El Tribunal de Sentencia integrado por Federico Rojas, Dina Marchuk y María Luz Martínez, condenó a Julio César Duarte Servián a 18 años de cárcel, y quien fue el coordinador general de la organización y principal responsable de autorizar los pagos ilícitos en el marco del operativo Status, que descubrió una red de lavado de dinero producto del tráfico internacional de drogas.
Asimismo, fueron sentenciados Víctor Javier Paredes Valenzuela, a 14 años; Juan Darío Echagüe González, a 13 años, propietario de una casa de cambios usada para mover el dinero; Luis Alberto Benítez Escobar, a 12 años, contador y encargado de la gestión financiera, y Noelia Giménez a 6 años, esposa de Duarte Servián, quien participó activamente en las maniobras financieras.
Los fiscales Pamela Pérez y Luis Said son los que ratificaron la acusación y arrimaron los elementos probatorios que demostraron la responsabilidad de los acusados en los delitos investigados y hoy día condenados.
El caso se inició en el año 2019 a partir de información remitida por la Policía Federal de Brasil a la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), lo que permitió a los investigadores paraguayos comprobar que la red operaba desde el año 2013 en la frontera, canalizando capitales ilícitos derivados del envío de cocaína a distintos destinos internacionales.
Podes leer:Por supuesto amaño deportivo, siete acusados van a enfrentar juicio oral
Dejanos tu comentario
Ratifican prisión para fisioterapeuta imputado por abuso sexual en niños con discapacidad
El Tribunal de Apelación Penal confirmó la prisión preventiva del fisioterapeuta Santiago Luis Guillermo Capello, imputado por los supuestos hechos de abuso sexual de tres niños con discapacidad motriz y del habla. Los camaristas consideraron que persisten los peligros de fuga y de obstrucción a la investigación.
Capello cumple prisión preventiva desde el 8 de setiembre, en el marco de la causa por supuestos hechos de abuso sexual en personas indefensas y abuso sexual en niños. Los hechos investigados habrían ocurrido en el centro de rehabilitación “A Pasitos”, de Asunción, donde el fisioterapeuta prestaba servicios.
Los camaristas mencionaron que, por la etapa procesal en la que se encuentra la causa, existe la posibilidad de que el imputado, estando en libertad, destruya, modifique u oculte elementos de prueba. Además, aún está pendiente la recolección de elementos de cargo y descargo que podrían ser utilizados en etapas posteriores del proceso.
Igualmente, el tribunal de alzada sostuvo que no están dadas las condiciones para sustituir la prisión preventiva, atendiendo a la gravedad del hecho punible investigado y a las circunstancias de la causa. Respecto a los documentos presentados por la defensa —entre ellos certificados, constancias y documentación de inmuebles y vehículos ofrecidos como caución real—, el fallo señaló que estos no cuentan con la entidad ni la fuerza jurídica necesaria para enervar el peligro de fuga o el de obstrucción.
Podes leer: Rescataron a dos paraguayas y otras ocho mujeres en cautiverio en Perú
Dejanos tu comentario
Intensificarán operativo contra vertederos clandestinos
La Municipalidad de Asunción anunció que a partir de la próxima semana intensificará el operativo Vertederos Clandestinos Cero, que busca eliminar los puntos donde se arrojan residuos de manera ilegal. Asimismo, la idea es generar conciencia ciudadana de mantener limpia la ciudad.
Los relevamientos realizados permitieron identificar más de 100 vertederos clandestinos en distintos sectores de Asunción, aunque se estima que podrían existir muchos más, según expresiones del director general de Gestión Ambiental, Máximo Barreto.
“Hemos realizado algunas intervenciones, pero con mayor intensidad lo haremos a partir de la próxima semana”, indicó.
La primera etapa del operativo contempla la intervención de 20 puntos ya mapeados, para los cuales la Municipalidad cuenta con una hoja de ruta de trabajo durante lo que resta del mes de septiembre.
Las acciones, encaradas por la administración de Luis Bello, contemplan la limpieza y recuperación de los sitios con equipos municipales y el apoyo de instituciones aliadas. Luego, una segunda línea de acción consistirá en identificar a quienes arrojan residuos ilegalmente y aplicar las sanciones correspondientes.
En ese sentido, trabajarán con la Policía Municipal de Vigilancia, con apoyo de la Policía Nacional.
Barreto recordó que arrojar basura en la vía pública o en lugares prohibidos constituye una falta gravísima, con multas que pueden ir de 20 a 2.700 jornales mínimos, de acuerdo con la normativa municipal.
