definir las acciones legales a seguir.

Como parte de la estrategia para optimizar los recursos institucionales, la administración analiza la posibilidad de subastar públicamente aquellos inmuebles que no generen un retorno adecuado. La medida se respalda en la legislación aprobada en 2023 que autoriza la enajenación de propiedades de la previsional, normativa que actualmente se encuentra en plena fase de reglamentación para su aplicación efectiva.

León contextualizó que gran parte de estos activos ingresó al patrimonio del IPS en escenarios económicos complejos del pasado, como la crisis financiera e inmobiliaria de la década de 1990. Por ello, argumentó que los valores actuales y la utilidad de cada terreno serán analizados de manera individual para tomar decisiones de venta o renegociación adaptadas al mercado actual.

Esta reestructuración patrimonial cobra relevancia ante la delicada coyuntura financiera que atraviesa la entidad previsional. El titular del IPS advirtió que el Fondo de Salud arrastra un déficit operativo cercano a los USD 12 millones mensuales, mientras que el Fondo de Jubilaciones y Pensiones requiere de reformas estructurales urgentes para garantizar su sostenibilidad financiera en las próximas décadas.

En una nueva jornada del juicio oral y público al exsenador Hernán David Rivas, procesado por tener título de abogado dudoso, declararon varios testigos. Entre ellos comparecieron el actual presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el director de Auditoría Interna del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Roy Rodgers; y Ana Coronil, exalumna de la Universidad Sudamericana.

Lo más relevante de la jornada fue la declaración de Roy Rodgers, quien explicó que el ministro de Educación, Luis Ramírez, solicitó mediante un memorando una auditoría interna para verificar si la Auditoría 026/2020 se había elaborado correctamente. “La revisión concluyó que se cumplieron los requisitos aplicables y que los auditores actuaron de forma adecuada”, afirmó el testigo en relación con el proceso de inscripción del título de Rivas. Este testimonio contradice la acusación del Ministerio Público.

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Asimismo, Rodgers indicó que dicha revisión fue ordenada por el ministro Ramírez debido a los fuertes cuestionamientos mediáticos sobre la Auditoría 026/2020, la cual ya había determinado que se cumplió con toda la documentación para la inscripción del título de Rivas.

El testigo confirmó que el trabajo se ajustó a las normas vigentes y aclaró que el MEC aún no define oficialmente qué procedimiento aplicar a las carreras creadas bajo la Ley “Marcos”, que luego fueron cerradas y cuyos títulos se expidieron tiempo después, debido a los cambios normativos entre la finalización de los estudios y el registro del título.

Ante los criterios contrapuestos de la Dirección de Transparencia y la Dirección de Registro de Títulos, se recomendó solicitar a la Asesoría Jurídica del MEC una definición clara para casos como el de Hernán Rivas. Este pedido sigue pendiente de respuesta, manifestó el director.

Por su parte, Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, señaló que Hernán Rivas manifestó en su momento la intención de representar a la institución ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y que la bancada de Honor Colorado respaldó su postulación. Indicó, además, que actualmente no existe un procedimiento interno para verificar o acreditar los requisitos exigidos para ejercer dicha representación, aunque existe un proyecto con media sanción para regularlo.

Durante la audiencia también se introdujeron varias pruebas documentales. Entre ellas destacó un informe del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), el cual estipula que las carreras habilitadas antes de la vigencia de la Ley 4995/2013 son legales, siempre que acrediten su implementación conforme a los requisitos de la Resolución 166/2015 del Cones. Finalmente, se constató que el MEC registró títulos de la carrera de Derecho de la Universidad Sudamericana hasta el año 2022.

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Integrantes de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE) requieren a la Contraloría General de la Republica (CGR) que impulse una fiscalización en torno al plantel de funcionarios y empleados públicos de la Municipalidad de Ciudad del Este al denunciar una presunta incompatibilidad y conflicto de intereses por parte de la abogada Gilda María Portillo.

El pedido de la organización surge teniendo en cuenta que Portillo, conforme a la lista de funcionarios y empleados públicos divulgada por la municipalidad, aparece vinculada y remunerada por la institución desde el mes de febrero del 2025 y paralelamente ejercería la defensa técnica particular en las diferentes causas judiciales que enfrenta el destituido intendente por corrupción, Miguel Prieto, y su equipo conformado por el concejal Sebastián Martínez Insfrán, el director de Recursos Humanos, Francisco Arrúa, y la funcionaria Maggi Elizabeth Fariña Almada.

“La denuncia se sustenta en la posible existencia de incompatibilidad, conflicto de intereses y eventual utilización inadecuada de recursos o información institucional, atendiendo a que la citada profesional, mientras mantiene un vínculo remunerado con la Municipalidad de Ciudad del Este, ejercería la defensa técnica particular de autoridades, exautoridades y funcionarios vinculados con dicha institución”, refiere el documento que será remitido al órgano auditor.

