El Ministerio de la Defensa Pública representó a la docente jubilada María Teresita Sánchez, de Filadelfia, Chaco, y logró levantar ocho embargos judiciales que tenía la mujer en diferentes juicios civiles. La mujer sufrió los descuentos durante 15 años por lo que agradeció a las autoridades de la defensa pública por cooperar para poder levantar los embargos.
De acuerdo a lo manifestado por la docente jubilada Sánchez, la misma pago cerca de G. 50 millones por una motocicleta cuyo valor real no superaba los G. 5 millones.
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El caso fue seguido por la Defensa Pública, la cual logró el levantamiento de los embargos en ocho juicios ejecutivos iniciados por varias firmas. Según la defensora pública Leticia Casaccia, las demandas se basaban en notificaciones fraudulentas, conocida como “notificación voladora”, que se enviaban a domicilios donde la víctima no residía, impidiendo su defensa.
Por su parte, el defensor general Javier Esquivel, señaló que “estos son los hechos, casi invisibles, que realiza la Defensa Pública, pero que nos llenan de satisfacción. Seguimos firmes en la tarea de proteger los derechos de los más vulnerables”, indicó Esquivel.
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Defensa Pública recuerda que la línea 133 brinda asesoría legal gratuita a la ciudadanía
Desde el Ministerio de la Defensa Pública recordaron este lunes a la ciudadanía que la línea telefónica 133 está disponible para brindar orientación y facilitar el acceso a la defensa legal gratuita para quienes no cuentan con recursos para contratar a un abogado.
Indicaron que la cartera es una institución del Estado encargada de garantizar el acceso a la justicia a personas en situación de vulnerabilidad económica, brindando servicios de defensa legal gratuita en distintas áreas como penal, niñez y adolescencia, laboral y civil.
La labor se centra en asegurar que todas las personas puedan ejercer su derecho a la defensa, independientemente de sus recursos, contribuyendo así a un sistema judicial más equitativo e inclusivo.
“El acceso a la justicia es un derecho fundamental, por lo que instan a la población a utilizar este servicio para recibir asesoramiento y ser derivados a un defensor público según cada caso”, enfatizaron.
La atención
A continuación informaron que la línea 133 funciona de lunes a domingo, de 07:00 a 23:00, y ofrece atención confidencial y acompañamiento a quienes requieran asistencia jurídica.
También reiteraron que todas las personas que necesiten de un abogado y no puedan costearlo, tienen derecho a una defensa pública gratuita, en el marco de los servicios que brinda el Ministerio.
“Con esta comunicación, la Defensa Pública busca reforzar el conocimiento de este servicio y garantizar que más ciudadanos puedan acceder a la orientación legal de manera oportuna y sin costo”, reiteraron.
En distintos puntos
Las autoridades expresaron que la institución cuenta con sedes en distintos puntos del país, incluyendo su oficina central en Asunción, desde donde coordina la labor de defensores públicos a nivel nacional.
En los últimos meses, el Ministerio ha impulsado jornadas de atención comunitaria, campañas de difusión de derechos y servicios, así como la incorporación de herramientas digitales para agilizar la atención a los usuarios.
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Estas iniciativas buscan ampliar la cobertura, mejorar la calidad del servicio y acercar la defensa pública a sectores que históricamente han tenido mayores dificultades para acceder a asesoramiento legal.
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Prevén la inclusión de 45.000 adultos mayores a la pensión universal este año
El viceministro de Administración y Finanzas del Ministerio de Desarrollo Social, Raúl Ramírez, manifestó que la meta del gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, con relación a la pensión universal para adultos mayores es la inclusión de 45.000 nuevos beneficiarios este año. Detalló que de enero a marzo ya se logró la incorporación de otras 24.000 personas dentro del programa.
“Estamos avanzando bastante rápido. Nosotros tenemos una planificación bien estructura y la estamos aplicando efectivamente como establece la ley 7322/24 de mayor a menor edad, según la disponibilidad presupuestaria. En este 2026 la meta es llegar a 45.000 nuevos adjudicados como mínimo y a esta altura desde enero a marzo ya hemos incluido a prácticamente 24.000 adultos“, dijo en el programa “Cara o cruz” de Unicanal.
