El Tribunal de Sentencia integrado por Federico Rojas, Dina Marchuk y María Luz Martínez, condenó a Julio César Duarte Servián a 18 años de cárcel, y quien fue el coordinador general de la organización y principal responsable de autorizar los pagos ilícitos en el marco del operativo Status, que descubrió una red de lavado de dinero producto del tráfico internacional de drogas.
Asimismo, fueron sentenciados Víctor Javier Paredes Valenzuela, a 14 años; Juan Darío Echagüe González, a 13 años, propietario de una casa de cambios usada para mover el dinero; Luis Alberto Benítez Escobar, a 12 años, contador y encargado de la gestión financiera, y Noelia Giménez a 6 años, esposa de Duarte Servián, quien participó activamente en las maniobras financieras.
Los fiscales Pamela Pérez y Luis Said son los que ratificaron la acusación y arrimaron los elementos probatorios que demostraron la responsabilidad de los acusados en los delitos investigados y hoy día condenados.
El caso se inició en el año 2019 a partir de información remitida por la Policía Federal de Brasil a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), lo que permitió a los investigadores paraguayos comprobar que la red operaba desde el año 2013 en la frontera, canalizando capitales ilícitos derivados del envío de cocaína a distintos destinos internacionales.
Podes leer:Por supuesto amaño deportivo, siete acusados van a enfrentar juicio oral
Dejanos tu comentario
Caso Sol Chávez: ratifican condenas de 4 y 3 años de cárcel a bioquímica y odontóloga
El Tribunal de Apelación ratificó la condena de 4 años de cárcel para la odontóloga Lilia Graciela Espinoza y a 3 años de pena privativa de libertad a la química farmacéutica Sandra Hermosa, enjuiciadas por el fallecimiento de la joven Sol Chávez, quien murió por intoxicación por flúor.
En el mes de mayo, en un tercer juicio oral y público, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Juan Francisco Ortiz, Rossana Maldonado y Lourdes Garcete, condenó a Espinoza y Hermosa.
El Ministerio Público pidió 5 años de cárcel y 10 años de prohibición de ejercer la profesión de odontóloga y bioquímica.
Los padres de Chávez se habían encadenado frente al Poder Judicial exigiendo Justicia por la muerte de su hija y la aplicación de penas más justas para las acusadas que ocasionaron el lamentable hecho.
Por su parte, la madre de la joven Sol Chávez sostuvo que “recibimos la noticia que el Tribunal de Apelación confirmó las condenas dictadas por un Tribunal de Sentencia contra las dos personas condenadas por el fallecimiento de mi hija”.
Podes leer: Corte expuso ante Diputados pedido de ampliación presupuestaria con recursos propios
Dejanos tu comentario
Duck Sex Games: Luis Montanaro enfrentará juicio oral y público
La jueza Penal de Garantías, Alicia Pedrozo, resolvió elevar a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta el empresario Luis Augusto Montanaro, acusado por lesión del derecho a la comunicación y la imagen, por supuestamente haber distribuido contenido sexual sin consentimiento. El caso es conocido como Operativo Duck Sex Games, y saltó a la luz en julio del 2024.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Juzgado Penal de Garantía a cargo de la jueza Alicia Pedrozo. La magistrada rechazó los incidentes de nulidad y sobreseimiento definitivo planteados por la defensa de Montanaro Bedoya y admitió la acusación del Ministerio Público y elevó el proceso penal a juicio oral.
De acuerdo a la acusación, el 10 de julio de 2024, Montanaro compartió sin consentimiento, a través de distintas plataformas, varias imágenes y videos de carácter íntimo sexual pertenecientes a una mujer, cuyos archivos obtuvo durante las relaciones sexuales que mantuvo con la víctima, cuando ambos tenían una relación sentimental de noviazgo.
Segundo juicio oral
La jueza Penal de Garantía, Cynthia Lovera, meses atrás resolvió elevar a un juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Luis Augusto Montanaro Bedoya, acusado por coacción por enviar un arreglo de flores a la agente fiscal, Ruth Karina Benítez, quien investigaba la causa penal contra Montanaro por lesión del derecho a la comunicación y a la imagen.
Podes leer: Megaestafa con celulares: suman seis detenidos y perjuicio rondaría los G. 200 millones
Dejanos tu comentario
Senad desmantela megabase narco en plena reserva natural e incauta 1,7 toneladas de marihuana
La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ejecutó la Operación APEPÚ, un operativo que permitió desarticular una estructura criminal de gran escala instalada dentro del Parque Nacional Caazapá, retirando de circulación más de 1,7 toneladas de marihuana y destruyendo toda su infraestructura de producción.
