La fiscal adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, acusó y pidió juicio oral para los ujieres Edgar Fabián Ayala Melo y Alfredo Samudio Benítez, acusados en el caso conocido como la Mafia de los pagarés. Los mismos trabajan en el juzgado a cargo de la exjuez Nathalia Garcete. En su momento el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, había dado trámite de oposición al requerimiento del Ministerio Público que se allanó a una suspensión condicional del procedimiento los dos ujieres.
Ayala y Samudio se desempeñaban como ujieres del Juzgado de Paz de “La Catedral”, Segundo Turno, de la capital, a cargo de la exjuez Nathalia Garcete. Los mismos fueron acusados ya que, en el marco de expedientes tramitados, elaboraron informes a través de los cuales manifestaron que se constituyeron en los domicilios de las personas demandadas y que las notificaron de las demandas, sin embargo, tales notificaciones no fueron efectuadas.
La acusación señala que varios documentos que fueron ingresados por funcionarios judiciales a diversos juzgados habrían sido incorporados a expedientes sin cumplir con los protocolos administrativos, sin firma responsable o con características que levantaban sospechas de alteración. Entre las pruebas detalladas en el requerimiento, se mencionan cédulas, notas y anexos que ingresaron en sobres cerrados, sin constancia de recepción y sin respaldo que permitiera establecer con claridad su origen.
La representante fiscal sostiene en su acusación que la falta de trazabilidad y la ausencia total de registro en el sistema electrónico del Poder Judicial permitieron que los documentos cuestionados circularan sin control. Esta situación, de acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, vulnera directamente la integridad de los expedientes y podría configurar la comisión de hechos punibles con un impacto directo en el correcto funcionamiento de la administración de justicia.
Asimismo, la acusación describe que varios documentos presentaban sellos borrosos, inconsistencias en la numeración y ausencia de firmas funcionales, elementos que, según el análisis preliminar, serían indicativos de posible fabricación posterior o incorporación irregular. La Fiscalía fundamentó su requerimiento citando informes técnicos, declaraciones testimoniales, constancias administrativas y la estructura de ingreso oficial de documentos, cuyo incumplimiento quedó acreditado en el expediente.
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