- Ciudad del Este. Agencia regional
La fiscala Julia González Medina, de Ciudad del Este, presentó imputación contra 15 ciudadanos brasileños por la presunta comisión del hecho punible de producción de documento no auténtico. Entregaron certificados de estudios supuestamente apócrifos de distintas universidades privadas paraguayas.
El propósito de los estudiantes, supuestamente, era gestionar convalidaciones o traslados de carrera ante la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), filial Ciudad del Este. El Departamento de Convalidaciones de la UPAP, remitió notas de verificación a las instituciones que figuraban como emisoras y detectó que los documentos eran falsos.
La Universidad Privada María Serrana confirmó que los certificados presentados por siete de los imputados no correspondían a sus registros, indicando que las firmas, sellos y membretes no coincidían con los oficiales y que carecían del holograma de seguridad institucional.
Asimismo, tres de los investigados presentaron supuestos certificados expedidos por la Universidad Privada María Auxiliadora (UMAX), que también negó haber emitido tales documentos, señalando que los mismos no poseen validez legal y que las legalizaciones del Ministerio de Educación y Ciencias serían presumiblemente falsas.
Puede interesarle: La Aneaes supera récord histórico de inscripciones en convocatoria 2025
Otros tres procesados fueron vinculados con documentos falsificados a nombre de la Universidad Internacional Tres Fronteras (Uninter). La institución informó que los citados nunca fueron alumnos matriculados y los certificados remitidos “no fueron expedidos ni poseen respaldo institucional alguno”.
La fiscalía constató igualmente que uno de los estudiantes presentó documentos apócrifos provenientes de la Universidad Sudamericana, los cuales fueron confirmados por esa casa de estudios como falsos, con firmas adulteradas. En todos los casos, las universidades negaron haber otorgado los documentos y la Fiscalía tendrá que determinar si tienen responsabilidad o no en los hechos.
De acuerdo con la imputación, los 15 estudiantes actuaron de forma independiente, presentando solicitudes de convalidación ante la Secretaría General de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Upap.
Entre los elementos incriminatorios que el Ministerio Público dispone están las respuestas oficiales de las universidades, en las que se certifica la falta de coincidencia entre los nombres, números de cédula y periodos académicos mencionados en los certificados apócrifos y los registros reales de las instituciones.
La fiscala solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva, considerando la falta de antecedentes penales de los imputados, su arraigo en el país y la naturaleza del hecho investigado. Requirió la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva bajo condiciones.