Señala también que “asimismo, se solicita verificar si la denunciada cumplió con su obligación de presentar ante la Contraloría General de la República su Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, dentro del plazo legal correspondiente”.

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En el escrito mencionan que algunas de las causas judiciales guardarían relación con hechos denunciados, actuaciones administrativas, recursos públicos o circunstancias vinculadas directa o indirectamente con la Municipalidad de Ciudad del Este.

“Esta situación podría colocar a la profesional en una posición de intereses contrapuestos, debido a que, por una parte, mantiene un vínculo remunerado con la institución municipal y se encuentra obligada a privilegiar y proteger los intereses públicos; mientras que, por otra, asume la defensa particular de personas investigadas o procesadas por hechos presuntamente vinculados con la misma institución”, indican desde la Contraloría Ciudadana de acuerdo a las informaciones e investigaciones recopiladas por sus miembros.

Agregan que la situación requiere verificar si la denunciada tiene acceso, por razón de sus funciones, a documentos, antecedentes, datos personales, expedientes administrativos, informes jurídicos o cualquier otra información institucional que pudiera resultar relevante para las causas en las que ejerce la defensa técnica.

Solicitan también determinar si la defensa de las personas individualizadas es abonada de manera particular por cada defendido o si, directa o indirectamente, se utilizan recursos, contratos, honorarios, personal, instalaciones, información o fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este.

En el requerimiento, la Contraloría Ciudadana hace alusión a la Ley 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil” el cual resulta aplicable a los funcionarios y empleados públicos de los gobiernos municipales. A la vez citan artículo 51 de la ley que establece, entre las obligaciones de los servidores públicos, la de privilegiar los intereses del Estado sobre los intereses propios o particulares, observar el principio de probidad administrativa y actuar con imparcialidad.

También hacen mención al artículo 52, inciso m, prohíbe a los servidores públicos efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales bajo su ámbito de actuación, con las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico.

Igualmente, citan los incisos k, l, n, p y r del mismo artículo argumentando que en los mismos se detallan prohibiciones relacionadas con la obtención de beneficios, el conflicto de intereses, la prestación de servicios a determinados particulares y el ejercicio de ocupaciones que no puedan conciliarse con las obligaciones del puesto público.

Además citan en la solicitud el artículo 61, inciso p, considera falta grave efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo el ámbito de actuación del servidor público.

También hacen referencia a la ley 6919/2022 sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos el cual comprende como sujetos obligados a las personas nombradas, contratadas o electas para prestar servicios en organismos o entidades del Estado. La declaración jurada debe presentarse ante la Contraloría General de la República dentro del plazo legal contado desde la toma de posesión o inicio de las funciones.

“Los hechos expuestos ameritan una investigación destinada a determinar la naturaleza exacta del vínculo contractual, las funciones asignadas, los pagos efectuados, la existencia de posibles conflictos de intereses y el cumplimiento de las obligaciones legales de transparencia”, sostienen.

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Senacsa informó que culminó con resultados satisfactorios, en el marco del proceso de habilitación.

La auditoría oficial de Turquía a los estable­cimientos paraguayos exportadores de carne bovina culminó con resultados satis­factorios, en el marco del pro­ceso de habilitación sanitaria para el acceso de la proteína nacional a ese mercado.

Así lo informó el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) tras la misión que se desarrolló del 3 al 7 de agosto. Durante la auditoría, la delegación ofi­cial evaluó el sistema de con­trol sanitario, la trazabilidad y las condiciones de inocuidad de los establecimientos fri­goríficos habilitados para la exportación de carne bovina.

Durante la misión, la dele­gación oficial evaluó el sis­tema de control sanitario, la trazabilidad y las condi­ciones de inocuidad en los establecimientos frigoríficos habilitados para la exporta­ción. “La auditoría demos­tró solidez y confiabilidad del Senacsa respaldado por el trabajo conjunto entre el sector público y privado”, mencionaron desde el orga­nismo veterinario.

La comitiva oficial también realizó una visita a la Emba­jada de Turquía. La delegación estuvo compuesta por representantes del Minis­terio de Agricultura y Silvi­cultura, quienes completa­ron con éxito la semana de reuniones y exámenes junto con el Senacsa como parte del proceso de evaluación para el acceso de la carne bovina paraguaya.

En junio pasado nuestro país fue aprobado como mercado elegible para la exportación de carne bovina y bovinos en pie a este destino, lo que representó un avance impor­tante en el proceso de aper­tura de un nuevo comprador de los productos pecuarios nacionales.

Ambas partes habían coin­cidido en la importancia de culminar el proceso durante el segundo semestre de este año, de manera a iniciar los envíos de carne bovina al mercado turco y reforzar los vínculos comerciales y de cooperación sanitaria entre ambos países.

Senacsa destacó que este avance fue posible mediante el trabajo coordinado entre la institución, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Paraguay en Turquía, cuya gestión fue considerada decisiva dentro del proceso de habilitación sanitaria.