Fijan audiencia preliminar para hermano de agente fiscal acusado por abuso sexual en niños
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La jueza Penal de Garantía de Lambaré, Isabel Bracho, fijó para el próximo 27 de octubre a las 07:30, la audiencia preliminar para un hombre acusado por abuso sexual en niños. En la citada diligencia judicial se definirá si el acusado estará enfrentando un juicio oral y público, así como pidió la Fiscalía.
Actualmente el acusado goza del arresto domiciliario a pesar de la gravedad del hecho presuntamente cometido.
La fiscala de Villa Elisa, Andrea Ríos Dos Santos, acusó al hermano de una agente fiscal por abuso sexual en niños y solicitó que el proceso penal se eleve a un juicio oral. Al presentar la contundente acusación, la representante del Ministerio Público arrimó un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció a 21 testigos que deberán declarar cuando se desarrolle el juicio oral y público.
De acuerdo al escrito presentado al juzgado, la Fiscalía sostiene que “la hipótesis fáctica se sostiene con todos los elementos colectados a lo largo de la investigación, los cuales se encuentran agregados al cuaderno de investigación fiscal, como ser: las declaraciones testificales, diagnóstico médico, contención psicológica con relato del hecho, informes psicológicos, cámara Gesell, informe fonoaudiológico, informe psicopedagógico inicial y perfil neurocognitivos.
Destraban caso contra Prieto y aguardan fecha para audiencia
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El Tribunal de Apelación de la Primera Sala de Alto Paraná confirmó al juez penal de garantías Amílcar Marecos para continuar la causa que involucra al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, y a otras 11 personas, investigadas por presuntos hechos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. Este hecho habría ocasionado un perjuicio a las arcas del municipio de la capital de Alto Paraná de G. 311.580.000.
Con esta decisión del Tribunal de Apelación, el proceso judicial, conocido también como el caso de las ollas populares se reactiva y se deberá fijar una nueva fecha para la audiencia preliminar, instancia en la que se definirá si la causa pasa o no a juicio oral y público.
El incidente presentado por la defensa menciona que “el juez Marecos habría actuado fuera de sus atribuciones al disponer de oficio medidas cautelares, como la prohibición de acercamiento a la Municipalidad de Ciudad del Este, sin un pedido previo del Ministerio Público”. Esta misma resolución ya había sido posteriormente revocada por un Tribunal de Apelación.
Mientras tanto los integrantes de este tribunal concluyeron que los argumentos no eran suficientes para apartar al magistrado del caso. La resolución fue firmada por la camarista Marta Acosta, con la adhesión de sus colegas Raúl Insaurralde y Nilda Cáceres, los mismos consideraron que las decisiones cuestionadas se enmarcan dentro de las facultades jurisdiccionales y no evidencian parcialidad.
Según la Fiscalía, existen elementos de convicción suficientes para sostener la participación de los acusados en los hechos investigados, que habrían ocasionado un perjuicio superior de G. 311.580.000 a las arcas de la municipalidad de Ciudad del Este. De acuerdo con las investigaciones, se corroboró que las subcomisiones denominadas “Apoyo a voluntarios de ollas populares” y “Apoyo a voluntarios organizados” estaban integradas por personas con vínculos familiares cercanos entre sí.
JEM enjuicia a jueza y camaristas de Encarnación por presunto mal desempeño
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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) enjuició por presunto mal desempeño en sus funciones a la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rosana Aurora Verón de Arca, así como a los camaristas del fuero civil Luis Alberto García Cabrera y Patricia Elena Bustamante Acuña. La acusación contra los magistrados fue presentada por la Municipalidad de Nueva Alborada.
Asimismo, los integrantes del JEM decidieron no solicitar a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de los enjuiciados. Por lo tanto, los mismos seguirán en sus cargos hasta que se dicte una resolución, la cual podría derivar en la destitución o en una sanción leve.
Los miembros del órgano juzgador señalaron que la jueza Verón de Arca violó la ley al ordenar el embargo ejecutivo de una cuenta corriente de la Municipalidad de Nueva Alborada. En relación con la actuación de los integrantes del Tribunal de Alzada enjuiciados, estos confirmaron la resolución de la jueza de primera instancia, por lo que también habrían actuado de forma irregular.
