Un tribunal de sentencia integrado por Elsa García, Sonia Sánchez y Ana Rodríguez, condenó a 8 años de cárcel al extitular de la Secretaria de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, luego de ser encontrado culpable por lavado de dinero, cohecho pasivo, y asociación criminal en direccionar licitaciones en la SEN. Igualmente fue condenado Alberto Koube a 6 años de encierro.
También se dispuso la libertad del condenado, quien estaba con arresto domiciliario. El pedido de levantar la citada medida fue hecho por la Fiscalía para evitar que cumpla la totalidad de la condena en su casa.
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Los magistrados concluyeron que varios elementos probatorios fueron clave para el presente caso. Resaltaron los mensajes intercambiados entre Roa y Koube en los que Roa solicitaba vueltos para el pan dulce y la sidra y el diezmo para los perros del dinero de las licitaciones.
También se mencionó que Koube era el que manejaba las licitaciones y los desembolsos, presionando a Roa a quien trataba de “papacho” para que se puedan liberar los fondos.
La defensa de los condenados tendrán la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que defina si corresponde confirmar o no la sentencia condenatoria.
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Alex Saab, aliado de Maduro, admite culpa por lavado de dinero en EE. UU.
El exministro de Industria venezolano y aliado del expresidente Nicolás Maduro, Alex Saab, se declaró el martes culpable de lavado de dinero tras un acuerdo con la Fiscalía estadounidense, informó un tribunal de Miami. Extraditado en mayo de este año, Saab se había declarado inicialmente “no culpable” ante el juez el pasado 24 de julio, pero ahora modificó a “culpable” a cambio de cooperar para reducir su condena, según un auto judicial.
“El acusado acepta declararse culpable del único cargo de la acusación, que imputa al acusado el delito de Conspiración para Blanquear Instrumentos Monetarios”, explica el auto de la corte del Distrito Sur de Florida. El acuerdo establece un monto de confiscación de 195 millones de dólares, valor que la Fiscalía vincula a una presunta trama de corrupción y desvío de dinero durante años del programa de ayuda alimentaria CLAP en Venezuela.
Saab podría ser condenado a unos 20 años de cárcel por ese cargo de lavado de dinero, pero tanto el monto de confiscación como la condena firme dependen del grado de colaboración con las autoridades. Su caso está estrechamente ligado al del expresidente Maduro y su esposa Cilia Flores, que se litiga ante una corte en Nueva York, tras su captura en Caracas el 3 de enero por fuerzas armadas estadounidenses.
Supuesto testaferro
Nacido en Colombia, este exempresario fue una figura muy activa de la política venezolana durante los últimos años de la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013). Fue supuestamente gracias a sus actividades de testaferro de Maduro y lavador de dinero que recibió la ciudadanía venezolana y un pasaporte diplomático.
“El acusado acuerda que cooperará plenamente con esta Oficina”, explica el documento firmado por Saab y los fiscales encargados de su caso. “Además, el acusado acepta que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, y que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad”, añadió el texto.
Tras ser objeto por primera vez de sanciones estadounidenses en 2019, Saab fue arrestado en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos al año siguiente.
Fue liberado luego en 2023 por el gobierno de Joe Biden como parte de un canje de prisioneros negociado con Venezuela.
Maduro nombró a Saab ministro de Industria tras su regreso a Caracas, en 2024.
Poco después de que fuerzas estadounidenses capturaran en enero pasado a Maduro en Caracas, la presidenta interina Delcy Rodríguez destituyó a Saab de todos sus cargos, y fue extraditado el 16 de mayo.
Tras el terremoto político que supuso la salida del país de Maduro y el nombramiento de Rodríguez, Washington y Caracas han emprendido una singular colaboración económica y política que ha generado sorpresa dentro y fuera de Venezuela.
Delcy Rodríguez, que era también una estrecha colaboradora de Maduro, salió el 1 de abril de la lista de responsables políticos extranjeros sancionados por el gobierno estadounidense, y ha sido elogiada repetidamente por el presidente Donald Trump.
Venezuela ha accedido a cambiar profundamente el marco legislativo de la explotación de hidrocarburos para abrir el mercado a las multinacionales extranjeras.
Esa apertura culminó en un acuerdo por el que Washington controlará parte de la producción de crudo, a través de una empresa concesionaria, North American Blue Partners.
Fuente: AFP.
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Defensa de Óscar Boidanich solicitó ratificar su absolución
El Tribunal de Apelación deberá estudiar si corresponde confirmar el fallo dictado en primera instancia.
La defensa del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich solicitó al Tribunal de Apelación ratificar íntegramente su absolución de culpa y pena. Boidanich había sido juzgado por el supuesto delito de frustración de la persecución penal en el caso del empresario Darío Messer.
Los abogados defensores, Claudio Lovera y César Alfonso, contestaron la apelación presentada por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Verónica Mayor y Fernando Meyer, quienes habían recurrido ante el tribunal de alzada la determinación adoptada inicialmente por un Tribunal de Sentencia.
La defensa de Boidanich sostiene que la decisión de primera instancia debe ser confirmada porque nunca se configuró el delito de frustración de la persecución penal, argumentando que los bienes del cambista Darío Messer finalmente fueron decomisados en nuestro país y a eso se le agrega que dicho fallo ya está firme en la Corte.
