Un tribunal de sentencia de Puerto Casado, Alto Paraguay, condenó a Sergio David Sanabria Millan a siete años de cárcel luego de ser encontrado culpable por coacción sexual. El fiscal del caso fue Luis Amado.
El colegiado sostuvo que se pudo demostrar la responsabilidad del acusado en el hecho. También mencionó el tribunal, que la Fiscalía presentó varios elementos probatorios para poder lograr la sentencia condenatoria.
Del mismo modo, los jueces de sentencia valoraron de forma conjunta los elementos de pruebas, resaltando la importancia de los dictámenes técnicos Forense y psicológicos realizados a la víctima.
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De acuerdo a la investigación fiscal, entre los primeros días del mes de febrero del año 2024, siendo las 23:00 horas aproximadamente, en el barrio María Auxiliadora de la ciudad de Fuerte Olimpo precisamente en el interior de una vivienda, el hoy condenado Sergio David Sanabria Millan sometió sexualmente a una mujer, de 18 años de edad al momento del hecho.
La defensa del condenado tendrá la posibilidad de poder apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación quien definirá si corresponde confirmar la sentencia de primera instancia.
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Imputan a un grupo de cinco personas por coacción sexual, rapto, robo y extorsión
- Ciudad del Este. Agencia regional
El fiscal Alcides Giménez Zorrilla, de la Unidad Penal N.º 9 de Ciudad del Este, inició proceso contra cinco personas (tres hombres y dos mujeres), por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción sexual y violación, privación de libertad y extorsión agravada. La víctima es un joven de 26 años, de nacionalidad paraguaya.
Uno de los imputados es Edson Andrade Pimenta Sobrinho (57), de nacionalidad brasileña y está detenido con pedido de prisión preventiva. Los otros cuatro procesados son paraguayos y están prófugos.
La causa investigada tiene que ver con los hechos ocurridos el 6 de julio de 2026, alrededor de las 15:00, en un inquilinato del barrio Acaray de Ciudad del Este.
El denunciante contó que acudió al lugar para mantener un encuentro previamente acordado con una mujer, con quien había establecido contacto a través del celular.
Ya estando en la habitación, la mujer habría iniciado una agresión y generó un altercado con el hombre, situación que fue aprovechada por los supuestos cómplices para ingresar al sitio, reducir al joven y retenerlo contra su voluntad.
Posteriormente, lo habrían agredido físicamente y sometido sexualmente, mientras registraban el hecho en un video.
De acuerdo con la pesquisa de la Fiscalía, tras consumar la agresión, los presuntos autores utilizaron un arma de fuego y la grabación, para amenazar a la víctima con difundir las imágenes, si no accedía a sus exigencias. Asimismo, habrían obtenido las claves de acceso del teléfono y realizaron extracciones y transferencias de dinero a sus cuentas bancarias.
Luego de todo eso, la víctima fue liberada con la previa advertencia de no denunciar lo ocurrido, porque si lo hacía, el vídeo sería divulgado. Sin embargo, el afectado acudió a la subcomisaría 54 para denunciar el hecho.
Personal policial fue hasta el lugar y aprehendió a unos de los involucrados, el ciudadano brasileño, quien había permanecido en el lugar.
El Ministerio Público dispuso la inspección médica forense de la víctima, cuyo informe constató lesiones físicas compatibles con la denuncia presentada.
Fue requerido al Juzgado Penal de Garantías la declaración de rebeldía y la emisión de órdenes de captura contra los cuatro ciudadanos paraguayos que permanecen prófugos.
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Juicio oral contra exjueza civil Tania Irún se iniciará el 22 de julio
Los días 22, 24 y 31 de julio se desarrollará el juicio oral y público para la exjueza civil y comercial Tania Irún, acusada por el delito de prevaricato tras, presuntamente, violar la seguridad fronteriza nacional al firmar un fallo judicial que otorgó de forma irregular 310.000 hectáreas de tierras protegidas a empresas de maletín en el departamento de Alto Paraguay.
