El padre de Lionel Messi, Jorge Messi, “atraviesa una situación de salud” y se encuentra bajo seguimiento médico con una evolución favorable, informó este jueves la familia del astro argentino, tras la circulación de rumores sobre su estado.

Las versiones sobre la salud de Messi padre, de 68 años, se intensificaron luego de que el capitán albiceleste quebrara en llanto tras marcar el primero de sus tres goles en el triunfo 3-0 de Argentina el martes ante Argelia, en el debut del campeón defensor en el Mundial de Norteamérica.

“En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, señaló el texto, sin ofrecer detalles sobre la enfermedad que padece Jorge Messi.

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Tras marcar su primera diana contra los argelinos, Messi se emocionó hasta las lágrimas y después explicó que su llanto se debía a haber pasado momentos “difíciles” en los últimos días, sin dar más detalles.

“Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados”, dijo entonces el astro argentino a periodistas.

Jorge Messi es representante y una de las principales figuras de apoyo de su hijo. Lo ha acompañado durante su carrera en el Barcelona, el Paris Saint-Germain y ahora con el Inter Miami, así como en los principales títulos obtenidos con la selección argentina.

En el comunicado, “la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

“Pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable”, añadió el texto.

• Fuente: AFP

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El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez y el gobernador Freddy D’Ecclesiis sellaron este domingo la unidad colorada en el departamento de San Pedro, con miras a las elecciones generales del 4 de octubre. La concordia entre ambos dirigentes oficialistas fue concretada durante un encuentro con los candidatos a intendentes y concejales.

“Fuertes fueron las disputas, pero ahora tenemos la responsabilidad de trabajar de manera dirigencial. Estamos curando las heridas, hablando con todos, tratando de convencer a todos, no podemos estar malhumorados por mucho tiempo. Tenemos que aguantarnos entre todos, esto es una competencia y debemos entender eso“, comentó Giménez.

El ministro mencionó que el objetivo principal de la unidad es evitar que distritos claves sea tomados por la oposición y que la Asociación Nacional Republicana (ANR), siga siendo la fuerza predominante en San Pedro.

Agregó también que la concordia ya tiene como meta las elecciones generales del 2028 tanto para la presidencia y la gobernación. “No importa quien sea electo, debemos volver a hacerle ganar para la gobernación a un colorado. En Itapúa y Alto Paraná fue traumática la caída del partido. Para sostener la bandera del coloradismo en San Pedro debemos dejar de lado los caprichos personales“, manifestó.

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Las afirmaciones de Giménez fueron respaldadas por D’Ecclesiis quien comentó que “las internas quedaron atrás y el pueblo ya ha expresado su voluntad en las urnas. Como colorados asumimos con responsabilidad el compromiso de trabajar por la victoria de nuestro partido en todo San Pedro. Somos soldados de Bernardino Caballero y más que nunca debemos estar unidos".

El encuentro contó con la presencia de los diputados Carmen Giménez de Ovando y Leonardo Saiz. Tanto Giménez y D’Ecclesiis militan dentro del movimiento Honor Colorado, pero decidieron junto a sus respectivos equipos políticos competir en las pasada elecciones internas municipales del 7 de junio.

Entre los distritos que fueron conquistados por Giménez se encuentran San Pedro de Ycuamandiyú, 25 de Diciembre, Choré, General Aquino, San Estanislao, Villa del Rosario, Yrybucuá, Tacuatí y Guayaibí. Mientras que el equipo político de D’Ecclesiis, con 17.258 votos, se posicionó en 8 localidades, que son Nueva Germania, Liberación, San Vicente Pancholo, San Pablo, Santa Rosa del Aguaray, Capiibary, Itacurubí del Rosario y San José del Rosario.

No obstante, ambas facciones ya habían llegado a un acuerdo previo a las internas de impulsar candidaturas únicas en las ciudades de Antequera, General Resquín, Lima, Yataity del Norte y Unión.

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El Pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar, en su sesión plenaria, la terna remitida por el Consejo de la Magistratura para el cargo en el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de Asunción. Los ternados son: el actual camarista Carlos Alfredo Escobar, Amy Beverluyn Lezcano Jara, y el actual juez civil Édgar Rivas, quien es sumamente cuestionado por firmar fallos llamativos.

El magistrado Rivas Laguardia acumula varias críticas debido a que ha firmado fallos judiciales que estarían al margen de la ley. Una de las actuaciones más cuestionadas del citado magistrado ocurrió en el juicio civil caratulado “Ypyta S.A. Industrial, Ganadera y Comercial s/ Convocatoria de Acreedores”, donde pretendió habilitar la feria judicial a los efectos de consumar la transferencia irregular de un valioso inmueble ubicado en Pedro Juan Caballero.

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Asimismo, el magistrado Rivas ordenó en su momento el remate de la estancia “Cielo Azul”, perteneciente al presunto narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Dicha propiedad ya estaba administrada por la Senabico cuando se ordenó la subasta. Esta irregularidad se evitó gracias a que el caso tomó estado público.

Los integrantes de la máxima instancia judicial deberán estudiar minuciosamente la trayectoria de cada uno de los ternados para elegir al nuevo miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital.

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Tras ocho meses, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dispuso la remisión inmediata del expediente judicial del senador Rafael Filizzola —investigado por lesión de confianza debido a la sobrefacturación en la remodelación de comisarías— a la secretaría del Tribunal de Apelaciones, Primera Sala, con el objetivo de que el caso sea reasignado a los miembros naturales de dicha instancia.

Ahora serán los camaristas Jesús Riera, Paublino Escobar y Camilo Torres quienes deberán entender en el presente proceso penal, donde se tendrá que definir si se revoca la prescripción otorgada en un Juzgado Penal de Garantías.

Luego de estudiar el caso, los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos concluyeron que no existía una “contienda de competencia” real, dado que ninguno de los magistrados involucrados se declaró formalmente incompetente para entender en el presente proceso. Ante esta situación, los altos magistrados consideraron necesario reencausar el proceso y ordenaron su devolución a la instancia correspondiente para la reasignación de sus integrantes naturales.

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En mayo de 2025, Filizzola fue beneficiado por la Justicia con la prescripción del proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Comisarías de oro”, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo. Esta resolución judicial fue apelada por el Ministerio Público, que busca continuar con el proceso penal y presentar las pruebas en un juicio oral contra Filizzola. Hasta el momento, no se ha podido resolver la apelación de la Fiscalía.

La acusación del Ministerio Público refiere que el 15 de octubre de 2010, el entonces ministro del Interior, Rafael Filizzola, aprobó la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción, sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de la época. El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras nunca fueron terminadas. En esta misma causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condicional del procedimiento.

Por otra parte, la jueza Penal de Garantías, Alicia Pedrozo, hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, un caso que generó un perjuicio estimado de G. 50.000 millones.

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