El exdirector de la TV Pública, Cristián Turrini, pasará 20 años encerrado en una penitenciaria por resolución de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inadmisible el estudio de un recurso extraordinario de casación y por ende la sentencia condenatoria queda firme
Turrini fue condenado por narcotráfico, como uno de los involucrados con el cargamento de cocaína, de 2.906 kilos, incautado en el Puerto Terport, Villeta, en octubre del 2020.
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Los ministros de la máxima instancia judicial que firmaron la resolución judicial son Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera.
El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Víctor Alfieri e integrado por las jueces Alba González y Dina Marchuk, condenó a 20 años de cárcel a Cristian Turrini Ayala, por asociación criminal, tenencia y tráfico internacional de drogas, como uno de los responsables de un cargamento 2.906 kilos de cocaína incautado en un puerto de Villeta en 2020.
La condena fue de forma unánime por los magistrados, teniendo en cuenta la cantidad de droga incautada y la afectación que tiene la misma tanto a nivel nacional como internacional.
Igualmente en segunda instancia se confirmó la condena de 20 años de cárcel para Turrini.
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Senador Barrios repudia el bloqueo chino al vuelo del presidente de Taiwán
El senador Antonio “Tony” Barrios lanzó a través de sus redes sociales un enérgico repudio a la cobarde injerencia de la República Popular China que obligó a la reciente cancelación del viaje del presidente de la República de China (Taiwán), Lai Ching-te, a Esuatini (África) tras la revocación de permisos de sobrevuelo por parte de Seychelles, Mauricio y Madagascar.
Esta situación pone en evidencia la fuerte intromisión de Pekín en el Océano Índico y en África, lo cual quedó claro que es lo suficientemente profunda como para cerrar el cielo a un mandatario extranjero.
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“Como senador de la Nación de la República del Paraguay, expreso mi más enérgico repudio a la cobarde y criminal presión ejercida por la República Popular China, que pretende, mediante su poder económico, vulnerar la soberanía de terceros países y sabotear a Taiwán“, enfatizó el legislador.
El senador Barrios remarcó que es una acción inaceptable y despreciable, que atenta contra los principios fundamentales de la convivencia internacional y el respeto entre naciones. “Expresamos todo nuestro respaldo al presidente de Taiwán Lai Ching-Te frente a este ataque directo a la democracia y al orden global basado en reglas”, condenó.
De acuerdo a las informaciones de inteligencia, China ha ejercido presión sobre Seychelles, Madagascar y Mauricio, amenazando con retirar importantes condonaciones de deuda, suspender financiamiento y aplicar más sanciones económicas como forma de “coerción económica” con el fin de exigir a los tres países que revocaran la autorización de sobrevuelo del avión presidencial de Taiwán a través de sus regiones de información de vuelo.
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Ratifican condena de 30 años para Armando Javier Rotela y otros miembros de su clan
La Cámara de Apelación de Crimen Organizado ratificó la condena de 21 años de cárcel y 9 años de medidas de seguridad, totalizando así 30 años de pena para Armando Javier Rotela, líder del clan Rotela. Asimismo, se confirmaron las sentencias condenatorias para varios procesados por el tráfico de drogas y armas desde el penal de Tacumbú. La resolución lleva la firma de los camaristas Mario Camilo Torres, Arnulfo Arias y Paublino Escobar.
Además de Rotela, también se confirmaron las penas de Juan Javier Rodas Román (19 años más 4 de medidas de seguridad); Vicente Ignacio Chase Lauseker (18 años más 4 de medidas de seguridad); y Carlos Damián Fernández González, con una pena privativa de libertad de 14 años.
Del mismo modo, se confirmó la condena de 10 años de cárcel para Carmen Carolina Ortiz Figueredo; 12 años de encierro para Fredy Magdaleno Pérez Montiel y Ronald Herminio Cantero Ibáñez; y 13 años para Christian Mario Martínez Medina. Todos ellos fueron procesados por narcotráfico y violación de la Ley de Armas.
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El camarista Camilo Torres, quien fue preopinante, estudió uno por uno los recursos y consideró que corresponde la confirmación de la determinación adoptada en primera instancia.
Antecedentes
La investigación del caso se inició en el 2021, durante la pandemia, cuando se logró interceptar llamadas telefónicas mediante autorización judicial. Según la Fiscalía, Armando Javier Rotela seguía operando desde Tacumbú a través de los mismos guardiacárceles, quienes facilitaban la entrega de sustancias y la introducción de armas de fuego bajo sus órdenes.
