El Tribunal de Apelación ratificó la condena contra el intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno, quien fue sentenciado a 3 años y 8 meses de cárcel luego de ser encontrado culpable por lesión de confianza y administración en provecho propio. La presente resolución judicial lleva la firma de los camaristas Claudia Criscioni, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi.
De acuerdo al fallo de segunda instancia, quedó probado que el intendente Hilario Adorno, en enero del 2022, usó los fondos municipales para adquirir una camioneta a su nombre. El vehículo costó en total G. 325 millones y fue adquirido por la firma Nippon Automotores. De ellos, 50 millones fueron parte de los fondos municipales.
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Asimismo, los camaristas señalaron que “ningún funcionario y menos uno electo para la administración del patrimonio Municipal puede utilizar la cosa pública como propia y luego pretender ampararse en su cargo y en la posibilidad de devolver el dinero para justificar su conducta”, indica parte del fallo de segunda instancia.
Los jueces de Sentencia condenaron en junio pasado a Hilario Adorno tras tener por probado que el jefe municipal usó G. 50 millones de los fondos de la Municipalidad de Casado para realizar el pago inicial de una camioneta 0 km que sacó a título personal. Al probarse que el vehículo marca Mitsubishi L200, Tritón, modelo 2022, fue adquirido a título personal de Adorno, se probó a su vez que no hubo contraprestación para el Municipio.
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Marset podría declararse culpable para evitar una condena de 20 años de cárcel
El capo narco uruguayo Sebastián Marset podría declararse culpable con la finalidad de evitar una condena de hasta 20 años de cárcel en el proceso judicial que enfrenta en los Estados Unidos por lavado de activos derivados de ganancias del narcotráfico internacional.
La información cobra fuerza teniendo en cuenta que su audiencia preliminar prevista para este miércoles en el estado de Virginia fuera postergada hasta el 1 de julio para permitir negociaciones entre la Fiscalía federal y su defensa sobre un eventual acuerdo de colaboración.
El medio de comunicación “Ámbito” señala que la decisión de postergar la audiencia fue adoptada de común acuerdo entre los fiscales estadounidenses y la defensa legal de Marset, y posteriormente avalada por el juez federal Rossie Alston Jr., quien extendió el plazo para que ambas partes sigan negociando una posible declaración de culpabilidad.
La publicación periodística agrega que el fiscal federal adjunto Anthony Aminoff comunicó que la acusación ya cuenta con 22 gigabytes de pruebas contra Marset, incluyendo comunicaciones interceptadas en distintos idiomas, registros financieros y documentación obtenida mediante acuerdos de cooperación internacional con Uruguay, Colombia, Bélgica y Francia.
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Entre las evidencias figura el contenido del celular incautado al narcotraficante tras su captura en Bolivia, el pasado 13 de marzo. El aparato, que estaba guardado dentro de una caja fuerte, fue enviado a Estados Unidos para ser sometido a pericias técnicas y podría contener datos clave sobre contactos, movimientos financieros y operaciones de la estructura criminal.
Si Marset acepta el acuerdo de culpabilidad, deberá colaborar con información relevante en torno a las operaciones y vínculos de su organización criminal, a cambio de una eventual reducción significativa de la pena. En cambio, si decide ir a juicio y es condenado, podría enfrentar la pena máxima prevista de 20 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas superiores a los USD 500.000.
Antecedentes
Marset ingresó en el radar de los Estados Unidos mediante la operación de transferencia que realizó uno de sus principales cómplices, desde un banco de Portugal a otro en China. El monto aproximado fue de USD 32 millones.
La operación tuvo como intermediario a una institución financiera de Estados Unidos, que la aprobó mediante un servidor ubicado en Richmond (Virginia). Esta es una transferencia de un monto muy bajo para el mundo del narcotráfico, pero fue clave en la investigación contra Marset.
La citada transferencia fue una de las transacciones utilizadas por el país norteamericano para acusar formalmente a Marset de lavado de activos. Los fiscales de la causa refieren que el uruguayo es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala que distribuyó miles de kilogramos de cocaína desde América del Sur con destino a Europa y que tuvo operaciones en Bolivia, Paraguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos y Portugal.
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Destacan perfil de Camilo Pérez y su aceptación por el electorado
El precandidato a concejal de Asunción, Diego Sotomayor destacó el perfil del intendentable Camilo Pérez y su cercanía en los recorridos barriales.
Y por eso “Camilo está muy bien y creo que llegó al corazón de los ciudadanos asuncenos porque es una persona preparada, honesta comprobada. Para nosotros es un orgullo seguirle como líder para la Intendencia”, señaló a La Tribu 650 AM.
Afirmó que las caminatas en el marco de la campaña política permitieron que la gente conozca más al precandidato a la Intendencia de Asunción.
“A él se le conocía más en un aspecto del éxito deportivo, por ser presidente del Comité Olímpico. Y ahora sí se volvió un político de raza, porque desde que inició su candidatura todos los días camina, él no para”, resaltó.
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Dijo que Camilo es un ejemplo a seguir. “A veces nos cansa a nosotros la campaña y le vemos a él que no para”, expresó.
El arquitecto Sotomayor defendió la honestidad de Pérez y manifestó que “solo se tira piedra al árbol que da frutos”.
“O sea que evidentemente está creciendo Camilo Pérez, se siente eso en nuestros recorridos. Y evidentemente tratan de bajar de alguna manera, inclusive vi que la disidencia quiere suspender las elecciones. O sea esos son síntomas de desesperación”, subrayó.
