El Tribunal de Sentencia integrado por Federico Rojas, Dina Marchuk y María Luz Martínez, condenó a Julio César Duarte Servián a 18 años de cárcel, y quien fue el coordinador general de la organización y principal responsable de autorizar los pagos ilícitos en el marco del operativo Status, que descubrió una red de lavado de dinero producto del tráfico internacional de drogas.
Asimismo, fueron sentenciados Víctor Javier Paredes Valenzuela, a 14 años; Juan Darío Echagüe González, a 13 años, propietario de una casa de cambios usada para mover el dinero; Luis Alberto Benítez Escobar, a 12 años, contador y encargado de la gestión financiera, y Noelia Giménez a 6 años, esposa de Duarte Servián, quien participó activamente en las maniobras financieras.
Los fiscales Pamela Pérez y Luis Said son los que ratificaron la acusación y arrimaron los elementos probatorios que demostraron la responsabilidad de los acusados en los delitos investigados y hoy día condenados.
El caso se inició en el año 2019 a partir de información remitida por la Policía Federal de Brasil a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), lo que permitió a los investigadores paraguayos comprobar que la red operaba desde el año 2013 en la frontera, canalizando capitales ilícitos derivados del envío de cocaína a distintos destinos internacionales.
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Cinco imputados por el caso IPS ya cuentan con libertad ambulatoria
Cinco de los nueve imputados por lesión de confianza, debido a un presunto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones en la compra de quirófanos modulares para el Instituto de Previsión Social (IPS), ya fueron beneficiados con la libertad ambulatoria. Por su parte, el fiscal Julio Ortiz adelantó que no apelará la resolución del juez Rodrigo Estigarribia.
Los imputados beneficiados con la medida son el expresidente del IPS, Jorge Brítez; la exasesora jurídica, Rosa Colmán; el exdirector de Mantenimiento, José Raúl Coronel; el exgerente de Abastecimiento y Logística, Hugo Aranda; y el exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones, Juan Manuel Villar López.
En todos los casos, el juez Estigarribia concluyó que no existe peligro de obstrucción a la investigación, al considerar que no hay elementos objetivos que permitan sostener que los procesados puedan afectar la obtención o conservación de pruebas. El magistrado también destacó que la investigación se inició hace varios años y que el Ministerio Público ya incorporó abundante documentación e informes que respaldan su hipótesis, sin identificar diligencias pendientes cuya realización dependa de la privación de libertad.
En cuanto al peligro de fuga, el juez fijó fianzas de G. 500 millones para cuatro de los imputados, mientras que para Jorge Brítez estableció una caución de G. 1.000 millones.
La causa se originó tras la imputación presentada por la Fiscalía contra los expresidentes del IPS, Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros siete funcionarios, por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones mediante pagos indebidos relacionados con un contrato para el reacondicionamiento e instalación de quirófanos modulares y obras de paneles solares.
Según la imputación, los procesados habrían suscrito adendas que permitieron extender plazos y emitir actas de recepción para que la firma Neighpart S.A. continuara percibiendo pagos, pese a que la ejecución del contrato no podía concretarse.
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Operativo Nueva Alianza 56: eliminan 160 toneladas de marihuana en los últimos tres días
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) junto con la Policía Federal de Brasil desarrollaron el operativo “Nueva Alianza 56″ con el sacaron de circulación casi 160 toneladas de marihuana en el departamento de Amambay. Las intervenciones que se realizaron en los últimos tres días lograron desbaratar 22 campamentos precarios.
La supervisión y coordinación del operativo estuvo a cargo de la agente fiscal Rossana Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Amambay, lo que representa un impacto económico al narcotráfico estimado en 4,7 millones de dólares, que sería una ganancia superior a los 23 millones de dólares en Brasil.
El resultado de los procedimientos fueron: 22 campamentos precarios desmantelados, incautación 9.620 kilos de marihuana prensada, la destrucción de 50 hectáreas de cultivos de cannabis, con los cuales serían potencialmente producidas unos 150.000 kilos, sumando casi 160 toneladas de sustancias retiradas.
