Un tribunal de sentencia en mayoría condenó a 9 meses de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena a Juan Sebastián Coronel Bareiro, responsable del Centro Cultural “La Chispa” de Asunción, luego de ser encontrado culpable por contaminación del aire y emisión de ruidos dañinos.

El condenado no pisará la cárcel debido a que la sentencia será reemplazada por varias reglas de conducta que tendrá que cumplir Coronel Bareiro. Los jueces de sentencia que votaron por la condena son Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate, mientras que la jueza Yolanda Portillo votó por la absolución.

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Los magistrados hallaron culpable al acusado de los delitos de contaminación de aire y ruidos dañinos, debido a que sobrepasó los niveles máximos de sonido en varias actividades realizadas en el Centro Cultural La Chispa, ubicado en Estrella entre Colón y Montevideo, de nuestra capital.

El magistrado Capurro señalo que La Chispa cumplía con su labor cultural, y que la música y el arte, era indudable, sin embargo, indicó que se constató que hubo violación de la ordenanza respecto a la medición de los decibeles, y que en ese sentido en dos hechos fueron los comprobados, el 21 de abril del 2024, a las 00:30, cuando se registró un máximo de 85 y en el 1 de marzo del 2024 con un máximo de 86 decibeles.

El juez Capurro manifestó que en dos ocasiones se superaron los valores máximos, en la ordenanza, no así en cuanto a las demás. Citaron también las actuaciones fueron por las denuncias de los vecinos.

La fiscala Elvia Chávez, en sus alegatos finales, pidió la pena de 4 años de cárcel, por los mencionados hechos punibles, tras indicar que los testigos que mencionaron que no podían dormir de los ruidos, lo que repercutió en su salud. Además, había señalado las mediciones que realizaron tanto la Policía como la Fiscalía y los funcionarios municipales, en los cuales se sobrepasó el tope máximo de decibeles de sonido que establecen las leyes administrativas.

Por su parte, la defensa a cargo de la abogada Emilia Yoguvich, había señalado que los hechos no eran típicos, ya que la Fiscalía usó leyes y ordenanzas que no estaban vigentes, por lo que no existía delitos. Esto fue rechazado en mayoría.

Los jueces habían dejado para más adelante, resolver junto con la sentencia, los incidentes presentados por la defensa al inicio del juicio oral.

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Finalmente fue liberado el exviceministro del Trabajo, abogado Luis Carlos Orué Servín, quien disparó a un presunto ladrón que intentó ingresar a su casa en el barrio San Isidro de Lambaré.

La fiscal Verónica Mayor, de la Unidad Penal Número Tres, tomó declaración testifical al profesional, confirmándose que fue una actuación en defensa propia.

El profesional efectuó disparos hacia el techo al visualizar que el desconocido estaba trepando intentando ingresar a la residencia. Uno de los proyectiles impactó en el sujeto, identificado como Manuel Sebastián Estigarribia (36), que luego fue derivado a un centro asistencial.

“No creo que nadie tome a bien algo parecido, realmente no le deseo a nadie los momentos que pasaron. Más todavía por la familia que es lo único en que uno piensa. A mí no me importaba si llevaban algo y se iban. Es más ya habían entrado dos veces y no hice ni denuncia porque llevaron una plantera y la vez pasada, cables”, señaló Orué al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Dijo que al divisar que el hombre estaba sobre su casa y sin saber con qué intenciones estaba asomándose, pensó y tomó las medidas en su defensa.

“La verdad que es algo que no le deseo a cualquiera. Pero lo que yo hice, lo voy a volver a hacer. Si alguien entra a mi casa, le voy a volver a hacer. Eso aseguro y me reafirmo, y si me quieren procesar por eso que me procesen”, afirmó.

Contó que cuando alteó al delincuente, éste llevó la mano a la cintura para amedrentar al dueño de casa, provocando su inmediata reacción.

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En la madrugada de este martes, el propietario de una vivienda ubicada sobre las calles Santo Domingo casi Brasilia del barrio San Isidro de la ciudad de Lambaré, realizó varios disparos contra un hombre que habría ingresado al lugar.

El hombre, propietario de la vivienda y autor de los disparos, fue identificado como Luis Carlos Orué Servín, de 36 años, de profesión abogado.

El mismo manifestó a los intervinientes que escuchó ruidos sobre el techo de su vivienda y cuando salió a revisar, se percató de la presencia de un desconocido dentro de su predio, por lo que abrió fuego para intimidarlo.

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Tras los disparos, el desconocido habría salido corriendo del lugar, pero a unos metros de la vivienda cayó en la vía pública, ya que habría resultado herido. El mismo cuenta con varios antecedentes y sería un adicto que vive en la zona.

Efectivos policiales de la Comisaría 17 de Lambaré llegaron hasta el lugar donde solicitaron asistencia para el presunto asaltante, mientras que el hombre que realizó los disparos quedó en carácter de aprehendido.

“El autor de los disparos entregó su arma y se puso a disposición de las autoridades; ahora deberá ir a comparecer ante el Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes”, comentó el comisario Gustavo Escobar, jefe de la comisaría 17 en conversación con la 1020 AM.

El mismo especificó que el sujeto herido cuenta con varios antecedentes y que actualmente se encuentra con pronóstico reservado en el Hospital del Trauma, donde debía ser sometido a una cirugía.

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El tribunal de apelación ratificó que el exintendente de Lambaré, Armando Gómez (PLRA), enfrentará juicio oral y público por un supuesto desvió de G. 7.315.878.567, que en su momento fueron descontados a funcionarios de la Municipalidad, pero nunca fueron depositados a la Caja de Jubilaciones.

El proceso penal tiene relación con un supuesto esquema liderado por el exjefe comunal, que consistía en que la Dirección de Talento Humano preparaba las planillas de pago y descuentos de los funcionarios permanentes, remitiéndolas posteriormente al Departamento de Contabilidad, donde nunca se preparaba la orden de pago, aunque el descuento sí se realizaba a los funcionarios.

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Ahora se deberá sortear el tribunal de sentencia que tendrá a su cargo juzgar al acusado. Una vez que se tenga a los jueces que van a juzgar al exjefe comunal, deberá fijarse la fecha para el desarrollo del juicio oral y público.

El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, decidió elevar a juicio oral y público el proceso penal luego de realizarse la audiencia preliminar donde la Fiscalía se ratificó en su acusación y por ende el magistrado elevó a juicio la causa.

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