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Juez Otazú bloquea viaje de Prieto al Brasil ya rechazado por tribunal
El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, tomó la decisión de rechazar la solicitud de autorización judicial realizada por el destituido intendente de Ciudad del Este y líder del Partido Yo Creo, Miguel Prieto, para viajar al Brasil, en consonancia con el reciente fallo de un tribunal que consideró inconsistencias en su pedido.
El juzgado entendió que no se justificaron suficientemente las razones que hagan necesaria su salida del país. “Para este juzgado, el simple hecho de solicitar la salida del país por motivos de carácter institucional y empresarial no justifica la necesidad del viaje ni lo torna imprescindible, resultando insuficiente para asegurar el sometimiento del procesado al presente proceso”, señala parte de la resolución.
El dirigente opositor, que acumula 60 denuncias por hechos de corrupción en su pasada gestión como jefe comunal, pretendía salir del país desde el 27 de mayo al 1 de junio con el fin de visitar específicamente las localidades de Maceió y São Bernardo do Campo, para participar como expositor en un evento internacional de carácter institucional y empresarial.
Prieto tomó la decisión de recurrir a Otazú en busca de revertir la prohibición de salir del país, impuesta el pasado 8 de mayo por el Tribunal de Sentencia conformado por Ana Rodríguez, Karina Cáceres y Yolanda Morel, quienes atienden el proceso judicial en la causa conocida como “Tía Chela”, referente a presuntas irregularidades en la compra de kits alimentarios en la pandemia del covid-19.
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El caso data del año 2020 y, de acuerdo a las investigaciones fiscales, Prieto habría ocasionado un perjuicio equivalente a G. 2.130 millones. En aquella ocasión, las magistradas alegaron que decidieron acompañar el rechazo del Ministerio Público, ya que la defensa técnica del exintendente no presentó documentos claves requeridos.
Entre ellos se encuentran, por ejemplo, pasajes o los medios por el cual viajaría, datos sobre el hospedaje a la par de la existencia de inconsistencia sobre el o los destinos del viaje. Agregaron que Prieto podría participar del evento de manera virtual, sin la necesidad de tener que realizar el viaje.
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La condena a Lindomar y los vínculos con el abdismo
- Jorge Torres Romero
La condena al narcotraficante brasileño Lindomar Reyes Furtado no es un hecho aislado. Es una pieza más de un rompecabezas oscuro que desnuda cómo el crimen organizado penetró estructuras sensibles del poder político durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Y también expone, con crudeza, las peligrosas conexiones que existieron entre operadores del narcotráfico y figuras que ocuparon cargos estratégicos en la seguridad nacional.
El caso adquiere una dimensión todavía más grave cuando aparece el nombre de Arnaldo Giuzzio. No se trata solamente de sospechas políticas o de discursos partidarios. Existen elementos concretos que fueron investigados por autoridades brasileñas: el uso de la camioneta de Marcus Vinicius Espíndola Márquez de Padua por parte del exministro para viajar al Brasil, además de intercambios de mensajes corroborados por la Fiscalía brasileña entre Giuzzio y Marcus Vinicius, socio comercial de Lindomar Reyes Furtado.
La pregunta ya no es si hubo cercanía. La pregunta es hasta dónde llegó esa relación y cuánto daño provocó al Paraguay. Durante el gobierno abdista, Paraguay terminó consolidándose como un gigantesco centro logístico del narcotráfico regional. La cocaína ingresaba, se acopiaba y salía rumbo a Europa utilizando puertos nacionales prácticamente liberados.
Mientras el discurso oficial hablaba de combate al crimen organizado, los hechos mostraban otra realidad: toneladas de droga saliendo del país, organizaciones criminales operando con comodidad y estructuras estatales debilitadas o infiltradas.
Por eso resulta imposible no recordar el cinismo político con el que hoy algunos sectores vinculados a Mario Abdo Benítez hablan de volver al poder. Sería una tragedia para el Paraguay. Sería volver a extender la alfombra roja al narcotráfico. Porque el narcotráfico no solamente corrompe instituciones: destruye familias, condena a miles de jóvenes a la adicción y convierte al país en rehén de mafias que luego penetran la política, la justicia y las fuerzas de seguridad.
La condena a Lindomar Reyes Furtado debería tener repercusiones más allá de las fronteras del Brasil. Paraguay no puede seguir actuando como si nada hubiera ocurrido. La ciudadanía merece saber quiénes protegieron, quiénes facilitaron y quiénes miraron hacia otro lado mientras el crimen organizado se expandía peligrosamente.
Y hay un episodio particularmente escandaloso que todavía deja más dudas que respuestas: la fuga de Lindomar Reyes Furtado del Paraná Country Club. Aquel operativo encabezado por la Secretaría Nacional Antidrogas, entonces conducida por Zully Rolón, terminó convertido en una vergüenza institucional.
¿Fue incompetencia o complicidad? Porque resulta inadmisible que un objetivo de semejante nivel haya logrado escapar en una zona perfectamente controlable, con accesos delimitados y posibilidades tecnológicas suficientes para monitorear hoteles, movimientos y rutas de salida. La fuga no solamente fue un fracaso operativo: pareció una advertencia anticipada.
Y esa sospecha se vuelve todavía más inquietante cuando aparecen los vínculos entre Giuzzio y Marcus Vinícius. La hipótesis de una filtración o alerta previa jamás podrá disiparse mientras no exista una investigación profunda, independiente y transparente.
Paraguay enfrenta una disyuntiva histórica: o limpia sus instituciones o termina definitivamente capturado por el crimen organizado. La condena de Lindomar Reyes Furtado debe ser entendida como una alarma regional y la justicia paraguaya debe castigar a sus cómplices. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.