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“La Operación Nueva Alianza 56 proseguirá su curso con nuevas incursiones en zonas afectadas al cultivo y producción de la droga en zonas fronterizas del país. Durante tres días de incursiones en zonas boscosas en el departamento de Amambay”, confirmaron desde el Ministerio Público.
El operativo fue ejecutado por las fuerzas especiales y agentes especiales antidrogas de la Secretaría Nacional Antidrogas, con apoyo del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI-FTC). Además se contó con el apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea Paraguaya y de la Policía Federal del Brasil.
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La trata de personas deja cicatrices profundas y exige una justicia que proteja sin revictimizar
La trata de personas destruye proyectos de vida, rompe vínculos familiares y deja profundas secuelas físicas y emocionales. Detrás de cada expediente judicial existe una víctima que fue privada de su libertad, de sus derechos y, en muchos casos, de la posibilidad de decidir sobre su propio futuro.
Por ello, especialistas coinciden en que la respuesta del sistema de justicia debe ir más allá de la persecución penal de los responsables y centrarse también en la protección integral de quienes sobrevivieron a este delito.
En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, se recordó que las víctimas deben recibir un trato digno, humano y libre de cualquier forma de revictimización durante todo el proceso judicial. Esto implica evitar prácticas que las obliguen a revivir reiteradamente los hechos sufridos y asegurar que puedan acceder a la justicia en condiciones de respeto y seguridad.
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La trata de personas es considerada una de las violaciones más graves de los derechos fundamentales. Frente a esta realidad, la actuación de jueces y tribunales resulta clave para garantizar procesos independientes, imparciales y ajustados a la Constitución y a las leyes, preservando siempre los derechos de las personas afectadas.
En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia reiteró su compromiso con una justicia accesible y respetuosa de la dignidad humana, destacando que el acceso efectivo a la tutela judicial constituye un elemento esencial para las víctimas de este delito.
La máxima instancia judicial también resaltó la importancia del trabajo coordinado entre las instituciones del Estado para fortalecer la lucha contra las redes de trata. Como parte de ese esfuerzo, recordó que el pasado 15 de julio de 2026 fue ratificada una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio de Relaciones Exteriores, orientada a reforzar las acciones de cooperación en esta materia.
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Condenan a 2 años de prisión a policía implicado en el millonario hurto a cambistas de CDE
Este jueves, el Tribunal de Sentencia condenó a 2 años y 3 meses de prisión al suboficial que estuvo involucrado en el atraco a la bóveda de la Asociación de Trabajadores Cambistas (ATC) por el hecho punible de frustración de la persecución penal. La pena quedó compurgada tras cumplir prisión preventiva y arresto domiciliario, por lo que se dispuso su libertad.
El tribunal presidido por el magistrado Milciades Ovelar e integrado por las magistradas Cinthia Garcete y Jorgelina Melgarejo dictó sentencia contra el suboficial Fernando Llamas Ríos, de 29 años, quien fue condenado por el hecho punible de frustración de la persecución penal.
El magistrado indicó que la Fiscalía probó con certeza que el acusado cometió el delito de hurto agravado por omisión, basándose en el artículo 15 del Código Penal, porque como policía activo tenía la obligación constitucional y legal de evitar el crimen que se reportó en febrero del 2024 en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.
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Además, existieron elementos suficientes para demostrar que Llamas tenía conocimiento del plan y de su ejecución, pero que decidió no actuar cuando tenía la posibilidad de hacerlo. Finalmente, el tribunal indicó que las pruebas no bastaban para afirmar que el acusado dominaba o conocía los detalles del plan delictivo y lo condenó a 2 años y tres meses de prisión.
Han pasado 2 años y cinco meses del aquel atraco, hoy, el condenado ya guardó prisión preventiva más arresto domiciliario y tiene compurgada su condena, por tanto se dispuso su libertad.
El millonario hurto que ocurrió el 4 de febrero de 2024 en Ciudad del Este, cuando una banda transnacional alquiló un local comercial para realizar la excavación de un túnel de más de 130 metros de longitud y llegar a la parte más vulnerable de la pared donde abrieron un boquete sin que nadie se percatara. Vaciaron los cofres de los cambistas, llevándose un millonario botín en diversas divisas.