El ministro de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la sala constitucional, Víctor Ríos, defendió a capa y espada su pedido de inamovilidad y por ende perpetuarse en el cargo hasta cumplir los 75 años de edad. El alto magistrado confirmó que ya en agosto había presentado su pedido de inamovilidad ocultando la información a la ciudadanía a pesar de que el mismo pretende demostrar que es transparente.
Ríos dijo en conferencia que “siempre dije, cumplido los 5 años me someto al procedimiento de selección, como no existe un procedimiento de selección para los ministros en funciones , no queda otra alternativa de plantear la acción de inconstitucionalidad”, indicó el ministro.
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Los ministros de la Corte César Diesel, Alberto Martínez Simón y Luis María Benítez Riera son los que deberán estudiar y decidir si el ministro Víctor Ríos es declarado inamovible hasta los 75 años de edad, a pesar de que el mismo pretende instalar que no se va a quedar hasta la edad máxima en la Corte.
Asimismo, los ministros César Diesel, Eugenio Jiménez y Manuel Ramírez Candia son los que van a definir la inamovilidad del ministro Gustavo Santander quien ya fue declarado inamovible cuando ocupaba el cargo de camarista.
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Ministros de Corte tomaron juramento a síndico, jueces, fiscal y defensores
En el salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de Asunción, se realizó el acto de juramento de rigor a dos magistrados, un agente fiscal, dos defensores y un agente síndico. La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; el vicepresidente primero, Luis María Benítez Riera; y el ministro, César Diesel Junghanns.
El ministro Luis María Benítez Riera felicitó a los designados en sus cargos y resaltó que sus nombramientos son resultado de sus méritos y capacidades. Asimismo, los instó a continuar fortaleciendo su formación y a ejercer sus funciones con responsabilidad y compromiso al servicio de la ciudadanía.
Prestaron juramento de rigor conforme a las siguientes designaciones:
- el abogado Bernardino Caballero como agente síndico
- el abogado Ulises Agustín Peña Vargas, juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Sexto Turno de la Capital
- la abogada Alma Palmira Rodas Soria, juez de Paz de Fortín Teniente Esteban Martínez – Circunscripción Judicial de Presidente Hayes
- la abogada Hermenegilda Cubilla Cuevas de Muñoz, agente fiscal Penal para Central – Circunscripción Judicial de Central.
- la abogada Lourdes Carolina Robledo Lugo, defensor público de Concepción – Circunscripción Judicial de Concepción
- y el abogado Óscar Ariel Quevedo Cazal, defensor público de Concepción – Circunscripción Judicial de Concepción.
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Corte avanza sobre fortalecimiento operativo y tecnológico de los Juzgados de Paz de la capital
La Corte Suprema de Justicia impulsa acciones de reorganización, fortalecimiento institucional y modernización tecnológica de los Juzgados de Paz de la Circunscripción Judicial de Capital – Asunción, en el marco del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2026–2030. Las medidas acompañan el proceso de optimización operativa y modernización del servicio judicial, con el objetivo de avanzar hacia una gestión más eficiente, moderna y accesible para la ciudadanía.
Las medidas están orientadas a acompañar el proceso de reorganización institucional, modernización tecnológica y ampliación de la capacidad operativa del servicio de justicia.
En ese contexto, ante situaciones vinculadas a procesos de ejecución de pagarés, conocidas públicamente en el ámbito mediático como “Mafia de pagarés”, la máxima instancia judicial avanza en acciones destinadas a reforzar el funcionamiento y la capacidad de respuesta de los Juzgados de Paz de Asunción.
En materia de capital humano, se incorporaron siete nuevos secretarios, se autorizó el comisionamiento de cincuenta funcionarios, cuarenta y dos contrataciones de personal y la incorporación de nueve ujieres notificadores, con el objetivo de mejorar la atención y consolidar la respuesta del sistema judicial.
Además, avanza el acondicionamiento de espacios para nuevos turnos del Juzgado de Paz de La Encarnación en el edificio de la exsede del Colegio de Escribanos, en el marco de la Ley Nº 7526/2025 y sin afectación presupuestaria. Igualmente, la adecuación del edificio “Luz Amalia” permitirá la futura habilitación de los Juzgados de Paz de Segundo Turno de San Roque y Tercer Turno de La Catedral.
Por otra parte, y en línea con el proceso de modernización institucional, avanza la implementación progresiva del Expediente Judicial Electrónico y de la tramitación digital en los Juzgados de Paz de Asunción, para agilizar los procesos judiciales y optimizar el acceso al servicio de justicia.
Actualmente, los Juzgados de Paz de La Recoleta, Villa Morra y Santísima Trinidad, en sus distintos turnos, ya cuentan con tramitación judicial digital. Asimismo, los Juzgados de Paz de La Encarnación, Catedral Primer Turno y Catedral Segundo Turno avanzan en la implementación del sistema de gestión Judisoft, la digitalización de expedientes y la gestión electrónica de causas judiciales.