El programa ya alcanzó 360.283 adjudicados, abarcando actualmente la franja a partir de los 69 años. Con la vigencia de la ley de pensión universal impulsada desde octubre del 2024, el gobierno de Peña ya incorporó a 58.000 nuevos beneficiarios.
“Al bajar el rango de 70 años para abajo hay más cantidad de adultos que ya están con edad para ingresar dentro del sistema, desde los 68 años hasta los 65 años. Tenemos corroborado con datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística aproximadamente 97.000 personas fuera del sistema que deben ingresar”, remarcó.
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Ramírez ratificó que el gobierno apunta a llegar al 100 % de la cobertura en el primer semestre del 2028. “La ley establece la inclusión como mínimo de 30.000 por año. Lastimosamente muchos adultos mayores fallecen, entonces y eso genera algunas vacancias por mes entre 1.000 a 1.200, que en el año se tiene prácticamente entre 15.000 a 16.000 vacancias", mencionó.
Desde el ministerio detallaron que el presupuesto destinado al programa es de USD 495 millones anuales. La ley elimina el censo previo y garantiza una pensión mensual a mayores de 65 años en condiciones de vulnerabilidad.
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Identifican a víctima de feminicidio en Mariano Roque Alonso y detienen al principal sospechoso
El Ministerio Público logró identificar el cuerpo de la mujer hallada en un baldío de la ciudad de Mariano Roque Alonso. Asimismo, la Fiscalía ya concretó la detención de un hombre que surge como el principal sospechoso del crimen.
Tras el procedimiento de rehidratación de huellas dactilares, se confirmó que la víctima era Emilia Zorrilla Montero, de 25 años, integrante de la comunidad indígena maká. La autopsia reveló que la joven falleció por asfixia mecánica por estrangulamiento con lazo blando; según detalló el fiscal Itálico Rienzi, fue asesinada con su propia calza.
El citado agente fiscal encabezó tres allanamientos el pasado viernes, logrando la aprehensión del sospechoso. Según los primeros elementos de la investigación, el hombre habría sido captado por cámaras de circuito cerrado en las inmediaciones del lugar del hallazgo en fechas cercanas al suceso.
Los operativos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en Limpio, San Lorenzo y Mariano Roque Alonso. En los sitios se incautaron evidencias clave, como prendas de vestir, dispositivos electrónicos y documentos, elementos que serán sometidos a peritaje para avanzar en la causa investigada como feminicidio.
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Ande logró subastar 100 vehículos en desuso y tuvo una recaudación de G. 1.209 millones
Se realizó con éxito la subasta pública de 100 vehículos automotores en desuso, perteneciente a la Administración Nacional de Electricidad (Ande) donde se logró recaudar la suma de G. 1.209.500.000. El remate de los rodados se realizó el pasado sábado 13 de diciembre en el predio del Complejo Boggiani, de Asunción. El remate estuvo a cargo del rematador Marcos Aurelio Recalde Ortiz de la Asociación de Rematadores del Paraguay (ARP).
La actividad inició a las 08:00 y se llevó a cabo conforme a lo establecido en la Resolución N.º 51199/2025, en cumplimiento de las normas legales.
El resultado fue positivo y se pudo lograr la venta del 100 % de los rodados en desuso, los cuales fueron adjudicados en el estado en que se encontraban, conforme a las condiciones establecidas en el pliego correspondiente.
Las personas que se adjudicaron deberán retirar sus compras dentro de los 15 días hábiles posteriores a la cancelación del precio de adjudicación. Vencido dicho plazo, la Ande no se responsabilizará por los bienes no retirados y se reserva el derecho de disponer su traslado a otros lugares.
La subasta estuvo a cargo del rematador público Marcos Aurelio Recalde Ortiz (Matrícula N.º 23), perteneciente a la Asociación de Rematadores del Paraguay y fue organizada por la Dirección de Servicios Administrativos de la Administración Nacional de Electricidad. Con este procedimiento, la Ande cumple con la correcta administración de los bienes públicos y la optimización de los recursos institucionales.
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