En el marco del juicio oral que enfrentan Pablo Eduardo Suárez y María José Arce Oddone, quienes están siendo juzgados por presuntamente estafar a los exjugadores de fútbol Rodrigo “Popi” Muñoz, y Juan Manuel Salgueiro, el tribunal de sentencia integrado por los jueces Gloria Hermosa, Darío Báez y Cristian González realizó una constitución física al edificio de departamentos ubicado sobre la avenida Primer Presidente de Asunción, donde los magistrados constaron la existencia de la obra, cuyo avance es del 70 %.
La audiencia oral y pública prosigue este jueves a las 11:00, cuando se procederá a la exposición de varias pruebas documentales entre ellas contratos, tasaciones y una pericia sobre el valor real del edificio de departamentos, cuyo costo podría superar la suma de 4 millones de dólares.
Días atrás, el abogado Francisco de Vargas, defensor de la pareja de acusados, aseguró que sus representados no han cometido ningún hecho punible y menos el delito de estafa. De Vargas indicó que “mis representados no cometieron ningún delito de estafa porque el caso se debe tramitar en el ámbito civil y comercial porque podría ser cumplimiento de contrato”.
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Sostuvo igualmente que “mis representantes no han podido entregar cuatro unidades de departamentos a los querellantes porque el edificio es objeto de demandas en lo civil y comercial y por tal motivo la obra no pudo continuar y en consecuencia mis representados no pudieron entregar los departamentos que reconocen que deben entregar, pero por cuestiones contractuales que surgieron entre los socios dueños del edificio no se pudo materializar aún la entrega”.
Añadió que “en este caso, los grandes perjudicados son Pablo Suárez y María José Arce, porque ellos no cometieron estafa debido a que los mismos jamás dijeron que no iban a entregar los departamentos, sino todo lo contrario, han pagado multa por retraso y han negociado con algunos de los compradores, donde incluso se llegó a un acuerdo.
Uno de los casos es el del exjugador Osmar Molinas, que inicialmente abonó la suma de USD 166.000 por el departamento y al llegar a un acuerdo recibió la suma de USD 209.000”. También el defensor de los dos procesados en la presente causa explicó que “de hecho los hoy querellantes Salgueiro y Muñoz han cobrado sumas importantes de dinero en concepto de retraso por no entregar todavía los departamentos”, manifestó el abogado de los dos acusados.
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