El Plan de Fortalecimiento y Modernización de los Juzgados de Paz de la Capital contempla además la incorporación de equipamiento tecnológico destinado a modernizar la gestión judicial. En ese marco, fueron distribuidos 157 equipos informáticos entre los distintos Juzgados de Paz de Asunción, incluyendo computadoras nuevas, equipos reacondicionados y equipamientos autorizados para próximas entregas.
Así también, se cuenta con 44 equipos en reserva destinados a futuros Juzgados de Paz, como parte del proceso de expansión y modernización tecnológica impulsado por la Corte Suprema de Justicia. Estas acciones impulsadas por la Corte Suprema de Justicia acompañan el proceso de reorganización y modernización de los Juzgados de Paz de Asunción, orientado a consolidar un servicio judicial más eficiente, moderno y accesible para la ciudadanía.
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Empresas sienten presión coyuntural y buscan respuestas
El sector privado atraviesa un escenario de creciente presión marcado por el comportamiento del dólar, las dificultades vinculadas a pagos a proveedores y la incertidumbre sobre posibles ajustes impositivos.
La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) recibió al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, en un ameno encuentro en el que los representantes del sector privado expusieron las preocupaciones en un marco de diálogo sobre la coyuntura actual.
Durante el encuentro, los empresarios plantearon inquietudes relacionadas con el tipo de cambio, los costos operativos y distintos factores que hoy impactan en la actividad diaria de las empresas. El principal punto abordado, de hecho, fue la situación del dólar, seguido por los pagos a proveedores.
Más que solicitar medidas concretas, el sector privado apuntó a la necesidad de una mayor cercanía entre el ámbito público y empresarial, para comprender la realidad que enfrentan las empresas, a más de valorar la apertura del titular del MEF.
“Consideramos que el sector público tiene que acercarse más al sector privado para escuchar lo que estamos viviendo en el día a día. Muchas veces es muy fácil estar detrás de un escritorio tomando decisiones, cuando en realidad en la calle se ve otra cosa”, expresó Gustavo Egüez, presidente de la CAP.
La reunión también sirvió para plantear la importancia de establecer instancias permanentes de intercambio entre ambos sectores, donde las empresas puedan compartir lo que ocurre en el día a día y el Gobierno pueda responder respecto a posibles soluciones ante el escenario económico actual.
Como resultado del encuentro, se acordó avanzar en una mesa de diálogo para profundizar algunos temas específicos. Gustavo adelantó que habrá nuevas reuniones, y no descartó conformar grupos más reducidos para abordar cuestiones puntuales.
Desde el sector empresarial valoraron la apertura del ministro para discutir los temas planteados, y coincidieron en la necesidad de mantener conversaciones más frecuentes ante un contexto que consideran cada vez más desafiante para la operación de las empresas.
El ministro de Economía destacó su compromiso de mantener canales de comunicación abiertos con el gremio, subrayando que su equipo está dispuesto a seguir escuchando activamente al sector privado. Asintió que la toma de decisiones gubernamentales se debe realizar con una comprensión plena del contexto empresarial y económico.
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Corte confirma juramento del síndico Bernardino Caballero
El pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó que el síndico de Quiebras, Bernardino Caballero, cumplió con todos los requisitos para ser confirmado en el cargo por un periodo más. Al no presentarse ningún cuestionamiento, se lo citó para este miércoles a fin de que preste el juramento correspondiente.
De esta manera, los ministros de la Corte dejaron en claro que respetaron íntegramente el proceso realizado por el órgano encargado de conformar las ternas. Esta ratificación surge a raíz de una nota presentada por el ministro Manuel Ramírez Candia, quien había solicitado suspender el juramento hasta que se esclareciera el caso durante la sesión de los altos magistrados.
El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, explicó a la ciudadanía que el síndico Caballero reúne y cumple con todos los requisitos para haber sido ternado y, posteriormente, confirmado en el cargo.
Dictamen del Consejo
El Consejo de la Magistratura, a través del dictamen jurídico N° 851/2025, dejó sentado que Bernardino Caballero reúne los requisitos legales para integrar la terna y ser confirmado en la función que desempeña desde hace varios años. El documento fue remitido a la máxima instancia judicial para respaldar su continuidad.
Asimismo, la asesoría del Consejo señaló que, para el cargo de agente síndico, no se requiere única y exclusivamente un título de grado en Ciencias Contables y Administrativas. Esto se desprende del análisis literal del artículo 4° de la Ley N° 4870, que expresa: “Los síndicos adjuntos y agentes síndicos deberán ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta años de edad, poseer título de abogado y un título que acredite su conocimiento de las ciencias contables y administrativas; y haber ejercido la profesión o la magistratura judicial por cinco años como mínimo”.
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