Rotela cumplirá condena en 2046
En el caso de Armando Rotela, en abril de 2024, una jueza unificó dos sentencias en su contra y determinó una pena total de 23 años de cárcel y 8 años de medidas de seguridad. Se trataba de una sentencia previa de 19 años de cárcel y 8 años de medidas de seguridad, sumada a otra pena de 8 años de prisión. Con esa decisión, deberá permanecer en prisión hasta el año 2046.
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Pobladores de la franja costera norte exigen intervención judicial ante contaminación ambiental
Vecinos de los barrios Tablada Nueva, Virgen del Fátima, Cara Cara, San Jorge, San Miguel, Cerrito y otras comunidades aledañas a la franja costera norte de Asunción acudieron a la Corte a fin de hacer oír sus reclamos. En ese sentido, se reunieron con representantes de la Dirección de Derecho Ambiental del Palacio de Justicia, exponiendo la grave situación de contaminación ambiental que sufren por la presencia de frigoríficos en la zona desde hace años.
Durante el encuentro, denunciaron la falta de respuesta por parte de las instituciones públicas, a pesar de las múltiples denuncias presentadas a lo largo de más de una década. Según explicaron, solo en el año 2024 se registraron cerca de una veintena de denuncias formales por posibles focos de contaminación, las cuales no han tenido impulso procesal ni avances concretos.
“El problema no es solo la existencia de las denuncias, sino la ausencia total de acciones posteriores. En los registros puede figurar que se presentaron, pero en la realidad la situación sigue igual o peor”, expresó durante la reunión el abogado Ricardo Merlo, quien acompañó la delegación.
El defensor solicitó que se realice una auditoría para verificar el tratamiento de estos casos por parte del Ministerio Público. Por su parte, los representantes vecinales señalaron que la problemática afecta directamente a más de 10.000 familias, comprometiendo su salud, calidad de vida y derechos fundamentales.
Asimismo, manifestaron su preocupación por la falta de aplicación de ordenanzas municipales que establecen el traslado progresivo de industrias contaminantes en la zona, actualmente suspendidas por medidas judiciales. “Sentimos que las autoridades nos han dado la espalda. Hemos agotado distintas instancias y recurrimos al Poder Judicial con la esperanza de ser escuchados”, expresó Alfredo Moreno, presidente de la comisión vecinal.
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Desde la Dirección de Derecho Ambiental, su titular Gerardo Morales indicó que, tras una revisión preliminar de los sistemas disponibles, no se encontraron expedientes vinculados directamente a las denuncias mencionadas, lo que refuerza la necesidad de profundizar el análisis.
“Con esta información elaboraremos un informe que será elevado al Consejo de Superintendencia y al ministro responsable del área, con miras a dar seguimiento a la situación”, explicó Morales.
Como resultado del encuentro, los vecinos solicitaron además una audiencia con ministros de la Corte Suprema de Justicia. El fin era exponer directamente el impacto social y ambiental del problema y exigir medidas urgentes que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de sus derechos.
Los pobladores afirmaron que continuarán recurriendo a todas las instancias necesarias hasta lograr una solución definitiva a una problemática que, según sostienen, se ha prolongado por más de diez años sin respuestas concretas.
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La Corte Suprema habilitará biblioteca jurídica en Capiatá
Con la presencia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia y superintendentes de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón y Luis María Benítez Riera y el presidente de la Corte Alberto Martínez Simón se habilitará la biblioteca jurídica en la sede judicial de Capiatá. El espacio estará orientado a facilitar el acceso al conocimiento jurídico.
La inauguración será este miércoles 22 de abril, a las 13:00, y llevará el nombre de Biblioteca “Dr. Luis de Gásperi”, que funcionará en la sede judicial de Capiatá. Actualmente la presidenta de la circunscripción judicial de Central es la camarista María Teresa González, quien también coopera con los trabajos para la habilitación de la biblioteca.
El proyecto, impulsado en el ámbito de la Circunscripción Judicial de Central, busca habilitar un espacio de consulta abierto tanto a estudiantes como a profesionales del derecho y al público en general.
Según lo informado, la biblioteca contará con materiales jurídicos destinados a apoyar la formación académica y la actualización profesional, además de servir como punto de acceso para quienes requieran información vinculada al ámbito legal.
Desde el Poder Judicial señalaron que la iniciativa forma parte de una serie de acciones orientadas a facilitar el acceso a bibliografía jurídica especializada y a ofrecer espacios de consulta que acerquen la Justicia a la ciudadanía. La apertura de este espacio se suma a otras medidas que buscan fortalecer la presencia institucional en el departamento Central, con énfasis en ampliar el acceso a recursos y servicios en distintas localidades.
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