Del mismo modo la defensa de Boidanich sostiene que el Ministerio Público pretende de manera irregular que la Cámara de Apelación revalore pruebas testimoniales y documentales, algo prohibido por la norma y más en segunda instancia.
ABSOLUCIÓN DE CULPA
Un tribunal de sentencia absolvió de forma unánime de culpa y pena al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich, quien fue juzgado por frustración de la persecución y ejecución penal en el caso del empresario Darío Messer.
Los jueces Darío Báez, Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos concluyeron que las acciones atribuidas por la Fiscalía no se adecuan a ningún hecho punible.
Asimismo, el colegiado señaló que el Ministerio Público no logró demostrar que la actuación del acusado impidiera la investigación contra Messer o frustrara el comiso de sus bienes. Por el contrario, ambos resultados se concretaron: el empresario fue imputado y sus activos fueron incautados.
Los magistrados explicaron que, al tratarse de un hecho punible de resultado, la Fiscalía debía probar que la conducta de Boidanich evitó de forma directa el proceso penal o el comiso. Al no suceder esto, la acusación quedó sin sustento y sin argumento. Los jueces de sentencia evidenciaron las falencias del Ministerio Público. Estos argumentos de los jueces evidenciaron que la acusación respondió a una estrategia mediática de ciertos medios de comunicación para perjudicar al Boidanich.
Durante el juicio oral, funcionarios de la Seprelad declararon que Boidanich nunca ordenó retener ningún reporte; por el contrario, se le dio la celeridad correspondiente.
Finalmente, se demostró que el informe de la institución fue entregado al Ministerio Público, que lo utilizó como base para sustentar la imputación contra Darío Messer, garantizando además que el documento nunca se filtrara.
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Condenan a 18 años de cárcel a profesor de taekwondo por abuso sexual
Un Tribunal de Sentencia condenó a un hombre a 18 años de cárcel luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños, registrado en la ciudad de Altos. La agente fiscal Mayra Palacios, de la Unidad Zonal de Emboscada, fue quien representó al Ministerio Público en el juicio oral y público.
La representante del Ministerio Público logró probar la responsabilidad penal del acusado a través de diversos elementos probatorios expuestos ante el Tribunal de Sentencia que, de forma unánime, resolvió dictar la condena.
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Antecedentes
De acuerdo con los antecedentes de la causa, los abusos se registraron el 3 de mayo de 2025, a las 20:00, aproximadamente. La víctima, de 13 años, fue llevada desde su domicilio por su profesor de taekwondo con la excusa de comprar hamburguesas; sin embargo, fue trasladada hasta una zona boscosa en inmediaciones de un camino vecinal, donde el hoy condenado cometió el hecho en el interior de su vehículo para luego llevarla nuevamente a su vivienda.
El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por la magistrada Liliana Ruiz Díaz Guerrero e integrado por las juezas Ángela Carolina Jara Vallejos y Cristel Sandrina Müller de Peralta. El colegiado sostuvo que se pudo demostrar la responsabilidad del acusado por el grave hecho sucedido, por lo que la pena que corresponde es la de 18 años de cárcel.
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Imputan por enriquecimiento y lavado a exdirector de la Senad
La fiscala Belinda Bobadilla imputó al exjefe de Inteligencia de la Senad, Mauro Ruiz Díaz, y a su exesposa Andrea Karina Martí, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al no poder justificar movimientos multimillonarios que oscilan los G. 2.802.515.608 en efectivo de origen no justificado.
De acuerdo a la imputación fiscal, el millonario monto de dinero no tendría relación con los ingresos lícitos declarados por la pareja durante su desempeño como funcionarios públicos. La investigación surgió como un desglose de otra causa en la que Ruiz Díaz fue investigado por supuesta frustración de la persecución y ejecución penal.
Del total presuntamente injustificado, G. 1.617.997.445 corresponderían a adquisiciones conjuntas, G. 825.960.400 a operaciones atribuidas exclusivamente a Ruiz Díaz y G. 358.557.763 a operaciones atribuidas únicamente a Martí.
Entre las operaciones analizadas figura la compra de un vehículo Volvo XC60 T8 por USD 85.000, cuyo pago habría sido solventado en un 98 % con efectivo de origen presuntamente ilícito, equivalente a G. 620.604.205. También se investigan operaciones inmobiliarias. Una propiedad adquirida en Villa Elisa durante la comunidad de gananciales fue declarada por G. 170 millones, aunque la Fiscalía sostiene que su valor real habría alcanzado G. 765 millones. Asimismo, Ruiz Díaz habría adquirido otro inmueble por G. 330 millones sin que se identificaran extracciones bancarias que justificaran el pago.
Además, se detectaron transferencias y depósitos realizados por Martí a una cuenta de Ruiz Díaz en la Cooperativa Universitaria por G. 104 millones entre 2019 y 2024, además de pagos y cancelaciones anticipadas de préstamos de Credivill y la conversión de G. 200 millones en un certificado de depósito de ahorro (CDA).Entre otros movimientos figuran la compra de un Peugeot por G. 346.720.000, atribuida a Martí; la adquisición conjunta de un Nissan Qashqai por USD 34.990 y otra cancelación anticipada de un préstamo por G. 63.502.003, atribuida exclusivamente a Martí.