Igualmente, los vehículos utilizados para arrojar residuos, como motocarros, podrán ser incautados y puestos a disposición del Juzgado de Faltas Municipales. La reincidencia puede derivar en sanciones mayores.
Más allá de la limpieza y la fiscalización, la Dirección General de Gestión Ambiental considera fundamental la participación de los vecinos. “Pedimos la ayuda de los vecinos, que permanentemente realizan reclamos y denuncias y que, a través de ellos, también hemos identificado estos puntos”, manifestó.
Señaló que el cambio de hábitos requiere de una tarea de concienciación sostenida en el corto, mediano y largo plazo, acompañada de controles efectivos.
Convocó a los ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil a trabajar juntos con la Municipalidad. “El papel del ciudadano y de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental”, apuntó.
Las denuncias sobre vertederos clandestinos pueden hacerse al WhatsApp de Atención al Ciudadano 0986 128 777.
Leé más: Itapúa: comerciante brasileño fue tomado de rehén y sufrió millonario robo domiciliario
Dejanos tu comentario
Un tribunal de apelaciones de EE. UU. frena las deportaciones a terceros países
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó en parte el viernes un fallo de una instancia inferior que restringe una política del gobierno de Donald Trump de deportar a migrantes indocumentados a países que no son los suyos.
El panel de tres jueces señaló que las personas que enfrentan deportaciones a un “tercer país” deben recibir un aviso efectivo con la debida antelación sobre el lugar al que serán enviadas, para que puedan plantear preocupaciones sobre una posible persecución.
El Congreso ha establecido como política de Estados Unidos no deportar a personas a países donde sus vidas correrían peligro o donde podrían ser sometidas a tortura.
“El derecho de una persona a impugnar su expulsión a un país basándose en el temor a la persecución en ese país significa poco si no recibe aviso previo del destino previsto para su expulsión y una oportunidad significativa para impugnar ese destino”, escribió el juez Seth Aframe en nombre del panel unánime de este tribunal de apelaciones.
Te puede interesar: Reino Unido afirma que las Malvinas tienen “derecho” a explorar petróleo
La política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “negaría acceso a esa protección a una amplia franja de no ciudadanos que son enviados a terceros países sin aviso de su destino”, señaló el juez.
Las deportaciones forman parte de la controvertida campaña de combate a la inmigración ilegal del presidente Donald Trump. Centenares de migrantes hispanos han sido deportados a países africanos.
Se espera que el gobierno de Trump apele el caso ante la Corte Suprema, de mayoría conservadora.
Donald Trump hizo campaña para la presidencia prometiendo expulsar a millones de migrantes indocumentados de Estados Unidos y ha tomado una serie de medidas destinadas a acelerar las deportaciones desde su regreso a la Casa Blanca.
El gobierno de Trump ha defendido las deportaciones a terceros países como necesarias, ya que los países de origen de algunas de las personas que están sujetas a expulsión a veces se niegan a aceptarlas.
- Fuente: AFP
Lea más: EE. UU. amplía sus sanciones a Rusia contra su sector energético y de defensa
Dejanos tu comentario
Condenan a 18 años de cárcel a profesor de taekwondo por abuso sexual
Un Tribunal de Sentencia condenó a un hombre a 18 años de cárcel luego de ser encontrado culpable por abuso sexual en niños, registrado en la ciudad de Altos. La agente fiscal Mayra Palacios, de la Unidad Zonal de Emboscada, fue quien representó al Ministerio Público en el juicio oral y público.
La representante del Ministerio Público logró probar la responsabilidad penal del acusado a través de diversos elementos probatorios expuestos ante el Tribunal de Sentencia que, de forma unánime, resolvió dictar la condena.
Te puede interesar: Accidente en CDE: camión de gran porte volcó y dejó una víctima fatal
Antecedentes
De acuerdo con los antecedentes de la causa, los abusos se registraron el 3 de mayo de 2025, a las 20:00, aproximadamente. La víctima, de 13 años, fue llevada desde su domicilio por su profesor de taekwondo con la excusa de comprar hamburguesas; sin embargo, fue trasladada hasta una zona boscosa en inmediaciones de un camino vecinal, donde el hoy condenado cometió el hecho en el interior de su vehículo para luego llevarla nuevamente a su vivienda.
El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por la magistrada Liliana Ruiz Díaz Guerrero e integrado por las juezas Ángela Carolina Jara Vallejos y Cristel Sandrina Müller de Peralta. El colegiado sostuvo que se pudo demostrar la responsabilidad del acusado por el grave hecho sucedido, por lo que la pena que corresponde es la de 18 años de cárcel.