El exdirector de la TV Pública, Cristián Turrini, pasará 20 años encerrado en una penitenciaria por resolución de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inadmisible el estudio de un recurso extraordinario de casación y por ende la sentencia condenatoria queda firme
Turrini fue condenado por narcotráfico, como uno de los involucrados con el cargamento de cocaína, de 2.906 kilos, incautado en el Puerto Terport, Villeta, en octubre del 2020.
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Los ministros de la máxima instancia judicial que firmaron la resolución judicial son Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera.
El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Víctor Alfieri e integrado por las jueces Alba González y Dina Marchuk, condenó a 20 años de cárcel a Cristian Turrini Ayala, por asociación criminal, tenencia y tráfico internacional de drogas, como uno de los responsables de un cargamento 2.906 kilos de cocaína incautado en un puerto de Villeta en 2020.
La condena fue de forma unánime por los magistrados, teniendo en cuenta la cantidad de droga incautada y la afectación que tiene la misma tanto a nivel nacional como internacional.
Igualmente en segunda instancia se confirmó la condena de 20 años de cárcel para Turrini.
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Juez Otazú deberá fijar la audiencia preliminar para Prieto en el caso Tía Chela
El juez Humberto Otazú tiene vía libre para poder fijar la audiencia preliminar en la que se definirá si el exjefe comunal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, va a juicio oral en el caso Tía Chela. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.
La defensa de Prieto, imputado por lesión confianza, recurrió a la Corte al solo efecto de dilatar el presente caso debido a que apeló la resolución del tribunal de alzada que había confirmado la competencia del juez Humberto Otazú. Igualmente, la máxima instancia debe destrabar el segundo proceso penal de Prieto, acusado por lesión de confianza en el caso Tajy.
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El proceso penal contra Prieto tiene relación a un supuesto negociado en la compra de kits de alimentos que debían ser destinados a familias vulnerables durante la pandemia del covid-19.
La Fiscalía investiga la supuesta lesión de confianza en el caso de la presunta compra amañada de 25.000 cestas de alimentos, que habría generado un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones a la comuna esteña. La administración de Prieto, supuestamente, bajo la vía de la excepción, llamó a una licitación en marzo de 2020 para la compra de kits alimentarios destinados a familias de escasos recursos durante la pandemia.
Además de Prieto, están procesados:
- Francisco Raimundo Arrúa Álvarez
- Buenaventura Morínigo
- Emili Vanessa Florentín Páez
- Robert Osmar Florentín Silvero
- Maggi Elizabeth Fariña Almada
- Sebastián Martínez Insfrán
- Alex Samhat
- Higinio Acuña
- Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez
- Nelson Alexis Segovia Acevedo
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Corte implementará sistema digital para concursos de ingreso y promoción de personas
En la sesión plenaria de este miércoles, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, informó sobre la próxima implementación de una herramienta digital que permitirá gestionar de forma remota los concursos de ingreso y promoción de personas en el Poder Judicial.
La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico Institucional 2021–2025 y responde al objetivo de fortalecer los procesos de selección con mayor transparencia, accesibilidad y eficiencia, informa el sitio web del Poder Judicial.
La iniciativa se desarrolla conforme a lo establecido en el Acta N.º 22 del Consejo de Superintendencia, de fecha 24 de junio de 2025, que autoriza la implementación de herramientas digitales orientadas a optimizar los procesos de selección del personal en el Poder Judicial.
El diseño y desarrollo del sistema está a cargo de la Dirección General de Capital Humano, a través del Departamento de Selección de Personal, de la Dirección de Planeación y Selección de Personal, y con el apoyo técnico de la Dirección General de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
El uso de esta plataforma permitirá a los postulantes completar el proceso de inscripción de forma virtual mediante el sitio web institucional (www.pj.gov.py), sin necesidad de presentar documentos físicos en esta etapa inicial. Esta funcionalidad representa un paso importante hacia la digitalización integral de los procedimientos concursales.
La herramienta contempla módulos para la carga de datos personales, la validación de requisitos y la generación automatizada de listados, lo que facilitará el control interno, agilizará los tiempos administrativos y garantizará una trazabilidad completa del proceso.
Asimismo, se espera que el nuevo sistema contribuya a descentralizar la participación en los concursos, permitiendo que personas de distintas regiones del país accedan a las convocatorias en condiciones de equidad, fortaleciendo así los principios de transparencia y meritocracia en la función pública judicial.
Las personas interesadas pueden estar atentas a las actualizaciones en la página web o comunicarse al Departamento de selección de personal para más información.
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Corte ratifica condena para acusado por incautación de billetes venezolanos
La sala penal de la Corte ratificó la condena de 3 años y 6 meses de prisión para Bruno José Da Costa Amaral, quien fue encontrado culpable por lavado de dinero debido a la tenencia de billetes venezolanos que pretendían ser vendidos en el mercado negro. En febrero del año 2017 fueron encontradas más de 500 bolsas llenas de bolívares venezolanos de diversos valores en una residencia de la conocida familia Da Costa Amaral, de Salto del Guairá.
La defensa del condenado recurrió a la Corte buscando dejar sin efectos las sentencias de primera y segunda instancia.
La ministra Carolina Llanes sostuvo que el escrito de la defensa del condenado carece de la debida argumentación jurídica y de la exposición concreta de los agravios, tal como exige el artículo 478 del Código Procesal Penal.
En el mismo sentido votó el ministro Luis María Benítez Riera, quien se adhirió a la postura de Llanes, señalando que el recurso no cumplía con los requisitos de fundamentación crítica y precisa, lo que lo tornaba inadmisible.
En disidencia, el ministro Ramírez Candia consideró que el recurso debía admitirse, pues la defensa había planteado cuestionamientos sobre la supuesta orfandad argumentativa de la sentencia, la violación del principio de congruencia y la valoración probatoria.
Finalmente, por mayoría de votos, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar el recurso y declarar inadmisible la casación, quedando firme la sentencia condenatoria dictada contra Da Costa Amaral en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero.
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Condenan a mujer a cuatro años de cárcel por ocultar que su hija era abusada por su pareja
Un Tribunal de Sentencia resolvió la condena a cuatro años de cárcel de una mujer de 32 años que no denunció el abuso sexual de su hija de seis años por parte de su padrastro y pareja de la condenada. Durante el proceso, la niña fue contagiada de una enfermedad de transmisión sexual.
La agente fiscal Julia González Medina, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, había pedido una condena de cuatro años de prisión para la madre de la menor, por su complicidad en el abuso registrado contra su hija.
“La acusada fue encontrada culpable de violación del deber del cuidado y frustración de la persecución y ejecución penal por no denunciar el abuso sexual de su hija”, expresaron desde el Ministerio Público. Según el informe, el abuso fue cometido por el padrastro de la niña, y quien además la contagió con sífilis (VDRL).
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Antecedentes
Durante el juicio se presentaron pruebas que demostraron que la madre violó gravemente su deber legal de cuidar a su hija. Además, de que pese a las lesiones graves y el dolor intenso que sufría la niña no permitió que recibiera la atención médica.
La pequeña fue llevada al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde una pediatra informó a la mujer sobre la sospecha de abuso sexual y se activó el protocolo. Pero la madre huyó del hospital con la víctima, impidiendo el procedimiento y el tratamiento médico.
Cuando el estado de la menor empeoró, acudió a otro centro asistencial, donde la médica de turno también confirmó la sospecha de abuso y las lesiones. Se dio aviso a las autoridades, pero la mujer intentó huir nuevamente, todo para proteger a su pareja.
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