Agentes Especiales del Departamento Regional N.° 3 de Encarnación localizaron y desmantelaron un complejo narco compuesto por cuatro campamentos interconectados y dos depósitos de acopio, que funcionaban como centro de procesamiento y almacenamiento. El operativo afectó directamente la logística y capacidad operativa de la organización, que aprovechaba la zona protegida para ocultar sus actividades.
Marihuana incautadaEn total, fueron retirados 1.275 kilos de marihuana picada (86 bolsas, 18 paquetes tipo “capullos” al vacío y una carpa extendida) y 477 kilos de marihuana prensada (596 panes y 6 bloques sin embalar), lo que representa 1.752 kilos de droga eliminados del circuito ilícito.
Te puede interesar: Asunción, entre el orgullo de su historia y el peso de su abandono
En el lugar, también se hallaron 5 prensas rústicas, 4 gatos hidráulicos, 2 generadores eléctricos, 1 máquina envasadora al vacío, 1 molino picador, 1 fumigadora, 16 zarandas chicas, 1 zaranda grande, además de cintas de embalaje, colchones, víveres y otros enseres. Todo el material fue destruido por orden del fiscal César Martínez.
Con un valor estimado de USD 150 por kilo en el mercado brasileño o argentino, la incautación supone un perjuicio económico superior a USD 262.000 para la estructura delictiva, sin contar el costo de la logística neutralizada. Además, la acción evita un doble crimen: el narcotráfico y la deforestación dentro de un área de alto valor ecológico.
Esta es la tercera operación consecutiva que la SENAD realiza en la zona, en respuesta a intentos de grupos criminales de instalar bases en áreas protegidas para sostener la producción de marihuana a gran escala.
Lea también: Egresada de la UPTP fue seleccionada para cursar una Maestría en Reino Unido
Datos clave
- En el operativo se incautaron 1.752 kilos de marihuana y se destruyeron instalaciones de procesamiento y acopio en el Parque Nacional Caazapá.
- La logística encontrada incluía prensas, generadores, envasadoras al vacío y zarandas, lo que evidencia producción a gran escala.
- El golpe económico para la estructura criminal supera los USD 262.000, sin contar el valor de la infraestructura destruida.
Dejanos tu comentario
Condenan a dueño de “La Chispa” por emisión de ruidos dañinos
Un tribunal de sentencia en mayoría condenó a 9 meses de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena a Juan Sebastián Coronel Bareiro, responsable del Centro Cultural “La Chispa” de Asunción, luego de ser encontrado culpable por contaminación del aire y emisión de ruidos dañinos.
El condenado no pisará la cárcel debido a que la sentencia será reemplazada por varias reglas de conducta que tendrá que cumplir Coronel Bareiro. Los jueces de sentencia que votaron por la condena son Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate, mientras que la jueza Yolanda Portillo votó por la absolución.
Te puede interesar: Hallan cadáver de un hombre en un inquilinato en Fernando de la Mora
Los magistrados hallaron culpable al acusado de los delitos de contaminación de aire y ruidos dañinos, debido a que sobrepasó los niveles máximos de sonido en varias actividades realizadas en el Centro Cultural La Chispa, ubicado en Estrella entre Colón y Montevideo, de nuestra capital.
El magistrado Capurro señalo que La Chispa cumplía con su labor cultural, y que la música y el arte, era indudable, sin embargo, indicó que se constató que hubo violación de la ordenanza respecto a la medición de los decibeles, y que en ese sentido en dos hechos fueron los comprobados, el 21 de abril del 2024, a las 00:30, cuando se registró un máximo de 85 y en el 1 de marzo del 2024 con un máximo de 86 decibeles.
El juez Capurro manifestó que en dos ocasiones se superaron los valores máximos, en la ordenanza, no así en cuanto a las demás. Citaron también las actuaciones fueron por las denuncias de los vecinos.
Alegatos
La fiscala Elvia Chávez, en sus alegatos finales, pidió la pena de 4 años de cárcel, por los mencionados hechos punibles, tras indicar que los testigos que mencionaron que no podían dormir de los ruidos, lo que repercutió en su salud. Además, había señalado las mediciones que realizaron tanto la Policía como la Fiscalía y los funcionarios municipales, en los cuales se sobrepasó el tope máximo de decibeles de sonido que establecen las leyes administrativas.
Por su parte, la defensa a cargo de la abogada Emilia Yoguvich, había señalado que los hechos no eran típicos, ya que la Fiscalía usó leyes y ordenanzas que no estaban vigentes, por lo que no existía delitos. Esto fue rechazado en mayoría.
Los jueces habían dejado para más adelante, resolver junto con la sentencia, los incidentes presentados por la defensa al inicio del juicio oral.
Podes leer: Víctimas de la “mafia de los pagarés” se movilizan frente al Palacio de Justicia