Luego de conformarse el tribunal de sentencia, cuyos integrantes son los jueces Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz, se fijó la fecha para el desarrollo de la audiencia oral. El presente caso se realizará tras confirmarse en la Cámara de Apelación la resolución judicial que elevó este proceso penal a un juicio oral y público.
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Acusación fiscal
En su momento, la fiscal adjunta Soledad Machuca acusó y solicitó el juicio oral y público para la procesada. Machuca fue contundente al señalar que la entonces magistrada obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial —e intimó a la parte demandada— a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en Alto Paraguay.
La acusación del Ministerio Público refiere textualmente: “Como bien podrá advertirse, la entonces magistrada Irún, al referirse al cumplimiento de lo previsto en la Ley Especial N° 2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan solo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras, afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes; sin embargo, en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”.
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Tribunal halló culpable a Vivian Genes por quema de Colorado Róga y dio por cumplida la pena
El Tribunal de Sentencia dictó la sentencia de 5 años y 2 meses de prisión para Vivian Genes en el marco de la causa por perturbación de la paz pública y producción de riesgos comunes, vinculada con la quema de Colorado Róga, la sede institucional de la Asociación Nacional Republicana (ANR), que ocurrió el 17 de marzo del 2021.
Sin embargo, el Tribunal presidido por la jueza Lourdes Garcete determinó que la pena ya fue compurgada teniendo en cuenta el tiempo que Genes pasó bajo prisión preventiva y arresto domiciliario durante el proceso, y fue puesta en libertad. Así también, la joven fue absuelta por los cargos de daño a costas de interés común y daño a obras construidas o medios de trabajo.
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La joven aparecía en materiales audiovisuales donde se la puede ver encendiendo y llevando un cartel en llamas hacia el acceso del local; que fue utilizado en el proceso de juzgamiento, como así testimonios de otras personas que se encontraban en el sitio. Igualmente, el tribunal realizó un peritaje de la vestimenta de la acusada, que fue comparada con las imágenes tanto del material audiovisual como fotos de las redes sociales.
Con estas imágenes se pudieron confirmar los hechos que son atribuidos a la joven, lo que demuestra que la misma es una de las personas que incendiaron la sede partidaria, como así también se demuestra la intención dolosa de sus acciones, de acuerdo al tribunal. La jueza Garcete subrayó que la indignación ante la corrupción estatal no constituye una causal de legítima defensa ni un estado de necesidad que justifique el ataque a una propiedad privada.
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Condenan a 7 años y 3 meses de cárcel a exfiscala por prevaricato, cohecho pasivo y otros
El tribunal de sentencia, integrado por las magistradas Yolanda Morel, Ana Rodríguez y Karina Cáceres, condenó a la exfiscala Ana Girala a 7 años y 3 meses de pena privativa de libertad luego de ser encontrada culpable por un esquema de extorsión y pedidos de coima en su unidad fiscal de San Lorenzo.
Asimismo, el colegiado condenó a la exsecretaria fiscal Griselda Acha a la pena privativa de 6 años y 6 meses, a la exasistente fiscal Christi Magalí Ortega a la pena privativa de libertad de 4 años. Mientras que al abogado Marco Velazco, a la pena de 2 años y 6 meses; y la abogada Liz Martínez a 3 años y 6 meses. Igualmente se mantiene las medidas cautelares impuestas a los sentenciados.
La exrepresentante fiscal fue encontrada culpable por los hechos punibles de prevaricato, extorsión en calidad de coautora, tentativa de extorsión en calidad de coautora, cohecho pasivo agravado.
El colegiado sostuvo que Girala utilizó su investidura para obtener beneficios económicos, dirigió operativamente a sus funcionarias, direccionó causas hacia abogados de confianza y afectó gravemente la confianza de la ciudadanía en el Ministerio Público y en el sistema de justicia.
Por otra parte, la acusada Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín fue absuelta de reproche y pena al no probarse su participación en los hechos acusados por el Ministerio Público.
Por su parte, la jueza Yolanda Morel, ratificó la existencia de una organización criminal que operaba dentro de la sede del Ministerio Público en San Lorenzo para obtener réditos económicos ilícitos.
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