Un tribunal de sentencia integrado por Elsa García, Sonia Sánchez y Ana Rodríguez, condenó a 8 años de cárcel al extitular de la Secretaria de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, luego de ser encontrado culpable por lavado de dinero, cohecho pasivo, y asociación criminal en direccionar licitaciones en la SEN. Igualmente fue condenado Alberto Koube a 6 años de encierro.
También se dispuso la libertad del condenado, quien estaba con arresto domiciliario. El pedido de levantar la citada medida fue hecho por la Fiscalía para evitar que cumpla la totalidad de la condena en su casa.
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Los magistrados concluyeron que varios elementos probatorios fueron clave para el presente caso. Resaltaron los mensajes intercambiados entre Roa y Koube en los que Roa solicitaba vueltos para el pan dulce y la sidra y el diezmo para los perros del dinero de las licitaciones.
También se mencionó que Koube era el que manejaba las licitaciones y los desembolsos, presionando a Roa a quien trataba de “papacho” para que se puedan liberar los fondos.
La defensa de los condenados tendrán la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así, será un tribunal de apelación el que defina si corresponde confirmar o no la sentencia condenatoria.
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Condenan a 8 años de cárcel por lavado de dinero a Jaime Franco, vinculado al crimen del fiscal Pecci
El Tribunal de Sentencia Especializado contra el Crimen Organizado, integrado por María Luz Martínez, Federico Rojas y Dina Marchuk, condenó a Jaime Franco a la pena de 8 años de cárcel por lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas. En su momento, se sospechó que el hoy condenado habría sido el autor moral del asesinato del agente fiscal Marcelo Pecci.
Franco fue acusado por el Ministerio Público luego de un allanamiento realizado el 22 de octubre de 2020, en un caso que guarda relación con la muerte del fiscal Pecci.
En sus alegatos, el fiscal Luis Piñánez solicitó la pena máxima de 5 años de cárcel para Jaime Franco (quien ya cumple una condena de 18 años por narcotráfico). La causa se deriva de una requisa realizada en octubre de 2020 en la penitenciaría de Tacumbú, ocasión en la que se hallaron importantes sumas de dinero y otros objetos en la celda de Franco.
El representante del Ministerio Público sostuvo que se probó el hecho punible de lavado de dinero y solicitó el comiso de las sumas incautadas, consistentes en G. 188.421.000 y USD 10.050, además del comiso de dos teléfonos celulares.
Asimismo, el agente requirió el comiso por valor sustitutivo hasta alcanzar la suma de USD 20.000, considerando la adquisición de un vehículo a nombre de Alicia Ferreira, quien formaba parte del equipo criminal de Franco. El rodado no pudo ser hallado durante la investigación, motivo por el cual se solicitó dicha medida.
Según la hipótesis fiscal, el dinero proviene de actividades ilícitas ligadas al narcotráfico, así como de transferencias de divisas de ese origen que carecen de sustento legal.
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Centro Nacional de Prevenidos: excárcel de Tacumbú deja de albergar a reos condenados
La cárcel de Tacumbú cambia de nombre y pasa a denominarse Centro Nacional de Prevenidos, dando la bienvenida al nuevo modelo de sistema de gestión penitenciaria. Según Resolución del Ministerio de Justicia, dejará de albergar a condenados y será un centro para procesados. Por lo tanto, ya no recibirá a personas privadas de libertad con condenas firmes.
Para ello, se realizó el traslado gradual, progresivo y planificado de todos los reos con condenas firmes alojadas en la penitenciaría de Tacumbú hasta su totalidad y la desocupación total de la población condenada.
En ese marco, se dispuso que las personas condenadas trasladadas sean reubicadas en establecimientos penitenciarios destinados exclusivamente al cumplimiento de penas.
Se estableció además que las medidas adoptadas tienen por objeto dar cumplimiento estricto a la Constitución Nacional, al Código de Ejecución Penal del Paraguay y a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.
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Operativo Umbral 3.0
Se encomendó al Viceministerio de Política Criminal la elaboración de un plan operativo de distribución y traslado que garantice el respeto a los derechos humanos, la seguridad institucional y la continuidad del tratamiento penitenciario.
“Paraguay está viviendo un nuevo amanecer”, dijo el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora. Con ello, se da un paso sin precedentes de la reforma del sistema penitenciario nacional. “Un paso importantísimo para la seguridad del país”, resaltó el secretario de Estado.
También se brindó detalles sobre el operativo Umbral 3.0 que se desarrolló en la noche de ayer y madrugada de este lunes que consistió en el traslado de casi 500 personas privadas de libertad a la cárcel de Emboscada.
