Caso Status: condenan a 5 personas por ser parte de una red que lavaba dinero del narcotráfico
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El Tribunal de Sentencia integrado por Federico Rojas, Dina Marchuk y María Luz Martínez, condenó a Julio César Duarte Servián a 18 años de cárcel, y quien fue el coordinador general de la organización y principal responsable de autorizar los pagos ilícitos en el marco del operativo Status, que descubrió una red de lavado de dinero producto del tráfico internacional de drogas.
Asimismo, fueron sentenciados Víctor Javier Paredes Valenzuela, a 14 años; Juan Darío Echagüe González, a 13 años, propietario de una casa de cambios usada para mover el dinero; Luis Alberto Benítez Escobar, a 12 años, contador y encargado de la gestión financiera, y Noelia Giménez a 6 años, esposa de Duarte Servián, quien participó activamente en las maniobras financieras.
Los fiscales Pamela Pérez y Luis Said son los que ratificaron la acusación y arrimaron los elementos probatorios que demostraron la responsabilidad de los acusados en los delitos investigados y hoy día condenados.
El caso se inició en el año 2019 a partir de información remitida por la Policía Federal de Brasil a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), lo que permitió a los investigadores paraguayos comprobar que la red operaba desde el año 2013 en la frontera, canalizando capitales ilícitos derivados del envío de cocaína a distintos destinos internacionales.
Operativo en varias ciudades tras pista de esquema narco
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En la red fue involucrado el intendente de la localidad de Mayor Martínez, Roberto Arce.
Un total de cinco allanamientos simultáneos se llevaron a cabo en los departamentos de Central, Ñeembucú y en Asunción, en el marco de una investigación por tráfico internacional de sustancias estupefacientes, encabezada por personal del Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional.
Durante el operativo, una comitiva fiscal y policial intervino incluso en la sede de la Fiscalía en Asunción, en busca de una asistente fiscal que presuntamente formaría parte de un esquema narco dedicado al envío de marihuana a Argentina.
Además del lugar de trabajo, las autoridades procedieron al allanamiento de su vivienda en Luque y la de su pareja, quien sería precandidato a concejal en la ciudad de Villa Elisa, ampliando así el alcance de la investigación.
INTENDENTE
En esta misma causa, el intendente de Mayor Martínez, Roberto Ariel Arce es investigado por su presunta implicancia en el tráfico de drogas. El mismo no se encuentra detenido. Según los datos preliminares, la estructura criminal operaría con la colaboración de funcionarios públicos.
Asimismo, los intervinientes una sede fiscal en investigación de la asistente fiscal, identificada como Alba Cristina Duarte, quien es sospechada de filtrar información sensible al jefe comunal, lo que habría facilitado las operaciones ilícitas.
Las autoridades continuaban ayer con el procedimiento en distintos puntos del país, mientras avanzan las diligencias para desarticular completamente la red criminal y determinar el grado de participación de los involucrados.
El objetivo principal de estos encuentros es llegar a todos los rincones del país para brindar asistencia gratuita, especialmente a los sectores más vulnerables. Foto: Gentileza
Defensa Pública refuerza atención a sectores vulnerables en el Chaco
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El Ministerio de la Defensa Pública de la sede de Filadelfia, departamento de Boquerón, realizó una jornada de atención en la ciudad de Mariscal Estigarribia, Chaco. La actividad contó con el acompañamiento de la Codeni, en el marco de las políticas institucionales de la defensa pública.
La jornada fue liderada por la defensora pública de turno, María Patricia Villalba, quien escuchó las inquietudes de los residentes de la zona. El objetivo principal de estos encuentros es llegar a todos los rincones del país para brindar asistencia gratuita, especialmente a los sectores más vulnerables.
Durante la jornada, se recibieron solicitudes para juicios de filiación, asistencia alimenticia y otros procesos de salvaguarda de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, la gestión de la defensora Villalba refleja el arduo trabajo de la institución en el departamento de Boquerón: en el mes de febrero asistió a 74 personas, mientras que en marzo la cifra ascendió a 100, consolidando el compromiso de la Defensa Pública con la comunidad chaqueña y demostrando el compromiso asumido con la ciudadanía.
Condenan a 30 años a un hombre por el feminicidio de una joven a orillas del río Paraná
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El Tribunal de Sentencia, integrado por Patricia Elena Maidana (presidenta), Cynthia Lorena Mareco y Cynthia Vega Martínez, condenó a 30 años de cárcel a Jorge Daniel Duarte Retamar. El hombre fue hallado culpable de feminicidio y aborto, tras el asesinato de una joven de 19 años que cursaba el sexto mes de embarazo.
El agente fiscal de Ayolas, Hugo Dávalos, representó al Ministerio Público y presentó todos los elementos probatorios necesarios para obtener la sentencia condenatoria.
El crimen ocurrió en diciembre de 2023 a orillas del río Paraná. La investigación se inició tras el hallazgo del cuerpo de la joven, encontrado sin vida en la zona del barrio San Rafael, en la ciudad de Ayolas. Durante el juicio oral y público, el fiscal logró probar que Duarte Retamar ahogó a la víctima para ocultar el embarazo de quien era su pareja casual.
Actualmente, la defensa cuenta con el plazo legal para apelar el fallo. En ese caso, un tribunal de apelación deberá decidir si confirma o revoca la condena impuesta.
Confirman 17 años de cárcel para un padrastro por abuso y condena a la madre por omisión
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El Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la condena de 17 años de cárcel para un hombre por el hecho punible de abuso sexual en niños, y de 2 años y 8 meses para la madre de la víctima por violación del deber de cuidado o educación.
La agente fiscal Sussy María Riquelme Brizuela representó al Ministerio Público durante el juicio oral y público donde, mediante las pruebas producidas, logró las condenas para ambas personas. El Tribunal de Sentencia que dictó el fallo en primera instancia estuvo integrado por los jueces Christian Fabián González, Natalia Cacavelos y Darío Báez.
De acuerdo con la acusación fiscal, el 4 de enero de 2023, la adolescente (de entonces 16 años) relató a una vecina que la pareja de su madre le había tocado sus partes íntimas en varias ocasiones desde que ella tenía 13 años. El padrastro aprovechaba la ausencia de la mujer y de sus otros hijos menores para cometer los actos y, bajo amenazas, le prohibía contar lo ocurrido.
Cuando la adolescente cumplió 15 años, le confesó a su madre los abusos del hoy condenado y le manifestó que ya no quería vivir con ellos; sin embargo, la madre nunca la defendió ni denunció a su pareja.