Del mismo modo, el Jurado sostuvo que “se puede visualizar el presunto mal desempeño en las funciones de la jueza, así como de los camaristas, debido a que los bienes públicos son inembargables”.
Jueza con otra acusación
El segundo caso que enfrenta la jueza civil Rosana Aurora Verón es más grave. La acusación fue presentada por Atilio Estigarribia, presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay. La magistrada fue acusada de anular sin fundamento un remate judicial realizado en noviembre de 2025, dentro del expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.
Un tribunal de Sentencia condenó a 3 años de cárcel a Elián López Torres, luego de ser encontrado culpable de arrojar un vaso de vidrio durante una fiesta en el local Kingfish. Foto: Gentileza
Caso Kingfish: condenan a 3 años de cárcel a un hombre por causar pérdida de un ojo a una joven
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Un tribunal de Sentencia condenó a 3 años de cárcel a Elián López Torres, luego de ser encontrado culpable de arrojar un vaso de vidrio durante una fiesta en el local Kingfish, que derivó en la pérdida del ojo derecho de una joven. Los jueces Yolanda Portillo, María Fernanda García de Zúñiga y Héctor Capurro concluyeron que en el caso existió dolo eventual, por lo que dictaron una condena por lesión grave.
La presidenta del colegiado, Yolanda Portillo, explicó que no se acreditó que el vaso haya impactado directamente contra la víctima Dahiana Benítez, pero sí que el resultado lesivo se produjo como consecuencia de la acción realizada por el condenado. Según los jueces, López no buscaba causar específicamente la lesión sufrida por la joven, pero al lanzar un vaso de vidrio en medio de un grupo numeroso de personas asumió la posibilidad de que alguien resultara herido.
De acuerdo con los antecedentes, el hecho ocurrió el 10 de noviembre de 2024, alrededor de las 05:00, en el interior del local nocturno Kingfish, ubicado en Asunción.
La acusación señaló que el incidente se produjo tras una discusión entre dos grupos de personas. En ese contexto, López Torres arrojó un vaso de vidrio hacia el grupo en el que se encontraba Dahiana Benítez.
Durante el juicio se estableció que el vaso impactó contra un joven identificado como Iván Villamayor y que, como consecuencia de un movimiento reflejo de este, su codo golpeó el rostro de la víctima. A raíz de ese golpe, Benítez sufrió un estallido del globo ocular derecho, lesión que derivó en la pérdida total del órgano y en una disminución permanente de su capacidad visual.
La jueza de Garantías, Rosarito Montanía, autorizó la extracción de datos de 10 dispositivos electrónicos incautados en el marco de la causa que investiga un esquema dedicado a la transferencia irregular de bienes de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. El pedido fue realizado por el fiscal José Martín Morínigo.
Entre los dispositivos que serán peritados se encuentran dos teléfonos del político luqueño Roberto Cubilla, al igual que los celulares de los imputados César García y Roberto Santiago Ayala.
Como puntos de pericia, se estableció la búsqueda y extracción de datos actuales y eliminados del archivo de mensajes de texto:
WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería (entrantes, salientes, guardados, borradores y mensajes de voz)
del archivo de llamadas (perdidas, recibidas, marcadas y otros relacionados)
de la agenda telefónica (números de contactos)
y del archivo de imágenes y videos guardados, entre otros.
Días atrás, la Policía Nacional allanó varias viviendas en Luque, en las que detuvo a un precandidato a concejal de esa ciudad como presunto líder de un esquema de lavado de dinero y transferencia irregular de inmuebles que pertenecieron a Eulalio Gomes. El comisario Luis López, jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado, dio los primeros detalles sobre el operativo “Copia Fiel 2.0”.
El detenido y hoy imputado es Roberto Cubilla Sanabria, abogado y precandidato a concejal por la ciudad de Luque. Se lo investiga por asociación criminal, transferencia irregular de inmuebles y lavado de dinero.