“Con el operativo Umbral 3.0 nos despedimos de la vieja penitenciaría de Tacumbú y le damos paso a la transformación y al nuevo Centro Nacional de Prevenidos, un sitio más seguro con la anhelada separación de las personas privadas de libertad procesadas y condenadas”, precisó el titular de Justicia.
Destacó el trabajo coordinado de varias instituciones para llevar adelante este trabajo. “Era impensable llevar a cabo un trasladado de más de 500 personas en dos horas y media, en orden, sin inconvenientes”, apuntó el secretario de Estado.
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Jueces verificaron estado de causas penales de personas privadas de libertad en Misiones
Con el objetivo de fortalecer el apoyo de jueces penales de Ejecución y de Garantías, el equipo técnico de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte Suprema de Justicia acompañó las jornadas de entrevistas realizadas a personas privadas de libertad en la Penitenciaría Regional de Misiones. La actividad fue organizada en el marco de una jornada interinstitucional, con el fin de garantizar la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de las normativas vigentes para la correcta tramitación de los procesos de imputados y condenados.
En el marco de la jornada de trabajo se realizaron entrevistas a personas privadas de libertad, garantizando la protección de sus derechos y el cumplimiento de las normativas vigentes, así como la correcta tramitación de los procesos de imputados y condenados.
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Durante las audiencias, los jueces otorgaron medidas menos gravosas que la prisión preventiva, incluyendo libertades por cumplimiento de la pena mínima y por buena conducta. Además, participaron representantes del Ministerio de la Defensa Pública, quienes brindaron asesoramiento a sus representados sobre la situación actual de sus causas penales.
Las jornadas estuvieron a cargo de los jueces penales de Ejecución y de Garantías, los abogados Derlis Gustavo Rojas, de Misiones; Víctor Paredes, de San Juan; Blas Eduardo Montiel, de Ayolas; y Dora Maciel, de San Juan. Asimismo, acompañaron el presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Misiones, magistrado Pedro Duarte, y los funcionarios de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria.
Cabe mencionar que la visita se realizó en cumplimiento del artículo 23 de la Acordada Nº 222/01, que aprueba la Guía de Procedimientos del Sistema de Ejecución Penal, y conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del C.E.P. (Ley Nº 5.162/2014), Código de Ejecución Penal de la República del Paraguay.
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Condenan a 25 años de cárcel a una mujer que asesinó a su esposo en Limpio
Un Tribunal de Sentencia condenó a 25 años de cárcel a una mujer tras ser hallada culpable del asesinato de su esposo. La fiscal del caso, Nadia Millán Cattebeke, presentó todos los elementos probatorios necesarios para lograr la sentencia condenatoria. La condenada fue identificada como Elva Rosa Mereles de Florentín, hallada responsable del homicidio de su cónyuge.
El Tribunal consideró contundentes las pruebas presentadas por el Ministerio Público, las cuales desvirtuaron la coartada de la mujer. El crimen ocurrió el 18 de octubre de 2022, aproximadamente a las 19:30, en una vivienda de la fracción Aurora de Limpio. Según la investigación fiscal, Elva Mereles solicitó a la hija de ambos que se encerrara en su habitación para hacer sus tareas.
Aprovechando que su marido estaba acostado en la cama, la mujer le propinó una estocada con un cuchillo en el lado izquierdo del pecho. Posteriormente, con el fin de ocultar el crimen, la sentenciada desordenó la habitación para simular un robo y pidió auxilio a su hija, alegando que dos asaltantes habían ingresado a la casa exigiendo dinero y apuñalando a su padre. Ambas salieron a la calle a pedir ayuda a los vecinos manteniendo la misma versión.
La víctima fue trasladada al Hospital de Limpio, donde se constató su deceso. Durante el juicio oral, la fiscal Nadia Millán logró demostrar que la versión del asalto carecía de sustento.
Entre los elementos probatorios clave destacaron los análisis de cámaras de seguridad de la zona, que confirmaron que ninguna persona ajena a la familia ingresó a la propiedad en el horario del crimen. Asimismo, los vecinos manifestaron no haber observado movimientos extraños ni la huida de sospechosos. En el registro de la vivienda, se encontró el arma homicida y una sábana con restos de sangre oculta en el interior de la heladera de la casa conyugal.
Las averiguaciones fiscales determinaron que el motivo del asesinato fue de índole pasional y patrimonial: se probó que Mereles mantenía una relación sentimental con otra persona y, ante la negativa de su esposo de abandonar el hogar, la mujer tomó la determinación de terminar con su vida. La sentencia de 25 años de cárcel responde a la gravedad del hecho y al grado de planificación empleado por la hoy condenada.
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